CIRO MIRAYAMA
Los compromisos que adquirió Enrique Peña Nieto en su primer discurso como presidente sólo podrán cumplirse si se rompe la inercia del bajo crecimiento económico. Hacer realidad los derechos humanos (que incluyen los derechos sociales) reconocidos en la Constitución, cerrar las brechas de la desigualdad social y crear un país incluyente, capaz de generar las oportunidades de empleo que nuestra demografía permite y exige, implica que crezcamos a tasas mucho mayores a las de las últimas tres décadas.
El propio Peña reconoció que el bajo crecimiento, aun con estabilidad macro, no permite superar la pobreza y la inequidad. Si es así, crecer económicamente es un imperativo ineludible, pero no vamos a tener resultados económicos distintos si las decisiones clave de política económica siguen siendo las mismas.
Para empezar, crecer a, por ejemplo, 6% promedio a lo largo del sexenio requiere un esfuerzo amplísimo de creación de infraestructura o, lo que es lo mismo, una drástica ampliación de la inversión pública cercana a los cinco puntos del PIB.
Ese monto adicional de recursos tiene que surgir, necesariamente, de una profunda reforma haciendaria que, para ser tal, no puede descansar sólo en la generalización del IVA por dos razones: porque genera más desigualdad (es decir, el medio atenta contra el fin) y porque en el mejor de los casos daría unos dos puntos adicionales del PIB. Si el gobierno va a tomar la iniciativa de, por fin, fortalecer la recaudación tributaria en serio, es decir si va a afectar intereses específicos y va a jugar parte de su capital político en el empeño, el énfasis debe ponerse en el impuesto sobre la renta, en especial a personas físicas, y en gravámenes redistributivos como los referidos a las ganancias de capital que son usuales en países desarrollados.
Por otra parte, será necesario dejar de castigar a los productores nacionales con la sobrevaluación del peso. Un dólar más caro (aunque duela a los sectores que hacen shopping en Houston) significa también productos nacionales más baratos y competitivos en nuestro mercado y en los internacionales. La baja inversión y el peso sobrevaluado son dos anclas contra un crecimiento más dinámico de la economía mexicana y, por tanto, limitantes del bienestar de la población. Están a prueba la disposición y la capacidad del nuevo gobierno para removerlas.
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