jueves, 27 de diciembre de 2012

1° DE DICIEMBRE*


JOSÉ WOLDENBERG

A casi un mes de los acontecimientos que enturbiaron y tensaron la toma de posesión del presidente de la República, quizá pueda forjarse un consenso simbólico capaz de repudiar y crear un cerco a dos actitudes peligrosas: 1) la violencia desatada por grupos no identificados y 2) la violación por parte de las autoridades de los derechos de las personas. Trato de explicarme.

1. No se trata de una especulación. Los testimonios filmados están a disposición de quien quiera verlos. No son uno ni dos, sino decenas. Grupos de jóvenes organizados -no pocos encapuchados- agredieron de manera frontal, inequívoca, a policías, comercios, bastimento público. Desataron la violencia poseídos de una rabia aguda. No respondieron a una "provocación". Fueron a lo que fueron.

Ante esas conductas, es imprescindible el repudio sin coartadas. Repudio a los actos vandálicos, repudio a la violencia. Venga de donde venga, sin excusas ni pretextos. Repudio por motivos diversos: porque la violencia de inmediato produce víctimas, ya sea con daño físico o patrimonial; porque la violencia solo genera espirales de violencia y parece llamar al autoritarismo; y porque la violencia afecta a la propia disidencia cívica, democrática, abierta y pacífica. Con ella (casi) todos pierden: los afectados directamente, los encargados de contenerla e incluso quienes desde la oposición al gobierno luchan por los cambios en forma pacífica.

¿Es necesario insistir en que el fin no justifica los medios? ¿Recordar que los medios suelen ser más elocuentes y definitivos que los objetivos proclamados? ¿Insistir en que los medios modelan a los propios "sujetos políticos"? Por ello, conviene a (casi) todos refrendar la idea de una política pacífica y pública, capaz de enunciar con claridad sus objetivos y consciente de que existen otros que persiguen fines diferentes e incluso enfrentados, pero que están obligados a encontrarse en la escena pública de manera civilizada.

2. No se trata de una especulación. Los testimonios filmados están a disposición de quien quiera verlos. No son uno ni dos, sino decenas. Policías que arremeten contra manifestantes pacíficos y privan de su libertad a personas que ejercían sus derechos en la vía pública (y al parecer, incluso a simples paseantes o fotógrafos).

Se arrestó a "justos por pecadores", a ciudadanos inocentes como lo probó el hecho de que luego de varios días detenidos tuvieran que ser puestos en libertad porque, simple y sencillamente, no habían cometido ningún delito. Se trató de algo más que de una equivocación, fue resultado de una orden no solo imprudente sino temeraria.

Cierto. Hemos visto de manera reiterada a la policía aguantar de manera estoica agresiones sistemáticas y orquestadas, y por supuesto que tiene derecho a defenderse. Pero la respuesta no debe ser (porque sí puede ser) en los mismos términos que la de los llamados vándalos. Varias razones existen para ello: en términos éticos, porque la autoridad debe distinguirse con claridad de quienes violentan la ley; en términos jurídicos, porque no se combate las transgresiones a la ley con nuevas o renovadas transgresiones a la ley, ello acaba emparentando a unos con otros y desnaturaliza la función de los propios policías. En términos políticos, porque las prácticas de la autoridad que violan los derechos de las personas desvirtúan el ejercicio del poder y convierten a la autoridad en una entidad autoritaria. Y en términos pragmáticos, porque los abusos de autoridad invariablemente tienen efectos boomerang, como lo observamos desde el 1o. de diciembre: agarraron a quienes no habían cometido ningún delito e incluso ninguna falta administrativa y fueron incapaces de atrapar a los que desencadenaron la violencia.

3. No conviene ver una sola parte de la película. Hay quienes solo voltean a ver la violencia desatada por los jóvenes furiosos y por el otro lado, los que solo quieren observar los abusos de la autoridad. Creen que lo otro -voltear hacia ambos lados- solo lleva agua al molino de sus contrincantes. A una cierta oposición a "hacerle juego al gobierno" si es que reconoce que resulta inaceptable que una turba agreda a uniformados, destruya bancas, teléfonos públicos, aparadores y sígale usted. Y desde el gobierno a "hacerle el caldo gordo a la oposición", si se reconocen los excesos de policías, ministerios públicos y hasta jueces.

La política, en lo fundamental, transcurre hoy por una vía pacífica que permite la coexistencia y la competencia de nuestra pluralidad política. Es un logro de todos que hay que saber preservar y robustecer. Y para ello parece imprescindible refrendar el repudio inequívoco a la violencia y demandar en cada caso el apego irrestricto de las autoridades a las normas que construyen una convivencia civilizada, entre ellas, de manera prioritaria, el respeto irrestricto a los derechos humanos, lo que supone que no deben (porque sí pueden) conculcar las garantías y derechos que todos y cada uno de los ciudadanos tienen.

*Reforma 27-12-12

PROPUESTAS EN EL LIMBO*


JESÚS CANTÚ ESCALANTE

En el caso de la reforma educativa, las propuestas que presentaron legisladores del PAN y del PRD, con el apoyo de sus respectivas fracciones, buscaban que las evaluaciones al personal docente tuvieran efectos sobre maestros, directores y supervisores actualmente en funciones, pero la Cámara de Diputados no las aprobó. Los dos cambios importantes que se introdujeron a la iniciativa enviada por el presidente Enrique Peña Nieto fueron: los requisitos y el procedimiento de designación de los integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación; y el artícu­lo transitorio, básicamente introducido para garantizarle a la lideresa del SNTE,­ Elba Esther Gordillo, que todos los actuales miembros del magisterio, sin importar si están en las aulas o en posiciones directivas, permanecerán en sus puestos, es decir, que la reforma aplicará para los nuevos ingresos.

La iniciativa original, con esta enmienda para intentar complacer a la dirigencia sindical, logró pasar la instancia de los diputados, pero a la hora de escribir este artículo se preveía que en el Senado, donde la correlación de fuerzas es muy distinta, las iniciativas presentadas por senadores de PRD y PAN tendrían nuevos obstáculos.

En la propuesta del exsecretario de Educación del gobierno capitalino, el hoy senador Mario Delgado, se indicaba claramente en su artículo tercero transitorio que “todos los docentes, directivos, asesores técnico pedagógicos y supervisores (…) deberán presentar y realizar la evaluación que emita la autoridad federal, dentro del plazo máximo de tres meses contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto”. Y también, que los omisos serían separados de sus cargos si no lograban justificar su actuación; en tanto que los reprobados tendrían una segunda oportunidad, pero si volvían a reprobar serían separados de sus cargos.

En el caso de la iniciativa del exrector de la Universidad de Guanajuato y exdirector del Conacyt, el senador panista Juan Carlos Romero Hicks, la propuesta está en el mismo texto de la Constitución. La fracción III del artículo 3 señala con precisión que “el ingreso, permanencia y promoción (…) se llevará a cabo mediante mecanismos de evaluación de carácter obligatorio, incluidos los concursos de oposición…”. Así, es claro que las evaluaciones sí inciden directamente en la permanencia de los maestros. Más adelante, en la fracción IX del apartado “B” del artículo 123, precisaba: “En el caso de los trabajadores de la educación, su permanencia se sujetará también a los criterios establecidos en el artículo 3º, fracción III, de esta Constitución”.

Cerraba la pinza en el tercero transitorio, al establecer que “todo docente que actualmente esté en funciones deberá ser evaluado dentro del primer año a partir de la entrada en vigor del presente decreto”. Puntualizaba que si los resultados fueran insatisfactorios, se le daría capacitación y tendrían hasta dos nuevas oportunidades, en un plazo no mayor de 24 meses.

De modo que dos fracciones parlamentarias, firmantes del llamado Pacto por México, diferían sustancialmente de la posición asumida por el Ejecutivo y su partido, incluso de lo que aprobaron sus correligionarios en la Cámara de Dipu­tados. En suma, la posibilidad de que pasara la reforma constitucional en el Senado implicaba que PAN y PRD, por una parte, y el Ejecutivo y el PRI, por la otra, modificaran sus posiciones.

Seguramente Peña Nieto y el PRI ya tomaron nota de que su concesión no satisfizo a la lideresa magisterial, quien busca que la permanencia en el Servicio Profesional Docente no dependa de los resultados de la evaluación, pues (según ella) ésta debe tener únicamente efectos para fines de diseñar la capacitación y otorgar incentivos a los maestros. El Ejecutivo y el PRI abiertamente se colocaron por aplicar la evaluación únicamente a los de nuevo ingreso, no a los actuales, con todo el retraso que esto significaría en la mejora de la educación y las enormes dificultades que implicaría el estar aplicando durante al menos 20 o 25 años un doble rasero para evaluar a los profesores.

Se insistió en que es determinante quién elabora y aplica las evaluaciones, ya que otro de los aspectos fundamentales para lograr un buen servicio profesional de carrera es precisamente asegurar la independencia y autonomía del evaluador. Si hoy se crea un órgano autónomo, también es el momento para dotarlo de las atribuciones que le permitan diseñar y aplicar directamente los instrumentos para evaluar la idoneidad de los candidatos a ingresar a dicho servicio o a obtener una promoción, al igual que para decidir su permanencia.

De acuerdo con las disposiciones actuales, serán las mismas autoridades educativas federales y estatales (hoy capturadas en muchas de sus instancias por la dirigencia sindical) las que realicen dichas evaluaciones. Y, para rematar, ninguno de los tres partidos que hoy deciden el futuro político del país incluyeron en sus iniciativas de reforma constitucional una propuesta destinada a garantizar la calidad de estas evaluaciones.

