JOHN MILL ACKERMAN ROSELos dados están cargados en el proceso de renovación del titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF). Ya es vox pópuli que tanto el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, como el actual ombudsman capitalino, Emilio Álvarez Icaza, tienen candidata. En lugar de permitir a las organizaciones de la sociedad civil expresarse libremente y a los diputados de la Asamblea Legislativa decidir de manera autónoma, ambos funcionarios están dispuestos a “conducir” el proceso para asegurar la llegada de una persona que no haga demasiadas olas en la materia.
Empieza mal la temporada de nombramientos de más de una decena de cargos claves del Estado mexicano en lo que resta del año. Uno esperaría que las autoridades del Distrito Federal buscaran dar un ejemplo de transparencia y equidad. Lamentablemente, hasta la fecha, todo indica que atestiguaremos otra elección de Estado en la que pesará más la venia de las autoridades que la trayectoria y las propuestas de los candidatos.
En este caso, la candidata oficial, Mariclaire Acosta, afortunadamente resulta ser una conocedora de los derechos humanos. Sin embargo, dista mucho de ser la persona idónea para el puesto. Acosta fue una destacada promotora del “voto útil” en las elecciones de 2000 y fue premiada por su apoyo a Vicente Fox con un jugoso cargo en la Secretaría de Relaciones Exteriores bajo el mando de su amigo Jorge Castañeda. Hoy, con el apoyo de algunos destacados “anulistas”, pretende erigirse en la principal defensora de los derechos humanos en la capital del país.
Vale la pena recordar que la militarización de las tareas de seguridad pública y las graves violaciones a los derechos humanos que esto ha implicado no se iniciaron con la administración de Felipe Calderón sino con el gobierno de Fox. Al llegar a la Presidencia, Fox nombró a un general, Rafael Macedo de la Concha, como titular de la Procuraduría General de la República, colocó una docena de mandos castrenses en puestos claves de la procuraduría y trasladó casi cinco mil militares a la Policía Federal Preventiva. El trabajo principal de Acosta primero como embajadora especial y después como subsecretaria para Derechos Humanos y Democracia fue limpiar la imagen internacional del gobierno mexicano a pesar de esta grave situación.
Los lectores de La Jornada también recordarán con indignación aquel episodio en que la subsecretaria Acosta descalificó de manera grosera la integridad y profesionalismo de este medio de comunicación. Al ser cuestionada sobre su voto en contra de Cuba en el seno de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, Acosta espetó: “No voy a contestar nada, y menos a un periodiquito pinchurriento como La Jornada”. Además, acusó al periódico de “manipular” y “desvirtuar” información debido a sus “problemas con el gobierno del presidente Fox” (La Jornada, 20 de abril de 2002).
El voto en contra de Cuba en aquel momento evidenció un preocupante sometimiento del gobierno mexicano a las políticas de George W. Bush, el abandono de la doctrina Estrada, y la abierta violación a una resolución del Senado de la República sobre la materia. Además, todo ello ocurrió en uno de los más álgidos momentos de expansión de la “guerra contra el terror” con sus masivas violaciones a los derechos humanos.
El manejo que Acosta hizo de los casos de Digna Ochoa, los ecologistas guerrerenses Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, y el general Gallardo tampoco escaparon de la polémica. En los tres casos, su actuación reflejó el tibio compromiso de la administración de Fox con la protección de los defensores y las defensoras de los derechos humanos.
En su momento, Acosta fue una importante protagonista de las mejores causas desde una perspectiva social. Sin embargo, ya desde hace años la candidata ni siquiera reside en México y hoy llegaría a la CDHDF como una propuesta del gobierno, no de la sociedad civil.
Afortunadamente, existen otros candidatos quienes no han titubeado en su compromiso con los derechos humanos. Por ejemplo, el actual secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todos, Édgar Cortez, cuenta con una vasta experiencia en la materia y ha recibido un apoyo sin precedentes de parte de la sociedad. Cuenta con el respaldo de más de 100 de las más importantes organizaciones defensoras de los derechos humanos en el país, más de 70 académicos expertos en la materia provenientes de las diversas instituciones de educación superior de la capital, así como de docenas de destacados defensores de los derechos humanos y periodistas a título personal.
No hay duda que tanto Ebrard como Álvarez Icaza han hecho un trabajo formidable en la materia de derechos humanos durante los últimos años. Su actuación marca un contraste radical con el desorden y desprecio del tema que existen al nivel federal. Tanto el Diagnóstico como el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal como la respuesta a casos claves como el de News Divine reflejan un esfuerzo titánico para apuntalar la defensa de los derechos fundamentales en nuestra capital. Sin embargo, al meter sus manos en el proceso de selección del nuevo ombudsman emulan las prácticas autoritarias que dicen repudiar y arriesgan perder mucho del terreno ganado.
