CARLOS MONSIVÁISEl 21 de marzo de 2009 el Consejo de la Judicatura Federal informa: “Los magistrados Rosa Guadalupe Malvina Carmona Roig, María Eugenia Estela Martínez Cardiel y Manuel Bárcena Villanueva, al resolver el recurso de revisión 132/2007 interpuesto por el agente del Ministerio Público de la Federación y el quejoso Luis Echeverría Álvarez contra la sentencia dictada por el tercer tribunal unitario en materia penal del primer circuito, confirmó la resolución impugnada en la que se consideró que la acción penal no había prescrito, que se acreditó el cuerpo del delito de genocidio, no así la probable responsabilidad de Luis Echeverría Álvarez en su comisión”.
Así que sí hubo genocidio pero nadie lo cometió, o fueron asesinos invisibles o fuerzas del mal que por carecer de papeles migratorios no se dieron a conocer.
* * *
En 1968, Echeverría pronuncia palabras categóricas: “Las medidas extremas adoptadas se orientan a preservar la autonomía universitaria de los intereses mezquinos e ingenuos, muy ingenuos que pretenden desviar el camino ascendente de la Revolución Mexicana”.
* * *
En tiempos de Vicente Fox, que algunos recuerdan, Luis Echeverría comparece el 2 de julio de 2002 ante Ignacio Carrillo Prieto, fiscal especial para los delitos del pasado, y escucha algunas precisiones: en 1968, el secretario de Gobernación, segundo poder civil de la República, concentra información, discierne un buen número de aconteceres políticos y está al pendiente de los mínimos detalles. Junto al secretario de la Defensa y el procurador general de la República es el responsable de la seguridad del Estado, y —testifican la tradición del autoritarismo y los millones de personas al tanto de los procedimientos del PRI— sólo el presidente de la República dispone de mayor poder de decisión.
Se le interroga: “¿Recibía información de parte de inteligencia militar? ¿Esto era diario? ¿El Estado vio amenazada la tranquilidad social con el mitin convocado por los estudiantes? ¿Cuál fue su postura como secretario de Gobernación con la forma en que interviene el Ejército y demás autoridades en los hechos del 2 de octubre? ¿Se la externó al presidente? En caso afirmativo ¿qué instrucciones le dio el presidente al respecto?”.
Las preguntas acechan: “¿Les informaron al momento lo que sucedía en la tarde del 2 octubre? ¿Quién lo informaba? ¿Qué órdenes recibió usted como secretario de Gobernación para la solución del movimiento estudiantil del presidente Díaz Ordaz?”. En 1998, al anticipar este cáliz, Echeverría balbucea: “¡La matanza de Tlatelolco fue un exceso!”. El término es inconsistente (ningún crimen colectivo es un “exceso”)… La Fiscalía Especial insiste:
—¿Quién ordenó (la matanza), el presidente Díaz Ordaz?
—El presidente es el comandante supremo. Así lo ordena la Constitución, así lo consigna la ley. Yo lo fui, pero hasta el 1 de diciembre. Pero la cosa no es tan simple. Se acumularon muchos problemas y se complicaron muchísimo. Y los problemas que economistas y políticos no pueden resolver se tornan en violencia...
—¿Fue entonces el jefe del Ejército el que ordenó disparar?
—Fue una dirección del Comando Supremo de las Fuerzas Armadas, el presidente de la República.
—¿Fue Díaz Ordaz entonces?
—Pues sí.
—Pero, ¿él ordenó disparar?
—No, él no ordenó disparar...
“Los comunistas le prendieron fuego a Tenochtitlán confundiéndola con Roma”
El sentido de las preguntas se opone frontalmente a la versión del ex presidente, expresada por su abogado defensor Ricardo Cuéllar Salas (nota de Jorge Ramos Pérez, EL UNIVERSAL, 5 de julio de 2002). El licenciado Cuéllar desdeña la acusación de genocidio (“No tiene ningún sustento”), localiza un complot (“El gobierno de Fox utiliza políticamente el asunto... Yo no creo que haya sido coincidencia que se haya citado a Luis Echeverría el 2 de julio”) y razona a partir de su educación en la guerra fría:
—¿Eso (el movimiento empeñado en hacer la revolución en México) puso en riesgo la estabilidad del país?
—Lo pusieron en riesgo con todo un programa para desestabilizar al gobierno. En ese tiempo hubo guerrilla, asaltos, secuestros. Y esto lo vemos muy claramente narrado en un informe presidencial de Díaz Ordaz el 1 de septiembre de 1968. El presidente hace un llamado al pueblo a responder por la imagen de México que está en tela de juicio. Había interés en que no se llevaran a cabo los Juegos. Lo que sucedió, quiénes fueron, ahí está la parte importante de quiénes encaminaron a México a toda esta situación. Esos grupos tienen una dosis de participación que hay que poner en tela de juicio.
Y por eso se oye aún más hueca la explicación echeverrista del 2 de octubre a través de su abogado:
—La responsabilidad constitucional del gobierno era hacer prevalecer las instituciones, y todo esto seguramente dio origen a que se tomaran decisiones de que participaran los grupos de orden y evitar que hubiese una situación adversa. Se lleva a cabo una manifestación el 2 de octubre y no creo, de ninguna manera, que haya habido una orden de que se llevara a cabo ese acto como sucedió al final.
