jueves, 31 de enero de 2013

¿IFAI EN CRISIS?*


PEDRO SALAZAR UGARTE

No me detendré en las causas y me parece ocioso interpretar las intenciones de los protagonistas del momento que se vive en el instituto encargado de la transparencia. Lo que me propongo es llamar la atención de los lectores sobre cinco aspectos relevantes de este entuerto que han sido opacados por el ruido del escándalo.

Primero, una cuestión de justicia. Jacqueline Peschard merece un aplauso que no hemos podido darle. Durante su presidencia el IFAI acrecentó su prestigio, su estructura de personal y sus facultades y, de paso, se impulsó la reforma constitucional más ambiciosa en la materia desde que la agenda de acceso a la información se instaló en la política nacional. Todo eso se logró, hoy lo sabemos, a pesar de las tensiones y enconos entre sus colegas. La discreción y el profesionalismo de Peschard ofrecen una lección de ética de la responsabilidad y de talento político. Una fórmula escasa.

La segunda reflexión se descuelga de la anterior. En el IFAI, desde hace años, trabaja un equipo de profesionales que, en medio de este zafarrancho, ven injustamente su labor menospreciada. No se vale. Los funcionarios especializados de ese instituto —muchos de ellos mujeres inteligentes y profesionales— asisten como espectadores a una disputa pública que merma el reconocimiento que merecen. Esa burocracia profesional ha sido un ejemplo de dedicación y no merece cargar con el desprestigio que la gresca acarrea. Los comisionados les deben una disculpa y un reconocimiento.

El tercer comentario se adentra en las vicisitudes del conflicto. Son importantes las distinciones: no es lo mismo de lo que se acusa al actual presidente que lo que se le imputa a una de las comisionadas. De hecho, lo primero empalidece frente a lo segundo. Porque la pereza, la desidia y el desinterés son defectos que, de resultar ciertos, amenazan la capacidad de liderazgo del presidente, pero no configuran faltas graves ni motivan el fincamiento de responsabilidades. Sin embargo, el abuso de autoridad que conlleva, desde una posición privilegiada, iniciar solicitudes de información —algunas de ellas sobre académicos y miembros de la sociedad civil—, participar en su desahogo e incluso ser ponente de asuntos propios, de ser verdad, constituye una falta administrativa grave. Si la comisionada Arzt cometió esos excesos, por lo pronto, debería renunciar.

De ahí la cuarta dimensión del problema que quiero resaltar. Lo que ha sucedido en el IFAI no justifica una remoción de los miembros del pleno del instituto. Una operación política en esa dirección sería un error y un atropello como lo fue la remoción de los consejeros del IFE en 2007. La consolidación institucional pasa por un deslinde de responsabilidades —que podría implicar la separación de la comisionada Arzt de su encargo—, por la normalización de la vida institucional y, como ya se había anunciado, por el nombramiento de dos nuevos comisionados con motivo de la reforma constitucional en ciernes. Estos nombramientos —ojalá— deben responder a las trayectorias y capacidad técnica de los nombrados y no al reparto político que tanto lastima a las instituciones de garantía.

La quinta reflexión es obligada. El IFAI es el resultado de un esfuerzo social y político que involucró a organizaciones civiles, académicos, medios de comunicación y legisladores, y ha madurado gracias al celo de las “transparentólogas” y los “transparentólogos” del país. Hoy tenemos un derecho de acceso a la información y un derecho de protección de datos personales porque dimos la batalla para exigir su garantía. Y, sobre todo, porque resistimos las intentonas regresivas. No es momento para bajar la guardia. Si tiramos la toalla ganarán terreno los sempiternos promotores de la opacidad. Y no olvidemos que son muchos y que están por todos lados. Hoy el IFAI no está en crisis: la crisis está en las dinámicas de su pleno y, quizá, en la calidad moral de uno de sus miembros. Aún podemos evitar que se propague.

*El Universal 31-01-13

REVELADOR, EL CASO CASSEZ*


JOSÉ WOLDENBERG

El caso Cassez se ha convertido en un revelador no solo de las diferentes nociones que existen entre nosotros sobre la justicia, sino de las pulsiones que modelan parte de nuestra convivencia. Quizá sea fácil reconocer una injusticia (digo quizá), pero es mucho más difícil entender qué es la justicia.

A la sala de la Corte se le presentó un recurso de amparo en revisión. Sobre ello tenía que decidir. Una mujer condenada a 60 años de prisión por el delito de secuestro. Lo que la Corte encontró fue un rosario de abusos, de violaciones a los derechos de la inculpada, que incluían desde montajes para televisión (del supuesto momento en que eran aprehendidos los secuestradores) hasta inconsistencias en las declaraciones de las víctimas. Y por ello, la Corte decidió que todo el proceso estaba viciado y concedió el amparo liso y llano.

Creo que los tres ministros que votaron en ese sentido entienden que la impartición de justicia tiene su "gracia". Parten de la noción de que todos -incluyendo a los presuntos delincuentes- tenemos una serie de derechos básicos que si son vulnerados la justicia deja de serlo. Es decir, que todo inculpado es en principio inocente hasta que no se le demuestre lo contrario, que la autoridad está obligada a preservar sus derechos y a construir un proceso debido, dado que de lo que se trata es de impartir justicia y no de dar rienda suelta al desquite punitivo. Y enviaron un mensaje a policías, ministerios públicos y jueces, para que en el cumplimiento de su labor entiendan no sólo que están obligados a actuar apegados a la ley (garantizando los derechos de los inculpados), sino que de no hacerlo sus actuaciones se convertirán en un boomerang.

No obstante, eso que debería ser bienvenido generó una ola de malestar que tiene algún nutriente comprensible pero otros son notoriamente espurios.

Entre estos últimos se encuentra la que debería ser una idea desterrada: que el criminal (o peor aún, al que nosotros consideramos criminal) no merece ninguna consideración, ningún trato civilizado. Es la pulsión que entiende a la justicia como venganza. Los presuntos delincuentes serían una especie de perros del mal a los que no se les debe tener ningún respeto, ningún miramiento. Por ese resorte, no es casual que distintas comunidades, en los últimos años, hayan sido actoras de linchamientos a presuntos culpables... El clima de violencia y preocupación, la noción de que las autoridades son incapaces de combatir al crimen, pueden alimentar esas reacciones, pero además -creo- la idea de que a los criminales hay que pagarles con su misma moneda está más que instalada en el imaginario público. Una justicia bárbara, arcaica, está presente en la médula espinal de nuestra sociedad.

La xenofobia. La reiteración obsesiva de la nacionalidad de la "secuestradora", la "francesa", da cuenta de un resorte bien aceitado: la presunción de que "los otros", los que no forman parte de nuestra "comunidad", no son merecedores de garantías. Se explota un chovinismo agresivo que coloca fuera del círculo de los "nuestros" a los no mexicanos a los que se convierte en extraños, intrusos, indeseables.

Pero también subvierte la idea de que la decisión de la Corte no se haya pronunciado sobre "la inocencia o la culpabilidad" de Cassez. Ese dicho perturba legítimamente el sentido común, deja pasmado a más de uno. Existe la sensación de que por esa vía lo sustantivo se desvanece y toma el lugar privilegiado lo adjetivo (el procedimiento). Lo que sucede es que en el caso de la impartición de justicia "el procedimiento" es sustantivo y, si no se sigue, toda la pretensión de castigar conforme a derecho se desploma. Quizá ahí se ubica la fuente del desencuentro mayor entre la Corte y las pulsiones fieras de buena parte de la sociedad. Para esta última lo importante es el castigo, no importa cómo se llegue a él. (Entiendo que la idea del ministro Cossío era la de reconocer violaciones a los derechos de la presunta victimaria pero devolver el caso a un Tribunal Unitario para que "hicieran justicia" limpiando el expediente de montajes, testimonios inconsistentes, etcétera. Pero no prosperó).

El caso devela además las tensiones a las que se ve sujeta la justicia luego de que los juicios mediáticos han dado y socializado su veredicto. Ese contexto de exigencia espurio gravita sobre el imaginario público con una fuerza superior a los dichos del Poder Judicial al que se le confronta con una "realidad" construida desde los medios y que resulta más contundente y poderosa que las complejas disquisiciones de los órganos jurisdiccionales.

Ni la sociedad ni el Estado deben mimetizarse a los delincuentes. No se trata de poner en acto la conseja bíblica de "ojo por ojo", sino de construir un sistema de justicia digno de tal nombre, capaz de ofrecer garantías sustantivas y procesales a los presuntos culpables, para que las sanciones sean legales y legítimas. De lo contrario, Estado y sociedad acaban por parecerse a aquellos a los que legítimamente deben combatir.

*Reforma 31-01-13

martes, 29 de enero de 2013

EL PRI CONCRETÓ LA RECONQUISTA DEL IFE*


JESÚS CANTÚ ESCALANTE

La absoluta exoneración del PRI fue únicamente la muestra fehaciente de que su estrategia de recuperación del control de la autoridad electoral rindió frutos. La implementación de la misma la iniciaron en la reforma constitucional y legal de 2007, cuando particularmente respecto al tema de fiscalización le arrebataron la función al Consejo General y se la depositaron a una unidad dentro de la rama ejecutiva (Proceso 1622) y la continuaron con la designación de los consejeros electorales en febrero y agosto de 2008 (Proceso 1632 y 1659) y en diciembre de 2011 (Proceso 1832), donde se aseguraron de contar con un grupo fiel de tres consejeros electorales y dos más que en las decisiones cruciales se inclinarían a su favor.

