jueves, 30 de abril de 2009

LA INFLUENZA Y NOSOTROS

JOSÉ WOLDENBERG

Junto al brote epidémico de la influenza porcina podemos observar un espectáculo: el de nosotros, los comentaristas. Dado que no existe acontecimiento relevante que no sea acompañado de una estela de apostillas, análisis y comentarios, seguir estos últimos es como observar las sombras que proyectan las figuras o los ruidos de los motores en una carrera de autos. Se trata del acompañamiento que modela y modula el ambiente "cultural e intelectual" del momento, del aura de opinión que rodea a la sociedad, del sentido común impreso. No resulta anodino y deja su impronta en las muy diversas lecturas que las personas hacen de los sucesos. Por mi parte, ofrezco una tipología lírica, subjetiva e inacabada de nosotros, los opinadores, ante la crisis de salud. (No se trata de categorías excluyentes. Una sola persona puede ser ubicada en dos o más casilleros. Y además, cualquiera puede contribuir con nuevos y más decantados tipos).El experto exprés. De inmediato, luego de dos o tres consultas (telefónicas o bibliográficas), el lego se transforma en una autoridad en el tema. Cuatro o cinco ideas tejidas de manera armónica, más seguridad, más contundencia al enunciarlas, crean un perito en la materia. El nuevo especialista explica, analiza, pontifica. Maneja ese conocimiento (superficial) con soltura y durante los días que corren será un consumado epidemiólogo.El escéptico. Cada dicho de las autoridades, cada medida tomada, cada cifra sobre la epidemia, le parecen sospechosas. Y a él nadie lo puede engañar. Años en el oficio lo han convertido en un desconfiado contumaz. Sabe o intuye que nada es como parece; que detrás del tono seco del secretario se esconde un secreto que es necesario develar y que los datos deben estar trucados por una estrategia "comunicacional" o por simple inercia. Para él, la suspicacia es sinónimo de inteligencia y si la segunda se encuentra un poco maltrecha, la primera se mantiene incólume.El sagaz opositor. De inmediato descubrió la lentitud de la respuesta de los gobiernos, la excesiva o la poca información que ofrecen, las contradicciones en sus dichos y decisiones, las pretensiones de utilizar la crisis para fortalecer su imagen. En una palabra, a él no sólo no lo engañan, sino que ya se apresta a desenmascarar -como en la lucha libre- la torpeza, corrupción e incompetencia de los encargados de tutelar nuestra salud. No existe terreno en el que no se deba dar la batalla y ahora el campo es el de la epidemia y la negligencia criminal.El tira netas. No es un experto ni pretende serlo. Pero, eso sí, sabe todas las medidas que usted debe tomar. Hay que lavarse las manos 26.7 veces al día, no salir a la calle sin tapabocas, no dar la mano y mucho menos un beso, abrir las ventanas del hogar, y a los menores síntomas correr al hospital o la clínica más cercanos. Por el momento es un cruzado de la causa buena, y nada ni nadie lo podrán distraer de su misión. Ha llegado el momento en que cada uno debe contribuir con su granito de arena y él carga un pequeño costalito que trajo de Acapulco.El acólito de la autoridad. Hay quien los confunde con el anterior, pero éstos son los que no se apartan ni un grado de las indicaciones oficiales. Repiten, subrayan, glosan, insisten. Piensan que su tarea es la de coadyuvar con los gobiernos y se transforma en un eco consistente e insistente de los mismos. En la guerra contra el virus se asumen como soldados a las órdenes de la superioridad. Su disciplina es única e inconmovible y lo demás es lo de menos.El pescador monotemático. Por supuesto que hay comentaristas especializados, aquellos que "lo saben todo" sobre un tema. Y no pueden ni quieren desaprovechar la ocasión. Ya han aparecido los primeros aportes: "la epidemia y el turismo", "la influenza y el futbol", "la enfermedad y las elecciones", "la salud y la novela". Recuerdan aquel viejo chiste de los fenicios que no estoy de humor para repetir. Se trata de un resorte bien aceitado y que consiste en llevar cualquier tema al terreno conocido. En el no tan remoto pasado inmediato sus temas eran: "el narco y el turismo", "la violencia y el futbol", "la droga y las elecciones", "las bandas delincuenciales y la novela".El erudito. Los hay en las más diferentes versiones. El que es capaz de recordar todas y cada una de las epidemias que precedieron al actual brote; el que puede citar a los autores que han tratado con la enfermedad y sus derivaciones; el que nos ofrece una historia panorámica del origen, desarrollo y estado actual de las vacunas en todo el orbe. Saben que saben y es el momento para que los demás se den cuenta de ello.Son voces expresivas, elocuentes, y en conjunto producen una melodía desafinada pero penetrante, estridente e inescapable. Hablan del brote epidémico sin duda, pero también de los comentaristas, de cómo se ven a sí mismos y de cómo quieren ser vistos por los demás. Y ello, a querer o no, tiene su gracia.

DE CANANEA AL COLEGIO DE POSTGRADUADOS

LORENZO MEYER

Huelgas Entre los problemas que tiene México como sociedad y comunidad política, especialmente ante la emergencia causada por un inesperado brote de influenza H1N1, el de unas huelgas que se prolongan sin solución pareciera marginal, perdido en medio de la montaña de temas que se acumulan en la agenda nacional. Y no es de extrañar, después de todo, apenas afecta a una minoría y cuyo discurso es muy diferente -opuesto- al que maneja la elite del poder.Actualmente hay dos huelgas, la de Cananea en Sonora y la del Colegio de Postgraduados (Colpos) en sus varios campus, que ya han durado mucho, sobre todo la primera, y donde la solución, desde la perspectiva del poder, puede encontrarse no en negociar un acuerdo en torno a las demandas sino en el uso de la fuerza en el primer caso y el uso del tiempo -dejar que el asunto "se pudra"- en el segundo. Ambas vías de solución no serían aceptables desde la óptica del interés general y su mera posibilidad dice mucho sobre la naturaleza del gobierno actual, tan alejado de los intereses de los asalariados y tan cercano a los del capital.El conceptoLa decisión colectiva de los trabajadores de negarse a seguir laborando en las condiciones y términos que determina el empleador tiene una historia añeja, de milenios. Sin embargo, la huelga tal y como la conocemos hoy es un fenómeno económico, social y político que se desarrolló a partir del siglo XIX como resultado de la revolución industrial. Se trata del arma de última instancia de los asalariados. Históricamente, las huelgas han sido luchas muy desiguales que han requerido esfuerzos desproporcionados por parte de los huelguistas y cuyos resultados registran tantas derrotas como triunfos.En México, como en el resto del mundo, los derechos de sindicalización y de huelga tardaron en ser reconocidos y debió correr sangre antes de que, como resultado de la Revolución Mexicana, la ley los incorporara y regulara. Ahora bien, desde el inicio hubo un golfo entre el reconocimiento formal y el ejercicio efectivo de los derechos sindicales, golfo que en los últimos tiempos se ha hecho mayor. El régimen de la postrevolución se dijo defensor de los derechos de los trabajadores pero, en la práctica, siempre los condicionó a los intereses de la clase política que, después de 1940, coincidieron cada vez más con los de los patrones. A partir del 2000, un "gobierno de empresarios y para empresarios", como se autodefinió el de Vicente Fox, hizo que esa coincidencia entre autoridades y patronos resulte muy similar a la que había a inicios del siglo pasado.CananeaNo deja de llamar la atención que una vez más sea en la políticamente simbólica población de Cananea, donde tenga lugar un conflicto laboral que resume la naturaleza actual de la relación del gobierno con patrones y asalariados. Como se sabe, en 1906 estalló un movimiento de protesta proletaria en contra de la Cananea Consolidated Copper Co., (CCCC), que terminó por ser interpretado como precursor de la Revolución Mexicana de 1910. Los motivos entonces fueron la discriminación salarial: un obrero mexicano ganaba $3.50 diarios y un norteamericano $5.00. Además se exigió modificar la composición de la fuerza de trabajo con un 5 por ciento adicional de nacionales -los mexicanos eran 5,360 y los norteamericanos 2,200-, la destitución de un capataz y, coronando esas peticiones laborales, algo que ya salía de ese ámbito para situarse en el meollo de la inconformidad política: un gobierno efectivamente electo por el pueblo y que defendiera sus derechos y dignidad.El resultado fue un desastre para todos: el choque de los mineros mexicanos con los trabajadores americanos de la maderería y, finalmente, una represión que dejó 23 muertos y muchos más detenidos. El tiempo corrió y al finalizar ese siglo, en 1999, la fuerza pública volvió a entrar en Cananea, aunque ya no para defender los intereses de William C. Green y la CCCC sino los de Germán Larrea y su Grupo México (GM).A mediados de 2007 resurgió el conflicto entre la empresa minera y sus trabajadores. Esta vez las demandas de quienes laboran en una de las mayores minas de cobre del mundo se centró en las deficiencias de las medidas de seguridad -algo natural tras la tragedia en febrero del 2006 en otra mina del GM: la de Pasta de Conchos. Pero la protesta fue, también o principalmente, parte de un conflicto mayor entre el gobierno actual y el GM por un lado y el sindicato minero nacional: el SNTMMSRM. Este último es el sindicato dirigido por el hijo de Napoleón Gómez Sada, líder que fue de ese gremio por 40 años y uno de los pilares del corporativismo priista.En enero del 2008, los mineros de Cananea y la policía -estatal y federal- volvieron a chocar pero la huelga se mantuvo. Hoy estamos a punto de entrar en un nuevo capítulo de tan desafortunado proceso. La empresa y el gobierno simplemente se proponen acabar con el contrato colectivo de trabajo por causa de "fuerza mayor", liquidar con el monto más bajo posible a los mil 200 obreros, deshacerse de 300 "rijosos", recuperar las instalaciones, recontratar y volver a abrir la mina, pero esta vez con un nuevo sindicato, uno más manejable que el viejo SNTMMSRM (al respecto, ver los argumentos de Arturo Alcalde en La Jornada, 25 de abril).Los académicosEl Colegio de Postgraduados nació hace medio siglo del seno de la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo. Su objetivo fue abrir una opción de postgrado para la agronomía con tres tareas propias de ese tipo de instituciones: investigación, docencia y vinculación con la comunidad. Hoy tiene siete campus donde laboran 600 profesores e investigadores de alto nivel, pero ese conjunto académico entró en huelga desde febrero.La agricultura mexicana debería ser una prioridad del gobierno -lo fue- pero hoy el campo mexicano está en ruinas o casi. El ejido dejó de ser una institución importante y con vitalidad. La capitalización y modernización de la agricultura desde hace tiempo no son prioridades oficiales, tampoco lo es la investigación científica en esa área (o en cualquier otra). La "revolución verde" que se dio en México a partir de 1943 con apoyo internacional ya es historia. Hoy Colpos da cobijo al mayor conjunto de investigadores en el área de las ciencias agrícolas en nuestro país. Hace tiempo -años- se prometió a los integrantes del Colpos homologar sus salarios con los de otra institución de excelencia afín: el Cinvestav del Instituto Politécnico. Esa promesa no se ha cumplido y es la causa principal de la huelga que se prolonga sin solución, pero no la única. Los huelguistas también demandan que quede claro cómo se han usado los dineros de un fideicomiso creado en el 2005 para manejar fondos externos producto de contratos entre el Colpos e instituciones o empresas que requieren de sus investigaciones.Sin una agricultura montada en la investigación de punta y con el uso de la tecnología adecuada, el campo mexicano continuará al margen de cualquier proyecto nacional digno de ese nombre y persistirá como lo que es hoy: una zona de miseria, proveedor ineficaz e insuficiente de la demanda, la parte más raquítica del mercado nacional y expulsor sistemático de mano de obra.Independientemente de qué tan bien o mal haya llevado a cabo su negociación, el maltrato al Colpos no puede dejar de verse como parte del desinterés del gobierno mexicano por la actividad científica. Mientras en Estados Unidos el presidente Barack Obama acaba de comprometer a su administración con una inversión en ciencia y tecnología equivalente al 3 por ciento del enorme PIB norteamericano, para así relanzar a su país como potencia científica -única manera de ganar el siglo XXI-, en México la ciencia y la tecnología en particular son áreas marginadas en las que se gasta menos del 0.4 por ciento de nuestro PIB. Si a la mala calidad de toda la educación elemental le añadimos ese descuido de las áreas de excelencia de la investigación científica, entonces ni esperanza de abandonar la mediocridad nacional en la que estamos envueltos.ConclusiónLos motivos de las primeras huelgas mexicanas hoy resultan entre escandalosos e increíbles. En 1865, en las fábricas textiles de San Ildefonso y La Colmena en el estado de México, estalló la primera huelga bien organizada en demanda de la reinstalación de despedidos y de la anulación de una rebaja salarial, y por una jornada de 14 horas para las mujeres y 15 para los hombres. La huelga fue reprimida y fracasó.Siglo y medio después, y en vísperas del centenario de la Revolución, ya no se debería volver a recorrer ese camino de escándalo y humillación para las organizaciones sindicales.

EBRAD Y LA EPIDEMIA

RAÚL CARRANCÁ Y RIVAS

Me refiero a la epidemia porcina que no a la política, pues ésta es casi endémica. Se ha dicho que el Jefe de Gobierno Marcelo Ebrard ha actuado, como siempre, tardía y pusilánimemente. No lo creo de ninguna manera. Yo no he visto en el país a otro funcionario de primer nivel actuar con la inteligencia, serenidad y objetividad con que lo hizo el pasado miércoles 29, sin la menor sombra siquiera de querer politizar el problema, en el canal 11 de televisión a las ocho de la mañana. A nadie le he oído decir con absoluta claridad, explicándoselo al pueblo, que el bien principal a proteger, a toda costa, es la vida y por supuesto la salud.; sobreentendiéndose que por encima de los intereses y bienes individuales o particulares. Sin declararlo con temor, oportunismo o alarmismo dio a entender la verdad: la Ciudad de México se halla en un verdadero estado de emergencia. Sobre tal presupuesto fue presentando su argumentación. Se están siguiendo, dijo, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en materia de epidemias, lo que es ciento por ciento verificable. Nos encontramos en alerta máxima pero las condiciones presentan un cuadro que tiende a la estabilidad; y si en los próximos días ello se confirma, pasaremos entonces a otra etapa que es nada más la de la alerta. Agregó que lamenta y comprende el descontento de los dueños de restoranes y de sus trabajadores, que por el momento no pueden prestar sus servicios, pero es indispensable la medida. En otros países que han vivido experiencias semejantes y donde no se han tomado medidas extremas, de alerta máxima, se ha lamentado no hacerlo. Finalmente anunció que el gobierno de la Ciudad de México iba a distribuir inmediatamente un manual relativo a las precauciones a tomar en los días subsecuentes. Ahora bien, tan malo es que se queme al santo como que no se lo alumbre, dice el refrán popular. Lo que pasa es que para lograrlo hay que tener una peculiar inteligencia. Se trata de la ley de la proporción, del término medio (arbitrio proporcionado que se toma o se sigue para salir de alguna duda, o para componer una discordia) que muchos confunden ignorantemente con la imprecisión. Ni chicha ni limonada. ¡No es así! El término medio es la cautela, la prudencia, la precaución. Lo más fácil para algunos, por ejemplo, ha sido ser alarmistas. Autoridades o no, han caído en esto. "Se dice que", "se comenta que", "leí que". ¡Absurdo! La difusión de los rumores es el peor peligro, y que conste que hay rumores devastadores. Son fuego incontrolable y que destruye todo a su paso. Lo terrible es que de pronto se vuelven chisme en la desgracia, en la tragedia. El chisme indispone al gobernado con el gobernante y rompe los vasos de comunicación entre el primero y el segundo, indispensables para superar o resolver una determinada situación. Y casi se me queda algo en el tintero a propósito del alarmismo, a saber, que lo suelen aprovechar dolosa y perversamente los políticos de baja estofa. En efecto, transforman en propaganda de partido, he allí el 5 de julio, el miedo y hasta el dolor. A veces tenemos los gobernados la sensación de que en el discurso oficial o semioficial hay un dejo de autoalabanza, de que se anuncia lo que se ha hecho o se va a hacer pero con el único y exclusivo fin de demostrar que se actúa, que se está presente. "Yo lo resolví", "yo tomé las medidas adecuadas a tiempo", etcétera. Ojala no haya sido o no sea así. Pero es imposible pasar por alto que al político, en términos generales, todo, absolutamente todo, le sirve para lograr lo que quiere políticamente hablando, y principalmente en épocas electorales. En consecuencia hay en él una tendencia innata a politizar lo que lo rodea, lo que vive y experimenta. Al margen de esto y más allá del espacio del hombre público hay en los gobernados, aunque no en cualquier clase de gobernados, una inclinación a no perder su sitio o su estatus. Me explico. Si el gobernante se extralimita el gobernado puede impugnar su acto de autoridad. No obstante hay ocasiones en que el gobernado no quiere ceder ni un ápice de sus derechos, prerrogativas o garantías, digamos que ante situaciones de extrema gravedad. El egoísmo del gobernado, a veces, es el anverso de la medalla del abuso del gobernante. Y en casos así, no hay duda, el interés general y social prevalece, debe prevalecer, sobre el individual o personal. Por eso es criticable la opinión del Secretario del Trabajo en el sentido de que cerrar establecimientos mercantiles no es necesario, refiriéndose obviamente al Distrito Federal y añadiendo que es respetuoso de lo que establezcan las autoridades locales. Y es criticable porque si efectivamente es respetuoso como él dice, para qué afirma entonces que cerrar establecimientos no es necesario. Me parece que en el señalamiento hay un "virus". En fin, cada quien con su estilo. Y el de Ebrard me ha satisfecho plenamente, lo que digo sin tapabocas.

LEY SOBRE LIBERTAD DE CULTOS

FERNANDO SERRANO MIGALLÓN

Para muchos, el siglo XIX es el tiempo de la anarquía, de las luchas fratricidas y de los más hondos desencuentros.
Es probable que ninguna época de nuestra historia cause tanto debate, aun hoy, como en el siglo XIX, enciende pasiones, decanta distancias y nos pone ante la imagen del país que soñamos y el que logramos. Para muchos, el XIX es el tiempo de la anarquía, de las luchas fratricidas y los más hondos desencuentros. Según otros, parte de una fundación, atormentadora, pero también el escenario para nuestros acuerdos más duraderos. Con los años, la bibliografía historiográfica de nuestro país ha preferido con mucho el análisis del siglo XX, sin embargo, es en torno a las guerras de Independencia y de Reforma, a las intervenciones extranjeras, que el imaginario colectivo ha sembrado mitos tendientes a explicar las diferencias y las tensiones de aquel tiempo histórico.
Sobre todo, en torno a la Reforma liberal, hemos construido tanto los monumentos más férreos de nuestro pensamiento como las más sórdidas leyendas negras. Se trata de un tiempo que se toca con una extrema delicadeza, como quien teme despertar fantasmas y demonios, porque si bien a partir del movimiento juarista alcanzamos identidad constitucional, jurídica y estatal, también hay aspectos que no alcanzamos a solventar, a liquidar como problemas y nos da miedo enfrentar y finiquitar para siempre.
Uno es la relación con las iglesias y, más claro, con la hegemónica en nuestro país. En el fondo, la Reforma liberal puso un límite a la influencia de esa institución y muchos mexicanos perdieron la vida, pero, al final, una norma jurídica estableció la igualdad ciudadana, más allá dogmas, prejuicios y chantajes; sin embargo, a mediados del XX, Martín Luis Guzmán decidió publicar Necesidad de cumplir las Leyes de Reforma y, ahora, en el XXI, una institución se resiste a abandonar la política, medra con la oportunidad que le da algún político y vive sorda y ciega a los escándalos sexuales de sus ministros, sus delitos y su impunidad. No extraña, pues, la leyenda negra en torno a Juárez y la Reforma. Es un lugar común afirmar que Juárez era enemigo de las religiones y aspiraba a un México ateo. Algo así de superficial sólo puede ahondar los desencuentros; en realidad, si algo identifica a la Reforma es su ansia de lograr un espacio político donde la tolerancia fuera posible sin poner en peligro la unidad política y la supervivencia de la patria.
En 1860, Juárez, presidente interino constitucional, promulgó quizá la más importante de las Leyes de Reforma, la de Libertad de Cultos. Si con todas las promulgadas en 1859, el gobierno liberal había establecido un espacio laico para la legalidad como norma de convivencia, al disolver la amenaza del Estado dentro del Estado, con esa ley se abrió el camino para la tolerancia y la convivencia al separar lo público de lo privado.
En la evolución política de toda sociedad, esa separación entraña la maduración de la convivencia; deja al imperio de lo personal, en que el hombre es soberano sobre sí mismo, e implica respetar el otro ámbito, donde se comparten espacios, derechos y obligaciones, y eso fue el mayor logro de esa norma.
En su breve texto, establecía el derecho a la protección del Estado para el culto católico o cualquiera otro.De hecho, será en esa década cuando las primeras comunidades judías llegan al país, las convicciones protestantes también se establecieran en México y algunos de sus miembros pudieron salir de la clandestinidad, pues se rompió el monopolio del culto. Juárez afirmaba que la creencia religiosa y su práctica son manifestaciones de un derecho natural del hombre sinmás límites que los derechos de terceros y las exigencias del orden público. Al reducir a la Iglesia católica a ser una más de todas las posibles, se abrió una época dorada para la libertad individual y un momento de particular respeto entre el orden material y el espiritual.
Cuando maduremos más eso, podremos ver en Juárez y los de la Reforma, no a enemigos de una creencia, sino a portadores de la fe en el desarrollo de las personas, sus libertades y su capacidad de convivencia. Una lección que hoy debemos recordar.

ABONO PARA EL GOLPISMO

JOHN M. ACKERMAN

La iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Nacional que Felipe Calderón presentó ante el Senado la semana pasada prepara el terreno nada menos que para un eventual golpe de Estado. No contento con haber violado la Constitución al poner a las Fuerzas Armadas a cargo de labores de seguridad pública e imponer, de facto, un estado de excepción a lo largo del país, hoy el jefe del Ejecutivo busca legalizar estas prácticas y arrogarse poderes discrecionales para, de forma unilateral, suspender a su antojo las garantías básicas de los ciudadanos. La médula de nuestro sistema democrático está en riesgo.La iniciativa busca dotar al Consejo de Seguridad Nacional, una instancia conformada exclusivamente por subordinados de Calderón, con la facultad de declarar formalmente la existencia de “una afectación a la seguridad interior”. Con un pronunciamiento de esta naturaleza las Fuerzas Armadas podrían intervenir en una amplia diversidad de ámbitos de la vida pública, lo cual también implicaría la suspensión de garantías básicas como la libertad de expresión, de asociación y de libre tránsito, y hasta de nuestro derecho al debido proceso. Las modificaciones a la ley también permitirían la intervención indiscriminada de las comunicaciones privadas por parte del Poder Ejecutivo con el fin de asegurar la “seguridad” y la “paz” nacional. En la actualidad, el artículo 29 de la Constitución permite la declaración temporal de un estado de excepción únicamente frente a casos de “perturbación grave de la paz pública” y en todo momento con el aval del Poder Legislativo. Al obligar al Ejecutivo a recibir autorización de los senadores y diputados se asegura que el presidente no tome a la ligera la eventual suspensión de nuestros derechos.Sin embargo, hoy mismo ya existe un estado de excepción de facto en Ciudad Juárez y otros sitios que viola de manera cotidiana los derechos fundamentales de la población sin que el Congreso de la Unión lo haya autorizado en ningún momento. Un ejemplo destacado de esta situación son los retenes establecidos a lo largo y ancho del país, que violan abiertamente los artículos 11 y 16 de la Carta Magna. El artículo 11 protege el derecho al libre tránsito y señala que “todo hombre (sic) tiene derecho para… viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes”. El artículo 16 indica que “nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”.De acuerdo con nuestra ley fundamental, Calderón estaría obligado a regresar las Fuerzas Armadas a sus cuarteles, o bien a solicitar una autorización formal al Congreso de la Unión para mantener estas ilegales e ilegítimas prácticas. Esto ya ha sido señalado en numerosas ocasiones por juristas de la talla del doctor Diego Valadés. Pero en lugar de escoger una de estas dos opciones, Calderón busca la salida fácil de presentar una iniciativa orientada a “normalizar” tan ominosas prácticas anticonstitucionales sin tener que recurrir al procedimiento establecido en el artículo 29 de la Carta Magna. La propuesta también busca legalizar la práctica anticonstitucional de encargar la seguridad pública a las fuerzas militares. El artículo 129 señala tajantemente que “en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”. Es cierto que existen otros artículos de la Constitución (el 89, por ejemplo) que abren la puerta para la eventual participación de las Fuerzas Armadas en actividades de auxilio a las autoridades civiles, por ejemplo en el caso de desastres naturales, actividades de reforestación o el resguardo de instalaciones de Petróleos Mexicanos. Sin embargo, el artículo 129 prohíbe de manera tajante que las Fuerzas Armadas suplan o tomen el lugar de las autoridades civiles. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha sido muy clara al respecto y con mucha razón. De lo contrario, se empezarían a desmoronar los pilares mismos de nuestro sistema democrático al permitir que una autoridad civil pueda ser desplazada por una autoridad castrense.En la exposición de motivos de su iniciativa, Calderón cita de manera engañosa una jurisprudencia de la SCJN en la materia (Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Su participación en auxilio de las autoridades civiles es constitucional –interpretación del artículo 129 de la Constitución– Tesis de Jurisprudencia 38/2000). De acuerdo con el titular del Ejecutivo, esta tesis permitiría que las fuerzas militares se encargaran de labores de seguridad pública. Sin embargo, una lectura cuidadosa tanto del texto de la jurisprudencia como de la ejecutoria revela que la Corte únicamente permite el auxilio de las autoridades civiles por los militares, nunca su sustitución.La iniciativa de reformas a la Ley de Seguridad Nacional de Felipe Calderón es a todas luces desproporcionada y emula de forma lamentable a George W. Bush en su “guerra contra el terrorismo”. Con el pretexto de combatir al narcotráfico y garantizar la seguridad pública, Calderón busca adjudicarse cada día mayores facultades unilaterales y discrecionales, así como debilitar al Congreso de la Unión para coronar su sueño de una presidencia dictatorial. Habría que hacer un enérgico llamado a nuestros representantes populares para que detengan a tiempo este torpe intento de minar los cimientos del estado de derecho y el sistema democrático en el país.

miércoles, 29 de abril de 2009

DESVERGONZADOS

SERGIO AGUAYO QUESADA

Me refiero a los diputados que reformaron, el jueves 23 de abril, el artículo 17 constitucional que deja a los consumidores a merced de los empresarios abusivos. Es una agresión monumental.Es común que la agresión a un consumidor forme parte de un patrón generalizado. Hace poco, Telcel incluyó en su factura un cobro por 173.91 pesos de una fianza anual que sirve, según explicaron telefónicamente, para protegerse por si "dejaba de pagar". Una excusa ridícula porque el cargo lo hacen a partir del segundo año de contrato, cuando mi historial crediticio ya fue establecido. Para justificarse invocan la cláusula 13 del contrato aprobado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). Si uno multiplica ese cargo abusivo se entiende que Carlos Slim esté entre los más ricos del mundo.Vivir en México supone preguntarse cuándo y cómo defenderse. En otras ocasiones he demandado a empresas abusivas pero el placer de las victorias es efímero porque el éxito individual ni siquiera rasguña al entramado de empresas abusivas, gobiernos timoratos, funcionarios corruptos y diputados despreocupados. Así pues, pagué la fianza sintiéndome impotente y agredido. Confiaba en que finalmente tendríamos las acciones colectivas que ya funcionan en Colombia, España y Estados Unidos.Las acciones colectivas permiten a una persona u organización entablar una acción jurídica que, en caso de ser ganada, beneficia a todo un colectivo. En febrero del 2008 el senador priista Jesús Murillo Karam y el diputado perredista Juan Guerra Ochoa presentaron una iniciativa de reforma constitucional que permitiría a los organismos civiles realizar este tipo de acciones. En la formulación de aquel documento participaron especialistas como Alberto Benítez (profesor del Tec) y organismos civiles como Al Consumidor.Se opusieron a la iniciativa la Coparmex y el Consejo Coordinador Empresarial. Obtuvieron el respaldo del gobierno federal y del Partido Acción Nacional, quienes reelaboraron la propuesta y negociaron con las fracciones de los otros partidos para aprobar esa reforma constitucional que mantiene en la esclavitud a los consumidores. Pasó desapercibida la decisión porque se adoptó cuando iniciaba la emergencia sanitaria.Es una ley negativa porque prohíbe a los organismos civiles iniciar una acción de este tipo. Sólo podrán hacerlo tres organismos federales: la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef), la ya mencionada Profeco y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). Es decir, nos encargan con instituciones que, salvo excepciones muy contadas, se comportan como monaguillos de las grandes empresas. Un caso extremo es el de Luis Pazos (titular de la Condusef), quien sigue predicando como apóstol de las instituciones financieras que nos exprimen con sus comisiones y sus intereses.La legislación aprobada por los diputados también concede a la Federación el monopolio sobre estos temas porque prohíbe a los estados y al Distrito Federal legislar sobre la materia. Esa parte de la reforma la hicieron pensando en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en donde, con el impulso del asambleísta Xiuh Tenorio de Nueva Alianza, está cocinándose una ley que sí toma en cuenta a los organismos civiles y a los consumidores. Si en el DF se aprobara una legislación de este tipo se aplicaría como la vanguardia en la aplicación de reformas pensadas en el interés general. Tendría, además, un impacto enorme por el peso de la capital en la economía nacional y porque en el DF se concentra un alto porcentaje de los organismos civiles que tiene el país.Lo que sucedió en la Cámara de Diputados es una repetición de lo acontecido en diciembre del 2005, cuando en siete minutos los legisladores aprobaron por unanimidad la Ley Televisa que luego fue aprobada, en medio de un escándalo, por los senadores. La batalla continuó cuando 47 miembros de la Cámara Alta se fueron a la Suprema Corte que ordenó se reescribiera la ley lo que hasta la fecha sigue sin hacerse.La emergencia sanitaria impide saber en qué terminará este nuevo atraco contra la ciudadanía. Dependerá de lo que suceda en el Senado en donde veremos si el priista Jesús Murillo Karam o alguna fracción se decide a defender a los consumidores. Ojalá y así sea porque si los partidos son incapaces de defendernos, pues que al menos nos den los resquicios jurídicos en donde los ciudadanos podamos enfrentarnos a quienes nos saquean. Si no ayudan, háganse a un lado.La MisceláneaUna excelente noticia ha sido el desmantelamiento, por las autoridades capitalinas, de una red de pornografía infantil en la cual participaba, ¡válgame Dios!, un sacerdote. Quienes coordinaron la sofisticada investigación son el subprocurador de la Procuraduría capitalina Luis Genaro Vázquez y el fiscal de la delegación Cuauhtémoc, Enrique Priego Chávez. Felicidades.

EMERGENCIA Y ELECCIONES

JORGE ALCOCER

En el microcírculo familiar y social, que constituye mi personal grupo de enfoque, la generalizada percepción es que las autoridades están exagerando, con fines publicitarios que buscan rendimientos electorales, los efectos de la epidemia que ha semiparalizado el Valle de México y, hasta donde alcanza la información, San Luis Potosí. De mi parte, manifiesto el beneficio de la duda a las acciones decididas hasta el día de hoy; me baso en un hecho: la preocupación manifiesta y las medidas que han adoptado otros gobiernos y la OMS.Declarado lo anterior, sumo mi voz a la de quienes piden claridad en la información, datos verídicos y acciones que tengan relación directa con la gravedad de la situación, única forma de vacunar a la sociedad contra los rumores y chismes que circulan con mayor velocidad que el ya famoso virus de la influenza porcina.Escucho sobre lo aparentemente inútil que resulta utilizar cubrebocas en todo lugar y tiempo, dando lugar a situaciones que solamente sirven para ilustrar las páginas de los diarios y los noticieros de televisión, mientras que miles de personas acuden a las farmacias para comprar ese material, sin encontrarlo.Ayer tenía previsto participar en un encuentro electoral en Guadalajara, pero la tarde del domingo el evento fue cancelado, a solicitud -se me informó- de las autoridades de salud de Jalisco. En el IFE fueron cancelados los dos debates entre partidos políticos previstos para esta semana, mientras que el consejero presidente, Leonardo Valdés, hizo un llamado para que se suspendan los actos masivos de inicio de campaña del próximo domingo, sin diferenciar ámbito territorial. El PAN suspendió la asistencia de sus dirigentes al acto de solicitud de registro, realizado antier ante el propio IFE.El jueves concluye el plazo de registro de candidatos, cabe suponer que igualmente serán suspendidos actos masivos en la sede del IFE en el DF; pero queda la pregunta sobre las sesiones que, obligadamente, deben celebrar los 300 consejos distritales, los 32 locales y el Consejo General, a más tardar el 2 de mayo. ¿Serán sesiones a puerta cerrada, sin público? La suspensión de clases, en todos los niveles, fue ordenada para todo el país, hasta el 6 de mayo; ¿la petición de no realizar actos masivos de campaña abarcará hasta la misma fecha?El IFE se encuentra en febril actividad para capacitar a los miles de ciudadanos seleccionados para integrar las mesas directivas de casilla; ¿se suspenden los cursos de capacitación? Se ha informado que la Secretaría de Salud requirió del IFE tiempo en radio y televisión para difundir mensajes de alerta y prevención ante la emergencia, lo que fue atendido de inmediato. ¿Cómo afectará esa medida el uso de tiempo por los partidos y candidatos a partir del 3 de mayo?Esperemos que las medidas de las autoridades sanitarias den resultado y que la emergencia sea superada en el más corto plazo, pero la información es contradictoria. La jornada electoral está a 68 días de distancia, tiempo que se antoja suficiente para que la normalidad haya vuelto a la vida diaria en México. Pero dejemos un resquicio para suponer que la emergencia se prolonga y afecta el periodo de campaña electoral más allá del 5 de mayo. Sin alarmismo, lo mejor será que el IFE cuente con un plan para hacer frente a tal contingencia, que asegure, hasta donde eso es posible, la realización de la jornada electoral del 5 de julio en tiempo y forma. Todos esperamos que no sea necesario, pero vale más prevenir que improvisar.No menos importante serán los pronunciamientos y mensajes que partidos y candidatos emitan ante la emergencia. La responsabilidad es principio que a todos cabe exigir. La epidemia no debe ser utilizada con fines partidistas ni electorales, tampoco para exigir respaldos incondicionales al gobierno federal, ni a los estatales. El Congreso de la Unión es un ámbito adecuado para analizar y evaluar las medidas adoptadas y contribuir a la tranquilidad social.

martes, 28 de abril de 2009

ANDRÉS HENESTROSA

HERMILIO LÓPEZ-BASSOLS

La Comisión de Asuntos Indígenas de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados acaba de celebrar un acto en honor de Don Andrés Henestrosa, develando luego una placa alusiva. Nada más justo que honrar la memoria de este ilustre oaxaqueño (Ixhuatán-1906) que vivió a plenitud un siglo, un mes y once días. Pocos mexicanos han dejado un legado tan rico de su multifacética personalidad: narrador, ensayista, historiador, bibliófilo, periodista, filólogo, poeta, compositor, político, maestro, pero ante todo un ser profundamente humano, comprometido con su identidad indígena, alegre, dicharachero, cuentista, bebedor, generoso con las mujeres y con sus amigos, cantante de sus propias y hermosas canciones del istmo.Marchóse de su nativa Oaxaca a los 16 años a la capital con la enorme esperanza de ser "un ser distinto de aquel que un 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, bajó en la estación de Buenavista con escaso pan, sin techo, sin abrigo". ¡¡¡¡Y lo fue!!!!Como brillantemente lo señalara Miguel Ángel Porrúa -orador principal en la ceremonia-: "En su quehacer, se advierte la mirada de su pueblo, a veces india y a veces blanca o mestiza, porque habló de la mitología que conoció; de sus profundos arraigos y expresó la visión de un autor que creció desde su origen y cabalgó, con el dominio del más diestro jinete, en los lomos del castellano. Así, manifestó el espíritu de toda una época que contó, a viejos y nuevos lectores, las mil y un razones por las que leer es un tremendo gozo y una explicación perpetua..... Yo, soy los libros que he leído", decía con frecuencia. Qué verdad más absoluta para todos los devotos del más asombroso invento humano.Ávido lector de nuestra lengua, publicó su primera obra "Los hombres que disperso la danza", que le fue reconocida por Antonio Caso y Luis Cardoza y Aragón (fábulas indígenas, misteriosas y sutiles se marinaron con los apólogos y los enxiemplos castellanos; fue como si el río de la imaginación ibérica se vaciara en el río de la imaginación zapoteca"..... "Pueblo y hombre mezclan sus edades -ayer, hoy y mañana- se reconocen mutuamente y se reconcilian en su sangre, donde las flores, los animales, los hombres, las aves, todos aprendieron español"; justificado entonces que en 1964, llegó a ser miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua. Henestrosa no podía eludir a su coterráneo, es en "Benito Juárez, flor y látigo", "Por los caminos de Juárez'', donde con un lenguaje sencillo, ameno, propio del principiante en nuestras lecturas pero también del experto, narra varios episodios del también zapoteca. Elogio merecido al inmortal Presidente, ambos se iniciaron en el español casi a la misma edad y luego Juárez aprendió francés, latín y griego y..... política como ninguno en el XIX.Un poeta nicaragüense lo compara con Antonio Mediz Bolio y Miguel Ángel Asturias; no coincido plenamente, el yucateco plasmó principalmente una gran poesía: "Mater Admirabilis" y su novela "La Tierra del Faisán y del Venado"; el guatemalteco llegó a las alturas de un Nobel de Literatura con sus "Leyendas de Guatemala" y "Señor Presidente". Nuestro amigo editor y librero, continuó refiriéndose al más íntimo de sus amigos: "Los eruditos probarán esto y aquello, dudarán o negarán tal o cual cosa, pero la verdad del poema sigue viva, por encima de las comprobaciones y de los reales y o imaginarios sucesos. Henestrosa soldó, autógenamente, con materia de poesía zapoteca, las piezas que encontró en sus estudios filológicos o históricos, en su sangre y en los recuerdos de su infancia, así como los que provocaron esos recuerdos en su adulto corazón." Quede como último testimonio de este homenaje a este personaje excepcional, unas líneas que le dedicó a su madre Martina Man, que ayer se oyeron en la Cámara del Pueblo, luego de marimbas, voces y bailes:Todas las noches al cielome pongo yo a contemplar,para ver si entre las estrellastus ojitos veo brillar.Todo, todo me pedisteaquella noche fatal;la prenda de tus cabellosy otros recuerdos más.No importa, no quiero prendaspara poderte yo amar,qué prenda más que tus ojosen mi mente grabada está.No llores, prenda querida, no llores, no sufras más;las ilusiones son humoy como el humo se van."

RAZONES PARA APLAUDIR AL ARZOBISPO

DENISE DRESSER

Hace unos días, el arzobispo de Durango, Héctor González Martínez, hizo una declaración que sacudió al país: “Más adelante de (el municipio de) Guanaceví, por ahí está ‘El Chapo’, por ahí vive, todos lo sabemos, menos la autoridad”. Su sorprendente honestidad ha producido reacciones diversas. En Durango sus palabras fueron censuradas y en el estado se prohibió la circulación de los diarios nacionales que habían cubierto el tema, mientras que las televisoras rehusaron tocar el tema. El secretario de Gobernación pidió que la Iglesia actuara de manera más discreta y usara otros canales. La Procuraduría General del la República fustigó al prelado por airear el tema públicamente y exigió que, en lugar de ello, hiciera la denuncia correspondiente a través de los canales institucionales. Quizás amedrentado por los regaños recibidos, el arzobispo ha intentado retirarse del escrutinio público y sin duda ya se le ha advertido que no vuelva a hacer lo que hizo. Pero hay mucho de aplaudible, de refrescante, de esperanzador en su conducta y vale la pena subrayar por qué.
1) Al colocar los reflectores sobre una realidad ampliamente conocida, el arzobispo empuña algo que Martin Luther King llamó “coraje moral” (moral courage); el valor de llamar a las cosas por su nombre y decirlas sin cortapisas. El valor de denunciar algo cuando pocos —por temor o complicidad— se atreven a hacerlo. Con demasiada frecuencia la Iglesia ha guardado silencio sobre temas controvertidos y ha cerrado los ojos ante abusos que debió criticar. El comportamiento del arzobispo es señal de que aún dentro de una estructura tan jerárquica, tan anquilosada y tan desvinculada de la vida cotidiana como lo es la élite de la iglesia mexicana, todavía hay quienes entienden la tarea que les toca.
2) Las declaraciones del Arzobispo pueden llevar a centrar la atención en donde tiene que estar: la colusión entre las autoridades políticas y las bandas criminales; la complicidad entre funcionarios y narcotraficantes. De no existir esa relación de protección constante e información compartida, ¿cómo entender que el gobierno estatal haya censurado la información con respecto al paradero de “El Chapo”? ¿Cómo entender que si todos los feligreses de la zona sabían dónde vivía, la policía estatal no estuviera al tanto? ¿Cómo entender la evidente libertad con la cual actúa y se mueve uno de los hombres más buscados del mundo? Lo que ha hecho el arzobispo González Martínez es poner el dedo sobre una llaga abierta que el gobierno mexicano no ha sabido cómo cerrar ni cómo curar. El Estado mexicano ha sido infiltrado por las fuerzas que dice combatir.
3) Sus declaraciones quizás sirvan de ejemplo para que otros líderes eclesiásticos y sociales revelen lo que saben sobre la actuación del narcotráfico en su localidad. Raúl Vera, el obispo de Saltillo también ha subido a la palestra y sacudido la situación al declarar: “Se tiene que empezar a investigar y meter a la cárcel a gobernadores, presidentes municipales, porque muchos están coludidos con el crimen, y las ejecuciones demuestran que el Estado no nos está dando garantía de vida a ningún ciudadano”. Tiene razón: la estrategia gubernamental contra el narcotráfico está destinada al fracaso si no incluye el desmantelamiento de las redes de protección política que le ofrecen cobertura.
4) Las revelaciones del obispo deberían llevar —de inmediato— a una investigación sobre la recolección de los periódicos nacionales en Durango que reportaban esa información. Y la misma indagación debe hacerse en torno a las televisoras locales que rehusaron reportar el incidente. ¿De dónde vinieron las órdenes de censurar la información y por qué? ¿A quién beneficia el ocultamiento, quién lo llevó a cabo? El gobernador de Durango ha guardado silencio sobre el tema, cuando debería ser el primer personaje en salir a la opinion pública, responder cuestionamientos, prometer investigaciones y pararse del lado del esclarecimiento. Su conducta evasiva hasta el momento tan sólo sugiere que tiene algo que ocultar.
5) Las palabras del obispo González Martínez confirman lo que es sabido pero que el gobierno no sabe cómo confrontar: la base social del narcotráfico a lo largo del país. “El Chapo” logra vivir en Durango gracias a la protección de una población que por miedo o por mantener su fuente de empleo no lo denuncia, no lo acusa, no envía información sobre sus ires y venires a la autoridad correspondiente. México se ha vuelto un país donde el narcotráfico paga a personas para que alerten sobre los movimientos del Ejército. Donde taxistas y comerciantes y sexo-servidoras se vuelven informantes. Donde trabajar al servicio de los sicarios se vuelve opción de vida para tantos. Donde el gobierno encuentra cómplices criminales en vez de aliados en la sociedad.
6) El hecho de que los feligreses del obispo le hayan confiado información sobre el paradero de “El Chapo” revela algo importante y preocupante. La población no confía en el gobierno; no se siente protegida por la autoridad; no acude a la policía o al Ministerio Público o a la presidencia municipal para denunciar un crimen o las actividades de un criminal. Y no se comporta así por la incapacidad gubernamental para hacer del Estado de Derecho una realidad en vez de una simple aspiración retórica. El gobierno de México se ha ganado la desconfianza a pulso. Como lo revela la Primera Encuesta Nacional Sobre la Discordia entre los Mexicanos publicada por la revista Nexos, los mexicanos reprueban a su clase política en rubro tras rubro. Ante políticos fracasados, no sorprende el surgimiento de tantos ciudadanos desencantados.
7) Ojalá que la toma de posición del Obispo duranguense sirviera como una severa llamada de atención a las autoridades, por lo mucho que pone en evidencia. En localidad, estado tras estado, hay millones de mexicanos que tiene una relación ambigua con la ley, con el gobierno, con la política, con la participación, con el espacio público. Prefieren susurrar en el oído de un obispo que levantar una denuncia ante un Ministerio Público. Prefieren desplegar su frustración ante la Iglesia que ante el Estado. Y el narcotráfico se nutre de esa desconfianza. Llena esos vacíos. Franquea esa brecha entre el ciudadano y quien dice representarlo pero no lo hace en realidad. Permite que capos como “El Cede” —vinculado con “La Familia” michoacana y recién capturado— mezclen el narcotráfico con la promoción de una doctrina basada en “valores y principios éticos”. Esa es la realidad que el obispo de Durango expone: gobiernos incompetentes o coludidos, ciudadanos cómplices o atemorizados, y narcotraficantes que se aprovechan de ambos.

