FERNANDO SERRANO MIGALLÓNHoy, a 150 años de distancia, algunos quieren ver en ese momento el desencuentro entre dos enemigos políticos. En realidad fue mucho más que eso, se trató de eliminar la posibilidad de que un poder fáctico amenazara la institucionalidad republicana, que hubiere algún grupo más poderoso que el poder público.
El próximo 12 de julio se cumplirán 150 años de la promulgación de la primera de las Leyes de Reforma, la Ley de Nacionalización de los Bienes del Clero, regular y secular. Podemos decir que, en esa fecha, habremos de celebrar el nacimiento del Estado mexicano como hoy lo conocemos. En adelante, todo será evolución política, conquista de nuevos derechos, formación de otros equilibrios; pero, consolidado el carácter federal y republicano de nuestro Estado, el sometimiento al orden constitucional de los poderes fácticos que amenazaban la integridad de las instituciones, el camino al orden estaba abierto y la garantía de las libertades personales podía considerarse otorgada.
Juárez era un hombre transido por su tiempo; el siglo XIX mexicano, aparentemente caótico, era en realidad un vasto campo histórico de enfrentamiento sobre las visiones de futuro. Del entonces presidente pueden decirse muchas cosas, quienes han labrado de él una leyenda negra hablan de la perennidad de su estado de excepción, de su encono contra las tradiciones nacionales y su impasibilidad y frialdad cercana a la crueldad. Ninguno duda de su decisión al frente del gobierno, su patriotismo acerado y su valor. Juárez logra consolidar el Estado negándose a sí mismo, en cuanto a persona, para convertirse en el depósito de la institucionalidad republicana. Es un ejemplo y es un ícono.
Era necesario un estadista así, rodeado de hombres de singular talento e irreprochable valentía para enfrentar al mayor de los retos que se oponían para construir el México que habían pensado: la jerarquía eclesiástica. La Iglesia decimonónica mexicana no había querido ver ni oír el cambio de la historia. Seguía afianzada en su pétrea seguridad escolástica, muda y también ciega. Si dentro de ella todo aspiraba a la paz tiránica de los austrias y los borbones, sus métodos harían palidecer a cualquier capitalista liberal de su siglo y de los nuestros. En su exposición de motivos, Juárez explicaba que un primer paso en la Reforma había sido tratar de alcanzar un acuerdo con el clero para que éste pudiera aceptar una relación independiente del Estado, acuerdo que, desde luego, no lo permitió la Iglesia: “Cuando quiso el soberano, poniendo en vigor los mandatos mismos del clero, sobre observaciones parroquiales, quitar a éste la odiosidad que le ocasionaba el modo de recaudar parte de sus emolumentos, el clero prefirió aparentar que se dejaría perecer antes de sujetarse a ninguna ley... que como la resolución mostrada sobre esto por el metropolitano prueba que el clero puede mantenerse en México, como en otros países, sin que la ley civil arregle sus cobros y convenios con los fieles”.
Hoy, a 150 años de distancia, algunos quieren ver en ese momento el desencuentro entre dos enemigos políticos. En realidad fue mucho más que eso, se trató de eliminar la posibilidad de que un poder fáctico amenazara la institucionalidad republicana, que hubiere algún grupo más poderoso que el poder público, lo que hoy llamaríamos, la posibilidad de un Estado dentro del Estado. Eso logró Juárez con la primera de las Leyes de Reforma y con lo que dio cabida a la maduración de nuestra organización política.
El primer paso consistió en desarticular el enorme poder económico que concentraba la Iglesia y que podía amenazar a las finanzas del Estado. Así, atrajo a dominio de la nación “predios, derechos y acciones”, no trató de destruir las instituciones religiosas sino establecer un auténtico régimen de libertad de cultos, de ahí que la ley dijera: “Habrá perfecta independencia entre los negocios del Estado y los negocios puramente eclesiásticos. El gobierno se limitará a proteger con su autoridad el culto público de la religión católica, así como el de cualquier otra”, como que “los ministros del culto, por la administración de los sacramentos y demás funciones de su ministerio, podrán recibir las ofrendas que se les ministren y acordar libremente con las personas que los ocupen la indemnización que deben darles por el servicio que les pidan. Ni las ofrendas ni las indemnizaciones podrán hacerse en bienes raíces”.
