sábado, 30 de enero de 2010

GOLPIZA PREFERENTE

PORFIRIO MUÑOZ LEDO

La consideración expedita concedida en el Senado a la propuesta de Calderón sorprendió por el fuego graneado de los rechazos. Suponíamos que el PRI le había dado entrada inmediata a fin de sazonar el guiso a su conveniencia, pero después de la unánime descalificación, la complicidad se torna indecente. Era propio del antiguo régimen otorgar prioridad a los proyectos del Ejecutivo sobre los que ya estaban a discusión en el Congreso respecto de las mismas materias. La “iniciativa preferente” no ha sido adoptada y hace apenas tres años se expidió una Ley para la Reforma del Estado, de amplia convocatoria, cuyas aportaciones aguardan todavía dictamen. Fue en apariencia un plan con maña, destinado a desinflar la operación publicitaria por la que el PAN intentaba recuperar la iniciativa política. Se inscribe en la arena de las batallas electorales de este año y es parte de la reacción celosa y desmesurada con que respondieron los tricolores a las alianzas pluripartidistas anunciadas. Se antoja un ejercicio de violencia intrafamiliar: la disolución aparente de un contubernio que legitimó elecciones fraudulentas y propició un cogobierno precario para deleite de los poderes fácticos. A no ser que, después de la golpiza, el macho pretenda llevar nuevamente la víctima a su lecho. A pesar de la calidad de algunas participaciones, en Xicoténcatl se escenificó un verdadero aquelarre; “oficio de brujas y brujos con la supuesta intervención del demonio”. Por desgracia el maligno invocado es la decadencia nacional: el espectáculo de la frivolidad e incompetencia política frente a la necesidad imperiosa de lanzar un proceso constituyente. El debate puso en evidencia la pequeñez de la iniciativa presidencial tanto como su carácter desarticulado y mal intencionado. Enviar al Legislativo un proyecto de reformas destinado a debilitarlo es una inocentada. Presentar una iniciativa escuálida en olvido de las propuestas avanzadas durante 10 años por especialistas, sociedad y partidos es un insulto a la inteligencia. Carece de un enfoque sistémico y tiene un sesgo pendenciero. Ha desatado el pleito en vez de suscitar el consenso. Es sobre todo desproporcionada en relación a la magnitud de los problemas que el país afronta. Exhibe una ausencia patética de visión de Estado y entendimiento del proceso histórico. Es este el año del Bicentenario que invita a una profunda reflexión nacional. México no requiere de más parches legales ni ocurrencias palaciegas, sino de la reconstrucción cabal de sus instituciones. Nuestra crisis es insondable y afecta hasta la médula de la identidad colectiva. Pone en juego nuestro destino. Involucra al huevo y a la gallina. El declive dramático de la economía y el peligroso incremento de la desigualdad no pueden ser revertidos en ausencia de un Estado competente, suficiente y participativo. No hay glasnost sin perestroika y viceversa, a riesgo de la desintegración nacional. El eje es la pérdida de soberanía externa e interna de las instituciones políticas. El doble secuestro de que son objeto por parte de las estrategias y decisiones extranjeras y de las fuerzas domésticas —legales e ilegales— que lo rebasan. La tarea: detener y remontar el círculo acumulativo de su degradación. La crisis global ha demostrado que sin una nueva gobernabilidad los remedios serán cosméticos y terminarán devolviendo el poder a quienes generaron la catástrofe. Un modelo económico distinto supone la emergencia de un sistema de relaciones políticas capaz de promoverlo. Los tres grandes campos de la reforma están interconectados. Es menester atacar simultáneamente la concentración abusiva de la riqueza, el debilitamiento del Estado y el imperio de la mediática. Se trata de una distribución democrática del poder que haga posible la toma de decisiones indispensables a nivel nacional y planetario. En ese cambio gravitacional todos estamos implicados. Terminar con un “sistema cerrado” exige ante todo abolir la cerrazón mental y emprender la batalla frontal contra quienes lo encarcelaron. En una palabra: demanda grandeza.

EQUILIBRIOS SOCIALES

ANA LAURA MAGALONI KERPEL

Así como los "antreros" negocian con las autoridades un trato distinto al que marca la ley, de diferentes formas y en otros contextos, a todos nos gustan las excepciones
Esta semana muchos periódicos han tenido en sus primeras planas y hasta en ocho columnas el problema de la corrupción y los antros de la Ciudad de México. Casi como si de repente, a propósito de la agresión contra el futbolista Salvador Cabañas, descubriéramos que todos los antros de la capital dan mordida para no cerrar a la hora que marca la ley, que las verificaciones que hacen regularmente las autoridades son una fuente de corrupción y que en realidad el marco normativo dice una cosa y que lo que sucede es otra. Nada de ello es sorprendente. Lo que sí lo fuera es que sucediera lo contrario. Así funciona una parte central de la relación entre ciudadanos y autoridades: las normas se negocian y su aplicación no es igual para todos. El trato VIP existe en muchos servicios públicos y cuanto más poder, dinero o influencias se tengan, mayores posibilidades de obtener beneficios de ello. El grosor del piso de igualdad ante la ley es muy delgado. Ahí radica, en mi opinión, el problema central de nuestro débil Estado de derecho.
Según la literatura académica, una de las variables que explican el acatamiento voluntario de las normas es la percepción de que los otros las cumplen. Dicho de otra forma, cuando los ciudadanos perciben que unos dejan de cumplir, es probable que también lo hagan. Ello genera espirales de incumplimiento. En el caso de los antros es clarísimo. Si los antros vecinos empiezan a cerrar a las 5:00 horas, es racional, si se quiere que el negocio sobreviva, terminar pagando la mordida para cerrar a esa misma hora. Un trato igual es tan o más importante que la amenaza de castigo para acatar las normas. El caso de los antros es muy interesante pues, según la información que se ha publicado en la prensa, parece que de alguna forma lo que se logró fue un equilibrio inverso: la igualdad no es ante la ley sino ante la violación de la misma. Ninguno cumple con la normatividad y todos ellos pagan mordida. Sin duda ello es mejor que los casos en donde los que tienen fama o dinero obtienen un trato VIP, y los que no, se les aplica la ley.
Me parece completamente equivocado intentar poner orden en los antros lanzando operativos de verificación por toda la ciudad, haciendo una cacería de brujas en la Delegación Álvaro Obregón o poniendo en marcha el órgano verificador. Nada de ello va a resolver el problema. Pronto el asun- to desaparecerá de los medios de comunicación y se volverá a restablecer el equilibrio perverso, con la salvedad de que quizá ahora las mordidas tengan que ser más altas pues los dueños de los antros tendrán que "arreglarse" con las autoridades de las delegaciones y con las del órgano verificador.
Por qué no comenzar por intentar metas más modestas: lograr que se apliquen dos o tres reglas básicas a todos los antros por igual: control de armas, control de alcohol adulterado y salidas de emergencia, por ejemplo. Claro, se requiere que haya un grupo de verificadores, de preferencia pocos y bajo la supervisión directa del jefe de Gobierno en vez de estar descentralizados en las delegaciones. No obstante, lo más importante no está ahí. De lo que se trata, si de verdad se quiere comenzar a poner orden en ese ámbito, es de lograr que los dueños de los antros acuerden ser "iguales" en esas tres cosas. Un acuerdo así puede ser mucho menos costoso que estar dando mordidas todos los meses. Pero, además, yo creo que sin ese "pacto básico de igualdad" entre los dueños de los antros el equilibrio perverso que hoy existe no se va a romper. Más normas y más verificadores que amenazan con castigos, ya lo hemos visto, lo que generan es más corrupción y más incumplimiento.
Esa necesidad de pacto de igualdad no sólo es un asunto de los antros. Es algo que requiere esta sociedad para fortalecer el Estado de derecho. Así como los "antreros" negocian con las autoridades un trato distinto al que marca la ley, de diferentes formas y en otros contextos, a todos nos gustan las excepciones. No somos una sociedad que se hilvana a través de igualdad ciudadana propia de las democracias consolidadas. El asunto de la negociación de la ley y el trato VIP forman parte intrínseca de un equilibrio social que hace que nos asemejemos a una sociedad de castas. Para romper ese equilibrio, como en el caso de los antros, hay que comenzar pactando en lo que estamos dispuestos a ser todos iguales. Quizá esto último ya no resulte tan atractivo. Somos una sociedad a la que le gustan las excepciones, los antros sólo son un ejemplo más de ello.

