GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato nace de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, encargada de promover la observancia de los derechos humanos en la región, anunció recientemente su calendario de audiencias del 144º Período de Sesiones, que tendrá lugar del 19 al 30 de marzo de 2012.
Dentro de los temas a tratar durante este periodo de sesiones, se estudiará la “Situación de los derechos de las personas privadas de libertad en México”.
La situación de las personas que permanecen en los centros de reclusión de nuestro país, enfrenta la trágica problemática de “castigo sobre castigo”, hay una carencia de humanidad y respeto a la dignidad de las personas privadas de su libertad.
La mayoría de los penales del país presentan graves problemas: están sobrepoblados, miles de reos permanecen allí sin recibir sentencia, aún cuando tienen la garantía de presunción de inocencia, sufren la privación de su libertad en las condiciones dantescas que prevalecen en las cárceles mexicanas; el abuso de la prisión preventiva ha generado un grave hacinamiento; el autogobierno de reclusos quienes imponen las reglas genera actos de violencia; la corrupción de las autoridades, la falta de un programa homogéneo de vigilancia eficiente, aunado a que se opera con personal no capacitado, son causas por las que el sistema penitenciario en México no funciona.
Otra gran falla de nuestro sistema es que no existe una política definida en materia de prevención y readaptación social, no es lógico que mientras la población carcelaria en el país se encuentra creciendo constantemente, ni la inseguridad ni la delincuencia disminuyan, sino por el contrario éstas siguen avanzando.
Los reclusos carecen de condiciones mínimas de alimentación y de higiene, en materia de salud los centros adolecen de una atención médica integral de calidad, carecen del derecho a la educación, a un sistema de agua potable, a un espacio digno para vivir, no disponen de una cama por persona, no se suplen las necesidades más básicas.
En materia del derecho al acceso a la información, la mayoría de las personas reclusas no conocen con precisión su situación jurídica tanto en el desarrollo de su proceso penal como en la ejecución de la sentencia. Esta serie de carencias incrementa los problemas de violencia dando lugar a riñas, motines e incluso homicidios.
La actual práctica penitenciaria empleada en México tiene altos costos, la manutención de cada uno de los reos resulta una fuerte carga para el erario público, y graves consecuencias sociales, no readapta, no capacita para el trabajo, no educa, no dignifica a la persona y lo más grave no propicia la reparación de daños causados a las víctimas ni a la sociedad. El sistema penitenciario debe organizarse sobre esta base para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley.
El artículo 10, párrafo primero del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del que nuestro país es parte, señala que, los Estados partes están obligados a tratar a toda persona privada de libertad con humanidad y respeto de su dignidad.
La realidad que se vive dentro de las cárceles de México es una tragedia, un insulto a la dignidad humana y hace visible la falta de sensibilización de todos los que participan en la prevención, procuración, administración y aplicación de sanciones.
Habrá que ver que concluye la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario