LEONARDO VALDES ZURITALa elección federal de este año ha concluido. Después de 11 meses de intenso trabajo en la organización del proceso electoral, la participación ciudadana registrada en las urnas constituyó un voto de confianza a la democracia mexicana y una expresión de reconocimiento al Instituto Federal Electoral (IFE). El 44.68% de los electores que acudieron a su casilla a emitir su sufragio revirtió la tendencia de votación que se venía observando en elecciones intermedias, y configuró el mejor parámetro para superar obstáculos y afrontar los desafíos de nuestra institucionalidad democrática en los próximos años.
La tarea no es sencilla ni mucho menos cuenta con el respaldo total de la sociedad mexicana. El IFE enfrenta nuevamente un conjunto de cuestionamientos sobre el monto de su proyecto de presupuesto para el año 2010 y el costo que representa para la democracia mexicana. Si bien los 9 mil 231.7 millones de pesos que ha propuesto para el siguiente año generan dudas razonadas en un escenario de recesión económica y crisis financiera, lo cierto es que dicha cantidad representará menos del 1% del Presupuesto de Egresos de la Federación. De acuerdo con el Centro de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, entre 2003 y 2009 el presupuesto del instituto osciló entre 0.67% y 0.30% del gasto total a nivel federal, lo que muestra en términos cuantitativos el costo del IFE para la sociedad.
Durante el mismo periodo y conforme a un esquema de racionalización presupuestal que ha venido operando, el instituto ha disminuido en 22.2% su gasto en términos reales.
De hecho, en el ajuste presupuestal que realizó durante este año, el instituto redujo sus recursos en 804.15 millones de pesos, lo que representa 8.8% del gasto de operación que había previsto originalmente. Este porcentaje resulta superior al 2.8% de la disminución que aprobaron las dependencias y entidades del gobierno federal.
De esta forma, y aun cuando el instituto viene desarrollando sus actividades cada vez con menos recursos, las diferentes reformas electorales aprobadas por el Congreso de la Unión en los últimos años han ampliado las atribuciones y el ámbito de competencia de la máxima autoridad en materia electoral. A diferencia de lo que sucede en otros países, el IFE es un organismo que, además de organizar elecciones federales, tiene la responsabilidad de fiscalizar los recursos de los partidos políticos, y administrar los tiempos oficiales de radio y televisión empleados en la difusión de propaganda político-electoral.
Es una institución permanente que cuenta con un servicio civil de carrera y con una estructura orgánica establecida por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la ley correspondiente. La decisión del legislador de integrar órganos de dirección, ejecutivos y técnicos, así como oficinas en las 32 entidades federativas y 300 distritos electorales del país, tuvo como propósito fortalecer la institucionalidad en la organización de las elecciones, garantizar imparcialidad en las decisiones, generar mayor transparencia en el uso de los recursos públicos y establecer ámbitos de competencia claramente diferenciados que promueven una gestión electoral más democrática.
Aunque resulta importante analizar el presupuesto de la autoridad electoral a la luz de estas características institucionales, la revisión que se realice de los recursos públicos que se otorgan al IFE debe considerar necesariamente su contribución a nuestro proceso de transición a la democracia, el encargo que desempeña para asegurar una transmisión pacífica del poder público, y las tareas que lleva a cabo para un ejercicio libre del sufragio y la generación de condiciones de convivencia más democráticas y equitativas.
Desde hace 19 años la organización de las elecciones federales es una función de Estado y una tarea que desarrollan esencialmente los ciudadanos integrados en partidos políticos y habilitados como consejeros electorales, funcionarios del Servicio Profesional Electoral, funcionarios de casilla y observadores electorales.
El IFE se ha convertido con el tiempo en un espacio abierto a la participación, al debate y a la crítica que impulsa una mayor transparencia de su gestión pública. A partir de su autonomía, el instituto ha generado una credencial para votar que brinda seguridad en la identidad de los electores y confianza entre la ciudadanía. La colegialidad que domina al interior de sus órganos de decisión es ya parte del patrimonio democrático del país y un factor que propicia la resolución de controversias en un clima de pluralidad, tolerancia y civilidad democrática.