viernes, 29 de enero de 2010

TRANSPARENCIA INCÓMODA

CIRO MURAYAMA RENDÓN

A la par que se conoció que la Procuraduría General de la República promovió una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra el reconocimiento del matrimonio gay en el Distrito Federal, se hizo público (El Universal, 28/01/10) que la misma PGR pidió al máximo tribunal que avale una decisión del Congreso de Campeche en el sentido de que las determinaciones del órgano local de transparencia puedan ser impugnadas ante un tribunal de justicia. ¿Qué implica lo anterior? Que los avances registrados desde 2002 —cuando se aprobó la Ley Federal respectiva— y hasta 2007 —cuando se modificó el artículo 6° de la carta magna— para hacer de la transparencia y el acceso a la información derechos constitucionales, puedan volverse papel mojado. La Constitución establece que: “Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad” y, agrega: “Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos. Estos procedimientos se sustanciarán ante órganos u organismos especializados e imparciales, y con autonomía operativa, de gestión y de decisión”. Este principio, válido a nivel federal se replica –o debería replicarse– en las entidades. Así, cuando una persona solicita información a las dependencias públicas y éstas la niegan, el ciudadano puede inconformarse ante el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) si se trata de un órgano del gobierno federal, o ante la comisión o instituto local de transparencia cuando se trata de entes públicos de nivel estatal o municipal. Con plazos acotados —que con dificultad superan los dos meses naturales—, los “órganos u organismos especializados e imparciales” deben determinar si la información ha de proporcionarse o no finalmente al ciudadano. Este procedimiento expedito es el que ha hecho que poco a poco distintos asuntos vayan viendo la luz pública, que diversa información no esté sólo al alcance de la burocracia, y que se abra paso a la noción de que las administraciones públicas no son patrimonio de quienes las encabezan.
Pues bien (habría que decir: pues mal), el Congreso de Campeche quiso poner un freno a las decisiones del órgano local de transparencia, y para ello aprobó una norma con la cual si alguna dependencia pública es instruida para que entregue información que considera reservada, tal dependencia pueda acudir ante el Tribunal Superior de Justicia del estado quien, finalmente, dirá la última palabra. Con lo anterior, dos principios constitucionales se ven afectados: se acaba con el procedimiento expedito —ya se sabe cómo son los tiempos en los órganos de impartición de justicia en este país— a la par que el veredicto queda en un tribunal ordinario mas no especializado como determina la carta magna. Esa reforma, aprobada por la mayoría priista en Campeche, fue impugnada por los diputados locales de Acción Nacional. Ahora, el procurador general de la República, adscrito a un Ejecutivo del propio PAN, hace causa contra la fracción panista de Campeche, poniéndose del lado de quienes buscan echar arena al engranaje de la transparencia.
Si la Corte llegara a avalar la reforma de Campeche, abriría las puertas para que, a nivel federal, las determinaciones del IFAI sean revisadas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Así, si un periodista, investigador, estudioso o ciudadano de a pie solicita información que una dependencia es renuente a entregar, y el IFAI se pone del lado del solicitante, luego éste tendrá que ir a un vía crucis jurídico, contratando abogados, presentando pruebas, acudiendo a audiencias, etcétera, para ganar un litigio jurídico en un tribunal con tal de hacerse con la información a la que hoy accede de forma ágil.
La decisión de la PGR no es del todo sorprendente, pues en este gobierno esa misma dependencia ya había promovido diferentes restricciones a las resoluciones del IFAI. Por ejemplo, fue renuente a entregar información sobre averiguaciones previas concluidas, a grado tal que impulsó una reforma al artículo 16 del Código de Procedimientos Penales a raíz de la cual se estableció que no se aplicará el principio de máxima transparencia al contenido de las averiguaciones previas. Ese artículo, por cierto impugnado, al determinar una negativa general a entregar información, hace caso omiso al hecho de que la Constitución especifica que la información pública sólo puede ser reservada por un periodo de tiempo acotado (cabe decir, además, que frente a lo que se llegó a difundir, las resoluciones del pleno del IFAI nunca avalaron que se entregara información de averiguaciones previas en curso).
Asimismo, en este gobierno, diferentes dependencias federales, como la Secretaría de Relaciones Exteriores, llegaron a interponer recursos ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en contra de resoluciones del IFAI. Hasta enero de 2008, ese Tribunal desechó los recursos, en media docena de casos, al entender que no era competente para conocer de quejas de autoridades públicas en contra de la autoridad federal de transparencia. Después, cambios en la composición de los integrantes del Tribunal dieron lugar a que sí se diera entrada a una queja —de eso hace un año— y es la hora en que no se ha pronunciado sobre el fondo del asunto.
Por fortuna, la Suprema Corte ya se ha hecho cargo de casos similares: en Querétaro se trató de fusionar al órgano local de transparencia con la Comisión de Derechos Humanos del estado, y el máximo tribunal determinó que ello contradecía el criterio constitucional de que es menester contar con un ente especializado en transparencia. Una vez que se conoce la postura del Ejecutivo contraria a la transparencia, hay que encomendarse —de forma laica— de nuevo a la palabra de la Corte.

MENOS DERECHOS,MÁS OPACO

CARMEN ARISTEGUI

El gobierno de Felipe Calderón acaba de echar a andar, a través de la PGR, dos acciones legales a cual más lamentables y perniciosas en caso de que prosperen.
Esperado era que se utilizara al Ministerio Público federal para intentar echar abajo la reciente legislación sobre derechos de los homosexuales. La PGR impugnó ante la Corte la ley que permite matrimonios y adopción entre personas del mismo sexo. Argumenta que las reformas al Código Civil para el Distrito Federal violan la Constitución y trastocan el sistema federal y las instituciones del derecho de la familia, entre otras cosas. Hay en el fondo una concepción conservadora y religiosa, alejada del conocimiento científico que existe en la materia para impugnar los avances en favor de los derechos de los homosexuales. El asunto, por cierto, le dio oportunidad al nuevo ombudsman nacional para sacudirse el fantasma de su antecesor, José Luis Soberanes, al decidir no interponer una acción similar ante la Corte, considerando, después de analizarlo jurídicamente, que: "... debe garantizarse el ejercicio de los derechos y libertades de todas las personas, sin distinción alguna". Bien por él. Veremos qué dice la Corte, que vuelve a tener la palabra en temas de esta naturaleza.
El otro asunto es gravísimo y vergonzoso. Se pretende, como lo informó El Universal, que la Corte valide una reforma aprobada en Campeche que afecta seriamente la transparencia y el acceso a la información. Con ello se pretende tomar vuelo para impulsar una reforma mayor que el gobierno federal se trae entre manos en el mismo sentido. La reforma campechana permite a todos los órganos y dependencias públicas que no estén dispuestas a dar a conocer la información que la Comisión de Transparencia estatal haya ordenado entregar o difundir que puedan recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia para que se pueda revertir esa orden. Un verdadero retroceso y una señal clara de los intentos para cerrar el paso a las exigencias ciudadanas de información pública. Lo de Campeche es ominoso. Lo de ir a la Corte, usando lo de Campeche para hacer lo ominoso un asunto nacional, es casi un crimen en contra del IFAI. Ya de por sí fue una mala señal colocar en el Consejo del IFAI a quien fuera consejera de la Presidencia en seguridad nacional -materia que más se emparenta con el sigilo, la secrecía y el resguardo de información que con el impulso de abrir y transparentar. Ni se diga ignorar el llamado para promover una reforma constitucional que permitiera más fuerza y autonomía para la instancia pública de información y transparencia. Lejos de eso, ahora pretenden debilitarla y supeditar sus decisiones -hoy definitivas- a alguna instancia de carácter judicial. Si lo logran -cosa que pongo en duda por lo burdo de la acción-, sería un golpe certero que haría retroceder en esfuerzos y recursos invertidos por México para construir una nueva cultura y legalidad en materia de información. En los últimos años ha crecido el número de ciudadan@s que entienden que la información es un bien público y que acceder a ella de manera amplia y libre -sólo con las restricciones que establece la ley- es uno de sus derechos fundamentales. Aún con deficiencias y retos múltiples, es innegable que el acceso a la información ha ido ganando un terreno que hoy se pretende recortar. ¿Se imagina el lector qué significaría para este tema la ruta que nos pretende asestar? Hoy es de uso casi común que una persona acuda ante alguna autoridad para pedir cualquier información que sea de su interés. Si recibe como respuesta una negativa, entonces acude al IFAI, como lo han hecho miles en los últimos años, y el IFAI -si no está en el marco de las excepciones que establece la ley- ordena a esa autoridad que le entregue al ciudadano lo que es su puro derecho: la información. La decisión es inapelable. Así de claro. Así de simple. El asunto, todo parece indicar, le ha dejado de gustar a los gobernantes. Hoy pretenden -si la Corte lo permite- que esa autoridad rejega pueda inconformarse ante algún tribunal con esa decisión que lo obliga a informar a las personas. Si esto avanza, el individuo que quería la información tendrá que esperar -en los tiempos judiciales podría ser una eternidad- a que el litigio se resuelva y se decida qué hacer con la información solicitada. Sería imperdonable que la sociedad mexicana se los permitiera. Estaríamos ante una auténtica regresión y un triunfo para la opacidad, esa gran aliada de la corrupción.

SOBRE LAS FIESTAS DEL CENTENARIO

HERMILIO LÓPEZ-BASSOLS

¡Bienvenido a este mundo! Kian
Es mi propósito este año publicar, en la última colaboración del mes, un documento o una reflexión alusivos a las efemérides que celebramos. Inicio con un fragmento de unas "Notas" escritas en septiembre de 1910 por el ilustre veracruzano, Diódoro Batalla (1867-1911). Hijo del pueblo, de vendedor ambulante llegó a ser uno de los más vehementes enemigos de los científicos y de la reelección de Díaz. Amigo de los Flores Magón, sólido anticlerical, presidente de la Asociación Liberal Reformista -primer paso para la organización del pueblo después de la Reforma-, amigo de Díaz Mirón y Rubén Darío, Diputado en 1910, clarividente, denunció las amenazas del imperialismo yanqui ("All is well in Mexico", dijo el embajador de Estados Unidos, ¡diez días antes del inicio de la Revolución!), se le invitó a formar parte del primer gabinete de la Revolución y murió, al parecer, envenenado por los esbirros de la dictadura. Benito Juárez Maza se quedó a cargo de sus hijos, entre ellos mi abuela, mujer formidable, Doña Clementina Batalla.
El pueblo romano, que ocupa con fulgores de relámpago y resplandores de gloria páginas de las más hermosas de la historia mundial, tuvo época en que por proezas y por su dignidad, por su genio y su energía, mereció el título de Pueblo Rey, obteniendo la no igualada gloria de pasear sus victoriosos estandartes por todos los confines del mundo. Y dentro de su propio recinto, en la ciudad de las Siete Colinas, en el foro y en el circo, la voz augusta del pueblo, vencedor de pueblos, hacía oír su voluntad y ella circulaba por dondequiera que las legiones plantaban sus campamentos y por cualquier lugar donde los pro-cónsules hacían sentir su poderío...
Pero toda hoguera pierde su resplandor y todo Sol tiene su ocaso: los antecedentes gloriosos del Pueblo Rey fueron a morir como último movimiento de oleaje en las tiránicas atonías de los emperadores romanos, y los nobles alientos de la Francia republicana perdiéronse como luces débiles en los estrechos criterios de la restauración...
Y el Puelo Rey, renunciando a todas sus libertades, perdiendo todos sus privilegios, abdicando a todas sus dignidades, doblando su frente ante los emperadores, pedía con ahínco y con voz imperante "pan y circo", para ahogar con ellos sus recuerdos, para perder la memoria de las glorias idas, para no traer a la mente las victorias viejas, para olvidar los lustres de ayer con el regocijo de hoy. ¿Y en dónde están el "pan y el circo" para las fiestas próximas del Centenario? ¿Adónde irá el pueblo a depositar la humilde violeta en honor de Hidalgo en los venideros días de septiembre?
Ni pan ni circo: el programa del Centenario se reduce a la larga enumeración de banquetes que llevará a cabo en la metrópoli la falange aristocrática de los advenedizos. De los innumerables millones empleados en presentar ante los embajadores extranjeros un México convencional y ficticio, ¿qué hay para el pueblo sino oír a través de las rendijas el ruido armonioso de las copas de champagne?
En honor de los insurgentes se colocarán muchas primeras piedras; se celebrarán múltiples banquetes; la burocracia y la banca asistirán a ágapes innumerables, ¿y para el pueblo?... Nada, nada. ¿Qué iría a hacer la sotana raída del párroco de Dolores junto a las casacas rojas de los aristócratas?
¡Oh triste Centenario! ¡Oh Hidalgo, Padre de la Patria! A ti no te llegará más ofrenda sincera que la que del fondo de las cárceles te envíen los procesados políticos.
El pueblo metropolitano verá la Ciudad de México como un ascua de oro, contemplará melancólico el suntuoso desfile de los automóviles paseando por las calles de la capital exóticos uniformes y en el firmamento, como dos aguas atravesando las negruras del cielo, las torres de Catedral con sus millares de bujías, con su alumbrado fascinador, pero al resonar la humilde esquila de Dolores no entonará un cántico alegre precursor del alba, como el de los pájaros en el bosque; será más bien un doble a muerte, un triste acento o quizás las almas de fe robusta crean oír un nuevo llamamiento tras de cien años a nuevas luchas democráticas y tranquilas por una nueva Independencia.
Las fiestas del Centenario dejarán grata impresión en los que a ellas asistan, en los dos mil 500 invitados, según el criterio de los señores Fagoaga y Sierra Méndez, pero serán las siete vacas gordas del sueño faraónico. Ya vendrán las siete vacas flacas a la hora de recoger los trastos rotos y no olvidar el adagio: "baile y cochino, en la casa del vecino".

