JESÚS CANTÚA pesar de que el discurso presidencial enfatiza, una y otra vez, que "es hora de cambiar y cambiar a fondo", sus acciones son fundamentalmente mediáticas, como la desaparición de tres secretarías de Estado
A pesar de que el discurso presidencial enfatiza, una y otra vez, que "es hora de cambiar y cambiar a fondo", sus acciones son fundamentalmente mediáticas, como la desaparición de tres secretarías de Estado, que de acuerdo al paquete económico enviado al Congreso de la Unión representa un ahorro de apenas 3 mil 221 millones de pesos, que equivale al 27 por ciento del presupuesto que esas tres dependencias ejercieron durante 2009. El caso más representativo de la simulación es el de la Secretaría de la Función Pública, que en 2009 ejerció mil 643.4 millones de pesos y la Contraloría General de la Federación, dependencia que asumen sus funciones ahora adscrita directamente al presidente, ejercerá en 2010, de acuerdo al presupuesto de egresos enviado a la Cámara de Diputados, mil 310.4 millones de pesos, es decir, el ahorro es de apenas 324 millones de pesos, equivalente al 20 por ciento. Verdaderamente ridículo, sobre todo, si se toma en cuenta que hay dependencias, como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que redujo su presupuesto en 19 por ciento, sin que se anuncié ninguna transformación de fondo. Dos de las tres secretarías, Turismo y Reforma Agraria, que el Presidente decidió desaparecer no tenían razón de ser; Turismo desde su creación, pues efectivamente como el mismo Calderón señaló en su mensaje basta con una subsecretaría en la Secretaría de Economía; y Reforma Agraria, desde que se terminó con el reparto agrario, que incluso a partir del sexenio de Salinas se revirtió. Pero la Secretaría de la Función Pública, merece analizarse por separado, pues tiene funciones capitales para una administración pública: ejercer el control interno; sustanciar y fallar en el caso de los procedimientos administrativos en contra de los servidores públicos; y administrar el servicio civil de carrera. La tarea de control interno efectivamente la puede ejercer una oficina dependiente del mismo Presidente; pero las otras dos bajo ninguna circunstancia deben quedar bajo su control directo, pues perderían totalmente su sentido. Respecto a las tareas de control interno hay que señalar que son muy distintas de las de control externo o de las que realiza la Auditoría Superior de la Federación; son complementarias pero de índole totalmente diverso. En términos generales y simplificando excesivamente el análisis: las de control interno son tareas preventivas; las de control externo, auditorías externas, correctivas; y las del órgano fiscalizador de la Cámara de Diputados, disuasivas y sancionadoras. El control interno es el instrumento, que todas las instituciones grandes y dispersas, públicas y privadas, utilizan para regular los procesos administrativos y, particularmente, financieros y económicos de su personal, obviamente esto se complementa con revisiones periódicas y al azar que permiten detectar las fallas y desviaciones y corregirlas. La labor de vigilancia normalmente se complementa con auditorías externas, que permite incorporar una visión ajena y compensar la denominada "ceguera de taller". Y, finalmente, la labor de fiscalización de la Cámara de Diputados, es parte de la denominada "accountability" horizontal o rendición de cuentas entre órganos de Gobierno. En cuanto a la integración del expediente y sanción de los procedimientos administrativos contemplados en la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, ya he mencionado en este espacio que uno de los problemas existentes era que el responsable de sancionar, al final de la ruta, dependía del mismo jefe del eventualmente sancionado, particularmente en el caso de los mandos medios y superiores, pues el jefe máximo de todos ellos era el mismo Presidente. Esto se agudiza con la decisión de incorporar a la Controlaría directamente a la Presidencia, salvo que en la reforma puntual que se proponga se adopte una fórmula distinta. Lo mismo pasa con al Servicio profesional de carrera, pues precisamente lo que busca es evitar que la llegada y salida de los servidores públicos dependan de los cambios de titular del Ejecutivo, y ahora estarán más cerca. Así por un ahorro de 324 millones de pesos, que en muy poco, por no decir nada, contribuyen a tapar el boquete fiscal del Gobierno federal, se desaparece una dependencia que al contrario debería mejorarse y fortalecerse. Bienvenida la desaparición de Turismo y Reforma Agraria, pero es absolutamente inaceptable que lo que queda de ellas conserve todavía un presupuesto de 7 mil 388 millones, equivalentes al 73 por ciento del recurso que antes ejercían; para disminuir un 27 por ciento los gastos no se requería desaparecerlas. La Secretaría de la Función Pública, en cambio, no debe desaparecer, aunque particularmente una de sus funciones, de la integración y resolución de los procedimientos administrativos, debe sustraerse del Ejecutivo. Y la clave está en la segunda parte