*Proceso 26-12-12

LA FARSA DE LOS TESTIGOS PROTEGIDOS*


MIGUEL CARBONELL

Una muy buena nota de Silvia Otero en las páginas de El Universal nos vuelve a poner sobre aviso del enorme peligro que representan las investigaciones de la PGR que se basan de forma primordial en los llamados “testigos protegidos”. 

Una parte de las más “espectaculares” investigaciones de la SIEDO durante el sexenio pasado tuvieron como pilar fundamental el testimonio de personajes que habían pertenecido al crimen organizado pero que en un momento dado decidieron “cooperar” con las autoridades en calidad de testigos protegidos y comenzaron a soltar acusaciones a diestra y siniestra. 

Lo curioso de esos testigos es que su memoria es claramente selectiva y está por encima de la memoria promedio de la mayoría de los mexicanos. Varios testigos protegidos van recordando distintos episodios delictivos por etapas, de modo que pueden ir extendiendo sus declaraciones durante años, lo cual resulta cuando menos extraño. 

Más extraña todavía es la prodigiosa memoria de algunos de estos testigos protegidos: los hay que recuerdan el nombre de más de 200 policías que cobraban de un cártel del narco; pero además del nombre de los implicados el testigo recuerda fechas y montos precisos que se entregaron a cada persona; se trata de un memoria protéica, propia de un súperdotado, sin duda alguna. 

Una tercera cuestión extraña es que algunos de estos testigos recuerdan cuestiones relacionadas con varios casos —aparentemente muy disímiles— que están bajo la investigación de la PGR. El texto de Silvia Otero cita el caso paradigmático de un testigo protegido llamado El Pitufo, quien lo mismo aportó detalles para procesar a un ex alcalde de Cancún que supo datos utilizados en contra de mandos de la Policía Federal, intervino en el caso de Florence Cassez y fue testigo en el llamado michoacanazo. ¿Cómo pudo una sola persona estar al tanto de tantos y tan relevantes casos? ¿cómo es que alguien desarrolla esa llamativa “transversalidad delincuencial”? Ni Al Capone en el Chicago de los años 20, ni la mafia rusa actual puede conocer lo que en México sabe y dice un solo testigo protegido en manos de la PGR. Lo cierto es que la figura de los testigos protegidos se utiliza en muchos países democráticos y está prevista en tratados internacionales firmados por México. Lo que quizá no sea tan común es la credibilidad que en nuestro país se les da a todas sus ocurrencias. Por eso es que tiene mucho sentido el llamado del procurador Murillo Karam para revisar la forma en que se les ha venido utilizando. 

Da un poco de pena que haya tenido que ser el nuevo procurador el que haya hecho ese llamado de atención. Hubiera sido mejor que, desde hace años, hubieran sido los jueces los que prendieran la alarma por esa anormalidad judicial que ha mantenido y mantiene en la cárcel a personas que quizá no deberían estar privadas de su libertad. Los jueces deberían haber elevado el listón argumentativo y haber negado órdenes de aprehensión y autos de formal prisión cuando el elemento principal de prueba contra una persona fueran los dichos de un testigo protegido, cuya credibilidad por regla general debe ser cercana a cero, al menos como punto de partida. 

En todo caso, la reflexión sobre el uso de los testigos protegidos en realidad debería ponernos ante el interrogante mayúsculo sobre la calidad de nuestra justicia penal. Si los jueces valoran con tanta ligereza lo que dice un delincuente confeso, ¿qué valoración harán de cualquier otro dicho o cuestión probatoria que figure en un expediente judicial? ¿Con qué elementos se puede dictar en México una sentencia que condena a una persona a pasar varias décadas de su vida entre rejas? ¿qué tipo de argumentaciones utilizan nuestros ministerios públicos y nuestros jueces al momento de dictar sus respectivas resoluciones? 

Todos los que, de alguna u otra manera, hemos tenido contacto con el sistema penal mexicano sabemos que las arbitrariedades están a la orden del día. A veces se cometen por simple corrupción y otras por negligencia manifiesta, pero lo cierto es que nadie puede sentirse completamente a salvo: cualquiera puede caer en las garras de un sistema judicial que muchas veces es ciego, sordo, lento y corrupto. 

Por eso es que deberíamos caminar con toda determinación hacia su reforma profunda, a través del sistema (previsto constitucionalmente) de juicios orales, con principios modernos de enjuiciamiento y altas dosis de transparencia judicial. Urge que la justicia penal se administre de cara a la sociedad y no con base en la insonsable memoria de cualquier testigo protegido que de repente se vuelve “cliente frecuente” de la PGR. Ojalá el nuevo gobierno no se tarde en entenderlo y no vuelva a cometer las atrocidades que vimos durante el sexenio anterior. 

*El Universal 27-12-12

UN MUNDO OBESO*


CIRO MURAYAMA

El semanario británico The Economist (22/XII/12) dedica sus páginas centrales a la pandemia de obesidad que recorre el mundo. La publicación nos alerta de que al terminar la década pasada había mil 500 millones de adultos con sobrepeso u obesidad en el planeta, la tercera parte del total de adultos, y que la tasa global de obesidad se duplicó en apenas 30 años.

En Estados Unidos, 36% de los adultos y 17% de los niños no sólo tienen sobrepeso sino obesidad, y dentro de 20 años la mitad de los adultos norteamericanos podría ser obesos. Las tasas de obesidad en México son similares a las de nuestro vecino.

En el mundo en desarrollo los problemas de sobrepeso avanzan a paso veloz. El crecimiento económico lleva a la gente del trabajo agrícola a sedentarias labores urbanas, y las bicicletas son sustituidas por motos y automóviles. Pero no es sólo un problema de actividad —de quema de calorías— sino de ingesta: las familias cada vez tienen mayor acceso a alimentos y bebidas procesados, con altas cantidades de azúcar y grasa, y la plausible incorporación femenina al mundo del trabajo también ha dejado menos tiempo para cocinar alimentos frescos. Con frecuencia, el coche se empieza a convertir en un nuevo comedor.

En algunos países no se han desterrado los problemas de desnutrición pero ya se enfrentan los de la mala alimentación por exceso. Es el caso de México, que es el de mayor consumo per cápita de Coca-Cola en el mundo, con 728 unidades promedio anual por adulto.

El sobrepeso y la obesidad tienen costos, pues afectan la salud de la población, reducen la productividad de los trabajadores, generando pérdidas de ingreso a sus familias y a la sociedad, al tiempo que disparan el costo de la atención médica a las enfermedades asociadas con la obesidad, en particular las crónico-degenerativas como la diabetes.

En Estados Unidos, el país que más gasta en salud en el mundo debido al enorme peso de la medicina privada —sin tener los mejores indicadores de salud, por cierto—, una quinta parte del gasto en salud (esto es, más de 3% del PIB) se destina a cubrir enfermedades relacionadas con la obesidad.

Por supuesto, también hay quien hace negocio con un mundo más obeso. Es el caso de los productores de alimentos que dan lugar a procesos químicos en el cuerpo que generan adicción, como es el caso de determinados azúcares que alteran el funcionamiento metabólico y cerebral a tal punto que el individuo es incapaz de frenar la ingesta. McDonald’s, dice The Economist, la compañía con mayor influencia en el cambio de dieta en Estados Unidos, factura 34 mil 200 millones de dólares al año, más que Subway, Starbucks y Wendy’s juntos.

En la otra cara del negocio están los tratamientos médicos, como la cirugía bariátrica o los productos de la industria farmacéutica para inhibir el apetito, así como los ingresos de quienes atienden a pacientes con enfermedades asociadas a la obesidad. The Economist, citando a Standard & Poor’s, estima que el “mercado de la diabetes” involucra 35 mil millones de dólares, y que llegará a 58 mil millones en 2018.

Por otra parte, si bien la genética explica porqué ciertas personas o grupos tienen mayor propensión a la obesidad, tampoco es el factor principal de la pandemia actual, pues el problema del sobrepeso se disparó hace apenas unos años sin que los genes del ser humano hayan cambiado.

Hay, además, elementos socioeconómicos claros. A menor educación mayor probabilidad de tener sobrepeso, y los países de ingresos medios y bajos con expansión de la urbanización tienen mayores tasas de crecimiento de la obesidad y, finalmente, quienes están engordando a tasas desproporcionadamente mayores son los pobres que tienen menos información, menor acceso a doctores, gimnasios, parques y comida sana.

Las cifras son elocuentes, las causas identificadas y los determinantes económicos del problema —fuertes intereses privados, crecimiento mal entendido, desigualdad, cambio en los precios relativos a favor de los alimentos de mala calidad, sistemas de salud con énfasis en la curación antes que en la prevención— son las principales barreras para hacer frente de forma adecuada a la epidemia contemporánea de la obesidad.

*El Universal 27-12-12

lunes, 24 de diciembre de 2012

EL OTRO PACTO DE PEÑA NIETO*


JOHN ACKERMAN

Enrique Peña Nieto dice repudiar la estrategia de Felipe Calderón de declarar la guerra y decapitar las principales organizaciones criminales. A diferencia de ello, el nuevo gobierno ha señalado que buscará fortalecer las instituciones públicas para reducir la incidencia de los delitos más dañinos como homicidio, extorsión, secuestro y robo con violencia. Sin embargo, parecería que en realidad el eje principal de la nueva estrategia de seguridad será tender la mano a los capos del narcotráfico para que ellos también se incorporen al Pacto por México. Así no sería suficiente con la participación de los líderes de la muy confiable clase política nacional, sino que también habría que robustecer la unidad nacional con la incorporación de los muy respetables dirigentes de los grupos delincuenciales más sangrientos.

