ALEJANDRO ENCINASLa comparecencia de los titulares de Hacienda y Desarrollo Social ante la Cámara de Diputados ha puesto en evidencia, además de la debilidad e inconsistencia del paquete económico 2010, la ausencia de una política social que, lejos de cumplir con los objetivos de combatir la pobreza, enfrentar la desigualdad y mejorar el bienestar de los mexicanos, incrementa sistemáticamente la inequidad en el país.
Aunque parezca absurdo, mientras más recursos se canalizan a combatir la pobreza, más pobres existen en el país. Ya que mientras de 2004 a 2009 los recursos del programa Oportunidades pasaron de 25 mil 600 millones de pesos a 47 mil 800 millones, la pobreza se incrementó. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), de 2006 a 2008 la pobreza alimentaria alcanzó a 18% de la población, la pobreza de capacidades a 24% y la pobreza patrimonial a 47% de la misma, es decir, 55 millones de mexicanos no cuentan con las condiciones mínimas para acceder a una vida digna.
México se ha convertido en una gran fábrica de pobres muy pobres, que al mismo tiempo manufactura una pequeña élite aristocrática, en la que 50% de los mexicanos recibe 17% del ingreso, en tanto un privilegiado 10% de los mexicanos concentra 40% del total.
Pese a la contundencia de los propios datos oficiales, el Ejecutivo federal insiste en las bondades del programa Oportunidades. Señala que con este programa ha disminuido la deserción escolar y la violencia intrafamiliar, se han mejorado los índices de alimentación y con ello “ha disminuido la anemia que padecen las mujeres embarazadas”, en un discurso sólo equiparable con la afirmación del entonces procurador general de la República de “que aunque no se crea, le vamos ganado la guerra al crimen organizado”.
Con el gravamen de 2% que se pretende establecer a todo consumo de bienes o servicios —incluidos alimentos y medicinas— se grava el consumo de los más pobres, para supuestamente reintegrarlo posteriormente. Lo que muestra una vez más la inconsistencia de la política fiscal que, gravando el consumo, contrae el mercado interno, en lugar de enfrentar el régimen de privilegios de las grandes empresas, que bajo el esquema de los llamados “gastos fiscales” permite la disminución de la recaudación tributaria y la aplicación de regímenes de excepción, facilita exenciones, reducciones y desgravaciones que desvían la estructura regular de cada impuesto en beneficio de un exclusivo club de empresas, lo que da cuenta una vez más del cumplimiento de compromisos con los grupos fácticos, lejos de atender el interés nacional.
Por ejemplo, con el nuevo IVA de 17%, disfrazando el 2% generalizado al consumo para “el combate a la pobreza”, se espera recaudar 70 mil millones de pesos, cuando el boquete fiscal al que se ha referido la Secretaría de Hacienda es de 300 mil mdp, los que pueden obtenerse, sin seguir dañando la economía popular ni a la pequeña y mediana empresas, ya que una alternativa viable, que entraña un replanteamiento de lo hasta ahora implementado, es en primer término enfrentar la evasión fiscal. Con ésta, de acuerdo con el secretario Carstens, se deja de captar 25% del potencial, especialmente de causantes mayores, que representan 500 mil millones de pesos; también sería posible establecer gravámenes especiales a las grandes cadenas comerciales y de la industria alimentaria, a las que se devuelven 90 mil mdp anuales por IVA; o eliminar los regímenes especiales que permiten que hasta 465 mil mdp se dejen de captar.
Estas son medidas que permitirían un verdadero cambio estructural y no sólo cubrir el llamado boquete fiscal, a fin de superar la crisis a partir de la reactivación de la planta productiva, la defensa y la promoción del empleo, la reconstrucción de la red de solidaridad social y de proteger la economía popular, y así enfrentar la pobreza, la inequidad y vivir, no mejor, sino vivir con bienestar.
Aunque parezca absurdo, mientras más recursos se canalizan a combatir la pobreza, más pobres existen en el país. Ya que mientras de 2004 a 2009 los recursos del programa Oportunidades pasaron de 25 mil 600 millones de pesos a 47 mil 800 millones, la pobreza se incrementó. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), de 2006 a 2008 la pobreza alimentaria alcanzó a 18% de la población, la pobreza de capacidades a 24% y la pobreza patrimonial a 47% de la misma, es decir, 55 millones de mexicanos no cuentan con las condiciones mínimas para acceder a una vida digna.
México se ha convertido en una gran fábrica de pobres muy pobres, que al mismo tiempo manufactura una pequeña élite aristocrática, en la que 50% de los mexicanos recibe 17% del ingreso, en tanto un privilegiado 10% de los mexicanos concentra 40% del total.
Pese a la contundencia de los propios datos oficiales, el Ejecutivo federal insiste en las bondades del programa Oportunidades. Señala que con este programa ha disminuido la deserción escolar y la violencia intrafamiliar, se han mejorado los índices de alimentación y con ello “ha disminuido la anemia que padecen las mujeres embarazadas”, en un discurso sólo equiparable con la afirmación del entonces procurador general de la República de “que aunque no se crea, le vamos ganado la guerra al crimen organizado”.
Con el gravamen de 2% que se pretende establecer a todo consumo de bienes o servicios —incluidos alimentos y medicinas— se grava el consumo de los más pobres, para supuestamente reintegrarlo posteriormente. Lo que muestra una vez más la inconsistencia de la política fiscal que, gravando el consumo, contrae el mercado interno, en lugar de enfrentar el régimen de privilegios de las grandes empresas, que bajo el esquema de los llamados “gastos fiscales” permite la disminución de la recaudación tributaria y la aplicación de regímenes de excepción, facilita exenciones, reducciones y desgravaciones que desvían la estructura regular de cada impuesto en beneficio de un exclusivo club de empresas, lo que da cuenta una vez más del cumplimiento de compromisos con los grupos fácticos, lejos de atender el interés nacional.
Por ejemplo, con el nuevo IVA de 17%, disfrazando el 2% generalizado al consumo para “el combate a la pobreza”, se espera recaudar 70 mil millones de pesos, cuando el boquete fiscal al que se ha referido la Secretaría de Hacienda es de 300 mil mdp, los que pueden obtenerse, sin seguir dañando la economía popular ni a la pequeña y mediana empresas, ya que una alternativa viable, que entraña un replanteamiento de lo hasta ahora implementado, es en primer término enfrentar la evasión fiscal. Con ésta, de acuerdo con el secretario Carstens, se deja de captar 25% del potencial, especialmente de causantes mayores, que representan 500 mil millones de pesos; también sería posible establecer gravámenes especiales a las grandes cadenas comerciales y de la industria alimentaria, a las que se devuelven 90 mil mdp anuales por IVA; o eliminar los regímenes especiales que permiten que hasta 465 mil mdp se dejen de captar.
Estas son medidas que permitirían un verdadero cambio estructural y no sólo cubrir el llamado boquete fiscal, a fin de superar la crisis a partir de la reactivación de la planta productiva, la defensa y la promoción del empleo, la reconstrucción de la red de solidaridad social y de proteger la economía popular, y así enfrentar la pobreza, la inequidad y vivir, no mejor, sino vivir con bienestar.
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