CIRO MURAYAMA
El inicio de la cruzada contra el hambre —con la que se comprometió el presidente Peña Nieto desde el primer día de su mandato— es, en primer lugar, el reconocimiento de una de las mayores fallas sociales y económicas de México. El que uno de cada cuatro mexicanos (24.9%) se enfrente, de acuerdo con la definición del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval), a una “situación de carencia en el acceso a la alimentación” revela hasta qué punto el problema económico básico de toda colectividad humana, subsistir, no está aún resuelto en esta nación.
Los datos más recientes de que disponemos hasta ahora, los de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH) para 2010 —pues los levantados para 2012 se harán públicos en los próximos meses— nos alertan que los problemas de acceso a alimentación venían incrementándose en los últimos años sin que el tema se hubiese vuelto de prioridad absoluta para la acción del Estado. En 2008 las personas con carencia de acceso a la alimentación eran 21.7% del total, y para 2010 se habían sumado 4.2 millones más. Pero además, el porcentaje de mexicanos con ingresos insuficientes para cubrir sus necesidades alimenticias básicas pasaron de 16.7% en 2008 a 19.4% en 2010, arrojando un número absoluto de 21.8 millones de personas. Como apuntaba ayer Enrique Provencio en este mismo espacio, en la actualidad podríamos estar hablando de 30 millones de compatriotas necesitados de apoyos alimentarios.
Ahora, bien si el uso del término “cruzada” puede ser útil en el propósito de ejemplificar que se trata de dar una batalla inmediata de enormes dimensiones, no debería de dar lugar para perder la mira en el sentido de que la solución de fondo no puede construirse en el estricto corto plazo y que se requieren medidas bien articuladas para cambiar estructuralmente los factores que provocan el hambre en México.
En primer lugar habría que subrayar el tema de la distribución del ingreso, otra vez. Que un país que es considerado por el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD) como uno de desarrollo humano alto y que, a la vez, tenga a una cuarta parte de su población con problemas de acceso a la alimentación sólo se explica por una pésima distribución del ingreso y la riqueza.
La desigualdad no sólo se expresa en la distribución de los recursos entre las familias, sino en la dotación de los mismos entre las regiones, por ejemplo en infraestructura que hace que el acceso a los alimentos se dificulte. Conviene recordar, por ejemplo, que el Instituto Nacional de Salud Pública documentó que en 21% de los municipios rurales del país no se expenden frutas y en 13% no se venden verduras. Así, una cruzada de largo plazo contra el hambre no puede perder de vista el componente del desarrollo regional.
Otro elemento indispensable es atacar la dependencia alimentaria externa, sobre todo en un contexto duradero de encarecimiento de los precios internacionales de los alimentos Hay que reconocer que el campo en México está en crisis desde antes de la crisis general de los 80, y que el nuevo modelo económico no ha aportado soluciones.
Redistribuir el ingreso, poner énfasis en el desarrollo regional y aumentar la capacidad productiva del agro son componentes indispensables de una política de Estado en favor de la seguridad alimentaria.
*El Universal 19-01-13
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