¿LA NATURALEZA SE ENSAÑA?

FRANCISCO MARTÍN MORENO

Si la saña es una intención rencorosa y cruel con la que se intenta causar daño, entonces es claro que la naturaleza no puede ensañarse desde el momento en que carece de intelecto y por ende resulta incapaz de esgrimir razones o aducir propósito alguno. Una vez aceptada la metáfora, me pregunto: ¿Por qué los incontenibles maremotos, los trágicos tsunamis, los aniquiladores terremotos, los catastróficos huracanes, los impresionantes deslaves, las devastadoras tormentas tropicales, las amenazadoras fallas tectónicas que cruzan un país o las implacables inundaciones, se dan mayoritariamente en los países pobres, en los depauperados en los que se ha perdido toda esperanza? ¿Excepciones? Las hay: los tornados en Estados Unidos y los temblores en Italia o los tifones en Japón… Los pobladores originales de Inglaterra desconocían si se asentaban en una zona sísmica o no, al igual que los teutones desconocían si en su territorio existía una falla como la de San Andrés ¿Casualidad..? ¿Por qué en Haití, cuyo producto interno bruto fue de solamente seis mil 908 millones de dólares, la mitad de los ingresos de Telcel de casi 14 mil millones de dólares al año, tuvo que enfrentar una catástrofe de la naturaleza como la que continúa padeciendo? ¿No bastaba con que tuviera una industria y una agricultura prácticamente primitivas en pleno siglo XXI? ¿Tampoco bastaba con que el índice de pobreza fuera del orden de 70%haciendo de Haití uno de los países más miserables de la Tierra, con una esperanza de vida de 53 años, una mortalidad infantil de 71.6 sobre mil, un acceso al agua potable de tan sólo 50%, un analfabetismo en los hombres de 54%y de 50% en las mujeres? ¿No bastaba un ingreso per cápita de mil 500 dólares al año, o sea de cuatro dólares diarios por habitante? ¿Por qué la naturaleza se ensaña con un Estado colapsado a través de los siglos como el Haití de hoy? Alemania tiene un ingreso per cápita de 33 mil 922, Francia de 33 mil 733, Reino Unido de 36 mil 599, los Países Bajos de 38 mil 333, Suecia de 39 mil 657 e Irlanda de 48 mil 350. Dichos países no son destruidos por fenómenos naturales, es más, casi nunca los padecieron desde sus mismos orígenes. ¿Más casualidades..? Cuando en nuestros días se habla de un Estado fallido debemos apuntar, sin duda alguna, a Haití. En su trágica historia se encuentran todas las explicaciones en torno a esta auténtica ruina como país que ha fallado en cuanto objetivo se ha propuesto, si es que llegó, en algún momento, a proponerse algo… La población de Haití integrada por 95% de habitantes de origen del África subsahariana vivió sometida a un oprobioso sistema de esclavitud impuesto por Francia durante siglos, hasta que una temprana guerra de independencia en 1804 sentó un precedente definitivo para la supresión del comercio transatlántico de personas. Una indignidad. Si en México, en 1820, existían 98% de analfabetos, plomo en las alas del águila mexicana que nos impidió remontar el vuelo a las alturas soñadas, en Haití, ese 95% de negros traídos contra su voluntad de África, evidentemente tampoco sabían leer ni escribir, la peor amenaza en contra de un país. Ese lastre acabó por aplastar a esa nación caribeña, de la misma manera en que entre nosotros, toda debida proporción guardada, la ignorancia continúa siendo un flagelo social y una severa amenaza de cara a nuestro futuro. Sólo que además de los terribles azotes de la naturaleza y de la importación de aborígenes africanos, Haití tuvo que comprometerse a pagar una indemnización por valor de 150 millones de francos, cuando su presupuesto alcanzaba a unos dos millones de francos. Semejante cifra, ciertamente monstruosa, equivaldría a 21 mil 700 millones de dólares actuales o a 44 presupuestos totales del Haití de hoy en día. A dicha indemnización apenas amortizada en 1938 con arreglo a la contratación de más deudas onerosas que complicaron su presupuesto y sus planes de desarrollo, siguieron diversas invasiones armadas de diferentes países, además de exigencias financieras y económicas de las grandes potencias. La carnicería y la explotación llegaron a límites inenarrables. Como si todo lo anterior no fuera suficiente, de los 29 jefes de Estado que gobernaron Haití de 1804 a 1922, sólo uno pudo concluir su periodo legalmente; de los otros, cuatro se quedaron en el poder hasta fallecer de muerte natural; 18 fueron derrocados por revoluciones, uno de ellos se suicidó, otro fue asesinado en las gradas de su palacio, otro fue hecho picadillo por la multitud y cinco fueron asesinados. La pregunta es: ¿cuántos presidentes norteamericanos lograron concluir su mandato en el mismo periodo? ¿Cuántos pasaron una y mil veces por encima de la Constitución que habían jurado defender y murieron de muerte natural eternizándose en el mando? ¿Cuántos fueron derrocados? ¿Cuántos fueron asesinados y cuántos más perecieron hechos picadillo por las multitudes por más que se lo merecieran, como en el caso de Bush? Para los Duvalier, dos generaciones de tiranos asesinos haitianos, sólo eso faltaba, mantener a la gente atrasada y sin acceso a educación era una manera de tener mayor control sobre la población. Suena familiar, ¿no..? ¿Y Francia? No ha estado presente. El presidente Sarkozy vino a México a tratar de rescatar a una multisecuestradora pero se olvida de su antigua colonia… ¿Y el pudor y el elemental sentido de responsabilidad..?

jueves, 28 de enero de 2010

DOS LÓGICAS

JOSÉ WOLDENBERG KARAKOSKY

En este mundo traidor, nada es verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira.
A) Si usted cree que en algunos estados de la República la construcción de un sistema democrático se encuentra rezagada en relación con lo que ha ocurrido a nivel federal, una alianza electoral entre el PAN y el PRD le parecerá necesaria para romper la hegemonía priista.
B) Si, por el contrario, usted cree que los idearios de ambos partidos son incompatibles y enfrentados en más de un terreno, la misma coalición le parecerá contra natura.
A) Si usted está convencido de que para abrirle paso a la auténtica contienda pluralista es imprescindible desmontar la fusión que en algunos estados existe entre partido y aparato gubernamental, la suma de fuerzas entre el PAN y el PRD le puede parecer promisoria.
B) Si usted recuerda que el PRD considera que el gobierno federal encabezado por el PAN es ilegítimo y que el blanquiazul dijo que el candidato del PRD a la Presidencia era un peligro para México, la conjunción de esas fuerzas le resultará espeluznante.
A) Si usted teme que la jornada electoral de julio próximo desemboque en un triunfo aplastante del PRI, y no le gusta ese partido y cree que lo que suceda sentará las bases para la elección de 2012, intentará por todos los medios adicionar votos para cerrarle el paso.
B) Si usted cree que las coaliciones entre partidos con plataformas diferentes diluyen los perfiles de los coaligados, rechazará la unión entre las expresiones más decantadas de la izquierda y la derecha.
A) Si usted piensa que en algunos estados prevalece un sistema vertical y excluyente que es necesario desmantelar para permitir la construcción de un genuino sistema de partidos, la alianza entre el blanquiazul y el partido del sol azteca puede parecerle una buena palanca.
B) Si usted está convencido de que en el 2006 esos partidos llevaron al país a una polarización extrema y pusieron en jaque la estabilidad de México, le resultará incomprensible que ahora busquen los votos de manera conjunta.
A) Si usted pone sobre la mesa el argumento de que en el pasado coaliciones similares fueron exitosas en algunos estados, quiere decir que desde una perspectiva pragmática no le resultan inconvenientes esas alianzas.
B) Si usted reitera que en el pasado esas coaliciones fracasaron en muchos casos y en otros, aún ganadoras, los gobernadores actuaron al margen de los partidos, quiere decir que desde su mirador pragmático tampoco le convencen ese tipo de asociaciones.
A) Si usted cree que las convergencias entre izquierda y derecha fueron en el pasado una poderosa herramienta para democratizar al país, verá con absoluta naturalidad que hoy se repita esa unión ahí donde perviven fórmulas de gobierno autoritarias.
B) Si usted cree que la jugada le puede salir muy cara al gobierno del PAN, pues su interlocutor principal en el Congreso (el PRI) puede no sólo sentirse agraviado, sino congelar buena parte de los proyectos que se encuentran en el Congreso, por supuesto que tendrá muchas reservas para seguir adelante con las anunciadas coaliciones.
A) Si usted es militante del PAN o del PRD y piensa que la reacción del PRI se explica porque le están pisando donde más le duele, entonces esa respuesta se convertirá en un acicate para seguir por el rumbo trazado.
B) Si usted es militante del PAN o del PRD y piensa que el PRI es menos malo (que el PAN o el PRD, según sea el caso), no comprenderá el afán unitario de sus respectivas direcciones.
A) Si usted reconoce que entre el PRD y el PAN existen diferencias abismales pero que es prioritario consumar la alternancia en el Ejecutivo en algunos estados de la República, entonces estará dispuesto a posponer las diferencias y sumar fuerzas para alcanzar el objetivo fundamental.
B) Si usted pone sobre la mesa las diferencias entre el PRD y el PAN en materias tan sensibles como la despenalización del aborto, los matrimonios homosexuales, la píldora del día siguiente, la adopción de niños por parte de parejas gay, la unión entre ambos le parecerá increíble e indeseable.
Pues bien, la lógica en el primer caso (A) estaría ordenando la confrontación política en términos de democracia contra autoritarismo.
En el segundo caso (B) se estaría dando sentido a la disputa en términos de izquierda contra derecha.
En el primer caso, los pragmáticos piensan que se trata de una suma e incluso de una multiplicación. En el segundo caso, los pragmáticos creen que se trata de una resta.
Tienen razón los constructivistas: eso que llamamos realidad siempre se construye a través de los filtros con los que la pensamos. Y en este caso es muy probable que las dos lógicas logren convencer o embonar con grupos más o menos grandes de ciudadanos.