El abogado es uno de los encargados de destruir la lógica del licenciado Echeverría: ¿así que la matanza fue un acto? Del mismo modo, la declaración de inocencia es un ritual.
Así que sí hubo genocidio pero nadie lo cometió, o fueron asesinos invisibles o fuerzas del mal que por carecer de papeles migratorios no se dieron a conocer.
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En 1968, Echeverría pronuncia palabras categóricas: “Las medidas extremas adoptadas se orientan a preservar la autonomía universitaria de los intereses mezquinos e ingenuos, muy ingenuos que pretenden desviar el camino ascendente de la Revolución Mexicana”.
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En tiempos de Vicente Fox, que algunos recuerdan, Luis Echeverría comparece el 2 de julio de 2002 ante Ignacio Carrillo Prieto, fiscal especial para los delitos del pasado, y escucha algunas precisiones: en 1968, el secretario de Gobernación, segundo poder civil de la República, concentra información, discierne un buen número de aconteceres políticos y está al pendiente de los mínimos detalles. Junto al secretario de la Defensa y el procurador general de la República es el responsable de la seguridad del Estado, y —testifican la tradición del autoritarismo y los millones de personas al tanto de los procedimientos del PRI— sólo el presidente de la República dispone de mayor poder de decisión.
Se le interroga: “¿Recibía información de parte de inteligencia militar? ¿Esto era diario? ¿El Estado vio amenazada la tranquilidad social con el mitin convocado por los estudiantes? ¿Cuál fue su postura como secretario de Gobernación con la forma en que interviene el Ejército y demás autoridades en los hechos del 2 de octubre? ¿Se la externó al presidente? En caso afirmativo ¿qué instrucciones le dio el presidente al respecto?”.
Las preguntas acechan: “¿Les informaron al momento lo que sucedía en la tarde del 2 octubre? ¿Quién lo informaba? ¿Qué órdenes recibió usted como secretario de Gobernación para la solución del movimiento estudiantil del presidente Díaz Ordaz?”. En 1998, al anticipar este cáliz, Echeverría balbucea: “¡La matanza de Tlatelolco fue un exceso!”. El término es inconsistente (ningún crimen colectivo es un “exceso”)… La Fiscalía Especial insiste:
—¿Quién ordenó (la matanza), el presidente Díaz Ordaz?
—El presidente es el comandante supremo. Así lo ordena la Constitución, así lo consigna la ley. Yo lo fui, pero hasta el 1 de diciembre. Pero la cosa no es tan simple. Se acumularon muchos problemas y se complicaron muchísimo. Y los problemas que economistas y políticos no pueden resolver se tornan en violencia...
—¿Fue entonces el jefe del Ejército el que ordenó disparar?
—Fue una dirección del Comando Supremo de las Fuerzas Armadas, el presidente de la República.
—¿Fue Díaz Ordaz entonces?
—Pues sí.
—Pero, ¿él ordenó disparar?
—No, él no ordenó disparar...
“Los comunistas le prendieron fuego a Tenochtitlán confundiéndola con Roma”
El sentido de las preguntas se opone frontalmente a la versión del ex presidente, expresada por su abogado defensor Ricardo Cuéllar Salas (nota de Jorge Ramos Pérez, EL UNIVERSAL, 5 de julio de 2002). El licenciado Cuéllar desdeña la acusación de genocidio (“No tiene ningún sustento”), localiza un complot (“El gobierno de Fox utiliza políticamente el asunto... Yo no creo que haya sido coincidencia que se haya citado a Luis Echeverría el 2 de julio”) y razona a partir de su educación en la guerra fría:
—¿Eso (el movimiento empeñado en hacer la revolución en México) puso en riesgo la estabilidad del país?
—Lo pusieron en riesgo con todo un programa para desestabilizar al gobierno. En ese tiempo hubo guerrilla, asaltos, secuestros. Y esto lo vemos muy claramente narrado en un informe presidencial de Díaz Ordaz el 1 de septiembre de 1968. El presidente hace un llamado al pueblo a responder por la imagen de México que está en tela de juicio. Había interés en que no se llevaran a cabo los Juegos. Lo que sucedió, quiénes fueron, ahí está la parte importante de quiénes encaminaron a México a toda esta situación. Esos grupos tienen una dosis de participación que hay que poner en tela de juicio.
Y por eso se oye aún más hueca la explicación echeverrista del 2 de octubre a través de su abogado:
—La responsabilidad constitucional del gobierno era hacer prevalecer las instituciones, y todo esto seguramente dio origen a que se tomaran decisiones de que participaran los grupos de orden y evitar que hubiese una situación adversa. Se lleva a cabo una manifestación el 2 de octubre y no creo, de ninguna manera, que haya habido una orden de que se llevara a cabo ese acto como sucedió al final.
El abogado es uno de los encargados de destruir la lógica del licenciado Echeverría: ¿así que la matanza fue un acto? Del mismo modo, la declaración de inocencia es un ritual.
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