CIRO MURAYAMA RENDÓN
Los compromisos del Pacto por México en materia social exigen un gasto público muy superior a la recaudación fiscal de que hoy disponemos. De acuerdo con las exposición de motivos del proyecto de presupuesto 2013, el monto de ingresos tributarios equivale apenas a 9.7% del Producto Interno Bruto.
De cumplirse el primer compromiso del Pacto, que es construir un sistema de salud universal, se requeriría, sólo para ese rubro, de al menos cinco puntos porcentuales del PIB. A la fecha, el gasto que hacen las instituciones públicas a la salud supera insuficientemente 3% del PIB, así que se necesitarían al menos dos puntos porcentuales más. Pero si se trata de que el acceso a la salud sea equitativo para todos los mexicanos, con independencia de su situación laboral, eso implica que las cuotas de los trabajadores y los empleadores formales para atención de la salud deberían desaparecer, lo que significa dejar de contar con el 1% del PIB que hoy se gasta en salud a través de las instituciones de la Seguridad Social. El sistema universal de salud, en una estimación conservadora, requiere de una recaudación de 3% adicional del PIB.
En el pasado reciente, las propuestas de reforma fiscal que no incluyen como objetivo recaudador promover la redistribución, colocan al IVA generalizado en alimentos y medicinas como la clave para mejorar los ingresos públicos. Pero las estimaciones del incremento en la recaudación por esa medida rondan 1.5% del PIB. Así, generalizar el IVA no nos daría ni la mitad de los recursos adicionales que se necesitan, nada más, para cumplir con el primer compromiso del Pacto.
Falta sumar el monto de recursos adicionales para hacer viable la pensión universal para los adultos mayores de 65 años, para darle viabilidad al preexistente decreto constitucional del bachillerato obligatorio, o para realizar las inversiones públicas en infraestructura que reactiven el crecimiento económico.
Visto con serenidad, el Pacto por México contiene una definición no explícita pero ineludible: con subir el IVA no alcanza. Hay que concebir una reforma más ambiciosa, explorar una mayor recaudación a través de impuestos directos que no van sobre el consumo sino hacia las ganancias. El máximo impuesto que se paga sobre ingresos en México es de 30%, casi 10 puntos porcentuales menos que lo que contribuye un estadounidense. Recordemos que el acuerdo entre republicanos y demócratas para evitar el llamado “abismo fiscal” implicó subir la tasa máxima de gravamen a 39.6% para los individuos con ingresos mayores a 400 mil dólares y parejas que superaran los 450 mil. No deja de ser llamativo que esa tasa, aceptada por la férrea derecha norteamericana, no haya sido, siquiera, propuesta tímidamente por los partidos que en México se hacen llamar de centro o de izquierda. Algo similar pasa con los impuestos a las ganancias del capital, que en EU se sitúan en 20% y que aquí no existen. Hemos visto cómo grandes empresas mexicanas que van del sector financiero al de las bebidas pasan a manos de extranjeros a través de operaciones bursátiles que no dejan ni un centavo de impuestos a la Hacienda mexicana.
Como no hay Estado que garantice derechos de primer mundo con una recaudación de tercer mundo, si el gobierno y los tres principales partidos se toman en serio lo que firmaron en el Pacto, tendrán que entrar en ese territorio hasta ahora vetado por los poderes fácticos y los privilegiados para subir tasas y crear nuevos impuestos.
El Pacto implícitamente entraña el acta de defunción de una reforma fiscal basada en el IVA. Los actores políticos, quizá sin quererlo, se han comprometido a romper con la ortodoxia fiscal conservadora que ha sido hegemónica por demasiado tiempo.
*El Universal 24-01-13
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