JOSÉ WOLDENBERG
A casi un mes de los acontecimientos que enturbiaron y tensaron la toma de posesión del presidente de la República, quizá pueda forjarse un consenso simbólico capaz de repudiar y crear un cerco a dos actitudes peligrosas: 1) la violencia desatada por grupos no identificados y 2) la violación por parte de las autoridades de los derechos de las personas. Trato de explicarme.
1. No se trata de una especulación. Los testimonios filmados están a disposición de quien quiera verlos. No son uno ni dos, sino decenas. Grupos de jóvenes organizados -no pocos encapuchados- agredieron de manera frontal, inequívoca, a policías, comercios, bastimento público. Desataron la violencia poseídos de una rabia aguda. No respondieron a una "provocación". Fueron a lo que fueron.
Ante esas conductas, es imprescindible el repudio sin coartadas. Repudio a los actos vandálicos, repudio a la violencia. Venga de donde venga, sin excusas ni pretextos. Repudio por motivos diversos: porque la violencia de inmediato produce víctimas, ya sea con daño físico o patrimonial; porque la violencia solo genera espirales de violencia y parece llamar al autoritarismo; y porque la violencia afecta a la propia disidencia cívica, democrática, abierta y pacífica. Con ella (casi) todos pierden: los afectados directamente, los encargados de contenerla e incluso quienes desde la oposición al gobierno luchan por los cambios en forma pacífica.
¿Es necesario insistir en que el fin no justifica los medios? ¿Recordar que los medios suelen ser más elocuentes y definitivos que los objetivos proclamados? ¿Insistir en que los medios modelan a los propios "sujetos políticos"? Por ello, conviene a (casi) todos refrendar la idea de una política pacífica y pública, capaz de enunciar con claridad sus objetivos y consciente de que existen otros que persiguen fines diferentes e incluso enfrentados, pero que están obligados a encontrarse en la escena pública de manera civilizada.
2. No se trata de una especulación. Los testimonios filmados están a disposición de quien quiera verlos. No son uno ni dos, sino decenas. Policías que arremeten contra manifestantes pacíficos y privan de su libertad a personas que ejercían sus derechos en la vía pública (y al parecer, incluso a simples paseantes o fotógrafos).
Se arrestó a "justos por pecadores", a ciudadanos inocentes como lo probó el hecho de que luego de varios días detenidos tuvieran que ser puestos en libertad porque, simple y sencillamente, no habían cometido ningún delito. Se trató de algo más que de una equivocación, fue resultado de una orden no solo imprudente sino temeraria.
Cierto. Hemos visto de manera reiterada a la policía aguantar de manera estoica agresiones sistemáticas y orquestadas, y por supuesto que tiene derecho a defenderse. Pero la respuesta no debe ser (porque sí puede ser) en los mismos términos que la de los llamados vándalos. Varias razones existen para ello: en términos éticos, porque la autoridad debe distinguirse con claridad de quienes violentan la ley; en términos jurídicos, porque no se combate las transgresiones a la ley con nuevas o renovadas transgresiones a la ley, ello acaba emparentando a unos con otros y desnaturaliza la función de los propios policías. En términos políticos, porque las prácticas de la autoridad que violan los derechos de las personas desvirtúan el ejercicio del poder y convierten a la autoridad en una entidad autoritaria. Y en términos pragmáticos, porque los abusos de autoridad invariablemente tienen efectos boomerang, como lo observamos desde el 1o. de diciembre: agarraron a quienes no habían cometido ningún delito e incluso ninguna falta administrativa y fueron incapaces de atrapar a los que desencadenaron la violencia.
3. No conviene ver una sola parte de la película. Hay quienes solo voltean a ver la violencia desatada por los jóvenes furiosos y por el otro lado, los que solo quieren observar los abusos de la autoridad. Creen que lo otro -voltear hacia ambos lados- solo lleva agua al molino de sus contrincantes. A una cierta oposición a "hacerle juego al gobierno" si es que reconoce que resulta inaceptable que una turba agreda a uniformados, destruya bancas, teléfonos públicos, aparadores y sígale usted. Y desde el gobierno a "hacerle el caldo gordo a la oposición", si se reconocen los excesos de policías, ministerios públicos y hasta jueces.
La política, en lo fundamental, transcurre hoy por una vía pacífica que permite la coexistencia y la competencia de nuestra pluralidad política. Es un logro de todos que hay que saber preservar y robustecer. Y para ello parece imprescindible refrendar el repudio inequívoco a la violencia y demandar en cada caso el apego irrestricto de las autoridades a las normas que construyen una convivencia civilizada, entre ellas, de manera prioritaria, el respeto irrestricto a los derechos humanos, lo que supone que no deben (porque sí pueden) conculcar las garantías y derechos que todos y cada uno de los ciudadanos tienen.
*Reforma 27-12-12
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