A primera vista, pareciera que milagrosamente los sueños del movimiento No + Sangre se habrían colmado. Recordemos aquel 8 de enero de 2011, cuando destacados caricaturistas como Rius, El Fisgón, Hernández y Helguera unieron esfuerzos con el diseñador gráfico Alejandro Magallanes para lanzar esta poderosa iniciativa que buscaba poner fin a la guerra de Calderón. Rápidamente miles de intelectuales, escritores, activistas, víctimas, periodistas y artistas se unieron a la causa. Uno de los momentos cumbre del movimiento fue la bella jornada de Un minuto x No + Sangre, celebrado el 6 de junio de 2011, donde participaron cientos de víctimas y destacadas figuras públicas que incluyeron a Olga Reyes Salazar, Miguel Ángel Granados Chapa, Genaro Góngora Pimentel y Lydia Cacho, entre otros. El reclamo principal de quienes impulsamos tal iniciativa fue la exigencia de poner fin al baño de sangre y la verdadera búsqueda de la paz y la seguridad de los mexicanos, tal como lo resumimos en un par de artículos en aquellas fechas, tanto en español (ow.ly/gjZC6) como en inglés (ow.ly/gjZDa).

Los ataques desde el gobierno y los medios oficialistas no se hicieron esperar. A los promotores de la iniciativa se nos descalificó como cómplices del narco y se lanzó una contraofensiva ideológica con el Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia. En lugar de escuchar los reclamos de la sociedad, Calderón en su eterna terquedad sólo buscó imponer una nueva percepción de la violencia en los medios para poder continuar con la errada estrategia gubernamental de siempre.

Hoy el discurso es diferente, pero los fines que se persiguen no tienen nada que ver con aquellas exigencias del movimiento No + Sangre. En lugar del establecimiento del estado de derecho de buscar retornar a las estrategias de complicidad y negociación del pasado.

Como bien lo mostraron los zapatistas el viernes pasado, el silencio muchas veces dice más que mil palabras. En su presentación ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública el pasado 17 de diciembre, Peña Nieto no mencionó una sola vez el tema del crimen organizado, no abordó el tema del lavado de dinero, ni pronunció la palabra corrupción. Para el Presidente solamente hay delitos, pero no existen delincuentes ni mucho menos la delincuencia organizada o los cómplices gubernamentales.

La única mención al tema del crimen organizado fue de Miguel Osorio Chong, quien criticó la estrategia de Calderón de captura y abatimiento de grandes líderes de las organizaciones criminales por haber generado un proceso de fragmentación de grupos que hoy operan con una lógica distinta. Pasamos de un esquema de liderazgos verticales, a uno horizontal, que los hace más violentos y mucho más peligrosos.

Tanto el silencio de Peña Nieto como el nada casual comentario de Osorio Chong constituyen una invitación implícita a los capos del narcotráfico para que vuelvan a organizarse de manera vertical, como en los hechos nunca dejó de hacerlo el cártel de Sinaloa, para que se sienten en la mesa de negociación con el gobierno federal y los tres principales partidos políticos. Vicente Fox, quien se sumó gustoso a la campaña de Peña Nieto y hoy espera sus recompensas, lo dijo explícitamente hace un año en un discurso en el Instituto Cato, al señalar que el gobierno mexicano debería sentarse en la mesa para pactar un cese al fuego con los principales narcotraficantes, de manera similar, dijo, a como se hizo con el EZLN en 1994.

Recordemos también las declaraciones de Sócrates Rizzo, ex gobernador priísta de Nuevo León, en añoranza de los viejos tiempos del PRI: “De alguna manera se tenía resuelto el conflicto del tráfico de drogas, había rutas bien establecidas… Había un control y había un estado fuerte y un presidente fuerte y una procuraduría fuerte… y entonces de alguna manera decían ‘tú pasas por aquí, tú por aquí, pero no me toques aquí estos lugares; algo pasó”.

Así como la violencia desbordada en Ciudad Juárez fue emblemática de la estrategia fallida de Calderón, quizás la relativa paz de hoy en esa misma ciudad llegue a ser el mejor ejemplo del eventual fracaso de la nueva estrategia de Peña Nieto. Un reportaje de la Agencia Reuters (disponible aquí: goo.gl/z3Ibp), por ejemplo, sugiere que la reciente reducción de la tasa de homicidios en Juárez no se debe a la imposición del estado de derecho, sino a la conquista de la ciudad por el cártel de Sinaloa y la emigración, o desplazamiento forzado, de la sexta parte de su población. El nivel de extorsión de los negocios locales por criminales, por ejemplo, aparentemente se encuentra en su nivel más alto en años.

La paz verdadera no puede nacer de la negociación de la ley y la abdicación del Estado frente a los poderes fácticos y los criminales, sino solamente a partir del auténtico fortalecimiento institucional y empoderamiento social. No nos dejemos engañar.

*La Jornada 24-12-12

jueves, 20 de diciembre de 2012

HIRSCHMAN*


JOSÉ WOLDENBERG

A la memoria de Mercedes Barquet.


Albert O. Hirschman nació en Alemania en 1915. De origen judío es bautizado en la religión protestante, aunque su familia es agnóstica. En 1931 ingresa al movimiento juvenil del Partido Socialdemócrata. Las diferencias que se viven en él fueron el antecedente remoto para la que luego sería una de sus obras más relevantes: "fue una primera experiencia del conflicto entre 'exit' y 'voice', en el cual dudé si optar por la defección o por la manifestación del disenso y la crítica desde dentro". En 1933, luego de la muerte de su padre y ante el ascenso nazi, emigra para estudiar en Francia. Luego de dos años, partió hacia Londres donde estudió en la London School of Economics y de ahí a Italia. Fue a combatir a España porque se daba cuenta "que el fascismo estaba avanzando y no me podía quedar observando sin hacer nada". Abandona España porque no acepta ser encuadrado en "una formación enteramente comunista". Trabaja en Francia en el Emergency Rescue Committee proporcionando "papeles" a exilados cuya vida se encuentra en peligro. En 1941 llega a Estados Unidos donde se instala de manera definitiva, no sin antes combatir en el frente africano y luego en Italia.

Antes, en Italia en 1936, escribe un ensayo contra la política del régimen fascista que fomentaba la reproducción sin límite. Con las estadísticas oficiales demostraba que a mayor número de hijos menos sobrevivían. "Al fin y al cabo... ¡es deletéreo (mortífero) incitar y premiar a las mujeres que traen al mundo a todos los niños, incluso desde el punto de vista natalista!". El texto jamás se publicó.

Quizá en ese artículo se encontraba ya uno de los rasgos de su obra: buscar explicaciones con fuerte apoyo empírico para comprender "de qué modo suceden las cosas, cómo acontece el cambio". No era afecto a las monumentales teorizaciones, más bien se inclinaba por marcos conceptuales de alcance medio capaces de explicar fenómenos sociales complejos. Apreciaba más al Marx "politólogo" que al economista. "Me impresionó mucho el Dieciocho Brumario. Sus escritos históricos eran mucho menos 'ortodoxos' que sus escritos económicos". Las inmensas construcciones conceptuales al volverse rígidas se convertían en corsés que impedían observar las singularidades y embrollos de los casos específicos.

Trabajó en el Plan Marshall para la reconstrucción de la Europa de la posguerra. Fue "una gran invención", dijo. Se trataba de consolidar regímenes democráticos buscando al mismo tiempo la prosperidad económica. Luego laboró como asesor en Colombia y se interesó en América Latina. Por esas experiencias llegó a sus temas sobre los obstáculos para el desarrollo, sobre los cuales se volvió una voz apreciada e influyente. En ese tiempo subrayó su "aversión por los diagnósticos demasiado uniformes y unilaterales... por los principios generales y las prescripciones abstractas. Creo que es necesario revisar al 'paciente' con una suerte de 'linterna empírica', antes de poder comprender qué tiene. Es fundamental la comprensión de las peculiaridades... e incluso de las vías insólitas".

Su paso por América Latina lo llevó a acuñar una voz ingeniosa: la "fracasomanía", una especie de complejo/prejuicio que impedía ver y aquilatar los avances. "La idea se me ocurrió a partir de la observación de la realidad colombiana y brasileña. En Colombia, la primera reforma agraria, prometida en los años treinta por el gobierno 'newdealista' de Alfonso López, había sido siempre interpretada como un fracaso total, cuando en cambio los datos que yo recogí indicaban con claridad que se habían efectuado algunos cambios en sentido positivo en las zonas rurales".

Su flexibilidad llama la atención, su capacidad para autocorregirse también. "Eso me sucedió con el esquema 'exit/voice'. En la historia alemana reciente se ha verificado una conjunción, mejor dicho una cooperación entre estos dos elementos, la defección y la protesta; en cambio en mi formulación originaria los dos se excluían recíprocamente (cuando hay más defección -salida- hay menos protesta, y viceversa)". "Mi teoría ha sido criticada por un estudioso alemán, quien ha afirmado que los acontecimientos de Alemania Oriental contradicen abiertamente mi planteo. Y en efecto es así". Sin remilgos, con abrumadora sencillez.