¿REFORMA CON QUÉ ESTADO Y PARA QUÉ DEMOCRACIA?

MIGUEL CARBONELL SÁNCHEZ

La mesa está puesta para que nuestros representantes en el Senado puedan hacer la reforma del Estado que les venimos reclamando y exigiendo desde hace años. Ni la Constitución, ni la ciudadanía, ni la economía aguantan más una situación que tiene al país sin energía, sin rumbo, sin responsabilidad de nadie en ningún momento. El presidente Calderón hizo su parte, al enviar al Senado una iniciativa de reforma política el pasado 15 de diciembre. Su contenido es, desde luego, discutible, pero hay que reconocerle el mérito de haber enviado un texto que sirve para iniciar un diálogo serio y de altura, como la situación del país lo demanda. Los grupos parlamentarios del PRI y del PRD ya han anunciado que van a presentar sus propias propuestas. No pueden dejar de hacerlo. Por varias razones. La primera y más importante es la siguiente: la iniciativa del Presidente tiene casi como único mérito que fue escrita y presentada. Un 80% de su contenido debe ser claramente desechado por ser inviable para una democracia constitucional como la que queremos construir en México. Ante ese panorama, sería una irresponsabilidad de los principales partidos de oposición no ofrecer propuestas mucho más completas, sistemáticas y mejor argumentadas. El Senado organizó en días pasados un foro (coauspiciado por Naciones Unidas y la UNAM), en el que se expresaron, por parte de académicos y líderes de opinión, una buena batería de argumentos alrededor de la propuesta del presidente Calderón. Fueron examinados sus méritos, sus defectos, sus omisiones. En general creo que no le fue bien a la iniciativa. Un constitucionalista de la talla de Diego Valadés no dudó en destacar la posible deriva autoritaria en que nos podríamos instalar si la reforma pasa tal como fue presentada. Tiene razón. La iniciativa de Calderón contiene verdaderos “caballos de Troya” para el sistema constitucional mexicano. Cuestiones como las “leyes sin parlamento” o “el referéndum del pueblo contra el Congreso” deben ser cuidadosamente valoradas y, en su momento, desechadas. Lo mismo que la idea de darle iniciativa de ley a la Suprema Corte. Mientras no exista un Tribunal Constitucional en México, separado de la Corte, esa propuesta no debe en modo alguno ser aprobada. En el fondo de todo lo anterior subyace la premisa de que debemos discutir el modelo de Estado que queremos para México y el tipo de democracia que necesitamos. Eso nos va a permitir resolver, más adelante, cuestiones tan complejas y relevantes como la reforma laboral, la hacendaria (que va más allá de la discusión sobre los impuestos, obviamente), el modelo de desarrollo de infraestructura, la competitividad con otros países, etcétera. Si ya hubiéramos hecho la reforma del Estado, podríamos estarnos abocando a los temas que más directamente impactan en la calidad de vida de los ciudadanos: crecimiento económico, seguridad pública, empleo, desarrollo regional, apertura de mercados, formación profesional, calidad educativa, régimen digno de jubilación, derechos para todos, autonomía vital y reproductiva, etcétera. La agenda del país sigue y seguirá atorada mientras no podamos definir con certeza y con inteligencia el modelo de Estado que queremos y la democracia que lo hará posible. De ahí la importancia del debate parlamentario que en pocos días arrancará formalmente en el Senado. Ahí es donde podremos observar si hay en México hombres y mujeres que puedan estar a la altura del reto. Sabremos a ciencia cierta si tenemos estadistas entre nosotros o si debemos seguir atados a la pequeña política de cada día, la que no es capaz de leer correctamente el presente, ni pensar en la construcción del país del futuro. Ahora bien, tampoco podemos pasar por ingenuos. La reforma del Estado es un tema demasiado importante como para dejarlo en manos solamente de los políticos. La sociedad civil, los medios de comunicación y los académicos tenemos también una responsabilidad. Se trata de definir la forma en que queremos que trabajen quienes nos gobiernan. El objetivo final es robustecer el proceso de asentamiento y maduración de una democracia como la mexicana que todavía es sumamente frágil. Hagamos de la reforma del Estado una oportunidad para sumar y no para dividir, un espacio de diálogo para la generosidad y la imaginación, no para la mezquindad y el cálculo cortoplacista. Depende de todos el que comience a sonar, de una vez y para siempre, la hora de la ciudadanía. Necesitamos políticos que nos ayuden a escribir el México del futuro. Necesitamos ciudadanos de tiempo completo que aporten, debatan y argumenten. Necesitamos volver a la política con mayúsculas. No nos demoremos.

¡OJALÁ!

MANUEL BARTLETT DÍAZ

Arrancó el enésimo intento para una reforma del Estado en el Senado, con la participación de los dirigentes de los partidos y los coordinadores legislativos. En dos días y siete mesas se produjeron importantes aportaciones de expertos, gobernadores. Clausuró el secretario de Gobernación. Arrancó para analizar la iniciativa de reforma política de Calderón. Desde la inauguración, los dirigentes de los partidos y coordinadores descalificaron la iniciativa: es incompleta, inconexa, presidencialista, acota al Congreso; los gobernadores se sumaron a la crítica, los panistas más que defender repiten obsecuentes el texto presidencial. Durante los dos días del foro, se rebaten sus argumentos: “No pasará”, reportan los medios. Pero, la iniciativa resultó útil para impulsar la discusión más allá de su texto, lo que generó una revisión general de los factores que demeritan al Estado. Pese a las críticas fundadas a la iniciativa y a los comentarios sobre su inoportunidad, por plantearse en un año electoral, todos subrayaron la urgencia de una reforma del Estado. Desde la intervención inaugural el senador Madero, coordinador panista, reconoció problemas de gobernabilidad, desconfianza en las instituciones, en los partidos, en los políticos. Esta apreciación se repitió una y otra vez: “la democracia no está funcionando”, “las encuestas lo revelan”, “no es un gobierno para todos”, es indispensable para salir de la parálisis de un Estado que no resuelve los problemas nacionales; “la Constitución ha llegado a su límite”. Gómez Mont afirmó que la reforma del Estado es “la más importante y necesaria de las reformas”, abriéndola al debate, le recetó al foro una “comparecencia” adelantada. Desde luego antes de la iracundia calderoniana del día siguiente ante las críticas. La discusión se amplió con la propuesta del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, convenida con el Senado, análisis integral que expurga la iniciativa de Calderón pero en una estructura que estudia todas las reformas necesarias en las relaciones entre poderes y al interior de los mismos, así como el indispensable fortalecimiento del control de los ciudadanos sobre sus gobernantes. Atiende toda la problemática que se da en cada área, no sólo el control del Legislativo sobre el Ejecutivo, sino el control del Legislativo, su democratización, la revisión de su normativa proponiendo equilibrios internos y mecanismos para evitar hegemonías de coordinadores, opacidad en el uso de los recursos, cuotas partidistas. Estas propuestas y las discusiones en las mesas construyeron una visión de lo que implica la necesaria reforma. Más allá de reformas circunscritas como reelección, reducción del Legislativo, iniciativas ciudadanas, candidaturas independientes, inconexas, sino todo un diagnóstico que corrija los mecanismos distorsionadores que generan los problemas denunciados en el foro: un Estado democráticamente ineficaz al servicio de unos cuantos. Dos imperativos destacan: Uno. La reforma tiene que ser integral, la selección de temas sueltos sin contrapesos sería contraproducente. El riesgo existe, las reformas indispensables que afecten privilegios podrían eludirse y hacer nugatoria la reforma. Dos. Toda la reforma requiere de sistemas eficaces de rendición de cuentas y mecanismos inviolables de fincamiento de responsabilidades. La irresponsabilidad política imperante y la ausencia real de rendición de cuentas son causa fundamental de la corrupción del Estado que se denuncia. Al cierre de la reunión los coordinadores y el secretario de Gobernación se fundieron en un amistoso coloquio prometiéndose llegar a consensos. Con tal de que no sean contubernios. ¡Ojalá!