de cada uno de los anuncios, pues allí fue donde anunció que las funciones se transferían, pero nunca se pensó que con todo y sus recursos. En su mensaje a la nación el Presidente señaló: "Se suprimirán tres secretarías de Estado: la Secretaría de Turismo, que transferirá sus funciones a la Secretaría de Economía, tal y como ocurre en muchos países con fuerte tradición turística, como España, Francia o Canadá. La Secretaría de la Reforma Agraria, cuyas funciones y programas principales se distribuirán entre la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Agricultura. Y la Secretaría de la Función Pública, cuyas funciones esenciales se desempeñarán por una Controlaría General de la Federación, dependiendo directamente del Presidente de la República." Y aunque señaló que con esto se lograría un "ahorro presupuestario significativo en 2010", al revisar las cifras el anuncio de la desaparición de las tres secretarías resulta un mero acto de mercadotecnia política. Lo que en realidad se desapareció fue a los secretarios y su equipo directo de la nómina oficial, pero las secretarías con todo su gasto se mantuvieron. El anuncio pretende distraer la atención de los asuntos de fondo: el gasto neto total de sector público, incluyendo secretarías, paraestatales y organismos descentralizados, pasa de representar el 24 por ciento del Producto Interno Bruto en 2009 al 24.8 por ciento, es decir, un aumento de casi un punto porcentual. El presupuesto del Poder Ejecutivo, de acuerdo a un análisis publicado por el diario Reforma el sábado 12 de septiembre, pasa del 13.5 por ciento del PIB al 14.6, es decir, este es el responsable del aumento y se debe en lo fundamental a los incrementos en Pemex, CFE, IMSS y LyFC. El Presidente anunció ese mismo martes 8 de septiembre un incremento de 25 mil millones de pesos en el presupuesto dedicado al combate a la pobreza, pero de acuerdo al mismo presupuesto sólo tres secretarías, Comunicaciones y Transportes; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; y Educación Pública, aportan ahorros por casi 42 mil millones de pesos. El espectacular anuncio presidencial no debe evitar que el presupuesto federal y las medidas anunciadas se sujeten a un cuidadoso escrutinio, pues todavía hay un excesivo gasto corriente, sueldos, prestaciones, servicios, rentas y demás, en todas las dependencias; y los criterios de reducción y reasignación no son del todo claros. Por lo menos, en la decisión de desaparecer las tres dependencias prevalecieron criterios de mercadotecnia política sobre los de una transformación profunda de la administración pública federal.
A pesar de que el discurso presidencial enfatiza, una y otra vez, que "es hora de cambiar y cambiar a fondo", sus acciones son fundamentalmente mediáticas, como la desaparición de tres secretarías de Estado, que de acuerdo al paquete económico enviado al Congreso de la Unión representa un ahorro de apenas 3 mil 221 millones de pesos, que equivale al 27 por ciento del presupuesto que esas tres dependencias ejercieron durante 2009. El caso más representativo de la simulación es el de la Secretaría de la Función Pública, que en 2009 ejerció mil 643.4 millones de pesos y la Contraloría General de la Federación, dependencia que asumen sus funciones ahora adscrita directamente al presidente, ejercerá en 2010, de acuerdo al presupuesto de egresos enviado a la Cámara de Diputados, mil 310.4 millones de pesos, es decir, el ahorro es de apenas 324 millones de pesos, equivalente al 20 por ciento. Verdaderamente ridículo, sobre todo, si se toma en cuenta que hay dependencias, como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que redujo su presupuesto en 19 por ciento, sin que se anuncié ninguna transformación de fondo. Dos de las tres secretarías, Turismo y Reforma Agraria, que el Presidente decidió desaparecer no tenían razón de ser; Turismo desde su creación, pues efectivamente como el mismo Calderón señaló en su mensaje basta con una subsecretaría en la Secretaría de Economía; y Reforma Agraria, desde que se terminó con el reparto agrario, que incluso a partir del sexenio de Salinas se revirtió. Pero la Secretaría de la Función Pública, merece analizarse por separado, pues tiene funciones capitales para una administración pública: ejercer el control interno; sustanciar y fallar en el caso de los procedimientos administrativos en contra de los servidores públicos; y administrar el servicio civil de carrera. La tarea de control interno efectivamente la puede ejercer una oficina dependiente del mismo Presidente; pero las otras dos bajo ninguna circunstancia deben quedar bajo su control directo, pues perderían totalmente su sentido. Respecto a las tareas de control interno hay que señalar que son muy distintas de las de control externo o de las que realiza la Auditoría Superior de la Federación; son complementarias pero de índole totalmente diverso. En términos generales y simplificando excesivamente el análisis: las de control interno son tareas preventivas; las de control externo, auditorías externas, correctivas; y las