Los priistas siempre responsabilizaron a la autoridad electoral de su derrota en las elecciones presidenciales de 2000 y nunca le perdonaron la histórica multa de mil millones de pesos por el llamado Pemexgate. Ambos hechos los hicieron valer para vetar a todos los integrantes del Consejo General de 1996-2003, durante la renovación del mismo en octubre de 2003 pero sobre todo se aprovecharon de la inconformidad de la izquierda tras las elecciones presidenciales de 2006 para empezar a aplicar una estrategia que le permitiera introducir cambios estructurales que les aseguraran dicho control, más allá de los consejeros.

Así en la reforma de 2007 dejaron la labor de fiscalización en una unidad en manos de un titular designado por el Consejo General del IFE, pero cuyas labores de revisión de los informes e integración de los expedientes y elaboración de dictámenes de las quejas vinculadas al manejo de recursos, dependiese totalmente del secretario ejecutivo y ya no de una Comisión del Consejo General, como fue entre 1997 y 2007. Los consejeros electorales conocen los expedientes y los proyectos de resolución al mismo tiempo que los representantes de los partidos políticos y los consejeros del Poder Legislativo, por lo cual poco pueden hacer para impulsar o exigir investigaciones más exhaustivas y minuciosas, como se evidenció en la pasada sesión del Consejo, por lo menos en lo que respecta a los cuatro consejeros que impulsaban la sanción al tricolor.

El primer problema con el que se enfrentaron los consejeros partidarios de la multa fue la integración de un expediente deficiente que se limitó a lo más elemental. En primera instancia (y cuestión que ni siquiera requería de investigación alguna) era el hecho de que en el contrato que entregó el propio PRI queda claro que obtuvo un financiamiento –así está señalado explícitamente en el párrafo segundo de la cláusula segunda: “Adicionalmente ‘Alkino’ otorga un financiamiento a ‘el partido’…”– del que no informó conforme a la ley y los lineamientos emitidos por el IFE (Proceso 1865), además de la violación a otras normas y lineamientos, como no haber pasado dichos recursos a través de cuentas a nombre del mismo partido.

Pero en segundo lugar la investigación se limitó a los elementos que le aportó el mismo partido y bajo el pretexto de que “…la autoridad electoral no es competente para resolver aspectos relacionados en materia fiscal, en específico, por la discrepancia fiscal por operaciones de aportantes sean personas físicas o morales cuyos egresos sean mayores que sus ingresos…”, no revisó la evidente construcción de un entramado financiero en el cual se pierden el origen y destino de los recursos. El entramado se trasluce con la presencia de empresas fantasma, algunas de las cuales simplemente son mencionadas marginalmente en el mismo dictamen.

A pesar de estas dos evidentes deficiencias: durante la discusión del punto en la sesión del pasado miércoles 23 se confirmó que sí usaron las tarjetas Monex, que sí estaban involucradas algunas de las empresas mercantiles señaladas en el financiamiento y la dispersión de los recursos, que dichos gastos deben estar dentro de los de campaña y que desconocen el destino de al menos 44 millones de pesos.

Todo esto está documentado en el mal estructurado expediente y fue el argumento que utilizaron los cuatro consejeros (Benito Nacif, Alfredo Figueroa, Lorenzo Córdova y María Marván) que proponían imponer una multa de 105 millones de pesos al PRI y al PVEM; pero las evidencias sucumbieron frente la lealtad o la debilidad de cinco consejeros, entre ellos el consejero presidente, que optaron por exonerar al tricolor y al verde.

Por las intervenciones de los consejeros los votos de los cuatro que defendían la sanción eran totalmente previsibles; también lo eran los dos priistas (Francisco Guerrero y Marco Antonio Baños); Leonardo Valdés no se pronunció, aunque no sorprendió a nadie su voto por la exoneración; y la sorpresa en la primera votación fue la de Macarita Elizondo, quien en sus intervenciones se alineó con los cuatro que impulsaban la multa, pero en el voto se fue con los priistas, con lo cual la votación se empató.

Y entonces fue cuando la designación de priistas de cepa, como Sergio García Ramírez, cobró más sentido y rindió frutos para el tricolor. El consejero, quien se ausentó de la discusión por su relación de amistad con los socios (Gabino Fraga) de una de las empresas implicadas en el caso, decidió que era el momento de actuar para evitar la multa. Ingresó al salón y, con la venia de todos sus compañeros consejeros, desempató la votación a favor del tricolor.

En ese momento se cristalizó la mayoría priista en el Consejo General del IFE: dos por su reconocida militancia en el tricolor (Francisco Guerrero y Sergio García Ramírez), uno por su evidente cercanía con insignes militantes (Manlio Fabio Beltrones y Felipe Solís Acero) de dicho partido (Marco Antonio Baños) y dos más porque su formación, trayectoria y personalidad los lleva a votar siempre al lado de los tricolores (Leonardo Valdés y Macarita Elizondo). El consejero presidente seguramente también consideró muy cuidadosamente cuál de sus posiciones abonaba más a una posible reelección en el cargo en octubre de este año, cuando además de dicha designación se hará la de otros dos consejeros electorales que ya terminan su encomienda (Alfredo Figueroa y Francisco Guerrero).

El miércoles 23 simplemente se concretó la reconquista tricolor del Instituto Federal Electoral. De nada sirven los lamentos y quejas de panistas y perredistas. Particularmente ellos fueron cómplices (conscientes o inconscientes) de tal situación, pues sus legisladores votaron favorablemente todas las decisiones que condujeron a esto.

*Proceso 29-01-13

IFE Y CASSEZ: EL DESMORONAMIENTO INSTITUCIONAL*


JOHN ACKERMAN

Tanto la resolución del Instituto Federal Electoral (IFE) sobre el caso Monex como la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el caso de Florence Cassez revelan y ratifican el extremo grado de desmoronamiento institucional que sufre el país. Por un lado los consejeros electorales envían una señal de absoluta impunidad hacia la clase política al rehusarse a investigar a fondo o sancionar la evidente triangulación de fondos que alimentó la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. Por otro lado no fueron los criterios garantistas de avanzada del ministro Arturo Zaldívar los que a la postre permitieron la justificada liberación de Cassez, sino la sorpresiva y mal fundamentada argumentación de un ministro novato, Alfredo Gutiérrez, quien debe su cargo de manera directa y personal a Peña Nieto.

Al nuevo mandatario le conviene el desenlace de ambos casos, decididos de manera casi simultánea el pasado miércoles 23. La decisión del IFE busca enterrar los cuestionamientos sobre la legalidad de la elección presidencial de 2012 mientras la sentencia de la SCJN evidencia los atropellos de administraciones pasadas y le permite a Peña Nieto robar cámara para “lamentar” los “errores o violaciones al debido proceso” e “instruir” a los integrantes de su gabinete a “evitar que casos como el que hemos conocido vuelvan a suceder”. La decisión también le ayuda al mandatario a lucirse internacionalmente a partir de la normalización de relaciones diplomáticas entre México y Francia.

Llama la atención que en ambos casos, Monex y Cassez, el voto decisivo fue emitido por un servidor público con gran cercanía al PRI. El consejero electoral Sergio García Ramírez, antiguo secretario general del PRI y amigo de los dueños de la empresa Efra, implicada en el escándalo Monex, fue quien rompió el empate en la votación en el IFE. Con total hermetismo y sin ofrecer argumento alguno, García Ramírez esperó hasta la segunda ronda de votación para girar la balanza a favor de sus aliados y amigos. De igual manera el consejero presidente, Leonardo Valdés, emitió su voto a favor de la impunidad sin mayor explicación.

Por otra parte habría que recordar que Gutiérrez fue la “cuota” de Peña Nieto, y el ministro Alberto Pérez la de Felipe Calderón, en el más reciente proceso de nombramiento de ministros a la Corte. Fue a partir de esta alianza PRIAN, y el ofrecimiento de un futuro “lugar” en el Consejo de la Judicatura al PRD, que se pudo construir la mayoría calificada necesaria en el Senado.

En las últimas semanas Gutiérrez había mantenido sus opiniones sobre el tema Cassez en total secrecía, incluso reservándolos de sus propios colegas ministros de la Corte. Y cuando el miércoles pasado le tocó su turno para emitir su opinión, se limitó a dar lectura a un escueto documento preparado con anticipación que, sin mayor desarrollo argumentativo, indicó su acuerdo con la libertad inmediata de la francesa.

Vale la pena recordar que las sesiones públicas de la Corte existen con el fin de abrir espacios para la deliberación colectiva y el intercambio público de argumentos, no para la lectura de documentos burocráticos. La manera en que el ministro Gutiérrez quiso justificar su extraño hermetismo solamente levanta mayores sospechas con respecto a sus verdaderos motivos: “Toda vez que ésta es la primera ocasión que emito una opinión sobre este asunto en particular, me voy a permitir leer la opinión”. En realidad, es precisamente la primera vez que uno articula su opinión cuando debe desarrollar con mayor claridad y amplitud sus puntos de vista.

Pero lo más preocupante no es la forma en que Gutiérrez expresó su punto de vista sino el fondo de sus argumentos. Su breve comunicado no hace referencia alguna al proyecto original del ministro Arturo Zaldívar, presentado y rechazado en marzo pasado. Aquel proyecto fundamentaba su apoyo para la liberación de Cassez en una defensa irrestricta del debido proceso y una sofisticada teoría del “efecto corruptor” del montaje organizado por Genaro García Luna. Zaldívar había hecho un enorme esfuerzo por convertir el caso Cassez en un caso clave que pudiera ser utilizado para revolucionar el sistema de justicia del país.