LA IGLESIA Y EL MÁS ACÁ

RAÚL CARRANCÁ Y RIVAS
La Iglesia Católica puede sin duda abordar diversos temas correspondientes a la problemática actual, referirse a ellos. Sería absurdo pedirle que sólo se ciñera al más allá, dándole una interpretación equivocada a las palabras de Jesús: "Pero mi Reino no es de aquí, no es de este mundo" (Juan, 18-36). Sería absurdo ya que entre el más allá y el más acá hay una estrecha correlación: la Ciudad del Hombre conduce a la Ciudad de Dios. De acuerdo, pero esto no implica que la prédica eclesiástica vaya precisamente más allá de los límites del Estado laico e irrumpa en el espacio de toda la vida civil. El discurso de la Iglesia Católica ha de estar dirigido a los católicos. ¿Por qué le cuesta al clero, o a cierto clero, tanto trabajo entenderlo? Es un absurdo pretender que ese discurso tenga como destinatario a todo el cuerpo social, lo que es desconocer la libertad de conciencia de cada individuo, o sea, la libertad religiosa. El discurso católico puede estar allí, con la resonancia que se quiera, pero nunca como discurso impositivo sino propositivo. Si me convence lo acepto, lo tomo, y si no lo dejo. La Iglesia Católica merece el mayor respeto, igual que las otras iglesias. Sin embargo lo inaceptable es que se confundan los términos. ¿Por qué erosionar las capas más finas de la sociedad civil? Los católicos no deben aceptar los matrimonios homosexuales, ni que en estos se dé la adopción, ni aceptar tampoco el aborto. Pero traspasar las fronteras del catolicismo y oponerse al laicismo constitucional es de plano retar al Estado de Derecho, entremeterse en sus atribuciones. En el caso la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México hizo lo que hizo de acuerdo con sus facultades. ¿No nos parece, no nos gusta? Hay medios de expresar la inconformidad (por ejemplo, una acción de inconstitucionalidad, que yo aconsejo con base en mi ideología). Hasta allí. Olvidan ciertos sectores del alto clero mexicano que guste o no somos parte de una cultura cristiana o, dicho de otra manera, estamos integrados a la cultura occidental cristiana, que no específicamente católica. Lo que significa que nos ha permeado una serie muy rica de valores que ya son parte de nuestra conciencia colectiva. El resto, el afiliarse a una determinada iglesia, le corresponde a cada persona en uso de su libertad y convicciones. ¿Por qué aferrarse a un pasado impositivo? A mi juicio esto riñe incluso con el espíritu de la verdadera evangelización, que es la prédica de la fe en Jesucristo y de las virtudes cristianas. La prédica, nunca la imposición.
Ahora bien, no es el momento en México de enfrentamientos religiosos, siempre matizados de política y particularmente en los tiempos actuales. La Iglesia Católica tiene su espacio propio y lo debe seguir teniendo. No hay que perder de vista que cuando el artículo 24 de la Constitución garantiza la libertad de creencias religiosas y de culto, parte del supuesto de que hay sitios para expresar o manifestar esas creencias y celebrarlas junto con su culto. El propio texto se refiere a los templos. Y al templo no se va o no se debe ir a la fuerza, bajo presión moral, sino por convicción. No obstante somos un Estado laico que conforme a lo prescrito en el artículo 130 constitucional se sustenta en el principio histórico de la separación del Estado y las iglesias. Está muy claro, ¿por qué torcerlo o forzarlo? Lo que hay que hacer es insistir en que los límites ya están claramente fijados, repetirlo una y mil veces la Iglesia Católica, los partidos, los políticos, los creyentes, los laicos y los ateos. No hay otro camino. Yo puedo leer, por ejemplo, en estas mismas páginas un magnífico artículo religioso, meditarlo, aceptarlo o rechazarlo. Esa es la clase de libertad que requerimos en México. Por eso mismo no hay que dejarse llevar por el engaño. Cada quien su fe, su iglesia, sus creencias personales. La Iglesia Católica puede y debe hablar sobre cualquier tema. Es su derecho, como el de la sociedad mexicana aceptarlo o no. Y que al hacerlo la Iglesia se constriña a sus límites porque no tiene en cambio el derecho de tildar de inmorales y demás apelativos denigrantes a los que no comparten su fe y sus creencias. El derecho de disensión de la Iglesia no debe querer permear, modificar o alterar las decisiones de los órganos y organismos del Estado. Es como si uno quisiera que todos fueran abogados, o arquitectos, o médicos. ¿Por qué? Otra cosa es ensalzar las virtudes de mi profesión. Hasta allí.
En efecto, hay un hasta allí, un más allá y un más acá. ¿Por qué no buscar el sincretismo entre los tres? Son conciliables a condición de no caer en la tentación -¿será pecado?- de la soberbia que desplaza lo ajeno en exaltación indecorosa de lo propio.

DEMASIADO TARDE

PURIFICACIÓN CARPINTEYRO

En sentido opuesto a los mejores deseos del gobierno federal, el inicio del año del bicentenario augura un enrarecimiento de la situación económica, política, social y de seguridad del país.
Atrás queda la expectativa de que el decálogo de buenas intenciones anunciado por el presidente Felipe Calderón Hinojosa, el 2 de septiembre del año pasado, fuera mucho más que un discurso que listara las reformas estructurales indispensables para eliminar los obstáculos para el desarrollo del país. Las declaraciones de los diferentes actores políticos del país han desvanecido la esperanza de que las reformas propuestas hubieran sido producto del consenso de buenos ciudadanos, con la estatura para dejar a un lado sus ambiciones de poder y los intereses partidarios, para ganarse un puesto en la historia como los reformistas y patriotas que rescataron al país del desahucio.
El foro de debate para la reforma política organizado por el Senado sólo ha hecho evidente que las posiciones contrarias a las propuestas del Ejecutivo son fundamentalmente producto de la polarización política y la defensa de intereses partidistas. De esta propuesta, así como la que se pudiera esperar para llevar a cabo la tan necesaria reforma hacendaria y la reforma laboral, poco se puede esperar.
Respecto a la reforma estructural a las comunicaciones, seremos afortunados si apenas se logra lo posible. Sin restarle importancia al propósito de llevar a cabo licitaciones de frecuencias en las bandas de 1.7 y 1.9 GHz, además de implementar la medida paliativa de subastar dos hilos de la red de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad para dotar de conectividad a los ganadores -que en nada resuelve la necesidad del país de contar con una infraestructura de transmisión de alta capacidad con tecnología de punta-, parecería que la intención del gobierno es la de accionar propuestas, independientemente de que desde un inicio puedan estar sentenciadas al fracaso.
En cuanto a las licitaciones de frecuencias, por lo menos dos participantes en la industria, Iusacell y MVS, han anunciado su decisión de recurrirlas, por la incertidumbre jurídica que prevalece respecto a las políticas para la renovación de concesiones, y una supuesta intención de diseñar los procesos para beneficiar a grupos previamente definidos. Considerando la experiencia en procesos de licitación impugnados, estos anuncios no son buenas noticias: el descarrilamiento de las licitaciones, especialmente el de frecuencias en la banda de 1.9 GHz, dejaría a los principales operadores celulares del país en una posición endeble que frenaría sus planes de introducción de nuevos servicios.
Mientras tanto el sector no deja de ser noticia: hace apenas dos semanas, América Móvil anunció la oferta pública de intercambio de acciones a los accionistas de Carso Global Telecom, empresa a través de la cual la familia Slim controla 59.4 por ciento de las acciones de Telmex, y 60.7 por ciento de Telmex Internacional.
Esta reestructura, que permitirá a América Móvil operar en forma conjunta las redes de servicios de telefonía fija y móvil; aprovechar sinergias y ofrecer paquetes de telefonía fija y móvil, televisión e internet, en los países de Latinoamérica en los que tiene presencia (excepto México), no debería sorprender a nadie. Grupo Telefónica, su principal competidor en la región, lo hizo hace casi cuatro años.
Lo que merece reflexión es que la reestructura excluya a México. No sólo porque la población no podrá beneficiarse de las sinergias y consiguiente reducción de costos; sino porque Telmex, el principal operador de telecomunicaciones del país y responsable de prestar servicios con cobertura social, quedará expuesta al riesgo de perder una parte sustancial del mercado rentable -que preferirá soluciones integrales más económicas-, y a la consiguiente reducción de su capacidad de reinversión.
La solución no está en liberar a Telmex de cualquier prohibición sin que en contrapartida garantice la sana competencia del sector. La respuesta tampoco está en permitir que Televisa lo substituya como dominante en el segmento rentable del mercado, aprobando sus adquisiciones de operadores de cable y sus alianzas.
La alternativa a una evolución caótica en las comunicaciones depende exclusivamente del liderazgo que el Estado está obligado a dar a través de sus poderes. Pero nos alcanzará el futuro antes de contar con una reforma estructural que resuelva en forma integral la problemática de las telecomunicaciones, la televisión y la radio. Para entonces será demasiado tarde.