La educación cívica que imparte el instituto por medio de campañas masivas de comunicación y a grupos de población específicos es hoy la plataforma que propicia un voto informado y proyecta la difusión de los valores de una cultura democrática que promueve una convivencia social fundada en libertades, tolerancia, respeto, pluralidad y no discriminación.
El profesionalismo y la capacidad de respuesta de su personal constituyen otros activos que el IFE ha generado para atender sus atribuciones e implementar un nuevo modelo de comunicación política. Los recursos utilizados para el desarrollo de un sistema de administración de tiempos oficiales de radio y televisión es una inversión a futuro y una decisión que ayudará a otras instituciones públicas a participar en los beneficios que trae consigo la gestión transparente de un bien público concesionado.
En relación con su presupuesto del próximo año, el IFE no ha solicitado un cheque en blanco ni una concesión bajo condiciones de opacidad y discrecionalidad. Además de las prerrogativas de los partidos políticos, el gasto de operación del instituto se orientará, entre otros rubros estratégicos, a la atención de 13.6 millones de ciudadanos que soliciten su credencial para votar, y a la reposición de 5.6 millones de credenciales para votar con terminación 03 y 09.
Igualmente, los recursos para 2010 tienen como objetivo entregar el 100% de los listados nominales que serán utilizados en los procesos electorales locales, desarrollar diversos proyectos de educación cívica para grupos de población específicos, organizar las 300 convenciones distritales encaminadas a integrar el Octavo Parlamento de las Niñas y Niños de México, y llevar a cabo la modernización de los sistemas administrativos del IFE que fueron observados recientemente por la Contraloría General de la institución.
Dejar de invertir en una institución que representa uno de los iconos más importantes que impulsaron nuestra transición a la democracia nos conduce a no reconocer la tarea colectiva que hemos llevado a cabo, bajo un principio de corresponsabilidad, para forjar un organismo que brinda seguridad y certeza a quienes participamos en los procesos electorales.
Limitar recursos al IFE implicaría ajustar los alcances de algunos proyectos estratégicos y poner en riesgo, incluso, la fuente de ingreso permanente de más de 12 mil 600 personas que trabajan en la institución.
Hagamos del presupuesto del IFE una oportunidad para reflexionar y asumir conjuntamente las debilidades y las fortalezas que tiene nuestra democracia. Sólo mediante la apertura y posiciones razonadas es que podremos consolidar un auténtico estado democrático de derecho en nuestro país.
La tarea no es sencilla ni mucho menos cuenta con el respaldo total de la sociedad mexicana. El IFE enfrenta nuevamente un conjunto de cuestionamientos sobre el monto de su proyecto de presupuesto para el año 2010 y el costo que representa para la democracia mexicana. Si bien los 9 mil 231.7 millones de pesos que ha propuesto para el siguiente año generan dudas razonadas en un escenario de recesión económica y crisis financiera, lo cierto es que dicha cantidad representará menos del 1% del Presupuesto de Egresos de la Federación. De acuerdo con el Centro de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, entre 2003 y 2009 el presupuesto del instituto osciló entre 0.67% y 0.30% del gasto total a nivel federal, lo que muestra en términos cuantitativos el costo del IFE para la sociedad.
Durante el mismo periodo y conforme a un esquema de racionalización presupuestal que ha venido operando, el instituto ha disminuido en 22.2% su gasto en términos reales.
De hecho, en el ajuste presupuestal que realizó durante este año, el instituto redujo sus recursos en 804.15 millones de pesos, lo que representa 8.8% del gasto de operación que había previsto originalmente. Este porcentaje resulta superior al 2.8% de la disminución que aprobaron las dependencias y entidades del gobierno federal.
De esta forma, y aun cuando el instituto viene desarrollando sus actividades cada vez con menos recursos, las diferentes reformas electorales aprobadas por el Congreso de la Unión en los últimos años han ampliado las atribuciones y el ámbito de competencia de la máxima autoridad en materia electoral. A diferencia de lo que sucede en otros países, el IFE es un organismo que, además de organizar elecciones federales, tiene la responsabilidad de fiscalizar los recursos de los partidos políticos, y administrar los tiempos oficiales de radio y televisión empleados en la difusión de propaganda político-electoral.