ANTECEDENTES DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL

CARLOS ARELLANO GARCÍA

Es de enorme trascendencia el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues establece el valor jerárquico de las normas jurídicas en el país y también permite conocer la postura de la Ley Fundamental cuando surge el problema de esclarecer qué norma debe prevalecer cuando hay contradicción entre lo establecido en una disposición constitucional frente a lo previsto en un tratado internacional.No es sencillo dar una respuesta terminante a ese problema de contradicción entre la Constitución y el tratado, dado que se trata de una cuestión muy compleja, opinable y respecto de la cual se confrontan intereses nacionales e internacionales.En esa virtud, conviene voltear la mirada hacia los antecedentes de ese artículo 133 constitucional y, sobre ese particular, establecía el artículo 126 de la Constitución Política de la República Mexicana, sancionada por el Congreso General Constituyente el 5 de febrero de 1857: "Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados hechos y que se hicieren por el Presidente de la República, con aprobación del Congreso, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que puede haber en las constituciones o leyes de los Estados."El mismo texto transcrito del artículo 126 de la Constitución de 1957 fue el texto original aprobado en la Constitución de 1917, sin el más mínimo cambio. Fue bajo el Gobierno de Abelardo L. Rodríguez, presidente de México, y, según publicación en Diario Oficial de 18 de enero de 1934, cuando se reformó el precepto constitucional, para establecer, lo que todavía se encuentra vigente y que se reproduce a continuación: "Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados." Como se observa claramente de la comparación entre el texto original y el texto reformado, hoy vigente, se realizaron, con las reformas del artículo 133, tres cambios: 1. Al referirse a los tratados internacionales se mencionaba la frase: "hechos y que se hicieren", en el texto original. En la reforma se mencionaron los vocablos: "celebrados y que se celebren." Esta fue una cuestión formal que implicó cierta mejoría. 2. Respecto de tratados se enfatizó que, los tratados internacionales deben estar de acuerdo con la Constitución. Esta exigencia marcó, en mayor medida, la supremacía constitucional. 3. Se trasladó la aprobación de los tratados del Congreso de la Unión al Senado.En lo que hace a antecedentes del artículo 133 constitucional, se ha señalado que el artículo 133 se inspiró en el artículo VI, inciso 2, de la Constitución de los Estados Unidos de América de 1787, precepto que determina: "Esta Constitución, y las leyes de los Estados Unidos que se expidan con arreglo a ella, y todos los tratados celebrados y que se celebren bajo la autoridad de los Estados Unidos, serán la suprema ley del país y los jueces de cada Estado estarán obligados a observarlos, a pesar de cualquier cosa en contrario que se encuentre en la Constitución o leyes de cualquier Estado." El significado interpretativo, basado en los antecedentes examinados, del artículo 133 constitucional, será útil para enfrentar la contradicción entre Constitución y tratados.

ACCIONES COLECTIVAS, PROPÓSITO DENEGADO

JAVIER CORRAL JURADO
El pasado jueves 23 de abril, por 295 votos a favor y ninguno en contra, ni abstención alguna, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales que reforma el artículo 17 de la Constitución para incorporar, presumiblemente, las acciones colectivas.
Basada en las iniciativas que el 19 de abril de 2007 presentó la diputada María del Pilar Ortega Martínez del PAN, y la que el 5 de febrero de 2008 propuso el diputado Juan N. Guerra del PRD, a simple vista la enmienda constitucional parece en efecto un avance en uno de los temas que ha cobrado fuerza en los últimos tiempos, como parte de lo que se ha dado en llamar los derechos humanos de tercera generación; pero las unanimidades al calor de la prisa en el ocaso de una Legislatura aconsejan tener cuidado con lo que se presenta como regalo al interés público o “paso inicial”.
Tras una revisión a detalle que recupere lo planteado en las iniciativas que dieron origen a la reforma, y más aún, en el sentido y propósito con que las promovieron y argumentaron organizaciones sociales, en cuyo empeño se destacó la asociación civil Al Consumidor, se puede concluir que en el tramo final de dos años de discusión se decidió cercenar —bajo extraordinarias presiones de los bancos— la parte medular que pretenden las acciones colectivas relacionadas con la defensa del consumidor, del medio ambiente y los servicios financieros: el acceso a la justicia colectiva, de manera pronta, imparcial y expedita.
No serán los ciudadanos directamente, ni las organizaciones que se han formado para la solidaridad social, las que puedan ejercer la acción colectiva, sino la esfera gubernamental, a través de la Procuraduría Federal del Consumidor, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Comisión Nacional para la protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.
Ese cambio de última hora no ha podido ser ocultado ni en la exposición de motivos: “Posterior a un proceso de negociación y de acuerdos, los integrantes de esta comisión decidimos proponer la siguiente redacción para la protección de los intereses colectivos: ‘Las leyes que expida el Congreso regularán los derechos colectivos, los cuales sólo podrán establecerse en materia de protección al consumidor, usuarios de servicios financieros y protección al ambiente. Estos derechos podrán ser ejercidos por los órganos federales del Estado competentes en estas materias, por sí o a petición de los interesados. Dichas leyes determinarán las acciones y procedimientos judiciales para tutelarlos. Los jueces federales conocerán de manera exclusiva sobre estos juicios’”.
“Si en 15 años Profeco no ejercitó ninguna acción colectiva y Profepa no hace caso a denuncia alguna de tala de árboles, y Condusef, desde hace un año, sostiene que hay que proteger a los bancos para evitar un colapso financiero nacional, imagínense en manos de quiénes estamos confiando la defensa de derechos humanos de tercera generación”, cuenta en un e-mail que circula por la red Adriana Labardini, una de las más convencidas impulsoras de este instrumento. Tiene razón.
La reforma resulta contraproducente y el mensaje es brutal: los ciudadanos que se acercan, participan y deliberan en las cámaras del Congreso pueden salir perjudicados por andar proponiendo cosas que busquen someter al orden a los poderes fácticos y los intereses particulares en México. Fueron a reivindicar en la Constitución un derecho social de acceso a la justicia colectiva, y pueden salir trasquilados por la sencilla razón de que en este momento las entidades federativas pueden legislar en su régimen interno esa figura, pero bajo el actual esquema propuesto en el reformado artículo 17 constitucional ya existe una restricción al ejercicio de ese derecho.
Esta acción refleja la lejanía, la enorme distancia que la política partidista tiene con relación a los intereses ciudadanos. Simplemente una negación de la realidad y la evolución que en el mundo tiene el componente de la sociedad civil en la estructuración del Estado moderno.
Para los diputados que votaron esa minuta parece sólo haber gobierno y mercado en la gestión del bien común, o como componentes estatales. Cuando la tendencia en el mundo es fincarse directamente en el esfuerzo de las organizaciones sociales civiles, y que sean los propios ciudadanos los que realicen y operen los más diversos programas, realicen las gestiones y administren la mayor parte de los recursos públicos.
Acabo de escucharle a Rubén Aguilar, en una estupenda conferencia sobre comunicación gubernamental, un dato comparativo entre EU y México que define con crudeza no sólo nuestro déficit de ciudadanía, sino el retraso en materia de visión social de una buena parte de la clase política: mientras en la nación vecina funcionan 2.5 millones de organizaciones de la sociedad civil, aquí apenas llegamos a las 20 mil. Sumemos ahora el despropósito que aquí ni siquiera se les ha podido reconocer el ejercicio directo de las acciones colectivas. Pésimo mensaje en tiempos de influenza.