Un siguiente paso consistió en las medidas para evitar el fenómeno de la acumulación de riquezas en manos de la Iglesia, suprimiendo las órdenes religiosas y otorgando a los religiosos la libertad de abandonar la Iglesia voluntariamente en cuyo caso las mujeres recibían incluso una indemnización por la pérdida que de su libertad habían sufrido o bien integrarse al clero secular. El artículo 7 establecía: “Quedando por esta ley los eclesiásticos regulares de las órdenes suprimidas reducidos al clero secular, quedarán sujetos, como éste, al ordinario eclesiástico respectivo en lo concerniente al ejercicio de su ministerio” y, el 8: “A cada uno de los eclesiásticos regulares de las órdenes suprimidas que no se opongan a lo dispuesto en esta ley se les ministrará por el gobierno la suma de 500 pesos por una sola vez. A los mismos eclesiásticos regulares que por enfermedad o avanzada edad estén físicamente impedidos para el ejercicio de su ministerio, a más de los 500 pesos, recibirán un capital fincado ya, de tres mil pesos, para que atiendan a su congrua sustentación. De ambas sumas podrán disponer libremente como de cosa de su propiedad”.
La Iglesia a la que se enfrentaron los hombres de la Reforma constituía la herencia de inamovilidad de la Colonia, una fuerza potente y organizada en contra del progreso de la República. Su proyecto era incompatible con la lucha que los mexicanos habían emprendido por la conquista de su libertad y, sobre todo, era inviable para establecer un verdadero Estado independiente. Sin odios ni exclusiones, podemos decir que la libertad de cultos y la igualdad de los ciudadanos nació así, con esta ley que aparentemente era de carácter económico, cuando en realidad se trataba de una apuesta por el futuro de un país que luchaba por ser y por encontrar su lugar en la historia.
fernando.serrano@cide.edu
Juárez era un hombre transido por su tiempo; el siglo XIX mexicano, aparentemente caótico, era en realidad un vasto campo histórico de enfrentamiento sobre las visiones de futuro.
El próximo 12 de julio se cumplirán 150 años de la promulgación de la primera de las Leyes de Reforma, la Ley de Nacionalización de los Bienes del Clero, regular y secular. Podemos decir que, en esa fecha, habremos de celebrar el nacimiento del Estado mexicano como hoy lo conocemos. En adelante, todo será evolución política, conquista de nuevos derechos, formación de otros equilibrios; pero, consolidado el carácter federal y republicano de nuestro Estado, el sometimiento al orden constitucional de los poderes fácticos que amenazaban la integridad de las instituciones, el camino al orden estaba abierto y la garantía de las libertades personales podía considerarse otorgada.
Juárez era un hombre transido por su tiempo; el siglo XIX mexicano, aparentemente caótico, era en realidad un vasto campo histórico de enfrentamiento sobre las visiones de futuro. Del entonces presidente pueden decirse muchas cosas, quienes han labrado de él una leyenda negra hablan de la perennidad de su estado de excepción, de su encono contra las tradiciones nacionales y su impasibilidad y frialdad cercana a la crueldad. Ninguno duda de su decisión al frente del gobierno, su patriotismo acerado y su valor. Juárez logra consolidar el Estado negándose a sí mismo, en cuanto a persona, para convertirse en el depósito de la institucionalidad republicana. Es un ejemplo y es un ícono.