Era además un amante de la literatura, de sus potencialidades. Para rebatir a Mancur Olson que afirmaba que "el actor racional es un 'free rider', un aprovechado... que se abstiene de la acción colectiva contando con el hecho de que otros harán su parte... de modo que la acción colectiva sucede muy rara vez", Hirschman no solo le recordó que las acciones colectivas suceden y que la gente participa en ellas, sino que le citó a Pascal: "La esperanza que tienen los cristianos de poseer un bien infinito está mezclada con el goce efectivo..., ya que no son como aquellos que esperarán un reino del cual no tendrán nada, siendo súbditos; sino que esperan la santidad, la exención de la injusticia y poseen algo" (A través de las fronteras. FCE. 1999).

*Reforma 20-12-12

martes, 18 de diciembre de 2012

PEÑA NIETO Y LA AUDACIA TOTALITARIA*


JOHN MILL ACKERMAN ROSE

Un sistema político “totalitario” es aquel en el que la clase dominante no se conforma con el ejercicio de la autoridad desde las instituciones gubernamentales, sino que busca controlar la totalidad de la vida pública y privada de los ciudadanos. Este tipo de regímenes típicamente dividen a la sociedad de manera maniquea entre los ciudadanos “bien portados” que apoyan y muestran lealtad absoluta al mandatario, y los ciudadanos “de mala conducta” que “sólo critican” y “desestabilizan”.

Aunque el discurso totalitario comúnmente es de “unidad” y “progreso”, en los hechos estos regímenes polarizan a la sociedad y excluyen a los disidentes. Los totalitarios rehúyen el debate entre opciones y posturas contrapuestas. Prefieren el “dulce encanto” del aplauso fácil al caótico proceso de la construcción de acuerdos democráticos. El complemento perfecto a todo ello es la represión estatal contra quienes se atreven a levantar la voz.

Pilares fundamentales de este tipo de sistemas son la propaganda y la manipulación mediática. En lugar de convencer a los ciudadanos y dialogar con la sociedad, se busca corromper y serenar conciencias. Estos esfuerzos de reeducación cívica típicamente prometen liberar al pueblo de una historia de supuesto atraso y aspiran a crear un país ficticio a partir de una “revolución cultural” que instale nuevos valores ideológicos y prácticas políticas.

El discurso inaugural de Peña Nieto en Palacio Nacional el pasado 1 de diciembre reveló un claro talante totalitario. Mientras escurría en las banquetas de San Lázaro la sangre de Uriel Sandoval y Juan Francisco Kuykendall, dos manifestantes pacíficos brutalmente reprimidos por la Policía Federal de Peña Nieto, el nuevo presidente declaraba que era “tiempo de romper, juntos, los mitos y paradigmas, y todo aquello que ha limitado nuestro desarrollo” para construir “un país arrojado y audaz, preparado para competir y triunfar, para que esa sea su imagen ante el mundo entero”. Para ello, concluía, “trabajemos con determinación, con audacia y con pasión”.

La frecuente utilización de la palabra “audacia” llama la atención porque en años recientes se ha convertido en el término clave de un conspicuo grupo de intelectuales para referirse a los tiempos de Carlos Salinas de Gortari. Por ejemplo, en su ensayo Un futuro para México, Héctor Aguilar Camín y Jorge Castañeda aclaman los tiempos supuestamente “modernizantes” que vivimos en México durante el sexenio de Salinas: “Apenas había empezado la obertura que sustituiría al nacionalismo revolucionario, el salto a la modernidad de los noventa, cuando la triste trilogía del año 1994 –rebelión, magnicidios, crisis económica– destruyó la credibilidad del nuevo libreto”.

De acuerdo con los escritores, habría que recuperar el proyecto original del “gobierno audaz e ilustrado” de Salinas. El problema hoy es que “México es preso de su historia”. Precisan: “Ideas, sentimientos e intereses heredados le impiden moverse con rapidez al lugar que anhelan sus ciudadanos. La historia acumulada en la cabeza y en los sentimientos de la nación –en sus leyes, en sus instituciones, en sus hábitos y fantasías– obstruye su camino al futuro”.

La similitud con el discurso de Peña Nieto es innegable y revela la verdadera intención del nuevo ocupante de Los Pinos. Si bien el proyecto de transformación cultural finge mirar hacia el futuro, en realidad lo que busca es volver la mirada hacia una de las épocas más corruptas, opacas y autoritarias de la historia reciente del país: el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.

Marcelo Ebrard, quien se forjó políticamente bajo la sombra de Salinas, se ha unido gustoso al nuevo proyecto totalitario. “Ya limpié mi Hemiciclo”, escribió orgulloso la noche del 1 de diciembre. En lugar de preocuparse por las docenas de detenciones arbitrarias cometidas por los policías a su mando y exigir el castigo necesario para los policías federales y locales que hubieran abusado de los manifestantes y jóvenes inocentes, Ebrard prefirió presumir “la pulcritud” de un monumento público que cree que le pertenece a título individual. Esta visión patrimonialista del poder público, junto con la aparente obsesión por la “limpieza” y el orden, demuestran que Ebrard y muchos líderes de la supuesta “izquierda” en el fondo comparten la misma visión totalitaria de los priistas.

Peña Nieto sabe bien que tiene a la gran mayoría de la sociedad mexicana en su contra. El priista solamente recibió 38.2% de la votación popular, y sus bases de apoyo se encuentran principalmente entre los sectores más humildes de la sociedad. El PRI conquistó la Presidencia pero fracasó olímpicamente en ganar la confianza de la población.

Frente a este generalizado rechazo popular, y ante el riesgo de que aumente a la hora de concretar las promesas hechas a sus patrocinadores nacionales e internacionales, destacadamente la privatización del petróleo, el nuevo gobierno decidió que su primer paso sería lanzar una ofensiva ideológica en contra de la izquierda en sus múltiples manifestaciones. Es en este contexto que debemos entender la vergonzosa participación del presidente en la inauguración del Teletón, así como sus incesantes viajes al interior de la República. También es el trasfondo para los nuevos anuncios televisivos de la Presidencia que representan a jóvenes “emprendedores” en corbata saltando erráticamente entre edificios públicos, al igual que la evidente utilización de la lamentable muerte de Jenni Rivera para distraer la atención pública de los problemas más profundos del país.

Pero no será fácil tapar el sol con un dedo. A pesar de que Peña Nieto recurra a las mismas estrategias de cooptación, manipulación y represión del sistema priista de antaño, hoy la sociedad es otra, más despierta, más consciente y más informada que nunca. Confiemos en ella.

*Proceso 18-12-12

SNTE: DIRIGENCIA COMPLACIDA*


JESÚS CANTÚ ESCALANTE

A nadie debe sorprender que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se muestre tan complaciente con la reforma constitucional del sistema educativo nacional, pues –por lo menos hasta estos momentos– serán sus personeros en las distintas instancias educativas estatales los que se encarguen de administrar el ingreso y la promoción de los integrantes del llamado Servicio Profesional Docente.

La creación de dicho servicio es una muy buena decisión, y más todavía el hecho de que en el párrafo III del artículo 3° de la Constitución se asiente: “…el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado, se llevará a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de conocimientos y capacidades que correspondan (…) Serán nulos todos los ingresos y promociones que no sean otorgados conforme a la ley”.

Sin embargo, el problema es quién realizará dichos concursos de oposición, y de acuerdo con la reforma constitucional serán las autoridades educativas, no el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, como muchos creen. Conforme a lo hoy establecido en la fracción VIII del artículo 13 de la Ley General de Educación, corresponderá a las autoridades educativas estatales aplicarlos, en coordinación con la autoridad educativa federal.

Esto se puede modificar en la reforma a la legislación ordinaria que se haga con posterioridad a la constitucional, pero el único cambio que podría introducirse sería que dicha función corresponda a la autoridad educativa federal, y no a la estatal. Pero eso no sería muy congruente con lo indicado en la exposición de motivos planteada por el presidente Enrique Peña Nieto y avalada, igual que la reforma, por los dirigentes de los tres partidos políticos con mayor participación electoral (PRI, PAN y PRD).

En dicha exposición, se manifiesta: “Por su parte, la evaluación individual de los elementos que integran el Sistema Educativo Nacional debe continuar como una función ordinaria de las autoridades, propia de su operación, que no puede separarse de su diario quehacer. Sin embargo, la práctica de esas evaluaciones debe obedecer a criterios técnicos idóneos que el Instituto (Nacional para la Evaluación de la Educación, INEE) brinde en el ejercicio de sus funciones”.

Pues bien, en el texto de la reforma la única facultad que se le da al INEE al respecto es “expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas federal y locales para llevar a cabo las funciones de evaluación que les corresponden”. Así, este nuevo órgano autónomo ni siquiera podrá elaborar los instrumentos que sirvan para evaluar la idoneidad de los aspirantes a ingresar o recibir una promoción dentro del magisterio.

De modo que, aun cuando integrantes del nuevo gobierno presumen de haber limpiado la Secretaría de Educación Pública de la injerencia de la lideresa sindical Elba Esther Gordillo, al retomar la rectoría de la educación, como lo pregonan, lo cierto es que en los estados las secretarías de Educación todavía están bajo el control de la dirigencia sindical y ellas serán las instancias responsables de aplicar directamente los concursos de oposición para el ingreso y promoción de los maestros. En octubre de 2009 (Proceso 1719), este autor señalaba que buena parte de la eficacia del control de la dirigencia sindical sobre el gremio “obedece al enquistamiento de sus miembros en la estructura educativa: (…) las secretarías de al menos 11 de los 31 estados; más de medio centenar de subsecretarías; cientos de direcciones…”.