CANANEA

ARNALDO CÓRDOVA

Las instituciones del derecho del trabajo que se expandieron por el mundo en el siglo XX, que la Revolución Mexicana adoptó, adaptó y consagró en su Constitución y que luego florecieron en el derecho internacional, pasando a formar parte esencial del conjunto de los derechos humanos, a decir verdad, nunca han funcionado plenamente en nuestro país, ni con la eficacia que era deseable. Derechos como el de la libre contratación, el de huelga, el de asociación libre y voluntaria, el del salario remunerador y suficiente, el tiempo máximo de trabajo al día, una seguridad social que proporcione oportunamente servicios de salud, educación y vivienda digna, así como un sistema de justicia imparcial y equitativo, amén de muchos otros, la mayoría de las veces han sido una entelequia.
En los tiempos que corren hay, además, signos ominosos que nos muestran que esas instituciones que hicieron entrar a México en el mundo moderno andan moribundas o son ya cadáveres insepultos. Los gobiernos priístas y sus antecesores revolucionarios, con la luminosa excepción del de Cárdenas, jamás se distinguieron por proteger las relaciones del trabajo, y en ello ni los empresarios, especialmente los pequeños y medianos, se escaparon. Los gobernantes panistas, por su modo de actuar, si no es que incluso por sus palabras, nos vienen demostrando que, para ellos, el mejor derecho del trabajo es el que no existe. Los hechos de Cananea en los dos años recientes lo muestran sin ningún género de duda.
El 30 de julio de 2007 los mineros declararon la huelga por violaciones graves al contrato colectivo de trabajo. La empresa de Germán Larrea, Grupo México, obtuvo sin problemas y en cuatro ocasiones laudos consecutivos de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje declarando inexistente la huelga y en otras tantas la justicia federal amparó a los trabajadores. El 5 de marzo de este año la empresa obtuvo de la Secretaría de Economía una inspección amañada para verificar las condiciones de las instalaciones de la mina. Se hizo en un lugar donde sólo había maquinaria de desecho y basura industrial y los alcahuetes de Economía certificaron que la mina no estaba en condiciones de seguir operando.
En un solo día, el 20 de marzo, la Secretaría de Economía produjo una resolución asentando el resultado de la inspección, notificó a la empresa de la misma y ésta presentó una demanda ante la Junta que fue admitida y, a la vez, se fijó audiencia para el 14 de abril. Pasada la medianoche de este día, la Junta declaró la terminación de la relación laboral. Pocos días después, al interponer una demanda de amparo, el sindicato minero obtuvo la suspensión del acto reclamado y la huelga sigue su curso. Al mismo tiempo, los mineros dieron demostraciones a la prensa que quiso asistir de que la maquinaria y las instalaciones de la mina estaban en perfectas condiciones de funcionamiento y que la “inspección” era una farsa.
Lo que deberá tenerse siempre en cuenta es que la continua agresión a los mineros de Cananea implica, abiertamente, la conculcación en los hechos de las instituciones del derecho del trabajo. La “causal” que la Junta admitió sobre la base de la inspección de Economía no entra, como lo ha hecho ver Néstor de Buen, en los supuestos que se establecen en el artículo 469 de la Ley Federal del Trabajo para levantar una huelga: acuerdo entre las partes; aceptación del patrón a lo que se le demanda; laudo de árbitro que ambas partes decidan o laudo de la Junta si los huelguistas someten el conflicto a su consideración. Tampoco está entre las causales de inexistencia de la huelga y, ante todo, la resolución de la Junta es violatoria de los derechos que produce el contrato de trabajo y los términos de la ley, aparte de que es un golpe brutal al derecho de huelga.
La terminación de la relación o contrato de trabajo es un concepto jurídico que no ofrece ningún problema: quiere decir simplemente que ya no existe. Los hechos, sin embargo, son necesarios para decidirlo y la ley los fija. Aquí el problema es que la huelga, derecho establecido por la ley (y la Constitución) y reivindicado y aceptado en el contrato de trabajo, forma parte de la relación y es una necedad afirmar que es algo independiente de ésta. Sí hay huelga y, además, ha sido amparada cuatro veces por el Poder Judicial federal la relación existe. El abogado de la empresa, Salvador Rocha Díaz, debería dedicarse a chicanear en otra parte y no decir idioteces como aquella de que “no habiendo contrato colectivo, entonces no hay huelga”.
Si la huelga y las condiciones en que se podía realizar se preveían como condiciones para el cumplimiento del contrato, es lógico que mientras haya huelga la relación subsiste y la ley lo impone. Las instalaciones de la empresa quedan a cargo de los huelguistas y su deterioro, por lo demás, fue meramente inventado por la empresa y la Secretaría de Economía. Mientras haya huelga subsisten también las condiciones para negociar; si se recurre mañosamente a otro expediente, no se está negociando y, ya desde aquí, se está violando el derecho de huelga y el mismo contrato de trabajo.
No es posible saber cómo es que a Don Roque se le pudo venir a la cabeza que “todo lo que hace la STPS en cuanto al conflicto minero es para resolverlo y no para agravarlo”; según él, la resolución de la Junta ahora permitirá “restablecer la normalidad en un sector clave de nuestra economía, aumentar la productividad, la generación de riqueza, el ingreso de los trabajadores, establecer la normalidad de las relaciones laborales, la paz laboral”. Pues sí: destruyendo el contrato colectivo de trabajo, declarado por sus gatos “inexistente”; echando a mil 200 trabajadores con una miserable liquidación y, si se resisten, desalojarlos con 400 policías que al mismo tiempo se instalaron en las inmediaciones. Es la solución panista a los conflictos de trabajo.
¿A quién defiende el gobierno panista? Pues a Germán Larrea, dueño, junto con algunos socios menores, de Grupo México. Larrea defraudó a la Asarco (antigua propietaria de la mina de Cananea en tiempos del porfirismo) por miles de millones de dólares y en Estados Unidos se sospecha que el narcotráfico utiliza Ferromex, también de su propiedad, junto con la Union Pacific, su socia; pero es uno de los hombres más acaudalados de México, de esos a los que el gobierno panista cuida y protege para permitirles enriquecerse sin medida. De ello depende que el país produzca más para que unos cuantos dueños de la riqueza se embolsen todo lo que queda.

LAS ¿SIETE? PLAGAS... DE LA SEMANA

ROLANDO CORDERA

Miércoles: los ingresos petroleros se reducen 60 por ciento, al pasar de 11 mil 447 millones de dólares (mdd) en el primer trimestre de 2008 a 4 mil 481 mdd en el de 2009. Como sabemos, los precios internacionales han ido a la baja, pero también la venta de barriles: de un millón 497 mil barriles en el primer cuarto de 2008, a un millón 279 mil barriles en 2009. ¿Profecía autocumplida de los modernizadores de mercado? ¿Arribo del juicio final de los dioses mayas? Vaya usted a saber, y el flamante pero nonato Consejo de Administración de Pemex a explicarlo, alguna vez.
Jueves: bien instalado en el hit parade de la economía mundial, por el tamaño de su producto interno bruto, México ocupa el lugar 11 entre las 35 mayores economías del mundo y rebasa a España (12) y a Corea (13), pero no a Brasil (9). Estar por encima de la otrora arrogante economía española requiere, sin embargo, de una nada mínima calificación: el producto por persona en la península más que duplica al nuestro, y su distribución del ingreso es menos injusta que la mexicana.
Desde ahí mirará México contraerse a su economía en poco menos de 4 por ciento este año, la mayor reducción esperada en toda la región latinoamericana según el Fondo Monetario Internacional. El curioso subsecretario de Hacienda puso en duda las proyecciones de su venerable Vaticano, y apelando a la incertidumbre se quedó con la proyección hacendaria de una disminución del PIB cercana a 2 por ciento. Cada quien con sus cifras, parece proponer Werner, pero el gobierno debería hacer su tarea completa y explicar las razones de esta y otras diferencias, con el Fondo ahora y con el Banco de México desde antes, así como su significado para la existencia del común de los mexicanos, digamos en el empleo o los salarios. De otra forma, seguimos en el nintendo de los expertos pero inermes como sociedad y con una política basada en el olvido y la opacidad.
Por lo pronto, y como quiera que vaya a ser, si juntamos la ahora “optimista” proyección de Hacienda con la cuenta petrolera al primer trimestre de 2009, y la proyectamos conservadoramente, el resultado es una caída libre, como las de la industria o las exportaciones anunciadas en estos días, en los ingresos fiscales. Ni el IVA o su triste sucedáneo, el IETU, podrán subsanar las restas petroleras y el impuesto a la renta no tiene más destino que el tobogán, habida cuenta de la recesión que afecta, aunque no por igual, ingresos personales y utilidades empresariales.
Este cuadrante ya es duro y se deja sentir con fuerza en la vida cotidiana de las zonas que más se beneficiaron de la apertura externa. En Ramos Arizpe, Saltillo o Torreón, en Monterrey, Tijuana o Ciudad Juárez, así como en Aguascalientes o Toluca, la crisis del automóvil deriva en receso múltiple en las autopartes, los talleres o el comercio aledaño, lo que desemboca en desempleo abierto cuya magnitud e intensidad eran desconocidas para las generaciones involucradas.
Una nueva pobreza, y una mayor desazón inundan las regiones “del TLCAN” y se aúnan a los panoramas desolados de la desigualdad y la penuria “conocidas” del centro-sur de que dan cuenta las cuentas sobre marginalidad del Consejo Nacional de Población o sobre la desigualdad en el desarrollo humano del PNUD. La callada por respuesta, o la pueril arrogancia del tecnócrata que se guiña el ojo con sus contrapartes en Washington, no pueden sino alimentar no la incertidumbre sino la certeza de muchos de que la cosa se puso grave y no hay a la vista cambio alentador alguno.
La semana se acercó a lo trágico con la alarma causada por la influenza. Junto con lo que ha ocurrido con la economía desde hace casi más de un año, lo que angustia no es sólo la dureza de los hechos sino la tardanza con que el gobierno reacciona y las maneras como al fin decide comunicarse con su sociedad.
Tardaron en reconocer la caída económica e incurrieron en lo que ahora no es sino un mal chiste cruel: aquello del catarrito. Y su plan anticrisis es más bien un homenaje diario al anticlímax.
Anunciaron la emergencia sanitaria una hora o más después de decidida, a las 11 de la noche, cuando muchos se preparan para dormir o han cambiado de canal para buscar algo sabroso. Y la capacidad real de atajar la amenaza con abasto y eficaz distribución está por verse. La manifestación de tapabocas azules de este viernes hablaba de fronteras con la histeria, a pesar del desparpajo juvenil que la vestía.
¿La cápsula del tiempo o la marcha de los locos?