En contraste, Gutiérrez quiere limitar al máximo las ondas expansivas que pudiera generar la sentencia. Para él se trata exclusivamente de liberar a una sola persona por la naturaleza especial del “caso concreto”. El ministro fue explícito, por ejemplo, en señalar que el caso Cassez no debería ser utilizado para restringir la evidente violación a los derechos humanos que implican las conocidas “presentaciones” de personas detenidas ante la prensa.

Al parecer la elaboración del “engrose”, o versión definitiva, de la sentencia para el caso Cassez será un proceso sumamente complicado. Habría que hacer votos para que predomine la visión de Zaldívar, pero lo más probable es que sea el punto de vista de Gutiérrez el que termine por imponerse. Si así fuera, el caso Cassez no constituiría un viraje histórico a favor del debido proceso sino que solamente ratificaría la lección de siempre de que el Estado de derecho y la presunción de inocencia solamente se cumplen para quienes tienen contactos y apoyos poderosos.

Por otra parte, con su aval al dictamen de la Unidad de Fiscalización del IFE en el caso Monex, los consejeros electorales simplemente cierran los ojos y esconden la cabeza en un contexto de total descontrol sobre las finanzas públicas de los partidos. Hasta la consejera María Marván tuvo que aceptar públicamente que “lo menos que habría que decir es que hay una obra maestra de ingeniería financiera”. Y el representante del PAN ante el IFE, Rogelio Carbajal, se vio obligado a marcar distancia de sus aliados en el PRI al señalar sin rodeos que “estamos ante un financiamiento paralelo del PRI” y que se debe investigar un posible “lavado de dinero, porque no sabemos efectivamente cuál fue el origen de los recursos”.

Una vez más se defrauda el sueño ciudadano de contar con instituciones públicas que defiendan el interés general. Urge rescatar a nuestras instituciones para que sirvan a la democracia y no al poder.

*Proceso 29-01-13

IFE-MONEX: OPORTUNIDAD PERDIDA*


JAVIER CORRAL JURADO

He escuchado en los últimos días expresiones de desconcierto, desánimo, asombro y repudio por la decisión tomada por la mayoría de los consejeros del IFE ante el caso Monex. Una de nuestras mejores instituciones ha echado por la borda una oportunidad de oro para reafirmar el vínculo de credibilidad con la ciudadanía y de legitimidad de nuestros procesos electorales. 

Tras los resultados electorales, el IFE tuvo el gran imperativo de investigar a fondo el origen y destino de los recursos implicados en el “Monexgate” y llevar hasta las últimas consecuencias su vital tarea de fiscalización, para la cual la reforma electoral del 2008 lo dotó de amplias facultades legales y nuevos instrumentos de vigilancia de los recursos que los partidos y candidatos ejercen. Estaba obligado a sentar una sanción ejemplar frente a las formas que burlan la ley para allegarse de manera ilegal de recursos públicos o privados. En ese deber estaba puesta gran parte de la expectativa ciudadana que vivió en carne propia los excesos y abusos de la campaña peñista. 

Pero el IFE, a la par que ha defraudado esa esperanza, ha propinado un duro revés a la fiscalización del sistema electoral mexicano y, en un acto suicida de su prestigio, autodestructivo en términos de la confianza ciudadana, ha exonerado al PRI en el caso de este financiamiento ilícito. Por mayoría de cinco votos a favor y cuatro en contra, resolvieron no sancionar lo que a todas luces fue un proceso de simulación para triangular recursos ilícitos a la campaña del hoy presidente de México. 

Es vergonzosa, absurda, impúdica, la resolución que apoyaron los consejeros Leonardo Valdés Zurita, Marco Antonio Baños, Francisco Guerrero, Macarita Elizondo y Sergio García Ramírez. Siendo que en el propio dictamen de la Unidad de Fiscalización se apunta que el fondo del asunto consiste en determinar el origen, el destino y la aplicación de los recursos que a través de diversas tarjetas expedidas por Banco Monex, fueron distribuidas por la campaña de Peña Nieto y, consecuentemente, de resultar un gasto de campaña, verificar si existe un rebase al tope de gastos establecido para las elecciones federales inmediatas anteriores, ninguno de los objetivos cumplió la resolución. Nada se dice de dónde provienen los recursos, y menos se comprueba el gasto. 

Se pretende justificar a través de la firma de un contrato con la empresa Alkino Servicios y Calidad —presumiblemente firmado el 1 de marzo de 2012— la licitud de los recursos, sólo porque se asentó en las cláusulas “prestar servicios de desarrollo, diseño e implementación de soluciones de negocios basados en el mecanismo de disponibilidad inmediata de recursos monetarios a través de tarjetas de prepago”. Se trata en realidad de una violación flagrante del artículo 77, párrafo 2, inciso g), del Cofipe, que claramente ordena que: “No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona Y BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA: […] g) Las empresas mexicanas de carácter mercantil". 

En términos llanos esto es un financiamiento, que por cierto no realiza esta empresa, sino las empresas comerciales Atama, lnizzio, Baltus, Akropolis, Luciana, Luza, Conclave, todas las que usó el PRI para piramidar e intermediar los recursos. 

Lo más grave es que en ninguna parte del dictamen presentado por la Unidad de Fiscalización se detallan los usuarios finales de las tarjetas Monex, ni los montos encontrados en cada una de ellas. Sobre el origen de los recursos para fondear este financiamiento, la Unidad de Fiscalización se limita a enunciar los nombres, razón social y montos aportados por las personas físicas y morales involucradas, sin decir absolutamente nada del origen de los recursos y de la capacidad económica de estas personas para aportarlos. 

Más aún, tampoco se hace cargo de las contradicciones públicas del PRI al negar cualquier relación con Monex y el uso de tarjetas del mismo banco, plenamente documentadas, como la del coordinador general de la campaña de Peña Nieto, Luis Videgaray, quien el 29 de junio negó el uso de tarjetas de prepago, y luego el reconocimiento tardío —ya explotado el escándalo— de Jesús Murillo Karam y Pedro Joaquín Codwell de que, en efecto, el PRI había dispuesto de su financiamiento público recursos para pagar servicios de Monex, y luego la propia declaración del PRI en el expediente en el sentido de que realizó ciertos pagos a través de las tarjetas de Monex a elementos de su estructura. 

Es difícil afirmar los motivos por las cuales se produce esta regresión asumida por los consejeros electorales del IFE citados con antelación, pues no explicaron realmente sus razones, mucho menos lo hizo don Sergio García Ramírez, quien habiéndose “retrotraído” a lo largo de seis meses de la investigación y discusión del caso, cuando se empató, ejerció un voto decisivo a favor de la exoneración. Ya purgarán la penitencia por la frustración de las esperanzas que ellos mismos construyeron. Se tendrán que hacer cargo de su autodemolición

*El Universal 29-01-13

'AUTONOMITIS'*


JORGE ALCOCER

Una nueva enfermedad afecta a la clase política mexicana, en el gobierno o en la oposición; la podemos denominar autonomitis, por su síntoma más notorio, que es la pretensión de cercenar a los poderes del Estado facultades sustantivas, para trasladarlas a organismos autónomos, integrados por ciudadanos, supuestamente tan expertos como impolutos, que garantizarán el cumplimiento de las obligaciones que los políticos no han podido, o no han querido, cumplir.

En las dos décadas previas aparecieron los primeros síntomas de la enfermedad, pero fueron contenidos, de tal forma que nuestra Constitución sigue siendo avara y cuidadosa en lo que hace a organismos autónomos. De hecho, poniendo aparte a las universidades públicas, solo otorga esa calidad a cuatro: Banco de México, IFE, CNDH e INEGI. Por la vía de la ley, el Congreso ha otorgado autonomía técnica y de gestión a otros organismos, como el IFAI, y las comisiones reguladoras en materias como la competencia económica, la energía o las telecomunicaciones.

A diferencia del IFE, sujeto de manera constante al escrutinio público, poco sabemos de los resultados que la autonomía constitucional produjo en los otros tres con esa calidad. Hay que preguntar si hemos tenido una mejor política monetaria; más y mejor información geográfica y estadística; mejores resultados en la protección de los derechos humanos. La verdad es que poco sabemos al respecto. Cabe destacar que en el Banco Central, la CNDH y el INEGI, el diseño orgánico parte de una dirección unipersonal, a la que acompañan cuerpos colegiados, de dirección o consultivos. Incluso en el IFE, la Constitución y el Cofipe singularizan al presidente del Consejo General, que es electo por la Cámara de Diputados.

El IFE es el único organismo constitucionalmente autónomo en que, para la integración de su órgano de dirección superior, solamente interviene la Cámara de Diputados; en los otros tres existe interacción de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, como en los casos de embajadores y cónsules generales, o altos mandos de las Fuerzas Armadas, en los que el Ejecutivo designa y el Senado ratifica. En el caso de la SCJN, el Ejecutivo propone ternas; para el TEPJF existe, desde 1996, una variante, sus magistrados son propuestos, en terna, por la Corte, en ambos casos, el Senado elige. La creación del IFAI fue motivo para crear, en la ley, otra variante: el Ejecutivo designa y el Senado puede objetar.

El presidente del IFAI es electo, de entre ellos mismos, por los comisionados; con las consecuencias que están a la vista de todos. El modelo fue copiado para institutos y tribunales electorales locales, con iguales o peores resultados; caso paradigmático es el Instituto Electoral del DF, en donde el reparto de posiciones, por cuota partidista, es regla no escrita desde hace años.

