REFORMAS EN SERIO*

ANA LAURA MAGALONI

Comenzó con rumbo y potencia la administración de Peña Nieto. En pocas semanas, el Presidente ha podido generar un ambiente político y social de que México tiene futuro, de que van a existir acuerdos políticos para impulsar muchas de las reformas constitucionales y legales que llevan años empantanadas y, finalmente, de que hemos dejado atrás la guerra y que estamos construyendo la paz. Haber podido modificar, en pocas semanas, el ánimo y percepción sociales sobre el futuro del país es un gran comienzo. Sin embargo, el reto mayor para Peña Nieto va a ser lograr que este gran comienzo se traduzca en cambios concretos, tangibles y permanentes para la gente y para el país.

Como todos sabemos, las normas jurídicas no prefiguran la realidad deseable. Ello significa que no necesariamente porque se apruebe la lista de reformas constitucionales y legales del Pacto por México se están resolviendo los problemas que se quiere atender. Lograr que un determinado marco normativo se traduzca en acciones de gobierno eficaces muchas veces es una tarea mayúscula. En el caso de México, entre las normas y los ciudadanos, por decirlo de alguna manera, existen instituciones frágiles y resistentes al cambio que tienen que transformarse para que las reformas tengan el impacto esperado.

Esos procesos de transformación institucional son complejos, lentos, costosos y, en el mejor de los casos, con resultados progresivos. Muy pronto la administración de Peña Nieto va a tener enfrente los desafíos que caracterizan los cambios institucionales. Espero que pueda enfrentarlos con tanta determinación como con la que ha iniciado su gobierno.

El primer desafío de cualquier reforma institucional es la resistencia al cambio. Las burocracias van desarrollando, con el paso del tiempo, rutinas de trabajo e ideologías institucionales que son muy difíciles de modificar. En este sentido, no es sorprendente que lo primero que pasa cuando se aprueba un nuevo marco normativo sea que las burocracias encuentren los espacios de ambigüedad que les permiten reproducir las conductas aprendidas. Un buen ejemplo de ello es lo que está sucediendo en algunas entidades federativas que están intentando implementar la reforma penal. La supuesta audiencia oral, en donde defensa y MP confrontan frente al juez sus pruebas y sus argumentos, se ha traducido en una lectura pública de la averiguación previa, con la anuencia del defensor y el juez. La historia y las inercias burocráticas siempre pueden "comerse" al frágil proceso de cambio. El impacto transformador de muchas de las reformas que está impulsando esta administración dependerá de cómo se hacen cargo de este desafío.

El segundo desafío de las reformas institucionales se llama capital humano. La calidad del capital humano, y no la inversión en tecnología o las reingenierías de procesos, es lo que realmente puede marcar la diferencia entre un antes y un después de algunas de las reformas institucionales más importantes de esta administración. Ello resulta clarísimo en el caso de la reforma educativa. Como bien lo planteó la iniciativa que está a punto de aprobarse, el corazón de la misma tiene que ver con el servicio civil de carrera de los maestros. Ello no es otra cosa que darle al Ejecutivo los instrumentos de política pública que permitan garantizar que al frente de cada salón de clase de una escuela pública existe un docente con conocimientos, destrezas y vocación para desempeñar su función correctamente. Pueden existir aulas más o menos equipadas, puede haber o no computadoras, la variable relevante de la reforma educativa es la calidad del capital humano. Lo mismo sucede en el caso de la reforma penal, la reforma policial, la reforma al sistema penitenciario, por mencionar algunas.

Sin embargo, en México, la legislación laboral, los sindicatos y los tribunales han mostrado ser fuertes obstáculos para la renovación del capital humano de las instituciones. Basta analizar lo que sucedió, desde la administración de Zedillo, con la depuración de las corporaciones policiacas: a través del amparo, muchos policías despedidos, locales y federales, tuvieron que ser reinstalados hasta que Calderón pudo impulsar una segunda reforma constitucional (la primera fue de Zedillo) para que ello no siguiera sucediendo. Podemos anticipar que algo así podría pasar en la depuración de otras instituciones.

El punto de fondo es el siguiente: las reformas constitucionales y legales que son transcendentes para el desarrollo del país y que esta administración está impulsando, no sólo pasan por el Congreso y los acuerdos entre partidos, requieren, además, procesos de implementación que atiendan de forma eficaz los múltiples desafíos políticos y prácticos que existen para hacerlas realidad. No obstante, a pesar del tamaño de los retos que tiene enfrente la nueva administración, una estupenda noticia es que finalmente estamos hablando del futuro del país y de lo que soñamos como colectividad.

*Reforma 12-01-13