"EL CHAPO"

CARMEN ARISTEGUI

El rostro más conocido de la delincuencia organizada en México está de nuevo bajo los reflectores. Se acababa de hablar de él por la aparición en la revista Forbes entre los más ricos del mundo. Ahora son las declaraciones de un prelado. Que Joaquín El Chapo Guzmán, el narco más famoso de México, vive o ha vivido en Durango -por Los Tepehuanes, cerca de Guanaceví- como dijo el arzobispo de Durango es, en efecto, vox populi, pero no sólo eso. Informaciones periodísticas han dado cuenta -por lo menos desde 2007- del paradero del prófugo, se supone, más buscado del país. Destaca la crónica de Patricia Dávila en Proceso en septiembre de ese año sobre la boda de El Chapo Guzmán con la joven Emma Coronel. Ahí se conocieron pormenores del enlace de quien, para entonces, ya había cumplido un sexenio entero de haberse fugado del penal de Puente Grande. La fuga mayor que inauguraba así -en materia de seguridad y justicia- al gobierno de la alternancia. Salvo el desmentido del entonces subprocurador de Sinaloa Higuera Bernal, negando su presencia en el festejo, no hubo versión oficial en contra de que la ceremonia se hubiera realizado, ni de que hubiera ocurrido ahí, en pleno Triángulo Dorado: la estratégica zona que conecta a Durango, Chihuahua y Sinaloa.Lo último: el hallazgo de los cuerpos sin vida de los tenientes José Antonio Cabrera y Jesús Sánchez, en un poblado cercano al señalado por el obispo como el lugar en donde habita El Chapo, lo mantiene en la escena en algo estremecedor. El letrero que habría acompañado los cuerpos tiene un tono desafiante tan directo -"Con 'El Chapo' nunca van a poder ni sacerdotes ni gobernantes"- que algunos dicen que no fue él, sino los adversarios para "calentarle" la plaza a Guzmán. Vale la hipótesis, si nos atenemos a que las ejecuciones, enfrentamientos, levantones y operativos no dejan de ocurrir en Durango, un día sí y el otro también. Desde hace un año, por lo menos, los Beltrán Leyva, junto con Los Zetas, le disputan a El Chapo los municipios del estado. Hace casi un año, por ejemplo, quedaron regados más de 15 cadáveres sobre una carretera después de un enfrentamiento. De entonces a la fecha ha habido más de 30 decapitados. Pobladores, incluso, han abierto zanjas que rodean al pueblo para evitar a los grupos armados. De nada les ha valido. La guerra está declarada.Heredero de Miguel Ángel Félix Gallardo (detenido y procesado a fines de los ochenta), Guzmán Loera fundó por su cuenta el Cártel de Sinaloa sentando su plaza principal en Culiacán. Entró en disputa con los Arellano Félix quienes, a su vez, crearon el Cártel de Tijuana por aquellos mismos años. De los cruentos enfrentamientos que protagonizaron, quedó para la historia el ocurrido en mayo de 1993. Armados hasta los dientes, se liaron en la balacera que terminó con la vida del cardenal Posadas Ocampo en Guadalajara. En la versión oficial se dijo que habían confundido a El Chapo con el cardenal. Fue detenido en Guatemala, en junio del mismo año, por delitos contra la salud. Ya su rostro nos era familiar.Después de su fuga en 2001, que hubiera ameritado una cadena de destituciones que no ocurrió, El Chapo reorganizó su tarea criminal y fue tomando fuerza hasta encabezar a la organización más poderosa de tráfico de drogas de México con amplias redes en Sudamérica, Centroamérica y Estados Unidos.El Chapo es ya casi una celebridad. Su fuga, su crecimiento y su permanencia en la escena criminal por todos estos años representan el más claro síntoma de incapacidad e insuficiencia gubernamental. Que existe, pero que no explica todo. Corrupción, complicidad y simulación en todos los ámbitos completan la ecuación. No sólo policías o militares que se pueden corromper. Una estructura mayor -que lo ha hecho posible a él y a cuanto capo tenemos- que involucra necesariamente factores de poder que los han permitido. El obispo Raúl Vera puso el dedo en esa llaga: la proliferación de bandas criminales se debe a que una parte de la estructura política en el país tiene nexos con la mafia. "No podría estar el narco en el nivel que está si no tuviera el apoyo desde la estructura política", dijo. Y tiene razón. Para efectos prácticos El Chapo es un símbolo de todo ello.

¡SE BUSCA UN JUEZ GARZÓN!

FRANCISCO MARTÍN MORENO

¿Dónde estaba la tan cantada prensa liberal estadunidense cuando los acusados eran sentados en un sillón muy cómodo que invitaba al sueño siendo que al perder la conciencia eran despertados a patadas en las espinillas, suplicio que duraba siete días antes de perder la razón?
¿Dónde estaba Human Rights Watch cuando se descubrió que la CIA mandaba torturar a los “presos políticos” de Afganistán y de Irak encerrándolos desnudos en cuartos llenos de miles de insectos que picaban inoculando substancias tóxicas al extremo de poder causar la muerte? ¿Dónde estaba esta organización cuando se informó a la opinión pública que la CIA y sus verdugos inyectaban litros de agua en la boca abierta de los detenidos invadiendo las vías respiratorias para producir una tos asfixiante y hasta mortal? ¿Dónde estaba la tan cantada prensa liberal estadunidense cuando los acusados eran sentados en un sillón muy cómodo que invitaba al sueño siendo que al perder la conciencia eran despertados a patadas en las espinillas, suplicio que duraba siete días antes de perder la razón? ¿Dónde estaban todas las organizaciones norteamericanas de derechos humanos cuando se conoció que a los convictos se les sometía a una ducha permanente con duración de quince días con cambios cíclicos de temperatura del agua? ¿Por qué nunca protestaron cuando se supo que los presos eran confinados en espacios no mayores de un metro cuadrado o cuando se les privaba de alimentos o cuando se les golpeaba en la zona abdominal o cuando se les enclaustraba en habitaciones oscuras repletas de víboras que se enroscaban en las piernas de las víctimas mientras éstas proferían gritos de horror?
La semana pasada el presidente Obama autorizó la publicación de las torturas antes relatadas. Obviamente la divulgación de estos crímenes injustificables ejecutados por un gobierno que se ostenta como el gran defensor de los derechos humanos tiene un objetivo claramente político: aumentar el justificado desprestigio de la administración de Bush en beneficio de los demócratas. Obama decidió, asimismo, no castigar a los agentes de la CIA, puntuales ejecutores de las torturas, porque habían cumplido instrucciones de la superioridad. De acuerdo a lo anterior, ¿por qué no se abre de inmediato una investigación para deslindar responsabilidades y acusar precisamente a la salvaje “superioridad…”? ¿Acaso no se va a sancionar con todo el rigor de la ley a quienes resulten culpables de semejantes atrocidades? ¿Dónde está Human Rights Watch que no organiza marchas a lo largo y ancho de Estados Unidos para exigir la impartición de justicia ante la flagrante violación de los derechos que supuestamente defiende y que justifican su existencia legal y social? ¿Human Rights Watch sólo está interesada en investigar si se respetan los derechos humanos de los cubanos o de los narcos mexicanos detenidos?
Cuando el famoso juez Garzón inició un proceso criminal en contra de Augusto Pinochet acusado de genocida y ordenó su captura, se encontrara donde se encontrara, imprimiendo así un nuevo perfil al derecho internacional, ¿por qué entonces dicho juez, como otros tantos más de diferentes países, no inician un proceso en contra de George W. Bush, de Dick Cheney o de Rumsfeld, con el mismo cargo de genocidas por haber bombardeado Afganistán e Irak y causado la muerte de decenas de miles de personas, además de quienes resultaron mutilados o heridos? Bush es un genocida. ¿O no lo es quien ordena bombardear ciudades enteras sin mediar declaración de guerra ni cumplir con los requisitos establecidos por las diferentes convenciones internacionales? Bush asesinó a miles de personas inocentes tal vez por satisfacer un capricho paterno o por avidez económica o por alguna otra patología sicológica. De aquí que comparando las atrocidades cometidas por Pinochet o Milosevic, estos últimos pasen a la historia como un par de lactantes en relación con el genocidio cometido por Bush y su cáfila de asesinos.
De acuerdo a lo anterior, resulta procedente exigir a jueces como Garzón que inicien de inmediato un conjunto de juicios en contra de Bush, Cheney y Rumsfeld, entre otros tantos más, de modo que algunos integrantes de la comunidad internacional se erijan como jueces para castigar el genocidio cometido y se giren órdenes de aprehensión y lograr que dichos criminales permanezcan en el territorio norteamericano entendido como cárcel, por el peligro que correrían de ser arrestados en cualquier aeropuerto o en plena vía pública fuera de su país.
Si Obama, su gobierno, el Congreso, Human Rights Watch y la prensa estadunidense perdonan a George W. Bush y a su pandilla, es el momento de que la comunidad internacional responda privando de la libertad, por lo menos, a estos carniceros de cuello blanco. Milosevic fue arrestado y enviado al Tribunal de La Haya acusado de corrupción, abuso de poder, malversación de fondos, además de genocidio, crímenes en contra de la humanidad y violaciones en contra de las reglas y costumbres en torno a la guerra. No fue juzgado ni en Serbia ni en la República Federal de Yugoslavia, sino en La Haya. ¿Qué tal si un día el mundo se despierta con la noticia de que Bush fue detenido por genocida en el aeropuerto de Barajas, Madrid? ¿Por qué sólo Pinochet? ¡Se busca a un juez Garzón!

FRAUDE LEGISLATIVO

PORFIRIO MUÑOZ LEDO

Los jóvenes inquieren sobre los orígenes de la aterradora impunidad de la clase política. Difícil explicarlo de modo sucinto. La respuesta última quizá sea el bajísimo nivel de ciudadanía que ha permitido la reproducción de los vicios del pasado sin control alguno de la sociedad.
La precaria mejoría de los procesos electorales no condujo a renovar costumbres, valores e instituciones del antiguo régimen. Predominó el síndrome de la piñata: que el recipiente estallara para que los actores aplicaran su codicia sobre las golosinas. El reparto de los despojos públicos para beneficio de los poderes privados.
El abandono de la reforma del Estado y, peor aún, la utilización demagógica y ratonera del proyecto resumen el fracaso de nuestra transición. Así lo manifestó la asociación dedicada a impulsar la revisión integral de la Constitución en audiencia con el presidente del Congreso este día 15 para exigir rendición de cuentas.
En un análisis estricto referimos los antecedentes de la Ley para la Reforma del Estado, cuya vigencia concluyó hace un año con frutos deplorables. Fue en la crisis de enero de 1994 cuando el gobierno propuso una revisión cabal del andamiaje institucional del país: la “Moncloa mexicana”, la llamaron, que por las premuras del proceso comicial se contrajo a una reforma electoral sustantiva. Esos cambios determinaron la validez de las siguientes elecciones, reconocida por todos. En mayo de 1995 los diálogos recomenzaron con una agenda de cuatro apartados: relaciones entre poderes, descentralización política, democracia participativa y comunicación social, así como la “reforma electoral definitiva”, única asignatura cumplida.
Gracias a ella los candidatos de oposición alcanzamos mayoría en la cámara y el partido del gobierno dejó de ser hegemónico. Su fruto más acabado fue la primera alternancia pacífica en el Ejecutivo en toda nuestra historia, con independencia de lo funesto que fuera su desempeño.
Quedó la tendencia de modificar las reglas de juego para el acceso al poder y su distribución, en detrimento de la forma de su ejercicio y el fortalecimiento de los derechos ciudadanos. A contraluz, se evidenció la necesidad de revisar en serio las estructuras y relaciones políticas para acceder a una genuina democratización. De ahí el solemne lanzamiento, en 2000, de la Comisión de Estudios para la Reforma del Estado.
El abandono de ese proyecto es síntoma de la pequeñez gobernante y causa eficiente de la catástrofe política. Por ello concedimos nuestro “apoyo crítico” a la iniciativa de destrabar el proceso mediante un mecanismo de excepción: la CENCA, establecida en abril de 2007. Atraía la mecánica participativa, que permitiría conjuntar los aportes de especialistas, organizaciones civiles y legisladores. Sobre todo, la igualdad entre grupos parlamentarios y el carácter abierto de las deliberaciones. Los partidos presentaron formalmente 532 proyectos y de los foros ciudadanos surgieron 5 mil 656 propuestas.
Instituciones académicas ponderaron los contenidos y éstos se socializaron entre expertos, parlamentarios y asesores, mediante una considerable inversión de tiempo y recursos. Pero los liderazgos dominantes actuaron al margen de las normas y tanto la reforma electoral como la de seguridad y justicia procedieron de fuentes distintas de las propuestas procesadas.
Las cuestiones capitales relativas al régimen de Estado y de gobierno fueron ignoradas, incluyendo la democracia directa y la reforma constitucional sobre medios. Los intensos trabajos sobre derechos humanos —96 iniciativas consensuadas— y un proyecto coherente de 15 puntos para la reforma federal y municipal hasta hoy no han merecido trámite legislativo.
Ninguno de los acuerdos tomados y sometidos a la CENCA se ha convertido en ley, aunque algunos circulen como carnada para otras transacciones. Por añadidura, las reformas regresivas adoptadas en ese tiempo son contrarias a las propuestas presentadas.
Podría hablarse de un fraude a la ley. El Congreso debiera valorar el cumplimiento de las disposiciones que él mismo dictó y proceder en consecuencia. Se considera un periodo extraordinario de sesiones para ese efecto. También en la exigencia de responsabilidades a los partidos ante las autoridades electorales. Sería absurdo que volviesen a circular de nuevo las monedas falsas de sus promesas traicionadas.
Habría que imaginar un método innovador para semejante tarea. Tal vez la convocatoria a la Asamblea Constituyente del Bicentenario.