LA HISTORIA Y SU BRUTAL INDIFERENCIA

LORENZO MEYER

El que hoy es el país más pobre del continente demanda transformar una catástrofe natural en voluntad de justicia
Nada está escrito de antemano
Lo que acaba de suceder en Haití -el terremoto y sus consecuencias- es el último episodio de una tragedia que muestra, por si hiciera falta, que los procesos históricos son indiferentes a la idea de lo justo. Si en nuestro hemisferio alguna sociedad debería haber corrido con mejor suerte política y económica de la que tuvo, es precisamente el país más pobre del continente: el que hoy ocupa la parte occidental de la isla que una vez se llamó "La Española".
Una característica fundamental de los procesos de la naturaleza es su completa indiferencia hacia el dolor y hacia lo que nosotros entendemos por moral, por el deber ser y la compasión. En el estado de naturaleza la regla es que el pez grande se come al chico y que el fuerte sobrevive y el débil perece. En las sociedades animales de alto desarrollo funciona la cooperación pero no la solidaridad ni el altruismo: cuando el beneficio común no se da, la sociedad se disuelve.
Por algún tiempo, el proceso de evolución de las especies se explicó por una meta última de todo lo viviente: el perfeccio- namiento constante. Hoy, los biólogos han abandonado esa idea y ven a la evolución como un mecanismo de adaptación que tiene mucho de azar y que carece de propósito final. Desde esta perspectiva, nada está definido de antemano.
La idea de progreso
Desde tiempo inmemorial, desde que cobró conciencia de lo precario de su existencia, el hombre buscó una razón de ser y la encontró en esa diversidad de dioses que registra la historia. Sin embargo, en la civilización occidental se fue elaborando otra respuesta paralela o alternativa: la idea del progreso. Según esta perspectiva, la marcha de la historia no es cíclica ni está dominada por el azar, sino que tiene un sentido y una finalidad última. Esta visión optimista del acontecer humano como progreso se elaboró durante la Ilustración, se afianzó con Hegel y se independizó de cualquier elemento religioso con Marx. Este último supuso que por la vía del choque milenario entre las clases el mundo llegaría a la etapa de la verdadera historia, a esa donde ya no existiría la propiedad capitalista, la explotación ni el dominio de una clase o grupo sobre otros -por eso el Estado y la política desaparecerían-, y la naturaleza sería definitivamente conquistada por el hombre y sometida mediante la ciencia y la tecnología al punto que entonces, y sólo entonces, la verdadera esencia humana tendría posibilidad de expresarse.
La visión radical del progreso y por tanto de la seguridad sobre el futuro ya perdió fuerza; está a la defensiva. Las sociedades no pueden confiar en razones metafísicas que les aseguren un futuro mejor que el pasado y el presente. Es el esfuerzo humano consciente lo único que puede llevar a un arreglo colectivo mejor, pero la mala fortuna o el predominio de intereses particulares sobre los generales pueden conducir al retroceso y al fracaso de la empresa colectiva sin importar lo injusto del hecho. Así, un conflicto nuclear o una continuación del abuso del medio ambiente pueden terminar con la historia humana misma.
Un ejemplo de injusticia histórica
Haití no ha visto la suya desde que tuvo lugar el brutal encuentro entre los europeos y la población nativa en el 1492. Los pobladores originales fueron arrasados por los españoles mediante tres vías: el exterminio directo, el trabajo extremo y la enfermedad. Luego vinieron los franceses, que en el siglo XVIII convirtieron esa parte de la isla en la colonia más productiva del mundo al combinar el clima con las plantaciones de azúcar y café destinadas a satisfacer la demanda de "commodities" de un mercado mundial en expansión con el trabajo esclavo africano de gran intensidad.
Hay que tener en cuenta que el comercio mundial de estos esclavos alcanzó su apogeo en el decenio 1783-1793, es decir, justo cuando estalló la gran rebelión de los trabajadores esclavizados en Haití. Las tropas de Napoleón trataron pero no pudieron imponerse sobre sus antiguos cautivos y para 1803 perdieron de manera definitiva el control del occidente de la isla, de la joya económica del imperio francés de ultramar. En 1804 el medio millón de antiguos esclavos africanos declaró la independencia de su territorio bajo el nombre que le habían dado los habitantes originales, los eliminados tres siglos atrás: Haití. Se trató de la única rebelión de esclavos que culminó su triunfo con la formación de un país: ¡un éxito impresionante!, si se le compara con México, en donde el esfuerzo de los insurgentes terminó en derrota militar y donde la independencia sólo fue posible años después, en 1821, gracias a que los criollos antiinsurgentes se volvieron contra su rey.
Una victoria muy amarga
En 1804 los antiguos esclavos franceses le dieron un sentido profundo a eso que la revolución en París había proclamado antes pero, desde luego, sin incluir a sus esclavos africanos en El Caribe: libertad, igualdad y fraternidad. Sin embargo, Francia y el resto del mundo de los imperios le hicieron pagar muy caro su logro. Estados Unidos, por ejemplo, no reconoció a la nueva nación sino hasta 1862 porque ¿cómo iba a recibir la Casa Blanca un embajador negro si en Washington los negros eran aún esclavos? Francia, por su parte, exigió en 1825 a sus antiguos explotados que le pagaran 150 millones de francos como condición para su reconocimiento: ¡quienes robaron la libertad de los africanos les cobraron para retornársela!
Y es aquí donde la historia se torna particularmente injusta. El Haití independiente estaba formado por individuos que fuera de su condición de antiguos esclavos tenían muy poco en común. Los franceses no habían fomentado que los trabajadores forzados echaran raíces, era más económico trabajarlos sin descanso hasta la muerte y reemplazarlos de inmediato por otros recién capturados, que permitirles formar familias y tener hijos, eso era demasiado costoso. Así, al asumir su independencia, y a diferencia de experiencias coloniales como la mexicana, los haitianos independizados no tenían historia en Haití, nada equivalente a los pueblos indios de México. Sin identidades culturales, y con la antigua economía en ruinas, los haitianos terminaron por abandonar la odiada economía de plantación -hoy, el azúcar la importan- y la guerra civil -en parte una lucha entre mulatos y negros- se convirtió en la casi inevitable conclusión de la magnífica victoria de los esclavos sobre los amos. La mala relación entre Haití y su vecino, la República Dominicana, tampoco ayudó al buen desarrollo del país de los descendientes de los que se habían liberado a sí mismos. Entre 1843 y 1915, año en que Estados Unidos ocupó Haití, hubo una veintena de gobiernos donde las sucesiones fueron marcadas por represión, rebeliones y asesinatos. El desarrollo económico en esa situación simplemente fue imposible y la cultura de la
pobreza echó raíces hondas.
La ocupación norteamericana duró hasta 1934, pero como tuvo lugar en una época de fuerte racismo en el país ocupante, ese par de decenios no sirvieron para darle una segunda oportunidad a la independencia haitiana. Más tarde, la Guerra Fría propició que las dictaduras de Francoise Duvalier, "Papa Doc", y de su hijo (1957-1986) fueran aceptadas como funcionales para los intereses de Washington en El Caribe. El último descalabro político de la sociedad haitiana fue el fracaso de Jean-Bertrand Aristide, el cura salesiano que llegó con un enorme apoyo popular a la Presidencia en 1990 como resultado de las primeras elecciones realmente libres en el país, pero que finalmente no supo estar a la altura de su gran responsabilidad y oportunidad históricas.
El terremoto del 2010 encontró a Haití como la nación más pobre del Hemisferio Occidental y necesitada de la presencia de una fuerza estabilizadora de las Naciones Unidas para darle un mínimo de fuerza a un Estado que por sí solo era incapaz de mantener el orden y el mínimo de servicios en un país de 10 millones de habitantes, básicamente rural y devastado por la miseria y los efectos de huracanes sobre una geografía previamente destruida por la deforestación.


El futuro
La historia de Haití -único país moderno nacido de una exitosa rebelión de esclavos- demanda de sus antiguas metrópolis, de los países de nuestro hemisferio y del resto de la comunidad internacional un esfuerzo extraordinario para transformar una catástrofe en un punto de inflexión, y que se empiece a pagar la enorme deuda que significó la inhumanidad de la esclavitud. Serían de desear que hoy surja la voluntad para que el mundo obligue a la historia a dejar de ser indiferente y se haga justicia en Haití.

LA CONSTITUCIÓN Y SU REFORMA. REFLEXIÓN SOBRE LA INICIATIVA PRESIDENCIAL

SERGIO ARMANDO VALLS HERNÁNDEZ

La reforma del Estado se propone poner al día en la Constitución y en las leyes vigentes, tres cuestiones. En primer término nuestros arreglos actuales sobre las relaciones de los ciudadanos con sus gobernantes; en segundo lugar la organización y procedimientos internos de cada uno de los poderes públicos que componen la estructura del Estado; y, finalmente, las relaciones de éstos entre sí.
Los tres temas ya anuncian la amplitud y complejidad de la empresa de imaginación política que tenemos de frente los mexicanos, y especialmente quienes habrán de tomar las decisiones por todos. Pero no sólo los temas imponen retos importantes a superar, sino que también el punto de partida para operar la transformación política es en sí mismo un problema: la Constitución vigente. Me explico.
Nadie parece cuestionar la actualidad de las grandes decisiones fundamentales contenidas en nuestra Constitución. Por ello y en contraste con otros países de la región, los mexicanos hemos optado por mantener nuestro texto de 1917 y no convocar a un nuevo Constituyente.
Al mismo tiempo es casi unánime la idea de la necesidad de cambios en los arreglos institucionales que provienen del pasado, y que la inercia ha mantenido en operación al menos por diez años. Y es precisamente este punto de partida, una Constitución que no se quiere cambiar en su totalidad, una complejidad práctica añadida para la reforma. Un nuevo Constituyente obliga a los actores políticos a presentar un arquetipo institucional completo. Pero no es éste el caso de México.
El reto práctico, no es menor. Una cosa es hacer una Constitución totalmente nueva que obliga a todos los actores a proponer un modelo completo, y otra muy distinta reformar por pedazos la Constitución. Esto último impone la obligación intelectual de considerar los efectos sistémicos, el conjunto, la coherencia interna de cada nuevo cambio y de éstos con lo que queda intocado. Los mexicanos ya lo hicimos antes una vez, al reformar la Constitución de 1857 en 1917. Tal experiencia histórica nos debe servir para valorar la complejidad de la operación práctica de los cambios.
El Presidente Venustiano Carranza propuso un primer proyecto de reformas, que no gusto al 100% en cuanto a su contenido al 100% de los participantes. Pero tuvo el mérito de iniciar el debate, lo que nadie le puede negar. En este orden de ideas, en mi opinión un mérito innegable de la iniciativa de reformas y adiciones a la Constitución presentada el pasado 15 de diciembre por el Presidente de la República, es que propone un punto de partida para el debate.
Podemos estar o no de acuerdo con su contenido, con lo que dice y con lo que no dice. Yo desde luego echo de menos una reforma de fondo al Poder Judicial del Estado mexicano, a la articulación del Poder Judicial federal y de los estados. Pero alguien tiene que poner en marcha el proceso y el Presidente lo ha hecho con valentía. Bienvenida la propuesta presidencial.

LAS DECISIONES POLÍTICAS FUNDAMENTALES

FERNANDO SERRANO MIGALLÓN

El alma de nuestra Constitución no puede cambiar. Hay pueblos cuya historia se ha realizado como un aluvión de herencias que se acumulan y coexisten. Otros, como un programa ideológico en el que la evolución se realiza hasta el estado presentido por los fundadores. Unos más, como el nuestro, se ha realizado en medio de profundas luchas por la conquista de la identidad, la búsqueda del proyecto nacional y el triunfo de las libertades. Pocos pueblos, por ejemplo, el nuestro, ofrecen una historia tan rica en hechos como en ideas y en pocos también es posible dar seguimiento a ciertos principios que conforman sus acuerdos políticos fundamentales. Este abecé de nuestro vocabulario político comprende el producto de nuestras luchas y los acuerdos que nos permiten afirmar la existencia del Estado mexicano como una realidad con pasado compartido y futuro por venir. En todas esas luchas se identifican ciertos anhelos, entre ellos, la libertad, el imperio de la ley, la democracia y la soberanía; cada lucha retratada en un proyecto constitucional ha dado cuenta de cómo esos anhelos se plasmaban en textos legales que heredarían sus sucesoras históricas. Lejos de la formulación de leyes históricas, hablamos de la manera en que los mexicanos hemos desarrollado para enunciar nuestros acuerdos fundamentales. La Constitución de 1824 contiene la base de esos acuerdos, en los que decidimos ser una nación independiente y soberana; optamos por el federalismo como forma de organización política y decidimos que la democracia y la representatividad serían las bases de nuestra legitimidad política. Sin duda, no se trató de valores completamente realizados, sino de decisiones por las que habrían de apostar las generaciones futuras. La Constitución de 1857, por su parte, desarrolló los derechos individuales como base de la convivencia ciudadana y marcó el límite al poder del Estado; estableció el Estado laico y la separación de las iglesias y el poder político como fundamento de nuestro pensamiento cívico y, aun en su individualismo, debemos a ese momento la gran mayoría de las libertades ciudadanas de que hoy disfrutamos. La Ley Suprema de 1917, la primera con carácter social en el mundo, terminó de dibujar nuestras decisiones políticas fundamentales; así, mientras fincó el principio de la no reelección, por principio para el Ejecutivo, estableció los derechos de las minorías, de los grupos sociales, y fijó el estado social como concreción de la vida democrática. Toda esta historia, resumida en acuerdos ciudadanos, conforman el núcleo duro de nuestra vida constitucional; es el alma de nuestra Constitución que no puede cambiar sino con la decisión soberana del pueblo y es también el marco mínimo sobre el que debe versar cualquier discusión acerca de su futuro si se quiere, en el fondo, gozar de legitimidad política e histórica.

miércoles, 27 de enero de 2010

REFORMA Y RESPONSABILIDAD POLÍTICA

LORENZO CÓRDOVA VIANELLO

A la memoria de mi madre, a 3 años de su partida

Para todos los efectos la discusión sobre la reforma política está en curso. Los foros públicos convocados por el Senado ayer y antier constituyen el primer paso formal que antecede la discusión en sede legislativa de la iniciativa presentada por el Presidente de la República el 15 de diciembre pasado. Además, según el dicho de los líderes nacionales del PRI y del PRD, en los próximos días vendrán a sumarse las que presentarán esos partidos. Tal parece que, más allá de la pertinencia concreta de sus propuestas, la iniciativa de Calderón ha tenido un benéfico efecto desencadenador que debe celebrarse.

