MANUEL BARTLETT DIAZ Salvo en la retórica de las celebraciones, cumplidas burocráticamente, la de los niños héroes, el grito, el desfile, el gobierno de México ha dejado de luchar por la independencia nacional. Por nuestra situación geopolítica, económica y social, histórica y coyunturalmente la lucha por la independencia debe ser permanente. El pueblo, como siempre, llenó las plazas, gritó y cantó con entusiasmo, pese a que esas masas apretujadas sufren el empobrecimiento creciente.
Felipe Calderón, en su tercer Informe difundido hasta la saciedad, señaló como causa central de la situación crítica del país la dependencia de Estados Unidos. Lo afirmó no como un problema a enfrentar, sino como la aceptación fatal de una situación que asume pasivamente. Sus planteamientos no aportan nada al respecto. La lucha por la independencia frente a la dependencia atroz que nos doblega no se da en “el grito” desde el balcón del Palacio, sino en acciones concretas, urgentes, que ni siquiera se esbozan.
Al pie de la columna que simboliza nuestra Independencia, el secretario de Gobernación pronunció un discurso superficial en nombre del Ejecutivo. Recordó que el Presidente nos ha invitado a aprovechar este momento —o sea, el estado de shock— para la transformación, la reforma, la reestructura, la transición, grandes palabras sin concreción. Sentenció el ministro que “hablar de soluciones implica fortalecer nuestra economía (deshecha), hacer partícipe a todos de sus beneficios” (con más de la mitad de la población en la pobreza). Invitó —comprensivo— a “reafirmar nuestra capacidad de indignación ante realidades inaceptables” y “nuestra voluntad para modificar intenciones insostenibles”; todo se hará, según él, mediante “acuerdos y coincidencias”.
Nada de día de la Independencia, en relación con la dependencia llevada al extremo de tenernos en la parálisis y en la brutal caída del producto nacional, nada frente a la incapacidad del manejo soberano de nuestra política económica. Ningún atisbo de medidas apremiantes de protección.
La defensa de la independencia y de la soberanía nacionales es mandato explícito en la Constitución. Nuestra Carta Magna consigna que el Estado debe regir el desarrollo nacional que fortalezca la soberanía nacional; fomentar el crecimiento económico y el empleo, la justa distribución del ingreso y la riqueza (artículo 25). El Estado está obligado a planear el desarrollo nacional, el crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación (artículo 26). Establece en su artículo tercero como principios fundamentales la defensa de nuestra independencia política, el aseguramiento de nuestra independencia económica y el acrecentamiento de nuestra cultura. Mantener un modelo económico y aplicar políticas que no cumplen con estos mandamientos son violaciones flagrantes de la Constitución. En el estado de derecho no es válido usar facultades constitucionales para usufructuar el poder e ignorar otras que obligan a la atención social y exigen la defensa indeclinable de la independencia y la soberanías nacionales.
El Estado está obligado a regir la economía para asegurar la soberanía nacional y la independencia económica, lo contrario a fomentar la dependencia y dejar al libre juego de los intereses, de las fuerzas del mercado, la distribución del ingreso y la riqueza, porque incumple el mandato de fomentar la democracia económica y social.
A esto se debería referir el señor Gómez Mont, representante el 16 de septiembre del presidente Calderón, cuando habla de “reafirmar nuestra capacidad de indignación ante realidades inaceptables” —capacidad hoy, por lo dicho, endeble— y de “recuperar el espíritu de lucha” que, en efecto, han perdido, y de “asumir los costos de la transformación”. Bien, se les está haciendo tarde.
Felipe Calderón, en su tercer Informe difundido hasta la saciedad, señaló como causa central de la situación crítica del país la dependencia de Estados Unidos. Lo afirmó no como un problema a enfrentar, sino como la aceptación fatal de una situación que asume pasivamente. Sus planteamientos no aportan nada al respecto. La lucha por la independencia frente a la dependencia atroz que nos doblega no se da en “el grito” desde el balcón del Palacio, sino en acciones concretas, urgentes, que ni siquiera se esbozan.
Al pie de la columna que simboliza nuestra Independencia, el secretario de Gobernación pronunció un discurso superficial en nombre del Ejecutivo. Recordó que el Presidente nos ha invitado a aprovechar este momento —o sea, el estado de shock— para la transformación, la reforma, la reestructura, la transición, grandes palabras sin concreción. Sentenció el ministro que “hablar de soluciones implica fortalecer nuestra economía (deshecha), hacer partícipe a todos de sus beneficios” (con más de la mitad de la población en la pobreza). Invitó —comprensivo— a “reafirmar nuestra capacidad de indignación ante realidades inaceptables” y “nuestra voluntad para modificar intenciones insostenibles”; todo se hará, según él, mediante “acuerdos y coincidencias”.
Nada de día de la Independencia, en relación con la dependencia llevada al extremo de tenernos en la parálisis y en la brutal caída del producto nacional, nada frente a la incapacidad del manejo soberano de nuestra política económica. Ningún atisbo de medidas apremiantes de protección.
La defensa de la independencia y de la soberanía nacionales es mandato explícito en la Constitución. Nuestra Carta Magna consigna que el Estado debe regir el desarrollo nacional que fortalezca la soberanía nacional; fomentar el crecimiento económico y el empleo, la justa distribución del ingreso y la riqueza (artículo 25). El Estado está obligado a planear el desarrollo nacional, el crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación (artículo 26). Establece en su artículo tercero como principios fundamentales la defensa de nuestra independencia política, el aseguramiento de nuestra independencia económica y el acrecentamiento de nuestra cultura. Mantener un modelo económico y aplicar políticas que no cumplen con estos mandamientos son violaciones flagrantes de la Constitución. En el estado de derecho no es válido usar facultades constitucionales para usufructuar el poder e ignorar otras que obligan a la atención social y exigen la defensa indeclinable de la independencia y la soberanías nacionales.
El Estado está obligado a regir la economía para asegurar la soberanía nacional y la independencia económica, lo contrario a fomentar la dependencia y dejar al libre juego de los intereses, de las fuerzas del mercado, la distribución del ingreso y la riqueza, porque incumple el mandato de fomentar la democracia económica y social.
A esto se debería referir el señor Gómez Mont, representante el 16 de septiembre del presidente Calderón, cuando habla de “reafirmar nuestra capacidad de indignación ante realidades inaceptables” —capacidad hoy, por lo dicho, endeble— y de “recuperar el espíritu de lucha” que, en efecto, han perdido, y de “asumir los costos de la transformación”. Bien, se les está haciendo tarde.
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