LULA, EN LA CUMBRE

MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA

Si hubo una batalla entre México y Brasil por el liderazgo de América Latina, ha sido ganada por el gigante sudamericano, encabezado por el presidente Lula. Temido por su pasado como inflexible luchador sindical, apenas fue elegido presidente de la república Luis Inazio da Silva se tornó en campeón de la moderación, no la basada en componendas que traicionan los principios para acomodarse, sino la que se ejerce en un estilo terso que busca convencer y conciliar antes que reñir…Se encontró con el presidente Obama en Washington el 14 de marzo, en preparación de la V Cumbre de las Américas, que se efectuaría cinco semanas después en Puerto España. Por la concordia que se estableció entre ambos, por la similitud de sus metas, por su estilo suave, se convirtieron en las figuras señeras de la reunión americana en Trinidad y Tobago.Desde su encuentro en el salón Oval de la Casa Blanca, Lula había hecho saber al presidente de Estados Unidos que la nueva relación de Washington con el sur del continente debía basarse en el diálogo con todos, especialmente con los países con que el gobierno de Bush entró en conflicto. Anunció su propósito de pugnar por la reincorporación de Cuba al seno de las Américas, y de mediar entre Venezuela y Bolivia, por un lado, y Estados Unidos por el otro, para distender las relaciones entre esos países. Lo consiguió. Sin duda inspirado por el dirigente brasileño, el presidente Hugo Chávez depuso su modo rijoso y altanero, empeorado a menudo por su vulgaridad, y lo sustituyó por una sonrisa amistosa con que rubricó su deseo de ser amigo de Obama. Y éste caminó hacia la fila donde se hallaba el presidente Evo Morales para estrecharle la mano, con una deferencia comprensible por sus semejanzas: los dos han llegado a sus cargos rompiendo un prejuicio de siglos, y a despecho de su condición étnica. Chávez mostró su nueva disposición regalando a Obama un ejemplar del libro de Eduardo Galeano Las venas abiertas de América Latina y, lo que es más sustantivo, designando embajador a su excanciller en camino hacia la normalización de las relaciones diplomáticas.Entre Lula y Chávez ha surgido una relación productiva, no dañada por el radicalismo del venezolano. Sin ánimo paternal, pero sí amistoso, el presidente brasileño se esfuerza por respetar los arrebatos de su vecino y procurar hacerlos entender por los demás. No disputan el liderazgo sureño, que corresponde inequívocamente a Lula, por más que el activismo del venezolano lo muestra a la cabeza de los países más radicales. Pero cuando se trata de adoptar una posición común, ha prevalecido la prudencia del brasileño.La diplomacia encabezada por uno y otro refleja su personalidad y el grado de su maduración. Por ejemplo, Chávez ha entablado una peligrosa relación con el gobierno de Teherán. Sin tener él mismo antecedentes racistas, judeofóbicos, se afana en mostrarse anuente a los ardores del presidente de Irán, Mahmud Ahmadinejad, contra el Estado de Israel. Llevado así por la corriente, expulsó a principios de este año al embajador de Israel en Caracas, por el ataque a Gaza y en defensa "del heroico pueblo palestino", y desató con ello una ominosa serie de expresiones antijudías en su país. Lula, en cambio, no se deja arrastrar por prejuicios ni por intereses contrarios a los de su país. Acaba de dar una muestra de ello frente al propio dirigente iraní, a quien recibirá en breve, como parte del ensanchamiento y profundización de sus relaciones internacionales. Pero hizo a su inminente visitante una advertencia inequívoca, relacionada con su inquina antiisraelí. Como lo ha hecho repetidamente desde que asumió el poder en 2005, Ahmadinejad lanzó una nueva fulminación contra Israel, en la cumbre de la ONU contra el racismo. Aprovechó el foro ginebrino para insistir en el sobado argumento de que la creación del Estado de Israel se fundó en el desplazamiento de los palestinos (a los que el Irán de los ayatolas no ha tendido jamás la mano, como no sea para armar a sus facciones ultrarradicales) y negando las dimensiones y la trascendencia del Holocausto.Las delegaciones europeas, prevenidas de la intemperancia del presidente persa, lo dejaron hablando solo. Se retiraron del salón en el Palacio de las Naciones, para no compartir ni siquiera como escuchas las atrocidades verbales de Ahmadinejad. A la distancia, pero de inmediato, Brasil reaccionó en igual sentido pero con mayor énfasis. Emitió un comunicado de condena a las expresiones del líder iraní, a fin de evitar malas interpretaciones debido a la inminencia de la visita de éste. Para subrayar su distanciamiento, el miércoles 22 el embajador de Irán en Brasilia debió acudir a Itaramatí, la célebre sede de la eficaz diplomacia brasileña, para que explicara los dichos del presidente y para escuchar el desacuerdo brasileño. Se prevé que cuando Ahmadinejad llegue a Brasil el 9 de mayo el propio Lula le hará saber su desagrado por su posición. Quedará así claro que el racismo iraní, su belicismo contra Israel, no tiene eco alguno en Brasilia.Requerido cotidianamente para ejercer la diplomacia personal, Lula viajó el miércoles 22 a Buenos Aires, para un encuentro con la presidenta Cristina Fernández. El tema de su conversación fueron las dificultades del comercio entre los dos países. Su posición fue la típica de un conciliador, de quien prefiere atenuar las diferencias en vez de ahondarlas. Llegó "con un mensaje de comprensión a las barreras proteccionistas que aplicó Argentina ante la crisis mundial, pero también con una crítica a las recetas contrarias a la libertad de comercio" (El País, 24 de abril).El lunes 27 de abril estará en Asunción, donde se reunirá con Fernando Lugo, el obispo-presidente a quien del pasado lo asaltan las tribulaciones de la paternidad irresponsable. Desde su moderación, Lula ha dictaminado respecto de este caso: "No veo ningún problema político grave, ni institucional. Lugo asumió su primer hijo y dará explicaciones por los otros (que se le atribuyen). No veo razones para que se cree un ambiente político negativo en Paraguay ni para que se alteren las relaciones con Brasil. El problema religioso él lo explicará…".

jueves, 23 de abril de 2009

¿ÁRBITRO ELECTORAL O MP?

LORENZO CÓRDOVA VIANELLLO

Un simple vistazo a las notas de prensa en los últimos meses hace pensar que el IFE se ha convertido en un órgano encargado primordialmente de tramitar las denuncias e imponer las penas a quienes violen la ley electoral.
Tal ha sido la centralidad que ha venido a ocupar en las actividades del IFE la sustanciación y resolución del Procedimiento Especial Sancionador (PES), que las tareas primordiales de esa institución, la organización e instrumentación de las elecciones federales, parece haber pasado a un segundo plano. Sabemos que en realidad no es así; si escudriñamos la prensa encontraremos noticias que nos indican que la titánica labor de organización del proceso electoral está en marcha y que esa maquinaria constituida, en primer término, por el servicio profesional electoral está desplegada y funcionando con el profesionalismo y exhaustividad de siempre.
Sin embargo, la irresponsabilidad de los actores políticos (y de algunos poderes privados) ha convertido al PES en un asunto cotidiano para el IFE. Desde el arranque de las precampañas, el pasado 31 de enero, a la fecha han sido presentadas cerca de 200 denuncias que deben tramitarse a través de ese procedimiento, ¡y todavía no arrancan formalmente las campañas!
Ese procedimiento, que fue inventado por el Tribunal Electoral durante las campañas presidenciales de 2006 para enfrentar las nuevas y disruptivas campañas de denostación que caracterizaron a esos comicios, fue recogido y normado en ley por la reforma de 2007-2008 y hoy está poniéndose a prueba, por primera vez, en unas elecciones.
El PES tiene por objeto conocer las denuncias que se presenten por cuatro tipos de ilícitos fundamentalmente: a) las violaciones por parte de funcionarios públicos a las reglas establecidas por el artículo 134 de la Constitución, que impiden la propaganda gubernamental personalizada; b) el incumplimiento de las obligaciones que en materia de radio y televisión impone la Constitución a concesionarios, permisionarios, partidos, candidatos y particulares; c) las violaciones a las reglas que rigen la propaganda electoral (principalmente lo que hace a las campañas negativas); y d) la realización de actos anticipados de campaña y precampaña.
Lo que hoy estamos viendo es que la irresponsabilidad de varios actores ha convertido a ese mecanismo —que como todo procedimiento sancionatorio pretende tener un carácter excepcional— en algo cotidiano y que ocupa gran parte de los esfuerzos institucionales del IFE, con todo el desgaste que ello supone para esa institución.
Las conductas de algunos concesionarios (principalmente las dos grandes televisoras), que al ver afectados sus intereses por la reforma electoral han desafiado a las normas y al IFE (aunque hoy parecen haber reducido la intensidad de sus críticas); de algunos partidos políticos que han apostado, una vez más, por la denostación del contrario —muchas veces ilegal— como eje de sus estrategias electorales; de varios gobernantes que desafían la ley utilizando recursos públicos para promoción personal o para promocionar a algún partido, entre otras, han convertido al IFE en una especie de Ministerio Público que día a día se enfrasca en tener que lidiar con denuncias y violaciones a la ley.
Llamar a la responsabilidad en pleno proceso electoral es como predicar en el desierto. Pero sí debemos hacernos cargo de que incitar cotidianamente al IFE a desahogar estos procedimientos, que inevitablemente lo llevan a confrontarse con alguna de las partes (con quien denuncia si se absuelve o con el denunciado si se sanciona), no abona nada bueno y crea un clima del que difícilmente alguien sacará provecho, a menos que alguien le apueste a desgastar (más) al árbitro y a dinamitar la institucionalidad electoral. Y no dudo que los haya.