ALEJANDRO GERTZ MANEROTal parece que la crisis económica que azota al país, y que está hundiendo las finanzas públicas en todos sus niveles, y el aplastante voto de castigo que sufrió el partido en el poder en las recientes elecciones están a punto de dar un fruto inesperado pero bienvenido para toda la población del país.
En medio de esta debacle de escándalos, matanzas, desempleo creciente y caídas vertiginosas de los ingresos petroleros, una querella política que inició para derrocar e impedir la reelección al auditor superior de la Federación, que es antagonista y crítico del gobierno, y la urgencia por recortar presupuestos y derroches en el propio gobierno federal han llevado a los contendientes políticos al comienzo de un debate sobre la necesidad imperiosa de independizar los sistemas de auditoría, que actualmente están manejados por el gobierno para su propio beneficio y para el imperio creciente de la impunidad.
En este entorno ya se está señalando en todos los medios la inutilidad de ese inmenso elefante blanco llamado Secretaría de la Función Pública, que sólo sirve para pequeños ajustes de cuentas, extorsiones, amenazas y persecución de mínimos infractores, mientras los famosos e intocables “peces gordos” se mueren de la risa desde sus suculentos sindicatos, sus empresas fantasmas y sus trinquetes fenomenales.
Igualmente se analiza en los más altos niveles académicos la necesidad de que la Auditoría Superior de la Federación funcione bajo una dirección independiente que no pueda ser cooptada o aniquilada por el poder público en cuanto no le sea grata o pierda incondicionalidad, y ya sólo nos falta que algún valiente se atreva a solicitar que los consejos de la Judicatura, que son mucho más onerosos que las propias funciones sustantivas del Poder Judicial, pudieran estar integrados y presididos por personas independientes a la propia Judicatura, que hoy es juez y parte frente a cualquier abuso o distorsión en la impartición de justicia.
Este movimiento debe regocijarnos y llevarnos a establecer un amplio y plural frente nacional ciudadano para crear la primera gran estructura de auditoría y sanción a los tres poderes, utilizando y compactando sus tres órganos burocráticos que cuentan con edificios, instalaciones y personal técnico y profesional que podría hacer una tarea encomiable si no se le sujetara y se le impidiera cumplir a cabalidad con sus funciones.
Los ahorros que se podrían dar en el presupuesto nacional con dicha compactación y con la “purga” de los llamados “puestos de confianza”, que no son más que prebendas y canonjías para incondicionales, serían de singular importancia, ya que ese podría ser el ejemplo de una auténtica austeridad en el sector público, que no se va a lograr quitándoles el trabajo a los servidores que más lo necesitan y que son los que verdaderamente sacan adelante las tareas, sino “podando” los sectores en los que el compadrazgo y el amiguismo devoran los fondos públicos en un derroche francamente indignante.
Por todo ello, tenemos que lograr la creación de una contraloría general de la nación que sea independiente de los tres poderes y de los partidos políticos; la cual deberá ser dirigida por un verdadero consejo ciudadano proveniente de la sociedad civil, propuesto e insaculado por las instituciones académicas del más alto nivel, los colegios profesionales y las organizaciones no gubernamentales más reconocidas, y si esto se alcanza, entonces el país empezará a ver la luz y comenzaremos a atacar los grandes problemas que nos están hundiendo, que son los de la corrupción y la impunidad.
La tarea de sacar adelante este proyecto es nuestro compromiso inmediato en el Congreso, y para ello acudiremos ante todos los legisladores y los partidos que ya están comprometidos en esta lucha por la austeridad, por la rendición de cuentas y por la autonomía de las funciones de vigilancia y de sanción frente a los abusos del poder.
Si el Congreso de la Unión les reconoce a los ciudadanos su derecho a auditar y a sancionar a quienes son sus empleados, y no sus verdugos como hasta ahora, yo puedo asegurar sin lugar a dudas que el país saldrá de inmediato de su recesión y de su atonía.
En medio de esta debacle de escándalos, matanzas, desempleo creciente y caídas vertiginosas de los ingresos petroleros, una querella política que inició para derrocar e impedir la reelección al auditor superior de la Federación, que es antagonista y crítico del gobierno, y la urgencia por recortar presupuestos y derroches en el propio gobierno federal han llevado a los contendientes políticos al comienzo de un debate sobre la necesidad imperiosa de independizar los sistemas de auditoría, que actualmente están manejados por el gobierno para su propio beneficio y para el imperio creciente de la impunidad.
En este entorno ya se está señalando en todos los medios la inutilidad de ese inmenso elefante blanco llamado Secretaría de la Función Pública, que sólo sirve para pequeños ajustes de cuentas, extorsiones, amenazas y persecución de mínimos infractores, mientras los famosos e intocables “peces gordos” se mueren de la risa desde sus suculentos sindicatos, sus empresas fantasmas y sus trinquetes fenomenales.
Igualmente se analiza en los más altos niveles académicos la necesidad de que la Auditoría Superior de la Federación funcione bajo una dirección independiente que no pueda ser cooptada o aniquilada por el poder público en cuanto no le sea grata o pierda incondicionalidad, y ya sólo nos falta que algún valiente se atreva a solicitar que los consejos de la Judicatura, que son mucho más onerosos que las propias funciones sustantivas del Poder Judicial, pudieran estar integrados y presididos por personas independientes a la propia Judicatura, que hoy es juez y parte frente a cualquier abuso o distorsión en la impartición de justicia.
Este movimiento debe regocijarnos y llevarnos a establecer un amplio y plural frente nacional ciudadano para crear la primera gran estructura de auditoría y sanción a los tres poderes, utilizando y compactando sus tres órganos burocráticos que cuentan con edificios, instalaciones y personal técnico y profesional que podría hacer una tarea encomiable si no se le sujetara y se le impidiera cumplir a cabalidad con sus funciones.
Los ahorros que se podrían dar en el presupuesto nacional con dicha compactación y con la “purga” de los llamados “puestos de confianza”, que no son más que prebendas y canonjías para incondicionales, serían de singular importancia, ya que ese podría ser el ejemplo de una auténtica austeridad en el sector público, que no se va a lograr quitándoles el trabajo a los servidores que más lo necesitan y que son los que verdaderamente sacan adelante las tareas, sino “podando” los sectores en los que el compadrazgo y el amiguismo devoran los fondos públicos en un derroche francamente indignante.
Por todo ello, tenemos que lograr la creación de una contraloría general de la nación que sea independiente de los tres poderes y de los partidos políticos; la cual deberá ser dirigida por un verdadero consejo ciudadano proveniente de la sociedad civil, propuesto e insaculado por las instituciones académicas del más alto nivel, los colegios profesionales y las organizaciones no gubernamentales más reconocidas, y si esto se alcanza, entonces el país empezará a ver la luz y comenzaremos a atacar los grandes problemas que nos están hundiendo, que son los de la corrupción y la impunidad.
La tarea de sacar adelante este proyecto es nuestro compromiso inmediato en el Congreso, y para ello acudiremos ante todos los legisladores y los partidos que ya están comprometidos en esta lucha por la austeridad, por la rendición de cuentas y por la autonomía de las funciones de vigilancia y de sanción frente a los abusos del poder.
Si el Congreso de la Unión les reconoce a los ciudadanos su derecho a auditar y a sancionar a quienes son sus empleados, y no sus verdugos como hasta ahora, yo puedo asegurar sin lugar a dudas que el país saldrá de inmediato de su recesión y de su atonía.
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