SERGIO AGUAYO QUESADAEs una vergüenza que el presidente de la República y el secretario de Hacienda usen a los pobres para justificar nuevos impuestos cuando, entre el 2000 y el 2005, las principales empresas mexicanas sólo pagaron 141 pesos al año por concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto sobre la Renta (ISR).
En el primer punto de su decálogo del 2 de septiembre, Felipe Calderón se comprometió a "concentrar la fuerza y los recursos del Estado mexicano" en frenar el "crecimiento de la pobreza". Días después, el titular de Hacienda, Agustín Carstens, dio su visión sobre el quebranto de las finanzas públicas. Aun con los recortes al gasto público, el faltante para el 2010 es de casi 300 mil millones de pesos. Para compensar quieren aumentos permanentes a los impuestos por 175 mil millones; destaca la "Contribución para el Combate a la Pobreza": un mini-IVA del 2 por ciento a las ventas. En el 2006 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) publicó una investigación sobre la devolución de impuestos federales entre el 2000 y el 2005. En los primeros cinco años del gobierno de Vicente Fox casi se duplicó el monto de los impuestos regresados a los contribuyentes mexicanos. Sin embargo, advirtió el auditor, las "devoluciones de impuestos... se encuentran altamente concentradas, generando una situación de privilegio para unos cuantos contribuyentes lo que contraviene el principio de equidad fiscal" (ASF, Auditorías Especiales. Devolución de impuestos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público efectuó a los contribuyentes, 2006).
Pongamos cifras: cada una de las 50 empresas más grandes de México pagaron, en promedio, 74 pesos por ISR y 67 pesos por IVA entre el 2000 y el 2005. ¡141 pesos al año! ¡705 pesos por los cinco años! Aunque la Auditoría no identifica por nombre a las empresas, uno puede suponer que entre ellas están los gigantes de todos conocidos.
Es inmoral pero no ilegal. Lo que hacen las empresas es contratar a ejércitos de contadores y fiscalistas para aprovechar al máximo las oportunidades que brinda el marco legal aprobado por el Congreso de la Unión. El resultado es la inequidad estructural. Comparémoslo con el ISR pagado por quien percibe un salario de 10 mil pesos al mes. Como rara vez presenta declaraciones anuales porque no está obligado a hacerlo, no se beneficia de las magras deducciones a las que tiene derecho. Cada mes, el fisco le quita por ISR 1,037 pesos; muchísimo más de lo pagado por los gigantes en un año.
Cuando la Auditoría Superior de la Federación publicó el documento antes mencionado, hubo una sacudida mediática que fue sepultada rápidamente por otros escándalos. Ejecutivo y Legislativo reaccionaron con indiferencia preservándose intacta la estructura que permite tanta inequidad en el pago de impuestos. Cuando en sus discursos de inicios de septiembre Calderón y Carstens guardaron silencio sobre los "regímenes especiales" (así se les conoce a los privilegios que en 2009 pueden representar hasta 733 mil millones de pesos -SHCP, Presupuesto de Gastos Fiscales 2008), es obvio que optaron por la preservación de un orden establecido que beneficia a unos cuantos. ¿Seguirá encontrando complicidad en los legisladores?
El análisis crítico se alimenta de información confiable. Por ello, en mi columna del 26 de agosto ("Las tres pistas"), defendí el trabajo realizado durante los últimos años por Arturo González de Aragón, titular de la Auditoría Superior de la Federación, quien periódicamente informa sobre despilfarros, ineficiencias y corrupciones. Como en los próximos meses los diputados tomarán la decisión de removerlo o ratificarlo en el cargo, el panismo se apresuró a descalificarlo: César Nava y Josefina Vázquez Mota cuestionaron públicamente su "honorabilidad, profesionalismo e imparcialidad".
Como el panismo no sustentó acusaciones tan graves, podría contraargumentarse que sus adjetivos provienen del resentimiento por la información generada y difundida por el auditor. Entre otros informes, debe irritarles que haya documentado la hiriente inequidad en el pago de los impuestos. Panistas y priistas prefieren a personajes como José Luis Soberanes, el opaco presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que se ha distinguido por su disposición a tomar en cuenta los puntos de vista y los intereses de los poderosos.
Felipe Calderón proclamó, en su discurso del 2 de septiembre, que "es la hora de cambiar, y es la hora de cambiar a fondo". ¡Que lo demuestre atacando los "regímenes especiales" y distribuyendo mejor la carga fiscal! Lo mismo podría decirse de los partidos y de los diputados y senadores que aprobarán las leyes de ingresos y egresos para el próximo año. En tanto no lo hagan, caerán en la hipocresía de lloriquear por los pobres mientras preservan un régimen de injusticias. Parafraseando a un clásico: cobrarán, pero no convencerán.