Sin una evaluación sobre el tema, el presidente Peña Nieto, todavía como electo, entregó a los senadores del PRI una iniciativa de reforma constitucional en materia del derecho de acceso a la información; a los defectos de la propuesta original, la negociación parlamentaria añadió otros -por exigencias del PAN y PRD-, algunos muy preocupantes, que están en la Minuta turnada a la Cámara de Diputados.

Se pretende, entre otras novedades, invertir el papel de los Poderes de la Unión, para que el Senado elija a los comisionados del IFAI y el Ejecutivo pueda objetarlos; se establece que las resoluciones de tal Instituto serán "vinculatorias, definitivas e inatacables" para los "sujetos obligados", entre los que se incluye a "toda persona física o moral que reciba o ejerza recursos públicos"; a los sindicatos y a los partidos políticos. De esa forma, se negaría el derecho de acceso a la justicia, consagrado por la propia Constitución y los tratados internacionales.

Un tema "políticamente correcto" -transparencia y rendición de cuentas- da lugar a la pretensión de crear un organismo autónomo sin limitación alguna, superpuesto y por encima de los Poderes electos. El derecho de acceso a la información gubernamental sería convertido en vulneración del derecho a la privacidad de los particulares y al ejercicio de toda actividad profesional o de negocios que sea lícita.

Fortalecer al Estado no pasa por desmembrarlo, suplantándolo con organismos autárquicos.

*Reforma 29-01-13

FRANELEROS*


RICARDO BECERRA LAGUNA

Lean estos comentarios, caídos todos desde las nubes grises del anonimato y a propósito de la votación por los parquímetros en la colonia Condesa: “Brigadas blancas y se acaban franeleros, viene-viene, valets, chicleros, lavaparabrisas, etcétera”, (sección de opinión de los lectores de Reforma). “Me da gusto leer esta noticia… en todos lados hay gente que se aprovecha y se cree dueño de la calle, un negocio muy lucrativo… ojalá terminen con ellos”, dice otro en El Universal. Mas exaltada, una devota escribió en otra página electrónica: “…fui a la misa que se encuentra en San Cosme… una vieja con su mugrosa hija ya se adueñaron de la calle y cobran 10 pesos por auto que se estaciona afuera de la iglesia”. 
Son miles de comentarios en el mismo tono y en la misma dirección. Me entero, incluso de la existencia de un movimiento anti-franelas organizado y militante: “Únete. Hay que actuar ante el miedo, rabia y frustración que es un sentimiento generalizado ante la extorsión de los cuida-coches".
Envueltos en el mismo clima, vecinos y autoridades de Polanco pasaron a los hechos mediante valeroso operativo (“Recuperación de Espacios”, le llamaron) para meter a la cárcel a 16 franeleros que operaban “de manera irregular” (de que otra) en aquella colonia.
Así, en un santiamén, 30 policías en 15 patrullas, limpiaron las calles de Horacio, Murset y Torcuato Tasso. Un tal Pablo Delgado León de 38 años de edad, Giovanni De la Cruz Guerrero de 25; Marcela Álvarez Santos de 52, Jorge González Reyes de 66 años y Alfredo Gurrola Pichardo de 74, entre otros, fueron puestos a buen recaudo, acusados de expropiar las calles para su beneficio personal. 
Hasta el Partido Verde anuncia que presentará una iniciativa fulminante para terminar la colusión gubernamental y policiaca con “la gran mafia de los franeleros y viene-viene”.
Un aire clasista (y racista) acompaña la discusión. El propósito comprensible y perentorio para ordenar calles, tráfico y convivencia motorizada, tuvo como uno de sus productos este tipo de condenas y peor, la criminalización automática –consciente o inconsciente- de esos mugrosos que se ganan la vida agitando sus desvergonzados trapos rojos.  
Sin embargo, me temo que el prejuicio está condenado de antemano por la propia –grasienta- realidad: y es que la calle (nuestras calles) son el sitio donde se produce el 60 por ciento del empleo neto en México.
Si. Según el Inegi, al tercer trimestre del año pasado, había 29.3 millones de trabajadores informales, más del doble de los calculados con la antigua metodología. En la estadística mejorada, se incluyen ya a las trabajadoras domésticas, quienes laboran sin contrato o seguridad social en empresas, Gobierno, instituciones y en el medio rural.
Pues bien: de todos ellos, los que obtienen sus ingresos en la calle constituyen la inmensa mayoría, incluidos ambulantes, trabajadores por cuenta propia y franeleros. 
Así que más nos vale encuadrar bien el problema, precisamente porque es un problema inmenso que no hemos podido encuadrar debidamente ni en sus causas reales, ni en su tamaño y mucho menos, en el bien público que al final, ellos generan.
He dicho bien público y lo repito: los desarrapados franeleros le sacan jugo al espacio para que la mayor cantidad de autos quepan en las calles; normalmente ofrecen el servicio adicional de lavar el auto; orientan a los despistados en el confuso laberinto de señales y letreros citadinos; organizan el tránsito a las horas de mayores problemas y embotellamientos y su presencia ahuyentan a los ladrones, precisamente porque les conviene que muchos confíen en la seguridad de “su” calle. 
Dicho de otro modo: los franeleros producen un cierto orden, limitado, precario y local, pero un orden que en muchas zonas ha evitado el colapso del tránsito y de nuestras muchas neurosis automotoras.
Si me asomo por la ventana, invariablemente (incluso los domingos) encuentro a Don Mike: un hombre rechoncho, moreno y bigotón, normalmente vestido de chaleco, gorra y tenis ostensiblemente grandes. Da vueltas desde las ocho de la mañana -de una esquina a la siguiente- en una calle estrechísima que desemboca a la avenida de los Insurgentes. Creo que está asociado a otros tres con los que comparten calle, horario y profesión (¿serán una mafia?). Esa calle es transitable, gracias a su constante corretear, señalar, quitar los huacales y…. cobrar por ello. 
¿Es eso un crimen? Menos dramáticamente ¿es ilegal? No lo sé, pero me parece evidente que estamos ante ese tipo de actividades -estira y afloja- en el borde de la ley, que sin embargo resulta útil para la convivencia en ciudades hacinadas, desbordadas, contrahechas y neuróticas como la nuestra.  
En efecto: los franeleros son otro ejemplo de que el dichoso mercado de automóviles –cualquier mercado- está lejos de ser perfecto, que el número de coches vendidos y en circulación ya no se ajusta al verdadero espacio vial de nuestras ciudades.
Por una serie de razones culturales, mitológicas, políticas o simplemente por prejuicios, se imaginan grandes proyectos, reformas a gran escala mientras que las iniciativas en pequeña escala son despreciadas y asociadas con el atraso (y peor, con el crimen). Pero, creo, esta manera de pensar bloquea la solución y prolonga la desigualdad.
Como en todo sistema hay situaciones imprevistas o incalculables que no se pueden decidir correctamente. Menos aún, cuando las reglas están inspiradas por utopías urbanas. Lo que funciona entonces son las decisiones contingentes, a ras de suelo (como una progresiva formalización de franeleros, por ejemplo).
Como en la viña del señor, aquí también, hay de todo: abogados ejemplares y leguleyos que sirven a viles y asesinos; funcionarios comprometidos y otros corruptos; empresarios y políticos indispensables y otros simplemente deleznables. Lo mismo pasa con los señores del trapo que se cuentan por millares y de quienes más nos vale, obtener un diagnóstico acertado y ofrecer un cauce racional.  
Me temo pues, que lo que le está haciendo falta a nuestra discusión son menos prejuicios y mucho más sentido común.
Con todo, esos franeleros y ese tipo de informalidad, cumplen una función incomprendida que me temo, ha despertado pulsiones equivocadas y un inaceptable arranque –bastante clasista- contra esos espontáneos que se mantienen del desorden urbano que generamos los demás. 

