JAVIER CORRAL JURADOCon la sesión de Congreso General, este 1 de septiembre inicia sus trabajos la 61 Legislatura federal. En un momento en que sistema de partidos y legisladores aparecen con un deterioro mayor para la confianza ciudadana, las acciones en el ámbito legislativo serán cruciales para reinvindicar el valor de la política y la eficacia del sistema democrático. Nunca como ahora deberá quedar claro que el interés nacional es preeminente, y que los intereses particulares o de grupo derivan de él o en él concurren. Que los representantes populares han de serlo, de toda la nación.
Moralizar la política debiera ser uno de los objetivos para ese reencuentro con la sociedad. Esto pasa por una decisión: sujetar el decir al hacer, congruencia entre la prédica y los hechos. Y resulta esencial llevarlo a cabo en la austeridad y la transparencia en el uso de los recursos públicos destinados a pagar la función legislativa.
La semana pasada abordé este tema como uno de los retos de la nueva Legislatura, a partir de una nueva forma de operar del Congreso. Me congratulo de que el PAN ha dado los primeros pasos al anunciar un plan de austeridad y transparencia al que nos sujetaremos sus 143 legisladores, con el que se logrará un ahorro de hasta 250 millones de pesos para el próximo ejercicio fiscal. Se anunció: reducción de 10% en las dietas; congelamiento de éstas a lo largo de la Legislatura; reducción, en al menos 50%, en los gastos en telefonía móvil, traslados, alimentación y hospedaje en viajes internacionales, y en la adquisición de mobiliario, equipo de oficina y vehículos de la bancada. Además del compromiso para que los traslados aéreos sean económicos.
El grupo parlamentario del PAN se comprometió a renunciar a prestaciones suntuarias. Se trata de erradicar el otorgamiento de accesorios: fistoles de oro, portafolios, enciclopedias, agendas. Pero lo más importante con mucho es el compromiso de promover tanto en la Junta de Coordinación Política como en la Mesa Directiva de la cámara que sean publicadas en internet todas las ministraciones otorgadas a los grupos parlamentarios y los recursos asignados y/o pagados a los 500 diputados.
La política ha de ser, en estos tiempos de adversidad económica para millones de familias mexicanas, también un ejercicio de mesura y de honrosa medianía. La que pedía Benito Juárez: “Bajo el sistema federativo, los funcionarios públicos (...) no pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, resignándose a vivir, en la honrosa medianía que proporciona la retribución que la ley les señala”.
La ley ya ha señalado un tope al sueldo máximo anual de los servidores públicos, teniendo como referente la remuneración del presidente. Fue el decreto de reforma que el 21 de agosto firmó Felipe Calderón. Se trata de que los funcionarios cuenten con una retribución equitativa y coherente con su puesto y su función, y se eviten abusos.
Ese decreto, que enfrenta serias resistencias en el Poder Judicial y en los estados, establece que: “Los Poderes de la Unión, las autoridades de los tres órdenes de gobierno y los órganos constitucionales o locales autónomos deberán incluir dentro de sus proyectos de presupuesto los tabuladores desglosados de las remuneraciones de sus servidores públicos. Asimismo, todas las remuneraciones serán públicas y abiertas al escrutinio ciudadano”. Los ciudadanos tienen derecho de saber el destino del dinero público.
La reforma constitucional logra armonizar la regulación de los salarios de los servidores, a fin de que no existan las disparidades que se han llegado a presentar. Entre otros principios se establece el elemental de que ningún funcionario puede obtener más remuneración que la de su superior jerárquico, y que la determinación de los tabuladores debe ser acorde a la responsabilidad en el cargo desempeñado. En la Cámara de Diputados, el grupo parlamentario del PAN ya empezó; falta ahora conocer la decisión de los demás grupos y, por supuesto, de la colegisladora.
Moralizar la política debiera ser uno de los objetivos para ese reencuentro con la sociedad. Esto pasa por una decisión: sujetar el decir al hacer, congruencia entre la prédica y los hechos. Y resulta esencial llevarlo a cabo en la austeridad y la transparencia en el uso de los recursos públicos destinados a pagar la función legislativa.
La semana pasada abordé este tema como uno de los retos de la nueva Legislatura, a partir de una nueva forma de operar del Congreso. Me congratulo de que el PAN ha dado los primeros pasos al anunciar un plan de austeridad y transparencia al que nos sujetaremos sus 143 legisladores, con el que se logrará un ahorro de hasta 250 millones de pesos para el próximo ejercicio fiscal. Se anunció: reducción de 10% en las dietas; congelamiento de éstas a lo largo de la Legislatura; reducción, en al menos 50%, en los gastos en telefonía móvil, traslados, alimentación y hospedaje en viajes internacionales, y en la adquisición de mobiliario, equipo de oficina y vehículos de la bancada. Además del compromiso para que los traslados aéreos sean económicos.
El grupo parlamentario del PAN se comprometió a renunciar a prestaciones suntuarias. Se trata de erradicar el otorgamiento de accesorios: fistoles de oro, portafolios, enciclopedias, agendas. Pero lo más importante con mucho es el compromiso de promover tanto en la Junta de Coordinación Política como en la Mesa Directiva de la cámara que sean publicadas en internet todas las ministraciones otorgadas a los grupos parlamentarios y los recursos asignados y/o pagados a los 500 diputados.
La política ha de ser, en estos tiempos de adversidad económica para millones de familias mexicanas, también un ejercicio de mesura y de honrosa medianía. La que pedía Benito Juárez: “Bajo el sistema federativo, los funcionarios públicos (...) no pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, resignándose a vivir, en la honrosa medianía que proporciona la retribución que la ley les señala”.
La ley ya ha señalado un tope al sueldo máximo anual de los servidores públicos, teniendo como referente la remuneración del presidente. Fue el decreto de reforma que el 21 de agosto firmó Felipe Calderón. Se trata de que los funcionarios cuenten con una retribución equitativa y coherente con su puesto y su función, y se eviten abusos.
Ese decreto, que enfrenta serias resistencias en el Poder Judicial y en los estados, establece que: “Los Poderes de la Unión, las autoridades de los tres órdenes de gobierno y los órganos constitucionales o locales autónomos deberán incluir dentro de sus proyectos de presupuesto los tabuladores desglosados de las remuneraciones de sus servidores públicos. Asimismo, todas las remuneraciones serán públicas y abiertas al escrutinio ciudadano”. Los ciudadanos tienen derecho de saber el destino del dinero público.
La reforma constitucional logra armonizar la regulación de los salarios de los servidores, a fin de que no existan las disparidades que se han llegado a presentar. Entre otros principios se establece el elemental de que ningún funcionario puede obtener más remuneración que la de su superior jerárquico, y que la determinación de los tabuladores debe ser acorde a la responsabilidad en el cargo desempeñado. En la Cámara de Diputados, el grupo parlamentario del PAN ya empezó; falta ahora conocer la decisión de los demás grupos y, por supuesto, de la colegisladora.
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