Para que efectivamente haya “idoneidad de conocimientos y capacidades” de los nuevos maestros o directores y supervisores, debiera ser el INEE, órgano con autonomía constitucional, el responsable de administrar estos concursos de oposición en todos los casos, o al menos, como planteaba la iniciativa de senadores panistas y perredistas presentada en diciembre del 2011, establecer que fuese requisito para ejercer la docencia, en instituciones públicas o privadas de educación básica, el “obtener la certificación de conocimientos y aptitudes expedida por el INEE”.

Lo ideal sería que, en el caso de los concursos de ingreso, todo el proceso se realizara a nivel federal; que se institucionalizara la organización de uno o dos concursos anuales, y que, de acuerdo con el lugar que ocuparan los candidatos en ellos, se les diera la oportunidad de elegir el lugar de su adscripción. En los de promoción, si se quiere dejar una participación a las autoridades estatales, se les podrían enviar ternas por cada puesto a ocupar y ese sería su margen de decisión; se garantizaría un mínimo de conocimientos y capacidades y simplemente se dejaría la evaluación final a la autoridad directa.

Pero de acuerdo con las atribuciones mencionadas en la Constitución, el INEE no podrá ni administrar los concursos ni emitir una certificación de idoneidad. Además, el secretario de Educación, Emilio Chauyffet, fue muy claro en una entrevista con Carlos Loret de Mola el pasado 11 de diciembre: La evaluación no será retroactiva, y aplicará únicamente para aquéllos que se incorporen a partir de la entrada en vigor de dicha legislación al servicio profesional docente. Tampoco garantizó que reprobar un examen de evaluación implicase la salida del servicio; sólo ratificó que no ingresará quien no lo apruebe, pero, una vez adentro, el reprobarlo no necesariamente conduciría siquiera a que el educador fuese retirado de sus funciones (puede ser que la ley establezca su salida en algunos casos, pero en la Constitución eso no está establecido), aunque fuese para una capacitación.

El conductor del noticiario se sorprendió ante la respuesta de Chuayffet y le preguntó que si la ley aplicaría únicamente para los nuevos, cuántos años se tardarían en renovar a toda la planta de maestros, y el secretario se remitió a la experiencia de Corea del Sur y respondió que a ese país le llevó 20 años. De manera que, aparte de que el impacto de la reforma sobre la calidad educativa será en el largo plazo, nada garantiza que los que ingresen sean los idóneos, por lo señalado previamente.

Las dos instituciones incorporadas al artículo tercero constitucional (Servicio Profesional Docente e Instituto Nacional de Evaluación de la Educación) son muy positivas, pero en los términos en los que se redactaron las disposiciones mencionadas no garantizan la consecución de los objetivos planteados.

*Proceso 18-12-12

EL PACTO Y SU MÉTODO*


JAVIER CORRAL JURADO

El Pacto por México, suscrito por el presidente y los líderes nacionales del PAN, PRI y PRD arrojó al Congreso su primer fruto: la iniciativa de reforma constitucional en materia educativa, con un largo articulado transitorio en el que se obliga algunas de las principales características y objetivos de la legislación secundaria. Sin duda sui géneris la técnica legislativa, garantiza por lo menos la concreción de compromisos específicos, a los que será difícil burlar en nombre de las generalidades. 

Prohibir es prohibir, y lo dice uno de los transitorios de la propuesta en relación con los alimentos que no favorezcan la salud de los educandos. Pa’fuera de las tienditas escolares la comida chatarra y los refrescos. Escuelas de tiempo completo, lo son las de horario ampliado de seis a ocho horas diarias. Es inteligente la forma, creativo el diseño. 

La reforma ha sido bien acogida por la sociedad y los sectores involucrados. ¿Quién no quiere que la educación y su proceso de evaluación sean rescatados del secuestro en que los ha mantenido por largo tiempo la dirigencia del SNTE? Pocos se resisten, pero ahora ni siquiera son capaces de oponerse públicamente. En la legitimidad de las iniciativas planteadas por el pacto estará el éxito de su propósito reformador y la fuerza moral de sus exigencias, de tiempo y de forma. 

En la Cámara de Diputados la iniciativa se recibió el martes 11, se procesó en comisiones el jueves 13, y presumiblemente hoy se vota en el pleno de la Cámara Baja. Una semana es un tiempo récord para una reforma constitucional; adicionado el dato de que no se le hicieron cambios relevantes. 

En sentido político esto es un buen signo, pero es necesario introducir una alerta en cuanto al método de procesamiento del pacto entre cámaras del Congreso, pues desahogar así los procedimientos para las reformas presupone una gran operación política y mecanismos de retroalimentación, discusión y participación entre los legisladores que dictaminan de origen y los que lo hacen en función revisora. No hay bicamaralismo en el mundo que aguante un ritmo en el que una cámara le impone a la otra, por ritmo o por procedimiento, sus decisiones sin el más mínimo escrutinio, a menos que ambas se pongan de acuerdo en una agenda de iniciativas y se distribuya a qué cámara corresponderá dar origen al proceso legislativo. 

La reforma educativa llega al Senado sin ese obligado mecanismo. En función de los intereses que toca es comprensible que se busque apresurar el dictamen en la colegisladora, pero ni ello justificaría que se ignoraran propuestas de adición tan importantes como las que hemos presentado varios senadores para darle un mayor contenido, mejorar los objetivos de las enmiendas y profundizar en serio, no sólo en el discurso, la idea de recuperar la rectoría del Estado en materia educativa y transparentar las condiciones generales de trabajo, así como la democratización de la vida sindical. 

A todos los actores debe quedar claro que el pacto es un piso, no es un techo; mucho menos debe ser convertido en camisa de fuerza, bajo una especie de dogmatismo firmante en el que lo suscrito por los líderes partidarios y el presidente Peña es intocable. Ello distorsionaría el papel del Congreso y tampoco creo que haya mayoría de legisladores que estén dispuestos a aceptar ser suplantados o sustituidos por un presidencialismo, así esté acompañado de los principales líderes partidistas. El Congreso está obligado a colocar la mira por encima de ese pacto y hacia adelante, y no por debajo y mirando hacia atrás. Las cámaras pueden y deben darle su impronta y un impulso mayor, todo lo que se pueda hacia arriba, para ensanchar el cambio y la transformación del país. No hacerlo de esta manera le provocaría un gran daño al Pacto por México, le restaría el mérito de su altura de miras, perdería su inédito signo de madurez democrática y civilidad política que representa su listado de compromisos reformadores. 

Si hay una reforma que necesita el país, es la educativa. Está en el fondo de muchos de nuestros males, incluida la inseguridad y la falta de competitividad internacional. La educación es un igualador social como pocos. México está rezagado en la economía del conocimiento y precisa de un nuevo modelo educativo. Es cierto que hemos avanzado y la cobertura en alfabetización alcanza casi el 100%. Pero se requieren cambios en la estructura, funcionamiento, evaluación y descentralización de la educación, para lograr una verdadera calidad educativa. 

Por ello insistiremos en complementar la reforma educativa en el Senado, no para detenerla, sino para mejorarla. Hubiera sido deseable que se hubiera puesto en marcha un mecanismo idóneo para ello, como lo es la conferencia parlamentaria planteada en el artículo 153 del reglamento del Senado que dice: “las comisiones en consulta con los órganos directivos del Senado pueden trabajar en conferencia con las correspondientes de la Cámara de Diputados para deliberar sobre iniciativas y proyectos de ley o decreto u otros asuntos, cuya tramitación se considera necesario agilizar”. Así se propuso formalmente a la Cámara de Diputados, y al no aceptar, el Senado hará la revisión propia. Ojalá esto cambie para futuras iniciativas del pacto. 

*El Universal 18-12-12

EL NUEVO PRESIDENTE*


JORGE ALCOCER

Contra los pronósticos, el nuevo Presidente sigue dando buenas noticias qué hablar; primero fue el anuncio de su gabinete legal, luego del ampliado y de los mandos medios. La ceremonia de protesta en San Lázaro transcurrió, comparada con la de seis años antes, con relativa tersura; aunque los actos de provocación y vandalismo ese día, en el DF, siguen sin explicación. El mensaje en Palacio Nacional quizá no merezca un lugar en la literatura, libros, pero fue conciso y preciso; y además, fue culminado con el anuncio de 13 acciones inmediatas, que han empezado a llevarse a la práctica.

La firma del "Pacto por México", más allá de lo que podamos criticar a su redacción, de pronto tan detallista como imprecisa y críptica, o la falta de cuidado en el trato hacia el Congreso, el Poder Judicial y los gobiernos estatales y municipales, resultó un acto políticamente relevante. No es poca cosa que al segundo día de su gobierno, Peña Nieto haya logrado reunir; para la firma conjunta del Pacto, a los presidentes nacionales de los tres partidos con mayor peso electoral y presencia legislativa. Otra vez, el contraste con el pasado es destacable.

Aunque sus dos primeras iniciativas -como presidente Electo- siguen atoradas, por lo profuso y confuso de su contenido; la de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública quedó finalmente en condición de ser promulgada, una vez que el PRI, colmillo de por medio, dejó pasar la demanda opositora para que el Senado ratifique a dos funcionarios del área de seguridad pública. La decisión final estará en manos de la Corte, que confirma su papel como árbitro en este tipo de diferendos.