*La Silla Rota 29-01-13

sábado, 26 de enero de 2013

MONEX: CARENCIA DE CONTROLES*

CÉSAR ASTUDILLO

El polémico caso Monex, emblemático de la campaña presidencial de 2012, se cerró en definitiva el pasado miércoles, en una votación divida de cinco votos contra cuatro al interior del Consejo General del IFE. La clausura del expediente abre nuevamente la reflexión sobre el financiamiento y fiscalización de las campañas, sin duda uno de los temas más complejos de la materia electoral, y pone sobre la mesa renovados problemas que están en la base de nuestra organización electoral. Contrario a lo que adujeron los quejosos, el IFE validó la existencia de estructuras partidistas dependientes de empresas de intermediación. Hasta hoy, la estructura nacional de los partidos políticos era suficiente para gestionar sus propios recursos humanos, administrar sus finanzas y para tomar y hacer descender las decisiones políticas propias de sus estrategias de campaña. La decisión del IFE es probablemente el preludio que anuncie la modificación de la forma de hacer campaña en el futuro; con partidos que incursionen en nuevas modalidades para reclutar y adiestrar representantes, nuevas formas para mantener el vínculo laboral con ellos, para coordinar su trabajo político, y renovadas y modernas vías para hacerles llegar de manera expedita, vía tarjetas prepagadas, la recompensa por el trabajo realizado. El esquema, totalmente novedoso y hasta de vanguardia, muy probablemente encontrará algunas dificultades prácticas porque en buena parte del territorio nacional es todavía difícil encontrar cajeros automáticos para retirar los emolumentos por el trabajo empeñado, o tiendas departamentales o de autoservicio para cambiarlos por bienes y servicios. Más aún, será difícil comprobar el uso de esos recursos ante la autoridad electoral, ávida como siempre de tener en sus manos los comprobantes que amparen cualquier movimiento. Más allá de la banalidad, el asunto evidencia también la carencia de controles eficaces y oportunos en un entorno en el que el gasto ordinario y de campaña se ejerce a lo largo y ancho de un país dividido en dos ámbitos específicos, el federal y el estatal, y en donde la discrecionalidad de los partidos en el manejo y distribución del dinero conduce con frecuencia a confusión en el origen y destino del mismo, producto de la inyección, en el ámbito estatal, de financiamiento federal, y viceversa, lo cual alimenta la complejidad de los procesos de fiscalización. ¿Cómo saber, en este sentido, si efectivamente los recursos erogados en los estados se realizaron en el contexto de las campañas estatales o federales? ¿Cómo comprobar su destino específico, con miras a sumar ese gasto a los correspondientes topes de gasto de las distintas elecciones? ¿De qué manera se puede llevar a cabo una adecuada revisión, cuando los recursos erogados emanan de financiamiento federal pero se utilizan para el pago de representantes partidistas de la elección local? Es, sin duda, una de las repercusiones de la organización electoral altamente descentralizada que hemos construido, y que debe llevarnos a reflexionar sobre la pertinencia de un sistema nacional de fiscalización electoral en donde los órganos de fiscalización federal y estatales puedan converger en una plataforma común para llevar un registro, en tiempo real, de los ingresos y erogaciones de los partidos políticos. Al margen de lo anterior, es altamente rescatable la definición avanzada por el IFE en otro tema en donde la línea divisoria es sumamente tenue. Me refiero a la diferenciación entre los gastos ordinarios y los de campaña. Al esclarecer que los gastos de campaña se emplean únicamente dentro del tiempo de campaña electoral y que tienen como propósito la obtención del voto ciudadano, se sentaron las bases para decretar que cuando se contrata un ejército de representantes de partido, por un periodo limitado pero sustancialmente coincidente con el proceso electoral, no hay duda que esa estructura se erige con motivo de dicho proceso y que, por lo tanto, las erogaciones que la misma genera deben computarse como gastos de campaña. En los próximos días existirá evidencia para constatar si los más de 50 millones de pesos que se acreditaron al PRI como gastos de campaña sobrepasan o no los topes de gastos de las elecciones para diputados, senadores y presidente. De ser así, el caso Monex seguirá siendo objeto de polémica.

*El Universal 26-01-13

LA RELEVANCIA DEL CASO CASSEZ*


ANA LAURA MAGALONI

Pocos casos en la Suprema Corte han sido tan controvertidos a nivel social y mediático como el caso de Florence Cassez. No me sorprende que, en el contexto actual, sea extraordinariamente complicado dotar de contenido real y tangible a los derechos constitucionales de los acusados. Vivimos en un país en donde muchos, muchísimos, han padecido y padecen los efectos de la violencia. Quizá ello explique por qué, según Reforma, 83% de los encuestados estimaron que fue una decisión equivocada.

No obstante, cabe destacar que algunas de las grandes decisiones de los tribunales constitucionales, esas que hacen historia y cambian paradigmas sociales, en su momento fueron decisiones incómodas, furiosamente criticadas y altamente impopulares. Recordemos, por ejemplo, lo complicado e impopular que fue en su momento para la Corte Suprema norteamericana declarar inconstitucional la segregación racial en las escuelas públicas o liberar a Miranda, acusado de secuestro y violación, porque la policía lo incomunicó y no respetó sus derechos constitucionales. Con el paso del tiempo, no obstante, este tipo de decisiones que mueven el statu quo se convierten en sentencias que renuevan el compromiso de la comunidad política con los valores que distinguen a una democracia constitucional de una dictadura. El caso de Cassez, creo, va ser leído así en algunos años. Me explico.

Durante el sexenio de Calderón, se construyó un discurso autoritario y repleto de prejuicios en torno a los denominados "criminales". La política de seguridad fue diseñada a modo de guerra. Desde la narrativa gubernamental, la lucha contra las organizaciones criminales era la lucha entre dos grupos armados: las Fuerzas Armadas y la policía, por un lado, y los "criminales", por el otro. Esa guerra presuponía que los bandos están definidos a priori: los buenos contra unos seres del mal, crueles e inhumanos. En ese mundo maniqueo, no es necesario un sistema de justicia que defina quién es responsable de un delito y quién es inocente. Tampoco se le exige al Estado demostrar con pruebas, juicios y procedimientos creíbles la culpabilidad. Presumir la inocencia del acusado o garantizar su derecho a un juicio justo parecen atentar contra el sentido común. En un contexto de guerra ya se sabe quién está en el bando opuesto. En vez de un juicio, basta con presentar a alguien ante las cámaras de televisión para que todos, incluido el juez que lo juzga, estén convencidos de su culpabilidad y de su "gran maldad". Esto último justifica, además, cualquier tipo de atropello: desde los golpes hasta la tortura o la muerte. En la guerra lo que cuenta es atrapar (o acabar) con el enemigo, no importa cómo.

¿A quiénes atraparon las autoridades federales durante el sexenio de Calderón? El CIDE levantó recientemente una encuesta a la población en reclusión en los Centros Federales de Readaptación Social. Se trataba sólo de internos sentenciados. Seis de cada 10 de estos "seres del mal" no cometieron ningún delito violento. Están por "delitos contra la salud", de los cuales 40% por transportar droga, 38% por poseerla, 15% por venderla al menudeo. Además, 60% de los sentenciados por drogas tuvieron que ver con la marihuana, una droga que comienza a ser legal en el mundo. A pesar de todo ello, muchos fueron golpeados durante su detención y firmaron sus respectivas confesiones.

Según esta encuesta, el momento de mayor arbitrariedad y maltrato de los sentenciados sucede en la detención. Prácticamente seis de cada 10 encuestados sufrieron golpes por parte de la policía o los militares. El maltrato fue de muchos tipos: patadas (85%), agresión con objetos (68%), sofocación o asfixia (55%), inmersión en el agua (52%), toques eléctricos (35%), quemaduras (15%), entre otros. Como en los viejos tiempos, cuatro de cada 10 firmaron su confesión. Ninguna de estas violaciones tuvo consecuencias en el juicio. Todos fueron considerados culpables por el juez.

En el contexto actual posiblemente resulta irrelevante. Sectores importantes de la población piensan que esos que habitan las cárceles son "seres del mal" a los que se les puede violentar y abusar de sus derechos. Por ello, la sentencia del caso Cassez es incómoda. La Corte estableció que, en una democracia constitucional, los supuestos "seres del mal" tienen derechos que las policías y los ministerios públicos no pueden pasar por alto. Esos derechos son de todos y cada uno de los ciudadanos que enfrenten un proceso penal. Además, la arbitrariedad, el abuso, la simulación y la mentira que caracterizan a nuestro sistema de persecución criminal, y que el caso Cassez exhibió de manera ejemplar, hacen imposible que se pueda determinar quién es inocente y quién es culpable. Ello no gusta mucho: ¿no es que ya sabíamos a priori quiénes eran los buenos y quiénes los malos? Pues, resulta que la Corte dijo que no es así y ello nos puede ayudar a movernos del discurso maniqueo e iniciar el largo y complicado camino para construir un sistema de procuración e impartición de justicia digno de ese nombre.

*Reforma 26-01-13

viernes, 25 de enero de 2013

MONEX*


CARMEN ARISTEGUI

El caso del entramado financiero, con triangulación de recursos, empresas fachada -con facturaciones sospechosas- y dispersión masiva de recursos a través de cuentas asociadas a personajes ligados al PRI y sus campañas, que marcó la contienda presidencial del año pasado y permitió el flujo masivo de cantidades indeterminadas para las campañas electorales en el país, conocido como Monexgate o caso Monex, está a punto de convertirse en agua de borrajas.

La realización del proyecto de resolución por parte de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y su desahogo y votación en el Consejo General del IFE ha dejado un amargo sabor de boca.

Serias dudas se han dejado sobre la independencia y el alcance en las tareas de fiscalización, escrutinio y sanción de lo que ocurre en las campañas políticas en México, a raíz de lo sucedido el miércoles pasado.

La exoneración al PRI, habiendo tanta materia para lo contrario, es una pésima señal que no necesariamente será corregida cuando se resuelvan los recursos de impugnación ya anunciados para el Tribunal Electoral.

La explicación que sobre el origen, el destino y la aplicación de los recursos dispersados masivamente con las tarjetas Monex a favor de las campañas del PRI es, en el primer punto, inverosímil. En el segundo y tercero, simplemente no hubo explicación.

El PRI sorteó las interrogantes sobre el origen de los recursos presentando copias de transferencias bancarias por casi 50 millones de pesos, más intereses, hechas a favor de la empresa "Alkino. Servicios y Calidad, S.A de C.V." por los servicios prestados a ese instituto político por concepto de "...servicio de desarrollo, diseño e implementación de solución de negocios", por "concepto de financiamiento" y por el pago de las tarjetas de prepago entregadas.

El PRI dice que contrató los servicios de Alkino, quien a su vez contrató los de la empresa Atama, quien a su vez contrató los servicios de la empresa Inizzio, a quien Monex facturó por los servicios prestados para la contratación de monederos electrónicos que se usaron -de forma anónima- para dispersar millones de pesos para la campaña del PRI.

