BARRIENDO PRIVILEGIOS*

MARÍA AMPARO CASAR

Las reformas constitucionales atraen mayor atención por la dificultad aritmética que supone su aprobación y por la creencia de que lo que se inscribe en la Constitución es de mayor trascendencia que lo que se decreta por medio de una ley secundaria.

No siempre es así. El carácter de "constitucional" de una reforma no implica relevancia ni conlleva necesariamente potencial transformador. Las reformas a la legislación ordinaria o incluso los actos de gobierno pueden ser de mayor trascendencia que los decretos de reforma constitucional.

José Antonio González Anaya, director del IMSS, ha dado con una de esas reformas con potencial transformador y junto con el diputado Beltrones la ha operado en tiempo récord en el Congreso. La sencilla reforma homologa los conceptos que determinan el salario base de cotización con los del Impuesto Sobre la Renta y así termina con la práctica de un sector de los empresarios de reportar de manera diferenciada los salarios pagados a sus trabajadores según se trate del IMSS o del SAT. Ahora se sabe -o más bien se sabía pero no se había querido actuar- que, nada tontos, algunos empresarios sub-reportan los salarios al IMSS para reducir el pago por concepto de cuotas obrero-patronales pero abultan el costo de su nómina cuando informan al SAT para pagar menos impuestos. La lógica es impecable: paso uno, subestimo el salario base de cotización y reduzco mi carga de seguridad social; paso dos, sobreestimo la nómina y reduzco la base gravable para efectos del ISR. Negocio redondo. Tan redondo que los cálculos señalan que la disparidad entre las "dos nóminas" es de 7.5%. Tan redondo que de ser aprobada también en el Senado, esta iniciativa le permitirá al IMSS obtener hasta 3 mil millones de pesos.

Los empresarios pusieron el grito en el cielo e intentaron echar abajo la iniciativa con argumentos débiles y demagógicos. Primero recurrieron a la argucia de que se trataba de una reforma recaudatoria, que como tal era una reforma fiscal parcial y que en el Pacto se había prometido que reformas de esta naturaleza no se discutirían sino hasta el segundo semestre del año. En esta argucia, el PAN los acompañó y los diputados de este partido votaron en contra del dictamen. Después sostuvieron que la iniciativa era solo un paliativo para la desastrosa situación del IMSS y que lo que se requería era una reforma integral del Instituto. En efecto, se requiere y habría que promoverla pero mientras llega no está mal acabar con un abuso. Más tarde argumentaron que la iniciativa no buscaba la homologación ni mucho menos la simplificación sino que se trataba de imponer un aumento disfrazado a las cuotas patronales. Finalmente, se objetó que en realidad a quienes afectaría la reforma sería a los propios trabajadores que verían un incremento en las cuotas al IMSS de entre 11% y 48%.

González Anaya hizo bien su trabajo: demostró que a lo sumo el 20% de las empresas hacía uso del esquema, que para el resto el impacto sería de 3% y que del cambio en la base gravable a los trabajadores solo les correspondería pagar 2.6 de cada 100 pesos. Más aún, con la homologación, por cada peso que pague el trabajador, ganará 6.7 pesos por el aumento en las aportaciones a su cuenta de Afores e Infonavit.

Los empresarios lograron algunas modificaciones a la iniciativa de manera de hacerla menos gravosa para ellos: excluyeron de los salarios reportados al IMSS las aportaciones al fondo de ahorro a los trabajadores, el pago de alimentación en efectivo, los premios por asistencia y puntualidad o el pago por tiempo extra (siempre y cuando no rebasen el monto de exención que para cada una establece la Ley del ISR). Salvaron una parte de sus privilegios pero el sentido y profundidad de la iniciativa prevaleció.

La reforma es importante en sí misma. Se inscribe en la sana tendencia del nuevo gobierno y de los legisladores de disminuir los privilegios de que han gozado ciertos grupos sindicales -SNTE- y empresariales gracias a las exenciones otorgadas por el propio Estado o a la tolerancia de prácticas si no ilegales, sí cuestionables. Va en la misma dirección que la Ley de Amparo, la Reforma Educativa y la de Telecomunicaciones. Tiene potencial transformador: acaba con simulaciones y privilegios, refuerza la percepción sobre la voluntad y capacidad de la clase política de no arredrarse ante el poder de los particulares, simplifica la contabilidad, permite mayor transparencia. Eso sí, faltan los controles para que los recursos obtenidos se gasten en lo prometido: mejorar la atención médica.

*Reforma 30-04-13