PEDRO SALAZAR UGARTE
La autonomía es la condición en la que se encuentra una persona o una institución que, para ciertas cosas, no depende de nadie. Eso dicta el diccionario y sugiere el sentido común.
El ente autónomo puede crear sus normas y contar con órganos propios, pero ello no supone que habite en una isla apartada de los demás. Valga esta premisa para reflexionar sobre los límites que enmarcan la actuación de las autoridades de la máxima casa de estudios frente al hostigamiento y los embates de los vándalos que han asaltado a la rectoría en estos días.
La reflexión es importante porque no faltan las voces y los estrategas de la tinta que, con buenas o malas intenciones, desde la opinión pública y la palestra mediática, denuncian omisiones y sugieren acciones por parte de los directivos de la universidad. Ello bajo la premisa --implícita o declarada-- de que lo que sucede en la UNAM sólo es un problema de la UNAM.
La universidad pública más importante del país es parte del Estado mexicano y ha sido un actor clave en su consolidación y en su transformación democrática. Los universitarios, desde los cubículos, los libros y las aulas, han incidido en el devenir nacional como pocos actores sociales.
La UNAM ha sido y sigue siendo una institución que no ha claudicado de su responsabilidad y que ha asumido --en las buenas y en las malas-- su papel de conciencia crítica y factor de transformación cultural, política y social. Sin duda ha tenido sus problemas y sus momentos, pero ha sido un catalizador de la pluralidad, un medio para la inclusión y un factor de estabilidad. Sólo por eso merece un reconocimiento y puede esperar --legítimamente-- una actitud corresponsable por parte de las autoridades, de la opinión pública y de la sociedad cuando es víctima de delitos como los perpetrados en estos días y los que tuvieron lugar en el CCH Naucalpan. No nos confundamos: golpear personas, prender fuego a instalaciones, invadir y ocupar espacios públicos son conductas delictivas.
Las autoridades de la universidad han acudido a las instituciones responsables de procurar justicia para presentar las denuncias correspondientes. El rector Narro ha advertido que no cederá ante el chantaje y que agotará las vías institucionales. Entonces, ¿en dónde está la omisión que algunos acusan?
Dice Fernando Escalante que "para lidiar con 20 encapuchados bastarían dos patrullas" (La Razón, 23/04/13). Tal vez tenga razón, pero me pregunto: ¿quién debe enviarlas y asumir la responsabilidad de esa acción policiaca? La UNAM no es ministerio público y no tiene facultades para ejercer la violencia estatal. Valga la obviedad: es una universidad, no una entidad federativa. Así que, en todo caso, si de lo que se trata es de identificar funcionarios omisos, éstos no están en Ciudad Universitaria. Y lo mismo vale para la prevención de estos hechos reprobables: la UNAM denunció los acontecimientos en Naucalpan desde febrero y hoy estamos donde estamos.
La autonomía sirve para activar los mecanismos internos de discusión sobre los problemas universitarios, para involucrar a la comunidad en defensa de la institución y de los principios que la distinguen: la reflexión, la deliberación, el acuerdo. También vale para repudiar el abuso y el chantaje. Y eso sólo es una parte de lo que cotidianamente hace la universidad para desterrar el fantasma de la violencia.
Hoy las aulas están repletas de estudiantes formándose para el futuro, de profesores impartiendo clase, de investigadoras pensando y escribiendo, de administrativos mantenido activa una infraestructura impresionante y de directivos gestionando trámites, procesos y proyectos. Todo eso mientras unos facinerosos acampan en la rectoría. Nadie niega que esto último altera la rutina universitaria y lastima la imagen de la universidad, pero ésta funciona y produce. Hay que afinar la puntería al identificar a los destinatarios de nuestros reclamos, porque los violentos y los omisos están en otra parte.
*El Universal 24-04-13
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