Enrique Peña Nieto ya tiene carta legal para proceder a reorganizar el gobierno que le corresponde encabezar; decidió apostar a la concentración de facultades políticas y de seguridad pública en una sola Secretaría, la de Gobernación. Quizá por esa apuesta, al nombrar a los subsecretarios, mandó el mensaje de que entrega la responsabilidad a Miguel Ángel Osorio Chong, pero lo rodea de un equipo experimentado que equilibra y contrapesa al hidalguense, lo que se acentúa con la llegada de Jesús Murillo a la PGR. Agrupar funciones es una primera medida, falta lo sustantivo, que es el cambio de la estrategia reactiva a la inteligencia preventiva.

En la primera de sus iniciativas pactadas, el Presidente mandó otro mensaje; esta vez a la otrora poderosa lideresa vitalicia del SNTE, la profesora Elba Esther Gordillo. Terminar con la venta o herencia de plazas de directores de escuela y supervisores de zona significa quebrar la columna vertebral que sostiene su control sobre ese sindicato, tal y como lo heredó de su defenestrado mentor, hace casi 25 años. La reforma constitucional, ya aprobada por los diputados, es un primer paso para la titánica tarea de que la educación pública sea de calidad, y los maestros la garantía de tal objetivo. Queda la preocupación por el despliegue mediático, que se concentró en la crítica a la profesora, sin explicar ni hacer notar la importancia de lo sustantivo, que está en la evaluación permanente del magisterio, y en la carrera docente, como instrumentos para la mejora continua de la calidad de la educación pública, en todos sus niveles, que es lo realmente importante.

El paquete económico para 2013 avanza sin contratiempos. Ya fue aprobada en ambas Cámaras la Ley de Ingresos y se espera que en esta semana los diputados discutan y aprueben el Presupuesto de Egresos, que son más de lo mismo. Ahí está el verdadero reto del nuevo gobierno, maniatado por la debilidad estructural de los ingresos tributarios, que siguen a la espera de la reforma hacendaria que los haga llegar a los montos y proporciones de una economía como la nuestra.

Sin una reorientación social de la política económica, que genere el círculo virtuoso que encadene la inversión con el empleo y supere la mediocridad del crecimiento económico, no habrá mejores salarios ni elevación del nivel de vida del pueblo. Lo urgente es erradicar la pobreza que tiene a millones de compatriotas en condición de extrema precariedad de vida.

No habrá nueva política social, sin nueva política económica. Hoy la solidaridad consiste en abrir, para todos, oportunidades de empleo estable y salario digno.

¡Feliz año nuevo!

* Reforma 18-12-12

lunes, 17 de diciembre de 2012

LA HORA DE LA TRANSPARENCIA*


JACQUELINE PESCHARD

La centralidad que ha cobrado la transparencia en la agenda pública tanto nacional como internacional obedece al reconocimiento generalizado que ésta tiene como herramienta fundamental para enfrentar los grandes problemas que aquejan a nuestras sociedades en la actualidad. Es por ello que hoy es la hora de la transparencia y el momento para aprobar las reformas constitucionales y legales que están en discusión en el Senado.
Los diez años de vigencia de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental han hecho que el tema se haya socializado ampliamente. Tan es así que, a pesar de las resistencias que siguen existiendo entre buena parte de los funcionarios públicos que siguen concibiendo a la transparencia como una carga que los distrae de sus funciones sustantivas, hay sendas iniciativas de reforma en la materia que se presentaron desde el primer mes de la actual legislatura. Dichas iniciativas revelan que hay un consenso entre las diversas fuerzas políticas sobre la necesidad de fortalecer y darle consistencia a los esquemas y procedimientos para hacer de la transparencia un ingrediente de la normalidad cotidiana de la gestión pública en todos los órdenes y niveles de gobierno.

Sin embargo, tres meses de debate y de consulta a sectores sociales involucrados en el tema no han sido suficientes para arribar a un dictamen que pueda ser elevado al pleno del Senado. Como dice el dicho popular, “el diablo está en los detalles” y es ahí en donde se expresa la verdadera voluntad política por avanzar en la construcción de un verdadero sistema nacional de transparencia, que es el objetivo de las reformas en curso.

Pensar en el papel que juega la transparencia en las sociedades actuales puede ayudar a comprender por qué es importante que prospere el debate sobre la manera de mejorar el marco normativo que regula la transparencia, así como los mecanismos para hacerla operante, pues como bien ha dicho Hughette Labelle, presidenta de Transparencia Internacional, “las leyes son importantes, pero ponerlas en operación es el verdadero problema”.

La transparencia es una política pública que surte efectos positivos en el desarrollo y la democracia. Como bien señaló la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, en ocasión de la 15ª Conferencia Internacional Anticorrupción realizada en Brasil en noviembre pasado, “la transparencia es una palanca de inclusión social”, sin la cual es impensable el desarrollo y la democracia. Y es que la difusión abierta y extensa de la información pública permite que la población conozca la oferta de los servicios públicos y acceda a los satisfactores necesarios para poder desplegar todas sus potencialidades y alcanzar niveles básicos y dignos de bienestar. La transparencia es también es un elemento de igualación social, ingrediente esencial de la inclusión. La transparencia es una condición ineludible y actuante del desarrollo, no su consecuencia, o dicho de otra manera, las sociedades son desarrolladas porque son transparentes, no son transparentes porque son desarrolladas.

La transparencia abre espacios para la participación de la sociedad en las decisiones gubernamentales que tienen que ver con la manera como se utilizan los recursos públicos y como se adoptan las decisiones que impactan en las condiciones físicas, ambientales, económicas, culturales, etc. de vida de la población. Una sociedad informada es una sociedad mejor equipada para identificar sus derechos, pero también para asumir sus obligaciones para con la comunidad de la que forma parte. La transparencia es un elemento de transformación de la relación entre sociedad y Estado porque al dotar a la población de elementos para desenvolverse mejor, trabaja a favor de una sociedad más activa y, por ende, de un Estado sometido a un mayor escrutinio y, por ello, más responsable frente a la ciudadanía de sus acciones y decisiones y, finalmente, un Estado más eficaz.

La transparencia es también un antídoto contra la corrupción, porque al vigilar y publicitar la actuación gubernamental ayuda a reducir los márgenes de discrecionalidad y de impunidad del poder, los cuales florecen y se reproducen en la opacidad. Los expertos en estos asuntos coinciden en señalar que la corrupción es un crimen en contra del desarrollo, porque en ella anida la exclusión y la impunidad.

No es casual, entonces, que en el actual debate de arranque del nuevo gobierno federal estén en el centro los temas de fortalecimiento de la transparencia y de combate a la corrupción. Las propuestas están hechas y hay avances importantes en la deliberación. Esperemos que la voluntad política expresada en las iniciativas de reforma tenga el suficiente aliento y compromiso para traducirlas en decretos de reforma efectivos en los próximos días.

*El Universal 17-12-12

domingo, 16 de diciembre de 2012

25 MIL DESAPARECIDOS*


CARMEN ARISTEGUI

The Washington Post publicó, hace unos días, información obtenida de documentos oficiales de la Procuraduría General de la República nunca antes revelados. Funcionarios, que tuvieron acceso a ellas y frustrados por el colapso y la inacción institucional, decidieron darla a conocer por esta vía indirecta. Se trata de una lista con más de 25 mil personas adultas y menores de edad registrados como desaparecidos durante el sexenio de Felipe Calderón. Veinticinco mil es, por donde se le vea, una cifra inusitada.

La cifra, aunada a la de personas asesinadas de manera violenta durante el sexenio, que ronda en los 100 mil, son los datos escalofriantes en el balance de un sexenio.

La lista de desaparecidos se conformó con la información entregada por autoridades y procuradurías locales a la PGR.

El diario señala que las identidades y características de estas personas, como edades, vestimentas y otros datos proporcionados por familiares o amigos -como el último momento en que fueron vistos o las actividades que realizaban- se encuentra agrupada en columnas en un formato de Excel por la Procuraduría.

El periodista William Booth, autor de la nota, señala que esto confirma lo que se ha venido diciendo de tiempo atrás sobre México: que hay aquí un fenómeno explosivo en el número de personas desaparecidas. Ni en tiempos de la Guerra Sucia en México, ni en la peor dictadura latinoamericana, se tiene registro de tal número de desaparecidos.

Inimaginable la desolación en la que vivirán miles de familias hoy en México por la pérdida de uno o varios de sus seres queridos. Miles de existencias erosionadas por la perenne incertidumbre del no saber si los suyos viven o mueren.

La dimensión de esta catástrofe pasa casi desapercibida para el resto de la población porque, al igual que otros reportes relevantes, el gobierno pasado decidió guardarse, para sí, este tipo de información. "Presidente valiente", se hacía llamar Calderón en sus campañas oficiales. Ocultar estas informaciones a los ciudadanos nos muestra que no había nada más alejado de la verdad en el contenido de esos mensajes.

Felipe Calderón llegó en 2006 a la Presidencia de México en medio del escándalo y las impugnaciones. Su arribo al poder, por la puerta de atrás, significó para México el inicio de un cruento periodo del cual apenas estamos sacando cuentas. Calderón abandonó la Presidencia de México, dejando tras de sí la más grande estela de devastación y muerte que se recuerde en el México contemporáneo.