Empieza mal la temporada de nombramientos de más de una decena de cargos claves del Estado mexicano en lo que resta del año. Uno esperaría que las autoridades del Distrito Federal buscaran dar un ejemplo de transparencia y equidad. Lamentablemente, hasta la fecha, todo indica que atestiguaremos otra elección de Estado en la que pesará más la venia de las autoridades que la trayectoria y las propuestas de los candidatos.
En este caso, la candidata oficial, Mariclaire Acosta, afortunadamente resulta ser una conocedora de los derechos humanos. Sin embargo, dista mucho de ser la persona idónea para el puesto. Acosta fue una destacada promotora del “voto útil” en las elecciones de 2000 y fue premiada por su apoyo a Vicente Fox con un jugoso cargo en la Secretaría de Relaciones Exteriores bajo el mando de su amigo Jorge Castañeda. Hoy, con el apoyo de algunos destacados “anulistas”, pretende erigirse en la principal defensora de los derechos humanos en la capital del país.
Vale la pena recordar que la militarización de las tareas de seguridad pública y las graves violaciones a los derechos humanos que esto ha implicado no se iniciaron con la administración de Felipe Calderón sino con el gobierno de Fox. Al llegar a la Presidencia, Fox nombró a un general, Rafael Macedo de la Concha, como titular de la Procuraduría General de la República, colocó una docena de mandos castrenses en puestos claves de la procuraduría y trasladó casi cinco mil militares a la Policía Federal Preventiva. El trabajo principal de Acosta primero como embajadora especial y después como subsecretaria para Derechos Humanos y Democracia fue limpiar la imagen internacional del gobierno mexicano a pesar de esta grave situación.
Los lectores de La Jornada también recordarán con indignación aquel episodio en que la subsecretaria Acosta descalificó de manera grosera la integridad y profesionalismo de este medio de comunicación. Al ser cuestionada sobre su voto en contra de Cuba en el seno de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, Acosta espetó: “No voy a contestar nada, y menos a un periodiquito pinchurriento como La Jornada”. Además, acusó al periódico de “manipular” y “desvirtuar” información debido a sus “problemas con el gobierno del presidente Fox” (La Jornada, 20 de abril de 2002).
El voto en contra de Cuba en aquel momento evidenció un preocupante sometimiento del gobierno mexicano a las políticas de George W. Bush, el abandono de la doctrina Estrada, y la abierta violación a una resolución del Senado de la República sobre la materia. Además, todo ello ocurrió en uno de los más álgidos momentos de expansión de la “guerra contra el terror” con sus masivas violaciones a los derechos humanos.
El manejo que Acosta hizo de los casos de Digna Ochoa, los ecologistas guerrerenses Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, y el general Gallardo tampoco escaparon de la polémica. En los tres casos, su actuación reflejó el tibio compromiso de la administración de Fox con la protección de los defensores y las defensoras de los derechos humanos.
En su momento, Acosta fue una importante protagonista de las mejores causas desde una perspectiva social. Sin embargo, ya desde hace años la candidata ni siquiera reside en México y hoy llegaría a la CDHDF como una propuesta del gobierno, no de la sociedad civil.
Afortunadamente, existen otros candidatos quienes no han titubeado en su compromiso con los derechos humanos. Por ejemplo, el actual secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todos, Édgar Cortez, cuenta con una vasta experiencia en la materia y ha recibido un apoyo sin precedentes de parte de la sociedad. Cuenta con el respaldo de más de 100 de las más importantes organizaciones defensoras de los derechos humanos en el país, más de 70 académicos expertos en la materia provenientes de las diversas instituciones de educación superior de la capital, así como de docenas de destacados defensores de los derechos humanos y periodistas a título personal.
No hay duda que tanto Ebrard como Álvarez Icaza han hecho un trabajo formidable en la materia de derechos humanos durante los últimos años. Su actuación marca un contraste radical con el desorden y desprecio del tema que existen al nivel federal. Tanto el Diagnóstico como el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal como la respuesta a casos claves como el de News Divine reflejan un esfuerzo titánico para apuntalar la defensa de los derechos fundamentales en nuestra capital. Sin embargo, al meter sus manos en el proceso de selección del nuevo ombudsman emulan las prácticas autoritarias que dicen repudiar y arriesgan perder mucho del terreno ganado.
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