del órgano fiscalizador de la Cámara de Diputados, disuasivas y sancionadoras. El control interno es el instrumento, que todas las instituciones grandes y dispersas, públicas y privadas, utilizan para regular los procesos administrativos y, particularmente, financieros y económicos de su personal, obviamente esto se complementa con revisiones periódicas y al azar que permiten detectar las fallas y desviaciones y corregirlas. La labor de vigilancia normalmente se complementa con auditorías externas, que permite incorporar una visión ajena y compensar la denominada "ceguera de taller". Y, finalmente, la labor de fiscalización de la Cámara de Diputados, es parte de la denominada "accountability" horizontal o rendición de cuentas entre órganos de Gobierno. En cuanto a la integración del expediente y sanción de los procedimientos administrativos contemplados en la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, ya he mencionado en este espacio que uno de los problemas existentes era que el responsable de sancionar, al final de la ruta, dependía del mismo jefe del eventualmente sancionado, particularmente en el caso de los mandos medios y superiores, pues el jefe máximo de todos ellos era el mismo Presidente. Esto se agudiza con la decisión de incorporar a la Controlaría directamente a la Presidencia, salvo que en la reforma puntual que se proponga se adopte una fórmula distinta. Lo mismo pasa con al Servicio profesional de carrera, pues precisamente lo que busca es evitar que la llegada y salida de los servidores públicos dependan de los cambios de titular del Ejecutivo, y ahora estarán más cerca. Así por un ahorro de 324 millones de pesos, que en muy poco, por no decir nada, contribuyen a tapar el boquete fiscal del Gobierno federal, se desaparece una dependencia que al contrario debería mejorarse y fortalecerse. Bienvenida la desaparición de Turismo y Reforma Agraria, pero es absolutamente inaceptable que lo que queda de ellas conserve todavía un presupuesto de 7 mil 388 millones, equivalentes al 73 por ciento del recurso que antes ejercían; para disminuir un 27 por ciento los gastos no se requería desaparecerlas. La Secretaría de la Función Pública, en cambio, no debe desaparecer, aunque particularmente una de sus funciones, de la integración y resolución de los procedimientos administrativos, debe sustraerse del Ejecutivo. Y la clave está en la segunda parte de cada uno de los anuncios, pues allí fue donde anunció que las funciones se transferían, pero nunca se pensó que con todo y sus recursos. En su mensaje a la nación el Presidente señaló: "Se suprimirán tres secretarías de Estado: la Secretaría de Turismo, que transferirá sus funciones a la Secretaría de Economía, tal y como ocurre en muchos países con fuerte tradición turística, como España, Francia o Canadá. La Secretaría de la Reforma Agraria, cuyas funciones y programas principales se distribuirán entre la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Agricultura. Y la Secretaría de la Función Pública, cuyas funciones esenciales se desempeñarán por una Controlaría General de la Federación, dependiendo directamente del Presidente de la República." Y aunque señaló que con esto se lograría un "ahorro presupuestario significativo en 2010", al revisar las cifras el anuncio de la desaparición de las tres secretarías resulta un mero acto de mercadotecnia política. Lo que en realidad se desapareció fue a los secretarios y su equipo directo de la nómina oficial, pero las secretarías con todo su gasto se mantuvieron. El anuncio pretende distraer la atención de los asuntos de fondo: el gasto neto total de sector público, incluyendo secretarías, paraestatales y organismos descentralizados, pasa de representar el 24 por ciento del Producto Interno Bruto en 2009 al 24.8 por ciento, es decir, un aumento de casi un punto porcentual. El presupuesto del Poder Ejecutivo, de acuerdo a un análisis publicado por el diario Reforma el sábado 12 de septiembre, pasa del 13.5 por ciento del PIB al 14.6, es decir, este es el responsable del aumento y se debe en lo fundamental a los incrementos en Pemex, CFE, IMSS y LyFC. El Presidente anunció ese mismo martes 8 de septiembre un incremento de 25 mil millones de pesos en el presupuesto dedicado al combate a la pobreza, pero de acuerdo al mismo presupuesto sólo tres secretarías, Comunicaciones y Transportes; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; y Educación Pública, aportan ahorros por casi 42 mil millones de pesos. El espectacular anuncio presidencial no debe evitar que el presupuesto federal y las medidas anunciadas se sujeten a un cuidadoso escrutinio, pues todavía hay un excesivo gasto corriente, sueldos, prestaciones, servicios, rentas y demás, en todas las dependencias; y los criterios de reducción y reasignación no son del todo claros. Por lo menos, en la decisión de desaparecer las tres dependencias prevalecieron criterios de mercadotecnia política sobre los de una transformación profunda de la administración pública federal.
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