El PRI dice que el origen del dinero es el propio PRI y que eso se constata con los pagos realizados a partir del 13 de julio -ya con el escándalo desatado- y hasta el 9 de agosto, con depósitos a favor de Alkino, la punta de arranque de esa estructura de intermediación.

¿Para qué tanta triangulación? El PRI podía, si los recursos eran suyos, contratar con quien quisiera los servicios financieros o de distribución en forma directa. ¿Para qué usar a Alkino-Atama-Inizzio-Efra-Monex para comprar tan sólo unos monederos? Las empresas intermediadoras a las que recurrió el PRI están llenas de irregularidades empezando por estructuras accionarias compuestas por prestanombres, que conducen a personas relacionadas con el PRI y la campaña.

La autoridad fiscalizadora dio por buena la explicación del PRI. Los consejeros también y dieron paso a debatir si debían sancionar al partido -ya no por el origen y la licitud-, sino tan sólo por el destino de ese dinero. Pero, ni eso lograron. Dado que el PRI no explicó en qué usaron esos recursos, el consejero Figueroa propuso una multa al partido por 75 millones.

Discutieron, votaron y empataron respecto a esa multa (4-4).

Lo insólito vino cuando apareció en escena el abogado y ex secretario general del PRI y ex precandidato de ese partido a la Presidencia de México, Sergio García Ramírez, para anunciar que había decidido -siempre sí- participar en el desahogo y votación del Monexgate. García Ramírez abandonó su postura inicial de no involucrase en el tema dada su amistad añeja con la familia Fraga, cuyos miembros están vinculados con la empresa "Efra" (iniciales de Emilio Fraga), una de las empresas a las que Monex facturó por millones de pesos en monederos recompensa. Lo más sorprendente es que ninguno de los consejeros -a quienes García Ramírez les otorgó la potestad para inconformarse- hayan impedido que ese voto favoreciera la exoneración del PRI. Se dijo que García Ramírez no tenía impedimento legal para votar y paso seguido se dio rienda a las loas para el jurista. Nadie le pidió que fuera consecuente con su postura original y, pudiendo evitarlo, los cuatro consejeros que dijeron ir por la multa perdieron la votación.

Mientras que el país entero seguía los pormenores de la resolución de la Suprema Corte sobre el caso de Florence Cassez y se ocupaban los grandes espacios que el caso amerita, paralelamente se desarrollaba el debate que -por horas- llevó a los consejeros a votar una exoneración para el PRI.

Sospechar que alguien midió la conveniencia de hacer coincidir, para una misma fecha, la resolución del caso Monex con el de la francesa es un asunto que dejamos sólo a los malpensados.

Los reclamos de los partidos opositores no se han hecho esperar. Quedará en el Tribunal Electoral lo que suceda con esas quejas. Quedará en manos de autoridades que tendrían que investigarse a sí mismas el destino de las Vistas enviadas por la autoridad electoral.

*Reforma 25-01-13

jueves, 24 de enero de 2013

EN DEFENSA DEL IFAI*


MIGUEL CARBONELL

Dentro de unas semanas seguramente se aprobará una importantísima reforma en materia de transparencia que, entre otras cosas, le dará autonomía constitucional al IFAI. Es la culminación de una senda que se inició hace apenas 10 años y que ha dado muy buenos resultados para México.

Aunque falta mucho por hacer, nadie puede negar los avances logrados en materia de transparencia y acceso a la información. Seguimos teniendo muchos desafíos pendientes, pero el México del 2013 es muy diferente al de hace una década gracias en parte a que hoy sabemos muchas más cosas de nuestros gobiernos y de la forma en que trabajan nuestros gobernantes.

El órgano encargado de aplicar la ley de transparencia a nivel federal, el IFAI, ha tenido un desempeño extraordinario desde su creación y se encuentra hoy día entre los modelos institucionales más exitosos del país. Por eso es que muchos de nosotros pensamos que la reforma para darle autonomía constitucional es un paso natural y positivo que hay que apoyar y aplaudir.

Pero ese importante paso requiere que los actuales comisionados del IFAI estén listos para tener un desempeño a la altura del reto. Necesitamos, en otras palabras, un IFAI fuerte y trabajando. Vale la pena recordarlo por las crecientes tensiones que hoy se viven en su interior y que explotaron en la toma de posesión de su nuevo presidente, Gerardo Laveaga. Su colega Ángel Trinidad Zaldívar le espetó a Laveaga, entre otras cosas, que no era conocedor de los temas y materias que son competencia del IFAI.

Trinidad ha sido un comisionado excelente y su compromiso personal con la transparencia es conocido. Puede ser que tenga razón en que Laveaga no es un experto en materia de transparencia, pero la crítica (hecha con tanta dureza) no es justa en el sentido de que, en rigor, ninguno de los comisionados del IFAI tenían conocimiento experto en la materia, con la única excepción de Juan Pablo Guerrero. No recuerdo que María Marván, Alonso Lujambio o Jacqueline Peschard fueran grandes académicos o activistas en esta materia, mas hicieron una fabulosa tarea al frente del IFAI. Eso esperamos todos de Laveaga, que tampoco era un experto penalista cuando fue nombrado director del Instituto Nacional de Ciencias Penales e hizo un trabajo mucho mejor que todos los anteriores directores, supuestamente renombrados conocedores del derecho penal.

Las diferencias entre miembros de los órganos colegiados son hasta cierto punto normales, aunque no estemos acostumbrados a que se expresen con tanta contundencia como lo hizo Trinidad Zaldívar. Yo he escuchado en privado unas descalificaciones bárbaras entre legisladores, entre magistrados y hasta entre ministros de la Suprema Corte. Y, sin embargo, trabajan juntos día tras día, con un gran sentido de responsabilidad institucional. Eso también lo esperamos de los comisionados del IFAI.

Porque por encima de los desacuerdos personales o institucionales está el interés de todos los mexicanos en preservar el vigor y la efectividad del IFAI. Ninguno de sus actuales comisionados participó en su alumbramiento. Ninguno estuvo en los duros cabildeos con el gobierno de Fox para contar con una ley de transparencia, como sí lo hicieron varios académicos, medios y periodistas, luchando contra viento y marea. Por eso es que no podemos aceptar ningún paso atrás en la materia. Que los asuntos públicos se discutan con transparencia y que podamos acceder a la información pública es algo que se ha ganado entre todos y corresponde a todos protegerlo.

México es hoy un país más moderno y creíble gracias a nuestras leyes de transparencia; nuestros gobiernos han mejorado gracias a la supervisión ciudadana y cientos de miles de ciudadanos han obtenido información valiosa para tomar importantes decisiones que los benefician en el terreno personal, familiar, académico, profesional y económico. Eso es lo que el IFAI debe proteger con tenacidad y sin tregua. Estoy seguro de que Laveaga y Trinidad lo harán así, porque son dos servidores públicos extraordinarios e inteligentes. Sobra decir que estaremos muy atentos a su desempeño, pues su tarea nos incumbe a todos y sus éxitos lo serán también nuestros.

*El Universal 24-01-13

PACTO POR MÉXICO: EL IVA NO DA*


CIRO MURAYAMA RENDÓN

Los compromisos del Pacto por México en materia social exigen un gasto público muy superior a la recaudación fiscal de que hoy disponemos. De acuerdo con las exposición de motivos del proyecto de presupuesto 2013, el monto de ingresos tributarios equivale apenas a 9.7% del Producto Interno Bruto.

De cumplirse el primer compromiso del Pacto, que es construir un sistema de salud universal, se requeriría, sólo para ese rubro, de al menos cinco puntos porcentuales del PIB. A la fecha, el gasto que hacen las instituciones públicas a la salud supera insuficientemente 3% del PIB, así que se necesitarían al menos dos puntos porcentuales más. Pero si se trata de que el acceso a la salud sea equitativo para todos los mexicanos, con independencia de su situación laboral, eso implica que las cuotas de los trabajadores y los empleadores formales para atención de la salud deberían desaparecer, lo que significa dejar de contar con el 1% del PIB que hoy se gasta en salud a través de las instituciones de la Seguridad Social. El sistema universal de salud, en una estimación conservadora, requiere de una recaudación de 3% adicional del PIB.

En el pasado reciente, las propuestas de reforma fiscal que no incluyen como objetivo recaudador promover la redistribución, colocan al IVA generalizado en alimentos y medicinas como la clave para mejorar los ingresos públicos. Pero las estimaciones del incremento en la recaudación por esa medida rondan 1.5% del PIB. Así, generalizar el IVA no nos daría ni la mitad de los recursos adicionales que se necesitan, nada más, para cumplir con el primer compromiso del Pacto.

Falta sumar el monto de recursos adicionales para hacer viable la pensión universal para los adultos mayores de 65 años, para darle viabilidad al preexistente decreto constitucional del bachillerato obligatorio, o para realizar las inversiones públicas en infraestructura que reactiven el crecimiento económico.

Visto con serenidad, el Pacto por México contiene una definición no explícita pero ineludible: con subir el IVA no alcanza. Hay que concebir una reforma más ambiciosa, explorar una mayor recaudación a través de impuestos directos que no van sobre el consumo sino hacia las ganancias. El máximo impuesto que se paga sobre ingresos en México es de 30%, casi 10 puntos porcentuales menos que lo que contribuye un estadounidense. Recordemos que el acuerdo entre republicanos y demócratas para evitar el llamado “abismo fiscal” implicó subir la tasa máxima de gravamen a 39.6% para los individuos con ingresos mayores a 400 mil dólares y parejas que superaran los 450 mil. No deja de ser llamativo que esa tasa, aceptada por la férrea derecha norteamericana, no haya sido, siquiera, propuesta tímidamente por los partidos que en México se hacen llamar de centro o de izquierda. Algo similar pasa con los impuestos a las ganancias del capital, que en EU se sitúan en 20% y que aquí no existen. Hemos visto cómo grandes empresas mexicanas que van del sector financiero al de las bebidas pasan a manos de extranjeros a través de operaciones bursátiles que no dejan ni un centavo de impuestos a la Hacienda mexicana.

