RODRIGO MORALES MANZANARESEl IFE ha anunciado que la credencial para votar con fotografía será el único instrumento de identidad para los mexicanos mayores de 18 residentes en México. Con ello termina la polémica en torno a la posible convivencia de dos instrumentos registrales: ése y la Cédula Nacional de Identidad. En otras palabras, el IFE va a recibir toda la nueva información que recabe la Segob. Buen final para la confiabilidad del padrón. Pero ojalá sea el principio de un nuevo debate en torno al registro nacional ciudadano.
Así que hay un principio de acuerdo entre el IFE y la Segob, que eventualmente se deberá plasmar en un convenio. Sus términos sin duda los conoceremos pronto en el seno del Consejo General del IFE. Pero se trata de un acuerdo operativo, no de una solución legislativa.
Será necesario entonces iniciar una deliberación en el Congreso para armonizar la Ley General de Población y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que ahora regulan lo mismo. Y ello no sólo para superar la vulnerabilidad de artículos transitorios o convenios administrativos, sino más para darle una expresión legal a lo que es, en los hechos, una nueva concepción registral. En ese debate será necesario incorporar al menos tres dimensiones del problema: ¿cómo se hace el registro, para qué y quién lo administra?
En ese sentido, habrá que transparentar los procedimientos de reclutamiento al nuevo registro, los mecanismos para su actualización y depuración, los datos que se levantarán del ciudadano. En fin, deliberar, no sólo los mejores procedimientos técnicos, sino también los mecanismos óptimos para garantizar la confidencialidad de los datos personales que se ofrezcan. No parece haber mejor oportunidad con miras a incorporar el debate de la protección de datos personales. Por ejemplo: ¿seguirá siendo necesarios que la dirección de los ciudadanos aparezca impresa en las credenciales o podemos avanzar a otros mecanismos más amables con los datos del ciudadano?
En segundo lugar, señalar con claridad para qué se hace un nuevo registro. Más allá de constituir un instrumento para votar, ¿qué quiere decir lo del perfeccionamiento del derecho a la identidad que todos tenemos? No se discute la utilidad para la nación de contar con un solo registro confiable de sus ciudadanos y los ahorros implícitos de terminar con las duplicidades, pero habría que intentar poner el acento en los beneficios que para los mexicanos tendría contar con un documento de identidad. Es decir, ¿cuántos trámites se ahorrarán?, ¿cuántos usos tendrá el nuevo documento?, etcétera.
En tercer lugar, habrá que encarar el debate de quién debe administrar los datos. Hoy, luego del anuncio del IFE, se sabe que la autoridad electoral será la responsable de la identidad de los mexicanos mayores de 18 que residen en el país y la Segob asumirá el darle identidad a los menores de edad y a los mexicanos residentes en el extranjero. No creo que sea racional sostener ese esquema en el largo plazo. Son dos entidades públicas con fines diversos. Mientras que en el IFE existen mecanismos de vigilancia y procedimientos muy precisos para actualizar y depurar el padrón electoral, en el Registro Nacional de Población no hay la misma precisión. La definición es ineludible.
Por último, llevamos casi 20 años desde que el IFE fue creado y tuvo como una de sus responsabilidades centrales integrar un padrón electoral confiable; desde entonces se plasmó que sería una estación de tránsito hacia un registro nacional ciudadano. Mucho ha llovido desde entonces. Los hechos reclaman que demos el paso hacia la confección de un verdadero registro poblacional.
La realidad impone un nuevo debate integral. Insisto, es en el ámbito del Legislativo donde debiera ocurrir una deliberación que nos resuelva, no sólo los procedimientos registrales confiables, la racionalidad en el uso de la información y un diseño institucional adecuado, sino, sobre todo, los beneficios que los mexicanos obtendremos construyendo un registro de población único.
Ojalá los meses que transcurrieron entre el anuncio de creación de la Cédula y el del IFE hayan servido de aprendizaje y ahora seamos capaces de plantear con mayor aliento el debate. Al tiempo.
Así que hay un principio de acuerdo entre el IFE y la Segob, que eventualmente se deberá plasmar en un convenio. Sus términos sin duda los conoceremos pronto en el seno del Consejo General del IFE. Pero se trata de un acuerdo operativo, no de una solución legislativa.
Será necesario entonces iniciar una deliberación en el Congreso para armonizar la Ley General de Población y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que ahora regulan lo mismo. Y ello no sólo para superar la vulnerabilidad de artículos transitorios o convenios administrativos, sino más para darle una expresión legal a lo que es, en los hechos, una nueva concepción registral. En ese debate será necesario incorporar al menos tres dimensiones del problema: ¿cómo se hace el registro, para qué y quién lo administra?
En ese sentido, habrá que transparentar los procedimientos de reclutamiento al nuevo registro, los mecanismos para su actualización y depuración, los datos que se levantarán del ciudadano. En fin, deliberar, no sólo los mejores procedimientos técnicos, sino también los mecanismos óptimos para garantizar la confidencialidad de los datos personales que se ofrezcan. No parece haber mejor oportunidad con miras a incorporar el debate de la protección de datos personales. Por ejemplo: ¿seguirá siendo necesarios que la dirección de los ciudadanos aparezca impresa en las credenciales o podemos avanzar a otros mecanismos más amables con los datos del ciudadano?
En segundo lugar, señalar con claridad para qué se hace un nuevo registro. Más allá de constituir un instrumento para votar, ¿qué quiere decir lo del perfeccionamiento del derecho a la identidad que todos tenemos? No se discute la utilidad para la nación de contar con un solo registro confiable de sus ciudadanos y los ahorros implícitos de terminar con las duplicidades, pero habría que intentar poner el acento en los beneficios que para los mexicanos tendría contar con un documento de identidad. Es decir, ¿cuántos trámites se ahorrarán?, ¿cuántos usos tendrá el nuevo documento?, etcétera.
En tercer lugar, habrá que encarar el debate de quién debe administrar los datos. Hoy, luego del anuncio del IFE, se sabe que la autoridad electoral será la responsable de la identidad de los mexicanos mayores de 18 que residen en el país y la Segob asumirá el darle identidad a los menores de edad y a los mexicanos residentes en el extranjero. No creo que sea racional sostener ese esquema en el largo plazo. Son dos entidades públicas con fines diversos. Mientras que en el IFE existen mecanismos de vigilancia y procedimientos muy precisos para actualizar y depurar el padrón electoral, en el Registro Nacional de Población no hay la misma precisión. La definición es ineludible.
Por último, llevamos casi 20 años desde que el IFE fue creado y tuvo como una de sus responsabilidades centrales integrar un padrón electoral confiable; desde entonces se plasmó que sería una estación de tránsito hacia un registro nacional ciudadano. Mucho ha llovido desde entonces. Los hechos reclaman que demos el paso hacia la confección de un verdadero registro poblacional.
La realidad impone un nuevo debate integral. Insisto, es en el ámbito del Legislativo donde debiera ocurrir una deliberación que nos resuelva, no sólo los procedimientos registrales confiables, la racionalidad en el uso de la información y un diseño institucional adecuado, sino, sobre todo, los beneficios que los mexicanos obtendremos construyendo un registro de población único.
Ojalá los meses que transcurrieron entre el anuncio de creación de la Cédula y el del IFE hayan servido de aprendizaje y ahora seamos capaces de plantear con mayor aliento el debate. Al tiempo.
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