En el primer punto de su decálogo del 2 de septiembre, Felipe Calderón se comprometió a "concentrar la fuerza y los recursos del Estado mexicano" en frenar el "crecimiento de la pobreza". Días después, el titular de Hacienda, Agustín Carstens, dio su visión sobre el quebranto de las finanzas públicas. Aun con los recortes al gasto público, el faltante para el 2010 es de casi 300 mil millones de pesos. Para compensar quieren aumentos permanentes a los impuestos por 175 mil millones; destaca la "Contribución para el Combate a la Pobreza": un mini-IVA del 2 por ciento a las ventas. En el 2006 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) publicó una investigación sobre la devolución de impuestos federales entre el 2000 y el 2005. En los primeros cinco años del gobierno de Vicente Fox casi se duplicó el monto de los impuestos regresados a los contribuyentes mexicanos. Sin embargo, advirtió el auditor, las "devoluciones de impuestos... se encuentran altamente concentradas, generando una situación de privilegio para unos cuantos contribuyentes lo que contraviene el principio de equidad fiscal" (ASF, Auditorías Especiales. Devolución de impuestos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público efectuó a los contribuyentes, 2006).
Pongamos cifras: cada una de las 50 empresas más grandes de México pagaron, en promedio, 74 pesos por ISR y 67 pesos por IVA entre el 2000 y el 2005. ¡141 pesos al año! ¡705 pesos por los cinco años! Aunque la Auditoría no identifica por nombre a las empresas, uno puede suponer que entre ellas están los gigantes de todos conocidos.
Es inmoral pero no ilegal. Lo que hacen las empresas es contratar a ejércitos de contadores y fiscalistas para aprovechar al máximo las oportunidades que brinda el marco legal aprobado por el Congreso de la Unión. El resultado es la inequidad estructural. Comparémoslo con el ISR pagado por quien percibe un salario de 10 mil pesos al mes. Como rara vez presenta declaraciones anuales porque no está obligado a hacerlo, no se beneficia de las magras deducciones a las que tiene derecho. Cada mes, el fisco le quita por ISR 1,037 pesos; muchísimo más de lo pagado por los gigantes en un año.
Cuando la Auditoría Superior de la Federación publicó el documento antes mencionado, hubo una sacudida mediática que fue sepultada rápidamente por otros escándalos. Ejecutivo y Legislativo reaccionaron con indiferencia preservándose intacta la estructura que permite tanta inequidad en el pago de impuestos. Cuando en sus discursos de inicios de septiembre Calderón y Carstens guardaron silencio sobre los "regímenes especiales" (así se les conoce a los privilegios que en 2009 pueden representar hasta 733 mil millones de pesos -SHCP, Presupuesto de Gastos Fiscales 2008), es obvio que optaron por la preservación de un orden establecido que beneficia a unos cuantos. ¿Seguirá encontrando complicidad en los legisladores?
El análisis crítico se alimenta de información confiable. Por ello, en mi columna del 26 de agosto ("Las tres pistas"), defendí el trabajo realizado durante los últimos años por Arturo González de Aragón, titular de la Auditoría Superior de la Federación, quien periódicamente informa sobre despilfarros, ineficiencias y corrupciones. Como en los próximos meses los diputados tomarán la decisión de removerlo o ratificarlo en el cargo, el panismo se apresuró a descalificarlo: César Nava y Josefina Vázquez Mota cuestionaron públicamente su "honorabilidad, profesionalismo e imparcialidad".
Como el panismo no sustentó acusaciones tan graves, podría contraargumentarse que sus adjetivos provienen del resentimiento por la información generada y difundida por el auditor. Entre otros informes, debe irritarles que haya documentado la hiriente inequidad en el pago de los impuestos. Panistas y priistas prefieren a personajes como José Luis Soberanes, el opaco presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que se ha distinguido por su disposición a tomar en cuenta los puntos de vista y los intereses de los poderosos.
Felipe Calderón proclamó, en su discurso del 2 de septiembre, que "es la hora de cambiar, y es la hora de cambiar a fondo". ¡Que lo demuestre atacando los "regímenes especiales" y distribuyendo mejor la carga fiscal! Lo mismo podría decirse de los partidos y de los diputados y senadores que aprobarán las leyes de ingresos y egresos para el próximo año. En tanto no lo hagan, caerán en la hipocresía de lloriquear por los pobres mientras preservan un régimen de injusticias. Parafraseando a un clásico: cobrarán, pero no convencerán.
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