Como no hay Estado que garantice derechos de primer mundo con una recaudación de tercer mundo, si el gobierno y los tres principales partidos se toman en serio lo que firmaron en el Pacto, tendrán que entrar en ese territorio hasta ahora vetado por los poderes fácticos y los privilegiados para subir tasas y crear nuevos impuestos.

El Pacto implícitamente entraña el acta de defunción de una reforma fiscal basada en el IVA. Los actores políticos, quizá sin quererlo, se han comprometido a romper con la ortodoxia fiscal conservadora que ha sido hegemónica por demasiado tiempo.

*El Universal 24-01-13

SHHH. SILENCIO*


ÁNGEL TRINIDAD ZALDÍVAR

"Y el primer pleito que hay que librar es, precisamente, a favor del conflicto. Domina al imaginario mexicano la intuición del precipicio y la condena del antagonismo. Bajo esas ideas, ser prudente es ser renuente al conflicto, ubicarlo como el peor de los males. [...] Se piensa que el conflicto nos lanza de inmediato a la selva de lo ingobernable... [Tenemos que] confiar, por vez primera, en la fertilidad del conflicto". ¹


El silencio es el ruido de los regímenes autoritarios. En esos sistemas hablar y opinar está prohibido y a veces penado. En un régimen democrático se ventilan las diferencias porque el aire fresco no sólo no debilita a las instituciones sino también las fortalece.

Adam Przewoski afirmó que la democracia consiste en la institucionalización del conflicto, es decir, es un sistema que genera canales para dar curso a las diferencias -inevitables-, entre los múltiples grupos que integran una sociedad. En efecto, en las democracias avanzadas, el conflicto es el pan de cada día, y es a partir de él que, a la luz del escrutinio público, se define cuál será el rumbo de las instituciones del Estado. Baste como ejemplo las sesiones del parlamento británico, donde el primer ministro defiende -y la oposición ataca, no siempre de manera muy cortés-, su programa de trabajo.

En México, diversos autores -Ramos, Ramírez, Paz, y recientemente Castañeda- han hablado de que parte de la identidad mexicana "es la evasión del conflicto, la huida ante la confrontación, la búsqueda constante de eufemismos" es decir, el no llamar a las cosas por su nombre. En el caso de las instituciones públicas, se piensa que cualquier conflicto equivale a su debilitamiento. Por el contrario, cuando se trata de asuntos públicos, es el callar y no enfrentar la realidad, lo que puede traer consecuencias funestas. Pareciera como si el andamiaje institucional que poco a poco ha permitido generar condiciones democráticas en México, fuera tan frágil, que, al soplar de cualquier viento, se fuera a venir abajo.

Esto no es así. Hay que echar luz sobre el conflicto dentro de las instituciones. Y ello porque las causas de éste, y la forma en que el mismo se resuelva, son del interés de toda la ciudadanía, en tanto que quienes se confrontan toman decisiones en nombre del interés público, con recursos públicos y en ejercicio de facultades otorgadas por ley. De ahí que sacar a la luz estos conflictos no necesariamente resulte en un perjuicio a la institución; al contrario, en algunos casos puede resultar la vacuna oportuna que le salve.

Sin embargo, pareciera que el problema se da cuando alguien se atreve a levantar la voz y señalar errores y corruptelas en la administración pública: de inmediato se acusa de daño a las instituciones. Bajo esa lógica los medios y los periodistas no deberían de existir, porque entre otras cosas para eso están, para vigilar con lupa el quehacer público y señalar cualquier desviación. Así las cosas, hay algo que no me cuadra. Si los medios denuncian, bien, se fortalece la democracia. Si quien lo hace es un servidor público, entonces a la picota. ¿Tienen los medios el monopolio de la denuncia y la búsqueda de un mejor país? De ser así pareciera que el servidor público está perdido. Si no denuncia, se le acusará de complicidad; si lo hace, se dirá que está destruyendo las instituciones. ¿Qué mensaje le estamos dando al servidor público que quiere denunciar? Que no lo haga, pues se arriesga a ser linchado.

Si aceptamos que la denuncia daña tanto a las instituciones, entonces quedémonos todos -sociedad, medios, academia, servidores públicos- callados y dejemos de denunciar a gobernadores, presidentes municipales o altos funcionarios de la Federación, porque hacerlo significa restarle credibilidad a las instituciones. Shhh. Silencio, "hombres (y mujeres) corrompiendo(se)".

*Reforma 24-01-13
¹ Jesús Silva-Herzog Márquez, "Los buenos pleitos", Reforma, Ciudad de México, 30 de noviembre de 2009.

SERVICIOS A LA COMUNIDAD*


JOSÉ WOLDENBERG

Así anuncia una televisora que a continuación presentará la foto de un niño o un adulto mayor (antes viejito) que ha desaparecido. Se trata, por supuesto, de encontrarlo. Pues esta columna se llama igual porque solo pretende ofrecer un servicio: reproducir lo que la reforma constitucional en materia educativa dice.

Se reformaron dos artículos constitucionales.

1. Al tercero se le agregó en su fracción III lo siguiente: "El ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado, se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan. La ley reglamentaria de este artículo fijará los términos para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio. Serán nulos todos los ingresos y promociones que no sean otorgados conforme a la ley".

Ingresar a través de un concurso de oposición es una fórmula idónea. Trasciende los "dedazos". Se supone que con ello las secretarías de Educación podrán reclutar a los mejores, a los que porten los mayores méritos académicos. Acceder a los cargos "con funciones de dirección o de supervisión" mediante un concurso, en teoría, quita no solo capacidades discrecionales al Sindicato sino también a la autoridad. Reglamentar el ingreso, la promoción, la permanencia, etcétera, puede ayudar a dibujar una carrera magisterial, donde la evaluación en cada eslabón resulta necesaria e inescapable. El quid del asunto, sin embargo, está por venir, y creo que por ello la movilización y la excitación en las filas del magisterio. La Ley reglamentaria acabará modulando los nuevos enunciados del artículo 3, y entonces se dará un nuevo litigio que definirá los alcances de todo el modelo.

2. El nuevo o renovado Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación ahora está esculpido desde la fracción IX del artículo 3. Se trata de "un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio" (antes era un organismo descentralizado), encargado de "evaluar el desempeño y resultados del sistema educativo nacional...". Para ello deberá: "diseñar y realizar las mediciones que correspondan a componentes, procesos o resultados del sistema; expedir los lineamientos... para llevar a cabo las funciones de evaluación; generar y difundir información... y emitir directrices". Una Junta de Gobierno será su órgano de dirección. Se integrará con 5 miembros designados por el Presidente, "con la aprobación, dentro del plazo de 30 días naturales, de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, durante los recesos de ésta, de la Comisión Permanente". Si la Cámara no se pronuncia en el plazo establecido, "se tendrá por ratificada la efectuada por el Ejecutivo Federal". Si es rechazada, el Presidente deberá presentar una nueva designación, y si ésta a su vez es rechazada, "el Ejecutivo designará directamente a otra persona". Los integrantes de la Junta durarán en su encargo 7 años, se elegirán en forma escalonada "y podrán ser reelectos por una sola ocasión". Será el presidente de la República quien nombre, de entre los integrantes de la Junta, al presidente de la misma. Y en la ley reglamentaria estarán las normas para su organización y funcionamiento.

Se trata de un órgano del Estado con autonomía funcional cuya dirección colegiada será nombrada por el titular del Ejecutivo, teniendo que pasar por la aduana del Senado. Sus funciones de evaluación del sistema educativo y sus eslabones resultan estratégicas, porque sin ella las posibilidades de corrección se vuelven mínimas.

3. Al artículo 73, fracción XXV se le agregó que el Congreso tiene facultad -entre muchas otras- para "asegurar el cumplimiento de los fines de la educación y su mejora continua en un marco de inclusión y diversidad".

4. Transitorios. Lo que sigue ahora, ya que más de la mitad más uno de los congresos locales aprobó la reforma, es su publicación. Y a partir de ese día el Presidente tendrá hasta 60 días naturales para presentar sus propuestas de integrantes de la Junta de Gobierno al Senado (dos nombramientos serán por 5 años, dos más por 6 y uno por 7). Y el Congreso deberá aprobar la ley reglamentaria del INEE y las reformas a la Ley General de Educación máximo en seis meses. Todos los recursos y trabajadores del actual INEE pasan a formar parte del nuevo INEE.

Además, el Congreso y "las autoridades competentes" estarán obligadas a: 1) "la creación de un Sistema de Información y Gestión Educativa". En 2013 el INEGI debe hacer un censo de escuelas, maestros y alumnos; 2) la creación de un servicio profesional docente y 3) las adecuaciones al marco jurídico que permitan "fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas... establecer en forma paulatina y conforme a la suficiencia presupuestal escuelas de tiempo completo... y prohibir en todas las escuelas los alimentos que no favorezcan la salud de los educandos".