La grave crisis de legitimidad que acompañó su llegada probablemente fue el factor principal que lo impulsó a definir un sexenio con aires reivindicación.

Se lanzó, sin cálculo ni diagnóstico y, por lo tanto, sin estrategia efectiva -a juzgar por lo sucedido- a intentar combatir a grandes capos y organizaciones criminales y del narcotráfico. Los efectos fueron contraproducentes: los cárteles más grandes se fortalecieron. Otros, al ser descabezados solamente, abrieron disputas de poder que derivaron en por lo menos 11 cárteles más de regular tamaño que operan hoy en territorio nacional.

La actividad delictiva se "diversificó" en por lo menos una veintena de delitos, además del narcotráfico. Los cárteles mexicanos acrecentaron su presencia internacional. A pie juntillas Calderón guió su gobierno, de la mano del vecino del norte, con una estrategia belicista e irresponsable. Los resultados fueron catastróficos. El suyo será un gobierno recordado con un rictus de tragedia y de dolor.

La cifra publicada por el diario norteamericano dio pie para que Human Rights Watch enviara una misiva, esta semana, al nuevo gobierno de México. José Miguel Vivanco alertó a Enrique Peña Nieto sobre las dimensiones de la herencia de Calderón. Le llamó a abordar "... los abusos cometidos durante el mandato de su predecesor e impedir que se reiteren en el futuro, requerirá de atención inmediata en los niveles más altos de su administración".

Sobre las cifras del Post le dijo que si "...se corroboran, esto situaría a la ola de desapariciones ocurrida en México durante el sexenio del Presidente Calderón entre las peores en la Historia de América Latina".

No hay duda que el recuerdo que quede de Felipe Calderón llevará, por siempre, la impronta de la muerte y la devastación. El Presidente "valiente" que no fue ni siquiera capaz de informar, a la población, sobre el tamaño del desastre que dejó.

¿Cuántos muertos, torturados y desaparecidos dejó su administración? ¿Por qué guardó, en su escritorio, la escalofriante cifra que nos reveló el Washington Post?

*Reforma 14-12-12

LA REVISIÓN DEL PASADO*


ANA LAURA MAGALONI

Esta semana, José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, le envió una carta al presidente Enrique Peña Nieto, con el fin de llamar su atención sobre los saldos pendientes en materia de justicia producto de su antecesor. La misiva se centra principalmente en dos temas: tortura y desaparición forzada. "Durante el sexenio del presidente Felipe Calderón -señala Vivanco-, Human Rights Watch logró demostrar mediante pruebas muy sólidas que en cinco estados, militares y policías recurrieron en forma sistemática a la tortura para obtener confesiones e información de personas detenidas, y tuvieron participación en numerosos casos de desaparición forzada y ejecuciones. Prácticamente ninguno de estos delitos ha sido investigado ni juzgado adecuadamente".

Uno de los mayores desafíos de la actual administración es la escabrosa y complicada tarea de revisar qué pasó durante el sexenio de Calderón con respecto al abuso en el uso de la fuerza de policías y Fuerzas Armadas en contra de ciudadanos. Por más que se quiera cerrar los ojos y pensar que "el pasado es el pasado", hoy existen miles de familias por todo el país buscando angustiosamente a algún ser querido desaparecido (no sabemos si fueron los delincuentes o las Fuerzas Armadas y la policía). La demanda de justicia es inconmensurable y no se va a acallar por el sólo paso del tiempo.

El primer gran problema es simplemente conocer qué pasó. Según publicó el Washington Post (29 de noviembre del 2012), la PGR señala que tiene registradas 25 mil personas desaparecidas. No sé si esa cifra es correcta o no, pero nadie la ha desmentido hasta el momento. Para dimensionar este dato es útil compararnos con otros países. Según la Fiscalía General y la Comisión Nacional de Búsqueda de Colombia, en 2011 se estimaba que, en los últimos 30 años, Colombia registraba 51 mil casos de personas desaparecidas. Ello significa que en seis años, no en 30, México registra la mitad de personas desaparecidas con respecto a Colombia. Asimismo, durante la dictadura de Pinochet, de 1973 a 1990, Chile registró 3 mil personas desaparecidas y, en el caso de Argentina, de 1976 a 1983, los datos oficiales reportan 9 mil personas desaparecidas, mientras que las organizaciones civiles sostienen que fueron 30 mil. Todo parece indicar que, si la cifra de 25 mil personas desaparecidas es correcta, México, en tan sólo seis años, se colocó, en materia de personas desaparecidas, en el escenario de los países de América Latina que padecieron durante décadas regímenes dictatoriales particularmente violentos, como es el caso de Argentina, o en países como Colombia que han padecido por años los estragos de la guerrilla y paramilitarismo. Lo que resulta estremecedor y atípico del caso mexicano es que el lapso es mucho más corto que en estos países en los que han sucedido tragedias similares.

La gravedad del problema no sólo tiene que ver con el número de personas desaparecidas en México. A ello hay que sumarle la indiferencia e ineptitud de las autoridades. Según el Informe de la ONU sobre desapariciones forzadas e involuntarias en México, los familiares que buscan a un ser querido se enfrentan a la apatía, maltrato e ineptitud de las procuradurías locales y federal. Ni siquiera en muchos casos se abre una averiguación previa. Lo que prevalece es la indolencia de las autoridades frente al dolor de las familias. El Estado mexicano hace nada por encontrar a una persona desaparecida.

Peña Nieto tendría que comenzar por lo más obvio: intentar encontrar a las personas desaparecidas. Quizá serviría crear una instancia que tenga fuerza y presupuesto -no lo que hizo Calderón con la Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito- con este propósito. Dicha instancia debería dar la atención que se merecen las personas que están buscando a un ser querido y comenzar a sistematizar y ordenar la información. La carta de Human Rights Watch señala que es urgente que la actual administración genere una base de datos nacional que contenga una un registro exhaustivo y preciso de personas desaparecidas, con datos útiles como el ADN de sus familiares, el último lugar en donde se les vio, los registros de hospitales, morgues, cárceles, cruces fronterizos y cuerpos no identificados.

La experiencia de otros países indica que los resultados concretos de este tipo de instancias son casi siempre insatisfactorios. Muchas veces no se puede dar con el paradero de las personas desaparecidas y en muy pocas ocasiones los hallazgos permiten juzgar a los responsables. No obstante, lo más relevante de este tipo de instancias es que los familiares y los ciudadanos tengan la certeza de que las autoridades están haciendo todo lo posible por encontrar a quien no aparece y que, cuando existen pruebas contundentes, se proceda inmediatamente a juzgar y sancionar a los policías y militares responsables. De lo que se trata finalmente es que la administración de Peña Nieto ponga en marcha un conjunto de acciones que nos permita tener la certeza de que la actual administración no va a encubrir o intentar minimizar, sino todo lo contrario, las heridas que ha dejado "la guerra" en muchas, muchísimas, familias en todo el país.

*Reforma 15-12-12

MURILLO Y EL ARRAIGO*


PEDRO SALAZAR UGARTE

Caminas por la calle un domingo cualquiera. Paseas tranquilo por tu barrio, pensando en la semana que está por comenzar. Y de repente, de la nada, te rodea un escuadrón de hombres de negro, armados hasta los dientes. Cuando te percatas ya has sido derrumbado, maniatado y estás en el asiento trasero de un auto con torreta. Alguien te susurra que ya te cayeron encima; que pagarás por las que debes. Tú estás ahí, incrédulo y aterrado, sin entender qué está pasando, quiénes son, qué quieren. Los vecinos especulan sorprendidos: lo secuestraron dicen tus amigos; algo habrá hecho —porque eran judiciales— susurran tus enemigos. En la noche, por la televisión, sabrán que se sospecha que estás involucrado en la delincuencia organizada y que, por ello, serás arraigado.
Durante los siguientes ochenta días —casi tres meses de tu vida— estarás encerrado en un hotel de mala muerte, rodeado de policías y sin saber nada de tu situación legal. Una pinza entre el ministerio público y la autoridad judicial se ha cerrado sobre ti y te ha privado de la libertad sin que se te haya acusado de nada y, por lo mismo, sin que puedas defenderte. Caíste en el hoyo negro de un sistema penal autoritario. Porque el arraigo es un secuestro institucional y legalizado. ¿De qué otra manera caracterizar a la detención arbitraria y por la fuerza de una persona sin que se le formalice una acusación ni se inicie un proceso judicial en su contra? Se te priva de la libertad para —supuestamente— investigarte.
La Constitución mexicana, en su artículo 16, lo permite. En 2008, la crisis de seguridad y la emergencia suscitada por la violencia facilitaron la aprobación de esta figura que proviene del derecho penal del enemigo. Ello, paradójicamente, en un artículo destinado a brindarnos garantías contra el poder punitivo del Estado. Y la paradoja es todavía mayor porque esa norma se constitucionalizó al mismo tiempo que los principios y las bases para reformar al sistema penal en clave garantista. Así que, desde entonces, esa medida cautelar autoritaria convive en la constitución con la presunción de inocencia, la oralidad y la publicidad. Se trata de una contradicción mayúscula. Todo un caso de esquizofrenia constitucional.
Durante el sexenio de Calderón la veta autoritaria dominó a la veta garantista. Por eso los arraigos fueron noticia cotidiana. Ante la incapacidad del ministerio público para realizar investigaciones que sirvieran de base para la detención de los presuntos delincuentes, el gobierno arraigó a miles de personas; muchas de ellas inocentes. Por eso, desde 2010, el Comité de Derechos Humanos de la ONU conminó al estado mexicano a eliminar la figura del arraigo.
El gobierno ignoró la petición de la misma manera en la que desdeñó las solicitudes de la CNDH en el mismo sentido. De hecho, durante la administración anterior se estancó la implementación de la reforma al sistema de justicia penal en clave garantista. La lógica del calderonismo era incompatible con esa reforma que sigue dormida en el plano federal.
De ahí que sea alentadora la declaración de Murillo Karam en contra del arraigo. Todo indica que el procurador ha calibrado la ecuación: la procuración de justicia de un Estado Constitucional no es compatible con esa clase de medidas cautelares. Por eso, el procurador, sostuvo que, si la profesionalización impera, el arraigo debe desecharse. Se dice fácil pero el reto es mayúsculo. Para lograrlo deben cambiar las instituciones, las prácticas y la mentalidad de todo un sistema en el que incubó la lógica de la mano dura. Pero la apuesta vale la pena y Murillo merece un voto de confianza. Para esta clase de transformaciones hace falta acompañamiento ciudadano. Ello nos exige pensar distinto. Por ejemplo, debemos comprender que la ruta que conduce a la paz es la de los derechos, no la de los arraigos. Y eso no es sencillo cuando el miedo flota en el ambiente. Pero con el miedo no se va a ningún lado.

