MANUEL CAMACHO SOLÍSLas reformas políticas anteriores de 1977, 1994 y 1996 fueron incluyentes. Se hicieron para estabilizar el sistema político. La reforma actual que propone el Ejecutivo está más hecha para posicionar al gobierno frente a la opinión ilustrada que para recuperar autonomía estatal y reconectar a las instituciones con la sociedad. Si la sociedad y la oposición no logran modificar su curso, ni habrá reforma ni se transferirá poder al ciudadano.
La reforma de 1977 (ley electoral y amnistía) fue hecha para abrir espacios en el parlamento a la izquierda que combatía en las calles. La de 1994 (tregua con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional e inicio de la autonomía del Instituto Federal Electoral) convirtió una rebelión en una oportunidad de transición. La reforma de 1996 (autonomía del IFE, Tribunal y no injerencia del gobierno federal) ayudó a canalizar la inconformidad por la crisis económica e hizo posible la alternancia.
En las tres ocasiones, frente a una presión social en ascenso y un debilitamiento de la legitimidad, se respondió con una fórmula incluyente.
Ahora la política enfrenta una extendida inconformidad social por los resultados y sacrificios económicos; una crisis de legitimidad no atendida desde 2006; un debilitamiento del estado de derecho y niveles exacerbados de violencia. Sin embargo, la reforma parece no tener conexión con esta realidad. En vez de propiciar un nuevo equilibrio político y social indispensable para fortalecer al Estado y las instituciones republicanas, si se aprobara en sus términos, ayudaría a blindar un statu quo conservador.
Como escuché decir a un empresario con autoridad entre los suyos: la situación está demasiado atorada y descompuesta, por lo que parece necesario un pacto que incluya a todos. Tiene razón. Se necesita un pacto con algunos componentes fundacionales. Lo primero, en lo político, es reabrir las posibilidades de competencia política y restablecer la autonomía estatal.
Pero no puede perderse de vista que, simultáneamente, hay que avanzar en el estado de derecho para proteger garantías y reducir los niveles de violencia. Que urgen los correctivos económicos antes de 2012.
Es improbable, además, que la reforma prospere. El método que se está siguiendo es inapropiado.
Las grandes reformas se pactan en fondo y forma desde el principio. No se envían iniciativas que irán a dormirse y cercenarse en las comisiones legislativas, ni con un calendario parlamentario empatado con las contiendas electorales.
Para que una reforma política pueda hoy ser eficaz necesitaría reconectar a las instituciones con la sociedad. Antes que perderse en listados cada vez más largos de propuestas, es necesario no perder la perspectiva ni el sentido de urgencia. ¿Con qué fórmula política se puede reducir la violencia, la confrontación y el desencanto con la economía, en 2010, y hacia 2012?
Para hacer creíble una reforma institucional se necesitarían gestos y acciones previos que legitimaran el diálogo y la negociación. Para que sea reforma tendría que ser incluyente y legitimadora.
La reforma de 1977 (ley electoral y amnistía) fue hecha para abrir espacios en el parlamento a la izquierda que combatía en las calles. La de 1994 (tregua con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional e inicio de la autonomía del Instituto Federal Electoral) convirtió una rebelión en una oportunidad de transición. La reforma de 1996 (autonomía del IFE, Tribunal y no injerencia del gobierno federal) ayudó a canalizar la inconformidad por la crisis económica e hizo posible la alternancia.
En las tres ocasiones, frente a una presión social en ascenso y un debilitamiento de la legitimidad, se respondió con una fórmula incluyente.
Ahora la política enfrenta una extendida inconformidad social por los resultados y sacrificios económicos; una crisis de legitimidad no atendida desde 2006; un debilitamiento del estado de derecho y niveles exacerbados de violencia. Sin embargo, la reforma parece no tener conexión con esta realidad. En vez de propiciar un nuevo equilibrio político y social indispensable para fortalecer al Estado y las instituciones republicanas, si se aprobara en sus términos, ayudaría a blindar un statu quo conservador.
Como escuché decir a un empresario con autoridad entre los suyos: la situación está demasiado atorada y descompuesta, por lo que parece necesario un pacto que incluya a todos. Tiene razón. Se necesita un pacto con algunos componentes fundacionales. Lo primero, en lo político, es reabrir las posibilidades de competencia política y restablecer la autonomía estatal.
Pero no puede perderse de vista que, simultáneamente, hay que avanzar en el estado de derecho para proteger garantías y reducir los niveles de violencia. Que urgen los correctivos económicos antes de 2012.
Es improbable, además, que la reforma prospere. El método que se está siguiendo es inapropiado.
Las grandes reformas se pactan en fondo y forma desde el principio. No se envían iniciativas que irán a dormirse y cercenarse en las comisiones legislativas, ni con un calendario parlamentario empatado con las contiendas electorales.
Para que una reforma política pueda hoy ser eficaz necesitaría reconectar a las instituciones con la sociedad. Antes que perderse en listados cada vez más largos de propuestas, es necesario no perder la perspectiva ni el sentido de urgencia. ¿Con qué fórmula política se puede reducir la violencia, la confrontación y el desencanto con la economía, en 2010, y hacia 2012?
Para hacer creíble una reforma institucional se necesitarían gestos y acciones previos que legitimaran el diálogo y la negociación. Para que sea reforma tendría que ser incluyente y legitimadora.
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