JAVIER CORRAL JURADO
He escuchado en los últimos días expresiones de desconcierto, desánimo, asombro y repudio por la decisión tomada por la mayoría de los consejeros del IFE ante el caso Monex. Una de nuestras mejores instituciones ha echado por la borda una oportunidad de oro para reafirmar el vínculo de credibilidad con la ciudadanía y de legitimidad de nuestros procesos electorales.
Tras los resultados electorales, el IFE tuvo el gran imperativo de investigar a fondo el origen y destino de los recursos implicados en el “Monexgate” y llevar hasta las últimas consecuencias su vital tarea de fiscalización, para la cual la reforma electoral del 2008 lo dotó de amplias facultades legales y nuevos instrumentos de vigilancia de los recursos que los partidos y candidatos ejercen. Estaba obligado a sentar una sanción ejemplar frente a las formas que burlan la ley para allegarse de manera ilegal de recursos públicos o privados. En ese deber estaba puesta gran parte de la expectativa ciudadana que vivió en carne propia los excesos y abusos de la campaña peñista.
Pero el IFE, a la par que ha defraudado esa esperanza, ha propinado un duro revés a la fiscalización del sistema electoral mexicano y, en un acto suicida de su prestigio, autodestructivo en términos de la confianza ciudadana, ha exonerado al PRI en el caso de este financiamiento ilícito. Por mayoría de cinco votos a favor y cuatro en contra, resolvieron no sancionar lo que a todas luces fue un proceso de simulación para triangular recursos ilícitos a la campaña del hoy presidente de México.
Es vergonzosa, absurda, impúdica, la resolución que apoyaron los consejeros Leonardo Valdés Zurita, Marco Antonio Baños, Francisco Guerrero, Macarita Elizondo y Sergio García Ramírez. Siendo que en el propio dictamen de la Unidad de Fiscalización se apunta que el fondo del asunto consiste en determinar el origen, el destino y la aplicación de los recursos que a través de diversas tarjetas expedidas por Banco Monex, fueron distribuidas por la campaña de Peña Nieto y, consecuentemente, de resultar un gasto de campaña, verificar si existe un rebase al tope de gastos establecido para las elecciones federales inmediatas anteriores, ninguno de los objetivos cumplió la resolución. Nada se dice de dónde provienen los recursos, y menos se comprueba el gasto.
Se pretende justificar a través de la firma de un contrato con la empresa Alkino Servicios y Calidad —presumiblemente firmado el 1 de marzo de 2012— la licitud de los recursos, sólo porque se asentó en las cláusulas “prestar servicios de desarrollo, diseño e implementación de soluciones de negocios basados en el mecanismo de disponibilidad inmediata de recursos monetarios a través de tarjetas de prepago”. Se trata en realidad de una violación flagrante del artículo 77, párrafo 2, inciso g), del Cofipe, que claramente ordena que: “No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona Y BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA: […] g) Las empresas mexicanas de carácter mercantil".
En términos llanos esto es un financiamiento, que por cierto no realiza esta empresa, sino las empresas comerciales Atama, lnizzio, Baltus, Akropolis, Luciana, Luza, Conclave, todas las que usó el PRI para piramidar e intermediar los recursos.
Lo más grave es que en ninguna parte del dictamen presentado por la Unidad de Fiscalización se detallan los usuarios finales de las tarjetas Monex, ni los montos encontrados en cada una de ellas. Sobre el origen de los recursos para fondear este financiamiento, la Unidad de Fiscalización se limita a enunciar los nombres, razón social y montos aportados por las personas físicas y morales involucradas, sin decir absolutamente nada del origen de los recursos y de la capacidad económica de estas personas para aportarlos.
Más aún, tampoco se hace cargo de las contradicciones públicas del PRI al negar cualquier relación con Monex y el uso de tarjetas del mismo banco, plenamente documentadas, como la del coordinador general de la campaña de Peña Nieto, Luis Videgaray, quien el 29 de junio negó el uso de tarjetas de prepago, y luego el reconocimiento tardío —ya explotado el escándalo— de Jesús Murillo Karam y Pedro Joaquín Codwell de que, en efecto, el PRI había dispuesto de su financiamiento público recursos para pagar servicios de Monex, y luego la propia declaración del PRI en el expediente en el sentido de que realizó ciertos pagos a través de las tarjetas de Monex a elementos de su estructura.
Es difícil afirmar los motivos por las cuales se produce esta regresión asumida por los consejeros electorales del IFE citados con antelación, pues no explicaron realmente sus razones, mucho menos lo hizo don Sergio García Ramírez, quien habiéndose “retrotraído” a lo largo de seis meses de la investigación y discusión del caso, cuando se empató, ejerció un voto decisivo a favor de la exoneración. Ya purgarán la penitencia por la frustración de las esperanzas que ellos mismos construyeron. Se tendrán que hacer cargo de su autodemolición
*El Universal 29-01-13
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