*Reforma 24-01-13

martes, 22 de enero de 2013

LEY DE VÍCTIMAS: CONSTITUCIONAL Y NECESARIA*


EDGAR CORZO SOSA

El 9 de enero de 2013 se publicó la Ley General de Víctimas y con ella surgieron opiniones encontradas, unas, las del sexenio pasado encabezadas por Felipe Calderón, cuestionando su fundamento constitucional pues la Constitución debió haber sido reformada para dejar claro el establecimiento del Sistema Nacional de Atención a Víctimas en que intervendrán la Federación, los Estados y los Municipios, y otras, las del sexenio actual encabezadas por Peña Nieto,  viéndola como un instrumento legal de avance en la reparación del daño de las víctimas del delito y de las violaciones de derechos humanos. Somos de la opinión que la Ley General de Víctimas es constitucional e introduce un gran avance en lo que desde siempre ha constituido una necesidad social.

La supuesta inconstitucionalidad estriba, según se ha hecho saber en los Medios, en que la ley carece de fundamento constitucional dado que no está establecida una competencia concurrente en la Constitución que autorice al Congreso de la Unión a intervenir en los diferentes niveles de gobierno, opinión que no consideramos acertada. La propia ley señala que fue expedida en términos de lo dispuesto en los artículos 1º, párrafo tercero, 17 y 20 C) de la Constitución del Estado federal, preceptos en los que se menciona la reparación de las violaciones a los derechos humanos (1º) y a la reparación del daño por la comisión de delitos (17 y 20), pero ciertamente en ningún momento se dice, como sucede con las materias concurrentes, que en la atención a víctimas intervendrán los gobiernos federal, estatal y municipal en los términos que disponga la ley.

La pretendida falta de referencia constitucional no es tal por la sencilla razón de que el tema de atención a las víctimas y la reparación del daño que se les produce forman parte indisoluble del tema de seguridad pública y ésta es una función a cargo de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios. En la seguridad pública no sólo encontramos la prevención, la investigación y la persecución de los delitos sino también su sanción, en la que está inmersa la situación de las víctimas, y con mayor razón la reparación del daño que se le ha causado. Esta relación queda de manifiesto, por ejemplo, en el mismo artículo 20, c), fracción IV, constitucional, en el que se funda la ley general de víctimas, en donde se indica que uno de los derechos de los ofendidos consiste en la reparación del daño que, en ocasiones, está obligado a solicitar el ministerio público, o bien la fracción VI del mismo precepto constitucional en la que se reconoce el derecho de la víctima para impugnar las omisiones del ministerio público y una de ellas puede ser la no satisfacción de la reparación del daño.

Que la seguridad pública esté regulada en el artículo 21 constitucional y que a este precepto no haya hecho referencia la Ley General de Víctimas tampoco puede ser una formalidad que constituya un motivo de inconstitucionalidad, por la razón de que hay leyes que no hacen esta referencia expresa, o bien hay otras que lo han hecho de manera incompleta, y no por ello son contrarias a la Constitución. La cuestión estriba en que la ley esté en relación con un precepto constitucional en donde quede residenciada la facultad  que tiene el Congreso para expedir la ley.

En consecuencia, el Congreso de la Unión tiene facultad, siguiendo además la fracción XXIII del artículo 73 constitucional, para legislar en materia de seguridad pública y, por consecuencia, pues en ella queda inmersa, la facultad para legislar sobre la atención y la reparación del daño de las víctimas, en los ámbitos federal, estatal y municipal.

Los avances que representa esta ley los encontramos en varios aspectos. Se emplea una noción de víctima lo bastante generosa en la que quedan incluidos quienes sufren las consecuencias de la delincuencia. La noción se construye en la ley desde dos frentes. En uno (artículo 4) se considera como víctima a todo aquél que haya sufrido un daño físico o mental en sus bienes jurídicos o derechos, ya sea en forma directa a su persona o de manera indirecta cuando se es familiar, se tiene una relación inmediata o bien se ha auxiliado a la víctima. Incluso se adiciona al lado del daño efectivo la posibilidad de que éste se produzca cuando se encuentra en una situación de peligro. En otro frente encontramos la noción de daño (artículo 6), con la cual se toma en consideración la lesión corporal, moral o material, la pérdida de la vida o de ingresos y los costos de las medidas preventivas y de restablecimiento. Con ambos frentes se construye una noción de víctima amplia que da cabida a todo aquél que haya sufra el dolor de la delincuencia, y que guarda la experiencia que se tiene en otras latitudes, inclusive en el sistema interamericano de protección de derechos humanos. Esta amplitud no debe ser vista como algo negativo, al contrario, es mejor que la ley maneje una noción abierta para que posteriormente las instancias correspondientes la acoten en los mejores términos posibles, pues no hay que olvidar que el daño o su posible realización debe acreditarse y no sólo presumirse.

En la ley se incluye la noción de reparación integral y en ella se explicitan los derechos que debe tener toda víctima, los que frecuentemente se olvidan, pero sobre todo se indican las medidas que conforman la reparación integral, como son la restitución (restituir en el empleo, por ejemplo), la rehabilitación (atención médica, psicológica y psiquiátrica), la compensación (monto en dinero), la satisfacción (una disculpa pública) y la no repetición (exclusión en las fuerzas de seguridad de los militares). Derechos y medidas de reparación hacen que la ley vea la situación en la que se encuentran las víctimas de manera integral.

Con la ley se crea un Sistema Nacional de Atención a Víctimas, en el que participan prácticamente todas las instancias gubernamentales en los tres diferentes niveles de gobierno, así como sectores de la sociedad. Se trata de un sistema nacional que reconoce y se relaciona con todos los sistemas ya existentes pero mantiene un objetivo específico centrado en la protección de las víctimas.

Como soporte de operación del sistema se crea una Comisión Ejecutiva que estará integrada por nueve consejeros, cinco especialistas en diversas profesiones y cuatro representantes de grupos de víctimas con actividad acreditada en este ramo. Se percibe un órgano con alta participación ciudadana y, sobre todo, con personas involucradas en el doloroso ambiente de víctimas de la delincuencia y la violación de los derechos humanos. El nombramiento de los consejeros se realiza con la propuesta del Ejecutivo federal y la designación de la Cámara de Senadores, pero incluye como novedad que las ternas que conforme el Presidente de la República estarán acotadas, pues lo hará no con quienes buscan su favor o quienes le caigan bien sino con aquéllos que sean propuestos por Universidades públicas, por las organizaciones no gubernamentales o los organismos públicos de protección de derechos humanos. Esperemos que el clientelismo presidencial quede reducido en buena medida.

La Comisión tiene diversas facultades, pero una que sobresale especialmente es la que consiste en el reconocimiento de la calidad de víctima a quien lo haya solicitado, lo que se traduce en el ingreso al sistema nacional y con ello se obtiene el acceso a la reparación integral de que hablamos, resaltando por su importancia el derecho a una compensación de hasta quinientas veces el salario mínimo mensual en el Distrito Federal (alrededor de 100,000.00 pesos), que se viene a sumar con los otros gastos que tendrán que cubrirse para prestar la atención médica, por ejemplo.

Otro pilar del Sistema Nacional está constituido por el Registro Nacional de Víctimas, que retomará los registros de víctimas ya existentes y se incrementará con las solicitudes que se realicen. Con el registro sólo se obtienen los datos de quienes pueden ser considerados víctimas, ya que aparte de ello se requiere acreditar el daño y que se le califique de víctima para obtener los beneficios del sistema, lo cual es más fácil cuando existe sentencia condenatoria, una determinación de un organismo protector de los derechos humanos o haya sido reconocida como víctima por el ministerio público.

Surge como una cuestión preocupante los recursos que se tienen para hacer frente a todas las obligaciones. La ley prevé la creación de un Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral que se conformará, principalmente, por recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, pero también con los provenientes de la venta de bienes decomisados en procesos penales o de fianzas, multas, sanciones y donaciones, entre otros (artículo 140). El problema estriba en que el Presupuesto para 2013 no previó ninguna partida para este rubro, como si pensaran que no se publicaría la ley, por tanto, en el 2013 no se tienen recursos para hacer frente a la situación; esto, sin embargo, no constituye un obstáculo insalvable para la operación del Sistema Nacional de Atención a Víctimas puesto que la ley entrará en vigor dentro de un mes, el 9 de febrero; el Sistema Nacional deberá crearse en tres meses; la Comisión Ejecutiva se constituirá al mes siguiente de constituido el sistema y el Reglamento de la ley se deberá expedir dentro de siete meses, considerando el mes de entrada en vigor de le ley. Una vez cumplido lo anterior, se iniciarán las cuestiones burocráticas correspondientes y deberá iniciarse un procedimiento para acreditar el daño y declarar la calidad de víctima de los solicitantes, con lo cual podemos afirmar que los primeros beneficios estarán regularizándose en un promedio de 6 a 8 meses. Por tanto, siendo pocos los meses que restan, puede hacerse frente a la situación con una Bolsa de Recursos que conformen las diversas dependencias involucradas. Estamos seguros que con voluntad política, que es lo que se ha advertido, es posible echar a andar el andamiaje necesario para que empiecen a otorgarse los beneficios de la ley.

No queremos dejar de indicar que lo que se está logrando al publicarse esta ley es un avance en un tema de ingente necesidad social. Constituye una primera aproximación que tiene como propósito entrarle a un tema desde todos los ángulos, ya que lo habíamos dejado desplazado. Qué bueno que el ángulo jurídico ya empezó.

*Hechos y Derechos 22-01-13