JAVIER CORRAL JURADO
El proceso de discusión sobre la reforma a la ley orgánica de la administración pública federal, da cuenta del largo camino que aún falta por recorrer en nuestro país para que los actores políticos puedan ponerse de acuerdo en asumir conceptos básicos de la vida democrática, y resuelvan operar los asuntos del Congreso con apego a mínimas reglas de ética parlamentaria.
Me resulta inconcebible que a una semana de haberse firmado el Pacto por México, no haya el más mínimo interés de respaldar con hechos la voluntad expresada en el documento, particularmente entre los miembros del nuevo equipo gobernante y su partido. Y se me hace demasiado temprano para que los priístas recurran a maniobras indebidas para mermar la frágil mayoría que integramos los senadores del PAN, PRD. PT y MC; como también es temprano que en este bloque tengamos que recurrir al recurso extraordinario de no votar un asunto para romper la regla del quórum. Ambas actitudes son penosas porque, así como una lleva a la otra, las dos juntas desembocan de nuevo en la confrontación, y ésta tiene como su principal fruto la parálisis.
El PRI podrá conseguir con inasistencias de senadores de la oposición o con la abstención de algunos de éstos en ciertas votaciones del pleno, derrumbar la mayoría actual o incluso hacerse de ella de manera permanente - sólo requiere de tres senadores más a su lado -, pero le será imposible conseguirlo en algunas comisiones dada su conformación y mucho menos en votaciones que requieran la mayoría calificada de las dos terceras partes. Y porque en cualquier caso la resultante sería de mayor pérdida para el gobierno que para la oposición. Sobrevendría un ambiente legislativo crispado por el desacuerdo y, otra vez, vuelta a la navaja limpia.
Lo que más llama la atención es el tema que ha provocado la reciente tensión en el Senado de la República: una absurda resistencia priísta a que dos funcionarios de policía que son nombrados por el Presidente de la República puedan ser también ratificados por el Senado. Argumentan que desde una disposición legal no es posible hacer corresponsable a la cámara alta y que ello requiere de una reforma constitucional para señalar expresamente la facultad en el artículo 76.
Los priístas no ignoran ni olvidan que una docena de cargos a distintas dependencias y entidades desconcentradas y descentralizadas de la administración pública federal pasan por el Senado de la República para su aval y están señaladas sólo en ley, tal es el caso de los nombramientos del IFAI, en la figura de la no objeción, y los consejeros del IPAB, los magistrados del Tribunal Fiscal y de Justicia Administrativa, los Magistrados Agrarios, el Procurador de Protección al Ambiente, entre otros, por la figura de la ratificación.
Lo que acontece en el fondo es que dada la correlación de fuerzas que existe en ambas cámaras del Congreso, pretenden cerrar cualquier posibilidad para que cualquiera de éstas actué como contrapeso y equilibrio frente al nuevo gobierno vía la ratificación de funcionarios o que en todo caso cualquier propuesta en este sentido sea llevada a la Constitución, y ellos tengan la llave para abrir o cerrar. Esta lógica es la del presidencialismo autoritario y no la "presidencia democrática" que ha ofrecido Peña Nieto. La muestra más clara es el diseño planteado en la LOAPF para fusionar en la Secretaría de Gobernación, la interlocución política y la administración de la Policía. En ninguna parte del mundo democrático tenemos un antecedente de un órgano que concentre facultades y atribuciones en materia de interlocución con el Congreso y seguridad interior. Mientras la política está llamada a procurar entendimientos para la gobernabilidad democrática, la policía está facultada para hacer un uso legítimo de la fuerza.
A pesar de esta contradicción, en el Senado resolvimos dejar que transitara el nuevo modelo planteado por el Presidente de la República si a éste se le adicionaban algunos controles políticos parlamentarios que obligaran a rendir un informe del ejercicio de las nuevas atribuciones, asi como requerir la comparecencia periódica del Secretario de Gobernación al Senado y el tema de la ratificación, pero ésta difícil e importantísima decisión entre los senadores de oposición, no se supo valorar en el equipo de Peña Nieto, ni alcanzaron a comprender la importancia de un aval así, porque están en la idea de controlar, concentrar el poder, no de compartir la responsabilidad.
La responsabilidad compartida se conoce como corresponsabilidad. Esto quiere decir que dicha responsabilidad es común a dos o más personas o instituciones, quienes comparten la obligación o compromiso, y en materias tan delicadas como la seguridad interior, son muy buenas señales. El contrapeso significa más democracia pero también corresponsabilidad. El poder bien ejercido, bajo controles democráticos, conlleva responsabilidad, no es privilegio sino una carga, no es un logro sino un desafío.
*El Universal 11-12-12
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