DESARRAIGAR EL ARRAIGO

RAÚL CARRANCÁ Y RIVAS

¡Qué bien, el Congreso del Estado de Chiapas ha desarraigado el arraigo! Desde hace mucho tiempo nos venimos oponiendo a él por su evidente anticonstitucionalidad, ya que "nadie podrá ser privado de la libertad sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos", dice el párrafo segundo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; siendo que el arraigo lo solicita el Ministerio Público al juez en la etapa de la averiguación del posible delito -delincuencia organizada o no- y antes de que haya juicio. ¡Ojalá el ejemplo histórico de Chiapas cunda en la República entera y tomen debida nota partidos políticos y aspirantes a la Presidencia de la República! La medida impulsada por el gobernador Juan José Sabines Guerrero nos señala qué cambiar urgentemente en México, comenzando con la reforma constitucional de 2008 en materia de justicia penal y seguridad pública que consagra el arraigo para los sospechosos de delincuencia organizada, lo cual es contra la presunción de inocencia que se mantiene hasta que un juez declare la culpabilidad correspondiente. Cambio que debe ir acompañado por el de la "estrategia" equivocada y en mi concepto fracasada que sigue el gobierno federal en su guerra contra el crimen. El gobernador chiapaneco dijo que los arraigados en su Estado no comparecieron ante un juez sino que eran nada más "presuntos culpables". "Se practicó -sostuvo- el autoritarismo, la represión de gente inocente, de miles de personas, lo que lastima porque estuvieron sufriendo y padeciendo". Qué dirá ahora Alejandro Poiré, quien en sus "monitos" asegura que el gobierno federal no sólo está abierto a seguir escuchando opiniones y críticas sobre su estrategia anticrimen, sino también dispuesto a rectificar errores y buscar nuevas alternativas. ¡Menuda opinión y crítica la de Chiapas! ¡Que se rectifique a nivel federal el error del arraigo y se busquen otras alternativas sin privar inconstitucionalmente de la libertad! El ejemplo es notable pues en el Estado donde un día se levantó el clamor popular como nunca antes, ninguno de los 40 diputados de los siete partidos se opuso a la erradicación del arraigo. Los 118 ayuntamientos dieron su respaldo a la reforma del artículo 4 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas. Desde luego se ha reconocido la primacía e inviolabilidad del párrafo segundo del artículo 14, que ya cité, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que prohíbe la privación de la libertad sin previo juicio, coincidiendo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en consonancia absoluta con el artículo 135 de la misma Constitución Federal.

Ahora bien, esperemos que vengan tiempos mejores para México a partir de las elecciones presidenciales de 2012. El pueblo sabe y le consta que cada tres o seis años se lo consulta -¡es imprescindible!- para luego olvidarlo. Lo grave no obstante es que el pueblo pueda olvidar a sus gobernantes, o aspirantes a gobernar, olvidando también el sentido de la democracia. Por eso hay que oírlo, escucharlo y atender sus demandas, que es lo que han hecho el gobernador Sabines Guerrero y el Congreso de su Estado. ¡En hora buena! Es verdad que el arraigo da resultados en la práctica, o sea, que se puede evitar la fuga de muchos presuntos responsables de la comisión de un delito. ¿Cómo? Reteniéndolos inconstitucionalmente. En consecuencia el dilema es claro, o se logran esos resultados en contra de lo ordenado en la Carta Magna o se acatan enteramente las normas jurídicas de ésta. Al respecto yo creo firmemente que el predomino de la praxis sobre la ley hiere de muerte a la moral pública, aparte de que encierra una gravísima contradicción en el Estado de Derecho. Lo anterior solivianta al cuerpo social y a sus integrantes, delincuentes o no. Y si lo son, su respuesta es despiadadamente violenta como lo ha sido.