Era necesario un estadista así, rodeado de hombres de singular talento e irreprochable valentía para enfrentar al mayor de los retos que se oponían para construir el México que habían pensado: la jerarquía eclesiástica. La Iglesia decimonónica mexicana no había querido ver ni oír el cambio de la historia. Seguía afianzada en su pétrea seguridad escolástica, muda y también ciega. Si dentro de ella todo aspiraba a la paz tiránica de los austrias y los borbones, sus métodos harían palidecer a cualquier capitalista liberal de su siglo y de los nuestros. En su exposición de motivos, Juárez explicaba que un primer paso en la Reforma había sido tratar de alcanzar un acuerdo con el clero para que éste pudiera aceptar una relación independiente del Estado, acuerdo que, desde luego, no lo permitió la Iglesia: “Cuando quiso el soberano, poniendo en vigor los mandatos mismos del clero, sobre observaciones parroquiales, quitar a éste la odiosidad que le ocasionaba el modo de recaudar parte de sus emolumentos, el clero prefirió aparentar que se dejaría perecer antes de sujetarse a ninguna ley... que como la resolución mostrada sobre esto por el metropolitano prueba que el clero puede mantenerse en México, como en otros países, sin que la ley civil arregle sus cobros y convenios con los fieles”.
Hoy, a 150 años de distancia, algunos quieren ver en ese momento el desencuentro entre dos enemigos políticos. En realidad fue mucho más que eso, se trató de eliminar la posibilidad de que un poder fáctico amenazara la institucionalidad republicana, que hubiere algún grupo más poderoso que el poder público, lo que hoy llamaríamos, la posibilidad de un Estado dentro del Estado. Eso logró Juárez con la primera de las Leyes de Reforma y con lo que dio cabida a la maduración de nuestra organización política.
El primer paso consistió en desarticular el enorme poder económico que concentraba la Iglesia y que podía amenazar a las finanzas del Estado. Así, atrajo a dominio de la nación “predios, derechos y acciones”, no trató de destruir las instituciones religiosas sino establecer un auténtico régimen de libertad de cultos, de ahí que la ley dijera: “Habrá perfecta independencia entre los negocios del Estado y los negocios puramente eclesiásticos. El gobierno se limitará a proteger con su autoridad el culto público de la religión católica, así como el de cualquier otra”, como que “los ministros del culto, por la administración de los sacramentos y demás funciones de su ministerio, podrán recibir las ofrendas que se les ministren y acordar libremente con las personas que los ocupen la indemnización que deben darles por el servicio que les pidan. Ni las ofrendas ni las indemnizaciones podrán hacerse en bienes raíces”.
Un siguiente paso consistió en las medidas para evitar el fenómeno de la acumulación de riquezas en manos de la Iglesia, suprimiendo las órdenes religiosas y otorgando a los religiosos la libertad de abandonar la Iglesia voluntariamente en cuyo caso las mujeres recibían incluso una indemnización por la pérdida que de su libertad habían sufrido o bien integrarse al clero secular. El artículo 7 establecía: “Quedando por esta ley los eclesiásticos regulares de las órdenes suprimidas reducidos al clero secular, quedarán sujetos, como éste, al ordinario eclesiástico respectivo en lo concerniente al ejercicio de su ministerio” y, el 8: “A cada uno de los eclesiásticos regulares de las órdenes suprimidas que no se opongan a lo dispuesto en esta ley se les ministrará por el gobierno la suma de 500 pesos por una sola vez. A los mismos eclesiásticos regulares que por enfermedad o avanzada edad estén físicamente impedidos para el ejercicio de su ministerio, a más de los 500 pesos, recibirán un capital fincado ya, de tres mil pesos, para que atiendan a su congrua sustentación. De ambas sumas podrán disponer libremente como de cosa de su propiedad”.
La Iglesia a la que se enfrentaron los hombres de la Reforma constituía la herencia de inamovilidad de la Colonia, una fuerza potente y organizada en contra del progreso de la República. Su proyecto era incompatible con la lucha que los mexicanos habían emprendido por la conquista de su libertad y, sobre todo, era inviable para establecer un verdadero Estado independiente. Sin odios ni exclusiones, podemos decir que la libertad de cultos y la igualdad de los ciudadanos nació así, con esta ley que aparentemente era de carácter económico, cuando en realidad se trataba de una apuesta por el futuro de un país que luchaba por ser y por encontrar su lugar en la historia.
fernando.serrano@cide.edu
Juárez era un hombre transido por su tiempo; el siglo XIX mexicano, aparentemente caótico, era en realidad un vasto campo histórico de enfrentamiento sobre las visiones de futuro.
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