Desde la oposición el PRI recurre reiteradamente al chantaje político para proteger sus bastiones, mismos que aprovecha para impulsar su recuperación electoral a través de prácticas incompatibles con la democracia, como la compra y coacción del voto a través del clientelismo y el corporativismo. En septiembre de 2002, amenazaron con paralizar Pemexpara evitar el desafuero de los dirigentes sindicales petroleros, Carlos Romero Deschamps y Ricardo Aldana, que habían desviado recursos de dicha organización hacia la campaña presidencial de Francisco Labastida, en el año 2000; en septiembre de 2003, lograron frenarlo por segunda ocasión, bajo la promesa de apoyar la reforma fiscal propuesta por el entonces presidente Vicente Fox; en octubre de 2006, evitaron que el Senado decretara la desaparición de poderes en Oaxaca, con el compromiso de apoyar la toma de protesta del entonces presidente electo Felipe Calderón. Ahora en 2010, ante la posibilidad de que el PAN y el PRD concreten alianzas electorales en algunas de las entidades donde el predominio priista se extiende por más de 80 años, la dirigente nacional del PRI, Beatriz Paredes, advierte que la alianza es un desatino, pues deteriora "la relación con quienes representamos la fuerza mayoritaria". Y el coordinador de los diputados tricolores, Francisco Rojas secundó: "Es de asombro cuando vemos al partido en el Gobierno dispuesto a empeñar la gobernabilidad del país por simples afanes electorales". Es lógico que los partidos opositores traten de desacreditar la alianza, pero amenazar con bloquear el proceso legislativo porque el partido gobernante decide aliarse con otro para tratar de ganar las elecciones es no entender (o no querer entender) las instituciones democráticas. El objetivo de los partidos políticos y las elecciones es acceder al poder. La alianza se concreta en los afanes electorales, pero en caso de ganar la elección el solo hecho de sacar al PRI del gobierno, después de más de 80 años de sojuzgar, que es lo que han hecho en 8 de los doce estados que celebran elecciones el 4 de julio de este año, es un objetivo mayor y transcendente, pues aunque la alternancia en el poder, no asegura la transición, al menos sí abre la puerta para ello. Eso es precisamente lo que ha sucedido en México: la salida del PRI de la Presidencia de la República sí acabó con el presidencialismo metaconstitucional y muchas de sus consecuencias, aunque no se haya podido concretar la construcción de un régimen democrático. Pero la puerta se abrió porque la ciudadanía, con su voto, echó al PRI de Los Pinos. Y, al menos, en estos ocho estados todavía hay que abrir esa puerta, primero para evitar que sigan los atropellos, como los ocurridos en Oaxaca y Puebla (precisamente dos de los estados en los que la alianza es posible); y, segundo, para evitar que los priistas utilicen esos bastiones del autoritarismo para intentar su regreso a Los Pinos. Lo ideal es que además de lograr estos dos objetivos se pudiera iniciar efectivamente la transición política de esas entidades, pero después de lo que ha sucedido a nivel nacional, no hay muchas esperanzas de que eso suceda. César Nava, dirigente nacional del PAN, y Jesús Ortega, del PRD, tienen muy claros los primeros dos objetivos. Nava señaló: "...puedo afirmar y ratificar que todas las alianzas que estamos analizando, explorando y empujando son coaliciones que apuntan a la transformación de fondo de las realidades de los estados...Recordemos que en esos estados que mencioné (Durango, Hidalgo, Oaxaca y Puebla) ha gobernado un solo partido en más de 80 años y no ha habido alternancia democrática, por lo tanto, no hay condiciones para el desarrollo político". Y Ortega, puntualizó: "...lo que queremos es construir instituciones democráticas que, por desgracia, no pudieron, no quisieron, no supieron construir los últimos gobiernos...Lo que queremos es que no regrese el viejo régimen degradado en los cacicazgos locales". La alianza entre PAN y PRD fue la vía para lograr la alternancia en Nayarit y Chiapas y, en 2004, estuvieron a punto de lograrlo en Oaxaca y fracasaron por una ruptura perredista; así desacreditarlas a priori y condenarlas al fracaso no es realista. Y eso lo sabe el tricolor, precisamente por ello se empeña en evitarlo, pues eso puede dar al traste con los planes de su dirigente nacional de ganar las 12 gubernaturas en juego, para enfilarse en plan triunfante a la sucesión presidencial. Por supuesto que en el juego electoral democrático es válido embestir en contra de los contendientes y es lógico suponer que esto puede contaminar las discusiones legislativas; pero la amenaza del tricolor de "empeñar la gobernabilidad del país" evidentemente busca provocar la intervención presidencial para impedir las citadas coaliciones. Nuevamente el chantaje de un potencial apoyo a una propuesta presidencial a cambio de una acción tangible que les asegura la conservación de sus bastiones. Por ello fueron muy preocupantes las declaraciones del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, el jueves pasado en el Colegio de México; porque la desacreditación indiscriminada de coaliciones entre partidos que no comparten principios ideológicos sonaba a una nueva cesión de los gobiernos blanquiazules a los chantajes tricolores. Afortunadamente las aclaraciones del viernes, aunque no aseguran la concreción de las alianzas, sí permiten continuar con el proceso. Los objetivos de las coaliciones son cruciales para el futuro nacional y, por lo mismo, sería muy lamentable que los panistas cedieran nuevamente ante el chantaje tricolor.
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