De cara a lo que será, sin duda un intenso (y espero fructífero) debate, vale la pena subrayar la histórica responsabilidad que enfrentan los actores políticos y sociales, y en particular los integrantes de los órganos legislativos involucrados en la reforma de la Constitución. Me parece que esa responsabilidad política supone, invariablemente, hacerse cargo de los siguientes aspectos:

1. La necesidad y la oportunidad de procesar una reforma del régimen institucional que lo revise y rediseñe en clave democrática (lo que supone sobreponerse a la tentación de plantear propuestas que en aras de la gobernabilidad erosionen la representatividad del sistema político). Hoy tenemos un diseño constitucional desfasado y que lejos de estimular la colaboración y la generación de consensos, alimenta la confrontación y el obstruccionismo a la par de que no establece un efectivo régimen de responsabilidades políticas. El mismo debe revisarse profundamente y con urgencia.

2. La reforma debe hacerse sobreponiendo el interés común al particular. Se trata de una tarea en la que debe prevalecer una visión de Estado y no una visión de partido. Esto es particularmente relevante si se piensa que hacia mediados de este año se verificarán elecciones en quince Estados (en doce de los cuales se renovarán gubernaturas). La operación de reforma no puede estar “contaminada” políticamente por los intereses en juego en este año. Debe prevalecer una mirada de largo alcance —de Estado precisamente— y no regida por el cortoplacismo electorero; al fin y al cabo de lo que se trata es, ni más ni menos, de definir las reglas del funcionamiento del Estado en el futuro.

3. La discusión de las diversas propuestas debe darse en un contexto de diálogo respetuoso e informado. Debemos asumir todos que respecto de estos temas no hay verdades absolutas; por ello debe vencerse la tentación (en el fondo profundamente autoritaria) de asumir que los planteamientos realizados son inobjetables, dogmas que por fuerza deben aceptarse. Las eventuales reformas deben ser el resultado de un diálogo racional que pondere, sin excepción, todos los pros y los contras de las propuestas.

Pero además, en el debate no hay cabida para descalificaciones a priori, ni de afirmaciones maniqueas y demagógicas como el asumir que en esta historia hay buenos o malos, que hay quienes están con los ciudadanos o en contra de éstos. Por eso es lamentable el arrebato del presidente Calderón que ayer –en una clara reacción frente a las opiniones contrarias a su iniciativa vertidas en el foro organizado por el Senado— acusó a los opositores de su propuesta de buscar privilegiar “las maquinarias partidistas por encima de los ciudadanos”. Esas posturas en nada ayudan a los acuerdos.

4. Finalmente debemos asumir que las reformas deben ser el resultado de un consenso generalizado y no únicamente de la imposición de una parte, incluso mayoritaria, de los llamados a tomar las decisiones. No debemos olvidar que, para decirlo en términos de Bobbio, lo que está por definirse son las reglas básicas sobre las que se busca ordenar la convivencia política y que éstas deben ser el resultado de un acuerdo político fundamental que exprese el compromiso colectivo de todos los miembros de la sociedad y no sólo de parte de ella. Por eso, particularmente en estos temas, debe privilegiarse el máximo de consenso y el mínimo de imposición.

Parecen obviedades, pero no por ello deben menospreciarse ni dejar de asumirse como exigencias para que la reforma —la que sea— llegue a buen puerto.

SOBRE LA REFORMA DEL ESTADO

DIEGO VALADÉS

En México tenemos una sociedad moderna regida por un Estado arcaico. Las consecuencias de esta contradicción se pagan con pobreza, injusticia y violencia. A lo largo de las últimas dos décadas se ha insistido, sin éxito, en la reforma del Estado. El diferimiento sistemático tuvo la ventaja relativa de facilitar a los gobernantes el ejercicio concentrado del poder, pero implicó la desventaja de acumular tensiones que hoy privan al sistema mexicano de medios para discutir y adoptar políticas de Estado, para generar liderazgos democráticos, y para satisfacer las demandas sociales de bienestar, seguridad y desarrollo. Perpetuar esta situación es alimentar el escepticismo colectivo y consolidar la medianía generalizada que impera.


Las instituciones no mueren, pero sí envejecen. La disyuntiva institucional de México es clara: reformarse o seguir decayendo. Nuestra institucionalidad, letárgica, produce anomia, porque hay falta de relación entre las expectativas sociales y la actuación efectiva de las instituciones.



Para recuperar la institucionalidad existe una plétora de propuestas, algunas transformadas en iniciativas. La más conspicua, por ahora, es la presentada por el Presidente de la República en diciembre pasado. Dos aspectos de esta iniciativa resultan sorprendentes: se trata de la primera propuesta de gran calado en esta materia, desde que comenzó la transición democrática en 1977, que se envía al Congreso sin un acuerdo previo entre las fuerzas políticas. Después de tres décadas de experiencia en la construcción de consensos, se retornó al modelo autoritario. El segundo factor llamativo consiste en lo disfuncional de las propuestas, desde la perspectiva de un Estado constitucional.



Ambas deficiencias pueden ser enmendadas por el Congreso. Por lo que respecta al primer problema, es posible convertir la iniciativa en el punto de partida de un acuerdo, mostrando así el talante democrático de los legisladores y de los partidos; en cuanto a la segunda cuestión, también es viable reorientar los objetivos de la reforma hacia metas democráticas y republicanas.



La cuestión política de nuestro tiempo tiene como ejes las libertades públicas y las responsabilidades políticas. Las primeras se traducen, entre otros aspectos, en los medios que garantizan la emisión libre, autónoma, secreta, informada, periódica y eficaz del sufragio. En este caso la libertad significa la ausencia de coacción física para emitir el voto y la autonomía se traduce en la ausencia de coacción sicológica para condicionar las preferencias electorales de los ciudadanos. Este último aspecto está inconcluso.



A su vez, las responsabilidades políticas son las que identifican a los sistemas democráticos contemporáneos. La irresponsabilidad política de los gobernantes denota un ejercicio patrimonial del poder. Las libertades democráticas de un sistema electoral pueden ser aprovechadas, en estas condiciones, para conferir legitimidad a los gobernantes autoritarios. El fenómeno de la irresponsabilidad política de los gobernantes, otrora muy extendido, es excepcional en el constitucionalismo actual. En una relación de tres grupos de países, que corresponde a los 20 más poblados, a los 20 más extendidos y a los 20 más ricos del orbe, sólo nueve carecen de instrumentos de responsabilidad política: Arabia Saudita, Bangladesh, China, Etiopía, Indonesia, Libia, Mongolia, Sudán y México. Si practicamos la comparación entre los 35 países de América, esos instrumentos faltan sólo en Cuba y en México.



La iniciativa presidencial pasa por alto esas circunstancias. De aprobarse en sus términos, México seguiría ocupando un llamativo lugar entre los sistemas constitucionales más rezagados del planeta, en esta materia.



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En cuanto al equilibrio entre los órganos del poder, resulta relevante la propuesta sobre la reducción del tamaño del Congreso. Al examinarla deben valorarse dos cuestiones: los costos de transacción, referidos a la concertación de acuerdos, y los costos de representación, referidos al número y a la calidad de quienes resulten elegidos. Las restricciones para la representación van en detrimento del número de corrientes políticas que participan en la toma de decisiones.



La máxima posibilidad de acuerdo en una organización o en una comunidad se logra cuando la decisión la toma uno, y la mínima cuando la toman todos; en cambio la máxima participación se consigue cuando intervienen todos, y la mínima cuando lo hace uno. Se trata, por consiguiente, de vectores que se combinan de manera inversa.



Si lo que se privilegia es el acuerdo, una reforma es a favor de los gobernantes; si lo que se privilegia es la representación, una reforma es a favor de los gobernados. Puede aducirse, empero, que los acuerdos también contribuyen al bienestar de los gobernados, pero esto es cierto sólo cuando los gobernantes son responsables de sus decisiones ante los órganos de representación y cuando la representación es democrática. Por otra parte, la función de los órganos representativos no es sólo alcanzar acuerdos: la función más relevante de los sistemas representativos contemporáneos es ejercer controles políticos, y el poder está mejor controlado cuando el órgano facultado para ese menester es lo más plural posible.



También debe tenerse presente que en ningún congreso o parlamento las decisiones se discuten en sesiones plenarias. Cada grupo parlamentario debate internamente sus opciones y asume luego posiciones colectivas. La negociación posterior se produce en comités integrados por los representantes de esos grupos. La afirmación presidencial de que el menor número de legisladores facilita los acuerdos sólo será convincente para quienes desconozcan los procedimientos parlamentarios.



Otra forma de reforzar el predominio del presidente consiste en asociar la segunda vuelta de la elección presidencial con la configuración del Congreso. Se pretende que los umbrales de control político sean análogos a los que estuvieron presentes en el periodo de la hegemonía de partido. Así como en 1933 se suprimió la relección de legisladores para evitar la implosión del partido dominante en gestación, ahora se buscan los instrumentos de sujeción congresual a través de la mecánica electoral y propagandística.



Con el mecanismo propuesto se propiciaría que los dos candidatos presidenciales que disputaran la segunda vuelta contribuyeran en forma decisiva a la integración del Congreso, con lo cual se construiría el predominio bipartidista en el sistema representativo. Se argumenta que con la relección los legisladores se someterían al escrutinio de los electores, pero se omite que si bien hay electores que dividen su voto, los estudios de sociología electoral demuestran que los candidatos presidenciales tienen una poderosa influencia sobre la ciudadanía, sobre todo cuando consiguen que las opciones se polaricen entre dos contrincantes.



La imagen y el tema sobresalientes en una campaña sexenal estarían centrados en las dos figuras que contendieran por la titularidad del poder más concentrado: la Presidencia. Esta lucha difuminaría la presunta evaluación del comportamiento de los diputados y de los senadores que aspiraran a la relección.



