LA SUPERSECRETARÍA*

JAVIER CORRAL JURADO

Con gran tino, casi al finalizar su discurso en la firma del Pacto por México, el presidente del PAN Gustavo Madero Muñoz advirtió que ese acuerdo no cancela nuestras diferencias ideológicas, no condiciona nuestro ejercicio crítico, ni mucho menos el deber de contrapeso y equilibrio que Acción Nacional está obligado a ejercer en las cámaras del Congreso frente a cualquier intento de regresión autoritaria, frente a cualquier exceso o propósito de concentración de poder indebido del nuevo gobierno federal.

Esta misma semana daremos muestra de ello en el Senado de la República, al incorporar en el proyecto de dictamen que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, algunos equilibrios y controles políticos parlamentarios a la decisión de llevar al ámbito de la política la administración de la policía.

Como se sabe, el presidente Peña Nieto ha decidido concentrar todas las facultades de la seguridad interior en la Secretaría de Gobernación; y en la de Hacienda y Crédito Público funciones de fiscalización y auditoría. En ambos casos se trata de un evidente error, aunque el que sobresale es el de la Secretaría de Gobernación, pues fusiona dos competencias de naturaleza distinta: la interlocución política para la gobernabilidad democrática y el uso legítimo de la fuerza. En ningún país del mundo, tales funciones se asignan a una misma cartera. El dictamen de las Comisiones Unidas señala que es pertinente aprobar la propuesta del presidente electo en el sentido de dotar a la Secretaría de Gobernación de las facultades de seguridad pública, de política federal, así como del sistema penitenciario que hoy se establecen para la Secretaría de Seguridad Pública federal, en razón de que “obedece, en la perspectiva de estas comisiones dictaminadoras, a la decisión estratégica para que todas las tareas y acciones en esa materia, se desarrollen teniendo como marco rector, el respeto a los derechos humanos y una visión de orden civil para proseguir el combate al crimen organizado y la delincuencia que flagela a la sociedad”.

Estos argumentos son erróneos porque, como lo señala el artículo 21, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, compete la investigación de los delitos al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función, por lo cual no se debe pensar que la Secretaría de Gobernación es la competente para “proseguir el combate al crimen organizado”, aunado a lo anterior el párrafo tercero, del artículo 1 de la Carta Magna, señala: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”, argumento más que suficiente para acreditar que no es exclusivamente la Secretaría en cuestión quien tiene el deber de proteger o fomentar los derechos humanos, ni afirmar que es pertinente dotar a dicha institución de facultades de seguridad pública bajo el supuesto de que ella tiene: “como marco rector, el respeto a los derechos humanos”.

Estoy convencido de que las facultades que la Secretaría de Gobernación absorbería de la de Seguridad Pública federal significarán un retroceso y una posible vulneración al texto constitucional. Retroceso en razón de que estas facultades, devueltas a Gobernación, pueden significar un control político sobre la oposición, puesto que esta dependencia tiene facultades y atribuciones de conducción de la política interior, de los servicios de inteligencia que suministra el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional y aunado a la fuerza de la Policía Federal significaría un poder excesivo inusitado en una democracia.

La fusión alarma por sí misma, pero aumentan las preocupaciones cuando se voltea a ver la biografía de Miguel Ángel Osorio Chong, no sólo desprovista de un compromiso democrático y con los derechos humanos, sino que por el contrario se acreditan hechos intimidatorios a sus adversarios, represión y control de medios.

El diseño ni siquiera le dará tiempo al nuevo supersecretario para atender la cantidad de funciones que le suman. Pero esa es la decisión del nuevo presidente. No nos opondremos al modelo de organización que ha escogido para su gobierno, aunque no estemos de acuerdo, pero sí estableceremos condiciones para exigir información periódica sobre el ejercicio de tales facultades, obligar mecanismos de rendición de cuentas ante el Congreso y asegurarnos de que las personas colocadas al frente de las instancias policiacas tengan una trayectoria no sólo profesional y con experiencia, sino de comprobada solvencia moral y política. No le pondremos diques al diseño de gobierno de Peña, pero sí controles. No seremos un obstáculo, pero sí un límite. Y ésta será la función del Senado, como la cámara del equilibrio.