*El Universal 15-12-12

jueves, 13 de diciembre de 2012

UN CÓDIGO PENAL PARA TODO MÉXICO*


MIGUEL CARBONELL

Una de las propuestas del Pacto por México que más debate ha suscitado ha sido la de unificar la legislación penal. Se trataría, en caso de que prospere la propuesta, de tener un único código penal y un único código de procedimientos penales para todo el país.
Me parece que es una idea del todo plausible, la cual había sido ya defendida por profesores de la UNAM desde los años 40 del siglo pasado y que generaciones posteriores de académicos hemos retomado, dado que entendemos que la existencia de 33 códigos penales (32 en cada entidad y uno federal) y 33 códigos de procedimientos penales no se justifica. No se trata de razones vinculadas con el federalismo mexicano, sino con argumentos de puro sentido común.
No parecen existir razones válidas para que lo que es considerado como delito en una entidad federativa no lo sea en la entidad vecina. Tampoco se entiende por qué motivo una conducta delictiva puede merecer una pena de 10 años en un estado y 40 en otro: ¿será que la vida, la integridad física o el patrimonio de las personas merecen una mayor protección dependiendo del lugar en el que se encuentren?
Por lo que hace a la unificación de los códigos de procedimientos penales, la idea que propone el Pacto por México para unificarlos es también encomiable y puede resultar estratégica en un momento de profundo cambio en nuestro sistema de justicia penal. Nos encontramos a muy pocos años de que entre en funcionamiento, en todo el país, el nuevo sistema de juicios orales, con procedimientos acusatorios plenamente transparentes y dotados de una serie de reglas que los harán mucho más modernos.
Para poder realizar una puesta en práctica eficiente de nuestro sistema de juicios orales, serviría de mucho tener un único código, en el que se unifiquen criterios y se compartan conceptos. La necesidad es tan imperiosa que todos los tribunales del país diseñaron desde hace un par de años un "código tipo", que recomendaron fuera aprobado por todos los órganos legislativos locales. Los jueces fueron los primeros en darse cuenta de la importancia de contar con reglas uniformes, para evitar confusiones y ser más efectivos en el combate a la impunidad.
Desde que fue dado a conocer el pacto se han planteado dudas legítimas sobre la pertinencia de unificar las leyes penales y aplicarlas a todo lo largo y ancho del país. Por ejemplo, algunas personas se han preguntado qué va a pasar con el tema del aborto, que está parcialmente despenalizado en el DF, pero no en otras entidades. También se preguntan qué va a pasar con los delitos que son importantes en las regiones rurales, pero no tienen ninguna relevancia para quienes habitamos en las grandes ciudades (es el caso del delito de "abigeato", que castiga el robo de ganado). Finalmente, hay quienes preguntan qué va a pasar con las reglas que hoy aplican hacia su interior los pueblos y comunidades indígenas, con base en la autonomía que les reconoce la Constitución para que se rijan por sus propios usos y costumbres.
Se trata de cuestiones relevantes sobre las que habrá que ir generando puntos de acuerdo, pero no creo que supongan obstáculos fundamentales para poder avanzar en la positiva propuesta avalada por el presidente Peña Nieto y por los tres principales partidos políticos. En el tema del aborto podemos pensar en un marco jurídico que respete el avance logrado en el DF, el cual ya fue avalado por la SCJN. En todo caso podría pensarse en sanciones que no obligaran a encarcelar a las mujeres que decidieran interrumpir su embarazo, algo en lo que están de acuerdo la mayor parte de los partidos.
Respecto de las preocupaciones para conservar como delitos aquellas conductas que tienen una incidencia muy localizada geográficamente, pienso que se puede ser sensibles a esas necesidades y preverlas sin problema en el código penal único. Lo mismo puede decirse de los usos y costumbres indígenas, los cuales podrían ser regulados en el código único de procedimientos penales, tal como se hace actualmente en varias entidades federativas.
Ojalá avancemos con rapidez en esta propuesta, que requiere de una modificación constitucional y debe ser avalada por una mayoría calificada en el Congreso y al menos 16 congresos locales. Si lo logramos, estaremos avanzando en una senda de mayor seguridad jurídica que nos permitirá combatir mejor a la criminalidad.

*El Universal 13-12-12

ORTODOXIA ECONÓMICA VS. PROMESAS SOCIALES*


CIRO MURAYAMA

En la reciente campaña electoral en Estados Unidos se enfrentaron dos proyectos económicos incompatibles: el que proponía mantener los privilegios fiscales y reducir el gasto frente al que puso énfasis en la recuperación de la inversión, el crecimiento y la ampliación de los servicios públicos. En Europa ha sido hegemónica en estos años la visión en favor de la consolidación fiscal antes que de la reactivación económica, y así les va.

En México el gobierno propone hacer las dos cosas (incompatibles y contradictorias) a la vez: extender la infraestructura, recuperar el crecimiento, construir una seguridad social universal pero sin aumentar los impuestos (en monto y en tipo) y manteniendo el déficit fiscal cero (que en realidad no lo es) como la estrella polar de la política económica. Se apuesta por el equilibrio presupuestal de corto plazo y por reactivar el crecimiento al mismo tiempo, como si aquí mágicamente no existieran las grandes disyuntivas que encaran las demás economías del orbe.

Las decisiones centrales que anunció el presidente Peña Nieto el día de su toma de posesión, como la cruzada contra el hambre, la pensión universal para mayores de 65 años, el genuino acceso a la salud para todos, las grandes obras ferroviarias, requieren ingentes cantidades de recursos públicos. Lo mismo ocurre con buena parte de los compromisos sociales que se incluyen en el Pacto por México, firmado con los tres principales partidos políticos.

Sin embargo, el paquete económico 2013 prosigue con una política procíclica y que pone en entredicho las promesas sociales. Para empezar, aunque se reconoce que habrá una desaceleración de la economía mexicana (Hacienda espera que México crezca 3.5% en 2013, frente al 3.9% de 2012), en parte por el menor dinamismo de Estados Unidos, se renuncia a utilizar los instrumentos que favorecen la demanda agregada, pues se propone reducir el gasto público como componente del PIB del 25.3% en 2012 al 23.3% en 2013.

Lo anterior se explica en buena medida por la decisión de no aumentar los ingresos públicos, que también caerán como porcentaje del PIB a 21.4% en 2013 cuando en 2012 fueron de 23.7%. Los ingresos tributarios seguirán siendo muy bajos: 9.7% del PIB.

La inversión pública (gasto de capital) disminuirá 0.9% en 2013, según los criterios de política económica, y se reducen partidas clave en materia de crecimiento e infraestructura, como el gasto en transporte, que caerá 19%, o indispensables para el desarrollo sustentable, como la protección ambiental, cuyos recursos bajarán 24%.

El secretario de Hacienda se comprometió a no crear nuevos impuestos, a mantener el déficit cero y a explorar cómo reducir los llamados gastos fiscales. ¿Por qué no empezar por la ampliación del gasto desde 2013 y conseguir el equilibrio de forma gradual eliminando gastos fiscales y ampliando la recaudación a lo largo del sexenio? Porque la prioridad, aun cuando se reconoce el escenario contractivo actual, sigue sin ser el crecimiento.

Que un gobierno recién estrenado, y necesitado de recursos, descarte de entrada crear nuevos impuestos —como a las ganancias al capital, usuales en el mundo desarrollado, o a las transacciones financieras— implica que se autoimpone un corsé que le resta margen de acción para cumplir con sus propios objetivos y dichos. Y la mayor recaudación no puede dejarse para cuando haya reforma hacendaria, si es que la hay, porque ésta también se construye a partir de las definiciones fiscales del gobierno año con año.

No puede haber resultados sociales positivos si perdura la política económica ortodoxa. Mayor bienestar social y misma política económica son incompatibles. El paquete económico conspira contra el Pacto por México, por lo que sería deseable ver en el Congreso a una oposición genuinamente de izquierda en esta discusión presupuestal.

PD: por fin el INEGI reconoce que la informalidad laboral afecta a 60% de los trabajadores; más vale tarde.

*El Universal 13-12-12