La primera vuelta presidencial atomizaría el voto en múltiples partidos, y la segunda lo concentraría sólo en dos. El sistema representativo quedaría demeritado, y se correría el riesgo de trasladar las tensiones políticas de la asamblea a la calle. Lejos de fortalecer la vida institucional, se le añadirían obstáculos. En lugar de promover equilibrios constructivos entre los órganos del poder, se busca debilitar el sistema representativo.



Hay una interacción directa entre la reducción del Congreso y la disminución de los partidos que el Presidente promueve. Se robustecerían los liderazgos hegemónicos en los partidos que intervinieran en la segunda vuelta para la elección presidencial y se rezagarían los partidos ausentes de ese proceso. Si a esto se sumara la elevación del porcentaje requerido para conservar el registro de los partidos, se tendría un estrechamiento de las opciones para los electores. Aquí habría que hacer consideraciones de sociología más que de política y de derecho, porque además de comprimir la participación política de las corrientes existentes en cada partido, los militantes y los simpatizantes de los partidos que desaparecieran tampoco encontrarían cabida fácil en las organizaciones que subsistieran, y tendrían muy pocos estímulos para fundar otras nuevas.



¿Cómo se escogió la cifra mágica propuesta? ¿Por qué se estimó que es mejor reducir en 100 el número de diputados y no en 75 o en 150? ¿Se hizo algún estudio, que se mantiene en secreto, o no se hizo ninguno? Ambas cosas serían desconcertantes. No es sensato que cuestiones como ésta sean objeto de propuestas hechas a la ligera. Suponer que nadie advertiría las trampas que encierra, y exponer el país a una regresión autoritaria, no abona a favor de la iniciativa presidencial.



La reforma promueve la concentración del poder y su ejercicio irresponsable. Es un diseño para reforzar el autoritarismo en México y para adicionar obstáculos al equilibrio y a la cooperación entre los órganos del poder.



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En términos generales las constituciones contienen normas que confieren facultades, normas que imponen deberes y normas de organización de las instituciones. En este contexto el veto parcial que se propone se inscribiría en el rubro de ampliación de las facultades presidenciales, con un significativo impacto en lo concerniente a la organización institucional. Ese veto parcial facultaría al Presidente a publicar las partes no observadas. Empero, no se define qué se puede vetar en una ley: ¿un título, un capítulo, un artículo, una fracción? También se dejaría pendiente a la polémica interpretativa qué ocurriría con la cláusula derogatoria que contuviera la ley vetada parcialmente; la previsión anterior análoga a la observada, ¿seguiría vigente?



Una posibilidad aún más inquietante consiste en que no habría límites para que el Presidente vetara las obligaciones y promulgara sólo las facultades gubernamentales. Imagínese, por ejemplo, que hubiera vetado, en todo o en parte, el artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.1



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Para entender el sentido y el alcance de una reforma constitucional hay que contestar al menos las siguientes preguntas:



En cuanto a los gobernados: ¿ampliarán sus derechos? ¿Habrá más garantías para sus derechos? ¿Mejorarán su bienestar?



En cuanto a los gobernantes: ¿tendrán más facultades? ¿Aumentará su ámbito de discrecionalidad? ¿Tendrán más responsabilidades?



En el caso de las propuestas hechas por el Presidente es posible responder así:



Por lo que atañe a los gobernados:



La relección de los legisladores ampliaría facultades de los electores en materia de control sobre los elegidos, si no estuviera asociada a las restricciones del sistema representativo y a la segunda vuelta en la elección presidencial.



La iniciativa ciudadana es sólo un paliativo para justificar las restricciones impuestas a los partidos y el privilegio de las iniciativas preferentes del Presidente. Si se pensara de otra manera, habría que garantizar el trámite parlamentario de la iniciativa popular.



La experiencia indica que cuando hay receptividad, los legisladores hacen suyas las propuestas ciudadanas. Recuérdense, por ejemplo, las importantes reformas en materia de transparencia impulsadas por el Grupo Oaxaca en 2001. En cambio la propuesta de reformas presentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en ese mismo año sigue sin recibir atención. Ahora se plantea darle derecho de iniciativa a la Corte. En los estados ya tienen esa facultad los tribunales superiores, y así sucede también en otros sistemas constitucionales. Aunque es una reforma aceptable, su importancia con relación a las necesidades de actualización institucional es minúscula.



Las candidaturas independientes aparentan ampliar los derechos de los ciudadanos, pero en realidad encubrirían las elevadas posibilidades de manipulación electoral, los recursos oscuros en las elecciones, la creciente intervención de los grupos con poder financiero, el desprestigio de los partidos políticos y la menor capacidad del Congreso en el control político sobre el gobierno. Además de los candidatos de los partidos, podría haberlos con el apoyo subrepticio de organizaciones delictivas, de gobiernos extranjeros o de caciques convertidos en grandes electores, por ejemplo.



Respecto de los gobernados



La reducción del Congreso y los obstáculos para los partidos con menor votación representarían una limitación para el sistema representativo y auspiciarían la mayor concentración del poder. Lo mismo sucedería con las facultades conferidas al Presidente mediante la iniciativa preferente y el veto parcial, sin la contrapartida de alguna forma, siquiera tenue, de control político.



Como se puede apreciar, la iniciativa en apariencia favorece a los gobernados pero oculta muchos mecanismos propiciatorios de un autoritarismo reforzado. En su larga exposición de motivos y en las normas propuestas, el Presidente no hizo una sola alusión a la responsabilidad política de los gobernantes. La intangibilidad de los titulares del poder corresponde a la tradición del absolutismo europeo, o sea, es una pervivencia del poder arcaico. Lejos de enmendar este anacronismo ajeno a una república moderna, la iniciativa tiende a vigorizarlo.



Ni siquiera la idea de ratificar al gabinete aparece en la iniciativa presidencial. La ratificación, por otra parte, es apenas una forma discreta de acercamiento a la responsabilidad política. Ratificar y otorgar confianza no son lo mismo, porque la ratificación no es revocable y la confianza sí. La ratificación, vigente en los sistemas presidenciales desde su origen, en 1787, ha sido soslayada de manera sistemática entre nosotros. Sin que se pueda decir que su adopción significaría un gran avance, sería preferible a la discrecionalidad presidencial imperante, que auspicia un régimen de amigos incompatible con la idea de República.



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Comparativamente con el resto de América somos una democracia embrionaria, confinada en lo electoral y con algunos matices de avance, como la transparencia, cuya adopción se produjo en el sexenio anterior. En cambio, si extendemos el cotejo a otros sistemas constitucionales, encontraremos instituciones democráticas y republicanas bien implantadas en países africanos, asiáticos y europeos que hace 20 años o menos vivían en la dictadura. A pesar de la adversidad, incluso Irak cuenta hoy con un sistema constitucional mejor equilibrado que el mexicano.



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La idea de que es conveniente debilitar a un órgano del Estado para vigorizar otro parte de una perspectiva errónea en cuanto a la unidad del poder político. No existen los poderes acotados; se puede limitar al conjunto de los órganos del poder para que se extienda el ámbito de libertades y de potestades de los gobernados, pero no es posible ampliar las facultades de un órgano a expensas de otro sin generar deformaciones en el funcionamiento de las instituciones. El éxito de un sistema consiste en equilibrar las atribuciones de cada órgano.



Una democracia alcanza su consolidación y la preserva cuando en el diseño y en los ajustes constantes de las instituciones se tiene presente que no hay arreglos perfectos; que todo beneficio tiene costes; que los mejores resultados se obtienen por la vía de los incentivos para colaborar y no de las inhibiciones para actuar; que los aspectos más nocivos del poder son la arbitrariedad, la discrecionalidad y la irresponsabilidad; y que el mejor diseño institucional posible es el que hace que todos los órganos del poder entren en sinergia.



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Quiero hacer una precisión final. En esta intervención me he referido a los problemas del equilibrio del poder en el ámbito federal. Sin embargo, en el actual proceso de discusión se está pasando por alto que ese equilibrio no concierne sólo a la forma en que se relacionen entre sí el gobierno y el Congreso de la Unión. La ausencia de un partido hegemónico nacional ha trasladado un enorme poder de decisión a los gobernadores, quienes ya no ocultan su control sobre los aparatos políticos en sus respectivas entidades. El neocaciquismo es una realidad en ascenso. La renovación institucional que se promueva debe tener alcance nacional, no sólo federal; de otra manera se estará fomentando que la concentración del poder en los estados siga creciendo y que se convierta en una amenaza impune para las libertades públicas en el país, como ya se ha visto en algunos estados. El solo hecho de que este problema no sea debatido es bastante sintomático.



La democracia mexicana está a medio camino, pero que nadie se llame a engaño: sus adversarios son muchos y son poderosos. Hace 10 años se tuvo la oportunidad de construir una nueva constitucionalidad mediante una auténtica reforma del Estado; desde entonces han sido muchas las oportunidades perdidas. Hoy, los márgenes de esa reforma se han contraído porque los intereses adversos se han ensanchado. Una buena muestra es la iniciativa presidencial de diciembre pasado. Si las respuestas se siguen difiriendo, o si son tímidas y confusas, se podría llevar a la Constitución a los límites de su vigencia y se propiciaría una nueva corriente que exija su sustitución. El reformismo sólo es viable cuando es oportuno. Jacobo II de Inglaterra, Luis XVI de Francia y Nicolás II de Rusia aceptaron las reformas cuando ya era demasiado tarde. Porfirio Díaz olvidó en 1910 lo que había ofrecido en 1908. Así les fue. Ojalá que nuestros dirigentes políticos quieran entender el calendario.



1A manera de ilustración del caso, véanse algunas fracciones del referido precepto:



Artículo 50. Las dependencias y entidades se abstendrán de recibir proposiciones o adjudicar contrato alguno en las materias a que se refiere esta ley, con las personas siguientes:



I. Aquellas en que el servidor público que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de contratación tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellas de las que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte durante los dos años previos a la fecha de celebración del procedimiento de contratación de que se trate;



II. Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien las sociedades de las que dichas personas formen parte, sin la autorización previa y específica de la Secretaría de la Función Pública;



XI. Las que hayan utilizado información privilegiada, proporcionada indebidamente por servidores públicos o sus familiares por parentesco consanguíneo y, por afinidad hasta el cuarto grado, o civil;



XII. Las que contraten servicios de asesoría, consultoría y apoyo de cualquier tipo de personas en materia de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las contraprestaciones pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores públicos por sí o por interpósita persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relación con la contratación.



Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. (Senado, enero 25, 2010)