LORENZO CÓRDOVA VIANELLLOUn simple vistazo a las notas de prensa en los últimos meses hace pensar que el IFE se ha convertido en un órgano encargado primordialmente de tramitar las denuncias e imponer las penas a quienes violen la ley electoral.
Tal ha sido la centralidad que ha venido a ocupar en las actividades del IFE la sustanciación y resolución del Procedimiento Especial Sancionador (PES), que las tareas primordiales de esa institución, la organización e instrumentación de las elecciones federales, parece haber pasado a un segundo plano. Sabemos que en realidad no es así; si escudriñamos la prensa encontraremos noticias que nos indican que la titánica labor de organización del proceso electoral está en marcha y que esa maquinaria constituida, en primer término, por el servicio profesional electoral está desplegada y funcionando con el profesionalismo y exhaustividad de siempre.
Sin embargo, la irresponsabilidad de los actores políticos (y de algunos poderes privados) ha convertido al PES en un asunto cotidiano para el IFE. Desde el arranque de las precampañas, el pasado 31 de enero, a la fecha han sido presentadas cerca de 200 denuncias que deben tramitarse a través de ese procedimiento, ¡y todavía no arrancan formalmente las campañas!
Ese procedimiento, que fue inventado por el Tribunal Electoral durante las campañas presidenciales de 2006 para enfrentar las nuevas y disruptivas campañas de denostación que caracterizaron a esos comicios, fue recogido y normado en ley por la reforma de 2007-2008 y hoy está poniéndose a prueba, por primera vez, en unas elecciones.
El PES tiene por objeto conocer las denuncias que se presenten por cuatro tipos de ilícitos fundamentalmente: a) las violaciones por parte de funcionarios públicos a las reglas establecidas por el artículo 134 de la Constitución, que impiden la propaganda gubernamental personalizada; b) el incumplimiento de las obligaciones que en materia de radio y televisión impone la Constitución a concesionarios, permisionarios, partidos, candidatos y particulares; c) las violaciones a las reglas que rigen la propaganda electoral (principalmente lo que hace a las campañas negativas); y d) la realización de actos anticipados de campaña y precampaña.
Lo que hoy estamos viendo es que la irresponsabilidad de varios actores ha convertido a ese mecanismo —que como todo procedimiento sancionatorio pretende tener un carácter excepcional— en algo cotidiano y que ocupa gran parte de los esfuerzos institucionales del IFE, con todo el desgaste que ello supone para esa institución.
Las conductas de algunos concesionarios (principalmente las dos grandes televisoras), que al ver afectados sus intereses por la reforma electoral han desafiado a las normas y al IFE (aunque hoy parecen haber reducido la intensidad de sus críticas); de algunos partidos políticos que han apostado, una vez más, por la denostación del contrario —muchas veces ilegal— como eje de sus estrategias electorales; de varios gobernantes que desafían la ley utilizando recursos públicos para promoción personal o para promocionar a algún partido, entre otras, han convertido al IFE en una especie de Ministerio Público que día a día se enfrasca en tener que lidiar con denuncias y violaciones a la ley.
Llamar a la responsabilidad en pleno proceso electoral es como predicar en el desierto. Pero sí debemos hacernos cargo de que incitar cotidianamente al IFE a desahogar estos procedimientos, que inevitablemente lo llevan a confrontarse con alguna de las partes (con quien denuncia si se absuelve o con el denunciado si se sanciona), no abona nada bueno y crea un clima del que difícilmente alguien sacará provecho, a menos que alguien le apueste a desgastar (más) al árbitro y a dinamitar la institucionalidad electoral. Y no dudo que los haya.
Tal ha sido la centralidad que ha venido a ocupar en las actividades del IFE la sustanciación y resolución del Procedimiento Especial Sancionador (PES), que las tareas primordiales de esa institución, la organización e instrumentación de las elecciones federales, parece haber pasado a un segundo plano. Sabemos que en realidad no es así; si escudriñamos la prensa encontraremos noticias que nos indican que la titánica labor de organización del proceso electoral está en marcha y que esa maquinaria constituida, en primer término, por el servicio profesional electoral está desplegada y funcionando con el profesionalismo y exhaustividad de siempre.
Sin embargo, la irresponsabilidad de los actores políticos (y de algunos poderes privados) ha convertido al PES en un asunto cotidiano para el IFE. Desde el arranque de las precampañas, el pasado 31 de enero, a la fecha han sido presentadas cerca de 200 denuncias que deben tramitarse a través de ese procedimiento, ¡y todavía no arrancan formalmente las campañas!
Ese procedimiento, que fue inventado por el Tribunal Electoral durante las campañas presidenciales de 2006 para enfrentar las nuevas y disruptivas campañas de denostación que caracterizaron a esos comicios, fue recogido y normado en ley por la reforma de 2007-2008 y hoy está poniéndose a prueba, por primera vez, en unas elecciones.
El PES tiene por objeto conocer las denuncias que se presenten por cuatro tipos de ilícitos fundamentalmente: a) las violaciones por parte de funcionarios públicos a las reglas establecidas por el artículo 134 de la Constitución, que impiden la propaganda gubernamental personalizada; b) el incumplimiento de las obligaciones que en materia de radio y televisión impone la Constitución a concesionarios, permisionarios, partidos, candidatos y particulares; c) las violaciones a las reglas que rigen la propaganda electoral (principalmente lo que hace a las campañas negativas); y d) la realización de actos anticipados de campaña y precampaña.
Lo que hoy estamos viendo es que la irresponsabilidad de varios actores ha convertido a ese mecanismo —que como todo procedimiento sancionatorio pretende tener un carácter excepcional— en algo cotidiano y que ocupa gran parte de los esfuerzos institucionales del IFE, con todo el desgaste que ello supone para esa institución.
Las conductas de algunos concesionarios (principalmente las dos grandes televisoras), que al ver afectados sus intereses por la reforma electoral han desafiado a las normas y al IFE (aunque hoy parecen haber reducido la intensidad de sus críticas); de algunos partidos políticos que han apostado, una vez más, por la denostación del contrario —muchas veces ilegal— como eje de sus estrategias electorales; de varios gobernantes que desafían la ley utilizando recursos públicos para promoción personal o para promocionar a algún partido, entre otras, han convertido al IFE en una especie de Ministerio Público que día a día se enfrasca en tener que lidiar con denuncias y violaciones a la ley.
Llamar a la responsabilidad en pleno proceso electoral es como predicar en el desierto. Pero sí debemos hacernos cargo de que incitar cotidianamente al IFE a desahogar estos procedimientos, que inevitablemente lo llevan a confrontarse con alguna de las partes (con quien denuncia si se absuelve o con el denunciado si se sanciona), no abona nada bueno y crea un clima del que difícilmente alguien sacará provecho, a menos que alguien le apueste a desgastar (más) al árbitro y a dinamitar la institucionalidad electoral. Y no dudo que los haya.
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