Es una institución permanente que cuenta con un servicio civil de carrera y con una estructura orgánica establecida por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la ley correspondiente. La decisión del legislador de integrar órganos de dirección, ejecutivos y técnicos, así como oficinas en las 32 entidades federativas y 300 distritos electorales del país, tuvo como propósito fortalecer la institucionalidad en la organización de las elecciones, garantizar imparcialidad en las decisiones, generar mayor transparencia en el uso de los recursos públicos y establecer ámbitos de competencia claramente diferenciados que promueven una gestión electoral más democrática.
Aunque resulta importante analizar el presupuesto de la autoridad electoral a la luz de estas características institucionales, la revisión que se realice de los recursos públicos que se otorgan al IFE debe considerar necesariamente su contribución a nuestro proceso de transición a la democracia, el encargo que desempeña para asegurar una transmisión pacífica del poder público, y las tareas que lleva a cabo para un ejercicio libre del sufragio y la generación de condiciones de convivencia más democráticas y equitativas.
Desde hace 19 años la organización de las elecciones federales es una función de Estado y una tarea que desarrollan esencialmente los ciudadanos integrados en partidos políticos y habilitados como consejeros electorales, funcionarios del Servicio Profesional Electoral, funcionarios de casilla y observadores electorales.
El IFE se ha convertido con el tiempo en un espacio abierto a la participación, al debate y a la crítica que impulsa una mayor transparencia de su gestión pública. A partir de su autonomía, el instituto ha generado una credencial para votar que brinda seguridad en la identidad de los electores y confianza entre la ciudadanía. La colegialidad que domina al interior de sus órganos de decisión es ya parte del patrimonio democrático del país y un factor que propicia la resolución de controversias en un clima de pluralidad, tolerancia y civilidad democrática.
La educación cívica que imparte el instituto por medio de campañas masivas de comunicación y a grupos de población específicos es hoy la plataforma que propicia un voto informado y proyecta la difusión de los valores de una cultura democrática que promueve una convivencia social fundada en libertades, tolerancia, respeto, pluralidad y no discriminación.
El profesionalismo y la capacidad de respuesta de su personal constituyen otros activos que el IFE ha generado para atender sus atribuciones e implementar un nuevo modelo de comunicación política. Los recursos utilizados para el desarrollo de un sistema de administración de tiempos oficiales de radio y televisión es una inversión a futuro y una decisión que ayudará a otras instituciones públicas a participar en los beneficios que trae consigo la gestión transparente de un bien público concesionado.
En relación con su presupuesto del próximo año, el IFE no ha solicitado un cheque en blanco ni una concesión bajo condiciones de opacidad y discrecionalidad. Además de las prerrogativas de los partidos políticos, el gasto de operación del instituto se orientará, entre otros rubros estratégicos, a la atención de 13.6 millones de ciudadanos que soliciten su credencial para votar, y a la reposición de 5.6 millones de credenciales para votar con terminación 03 y 09.
Igualmente, los recursos para 2010 tienen como objetivo entregar el 100% de los listados nominales que serán utilizados en los procesos electorales locales, desarrollar diversos proyectos de educación cívica para grupos de población específicos, organizar las 300 convenciones distritales encaminadas a integrar el Octavo Parlamento de las Niñas y Niños de México, y llevar a cabo la modernización de los sistemas administrativos del IFE que fueron observados recientemente por la Contraloría General de la institución.
Dejar de invertir en una institución que representa uno de los iconos más importantes que impulsaron nuestra transición a la democracia nos conduce a no reconocer la tarea colectiva que hemos llevado a cabo, bajo un principio de corresponsabilidad, para forjar un organismo que brinda seguridad y certeza a quienes participamos en los procesos electorales.
Limitar recursos al IFE implicaría ajustar los alcances de algunos proyectos estratégicos y poner en riesgo, incluso, la fuente de ingreso permanente de más de 12 mil 600 personas que trabajan en la institución.
Hagamos del presupuesto del IFE una oportunidad para reflexionar y asumir conjuntamente las debilidades y las fortalezas que tiene nuestra democracia. Sólo mediante la apertura y posiciones razonadas es que podremos consolidar un auténtico estado democrático de derecho en nuestro país.
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