viernes, 15 de julio de 2011

LA CORRUPCIÓN EN MÉXICO

GENARO GÓNGORA PIMENTEL
 
Como en muchos otros países, también en México la corrupción es una preocupación creciente, en especial, en la esfera del servicio público, donde es percibida como una amenaza para el imperio de la ley y el progreso económico. Una de las dificultades al tratar con el tópico es la ausencia de una definición precisa del significado de corrupción
En un sentido estricto, corrupción significa una situación donde una persona (un empleado o funcionario) hace de su conducta el objeto de un intercambio (ofrecimiento de algún tipo de ventaja personal) a pesar de que las reglas del sistema normativo no permiten ese trato.
Ahora bien, en el amplio marco de la ética y la responsabilidad social, la lucha contra la corrupción representa indudablemente, para México, uno de los capítulos más importantes; por ello, se impone en nuestro país una dura lucha contra la corrupción, sea por respeto a acuerdos internacionales en la materia, o sea por tener que adoptar el paso de los Estados más virtuosos en los que la corrupción ha dejado de ser un problema para la seguridad social.
La responsabilidad por la presencia del fenómeno en México va desde las prácticas ilícitas conducidas por altos servidores públicos, hasta el policía que pide un soborno para evitar una multa con motivo del transito de vehículos; así, podemos identificar como tipos de corrupción a los siguientes:
1. Capitales y bienes guardados en secreto en el extranjero.
Incluye la titularidad de cuentas bancarias secretas y codificadas con dinero y bienes sustraídos en los países en desarrollo; por su magnitud, el capital así obtenido y guardado en el extranjero es, probablemente, la forma de corrupción más importante y devastadora, puesto que ha sido la práctica común de políticos y jefes militares; Suiza y Liechtenstein, que mantienen la tradición del secreto bancario, figuran entre los refugios seguros para esos bienes robados.
2. Apropiación indebida de fondos públicos.
Esta forma de malversación de fondos, estafa y saqueo del tesoro público se relaciona con la primera, ya que parte del capital robado puede guardarse o gastarse en el país o enviarse al extranjero.
La característica principal que distingue a esta apropiación de fondos públicos es, sencillamente, que se trata de dinero robado por líderes y funcionarios políticos.
3. Blanqueo o lavado de dinero.
Conlleva la transferencia extralegal o ilegal de fondos fuera de las fronteras nacionales realizada por funcionarios que evitan la inspección de dicha transferencia e incluso infringen los controles oficiales.
En la mayoría de los casos se hace referencia tanto a la naturaleza como al origen de ese capital, generalmente ilegítimo (robo, estafa, tráfico de drogas, gratificación, comercio ilegal de armas, engaño, etc.).
4. Gratificación.
Abarca las compensaciones económicas, pecuniarias, materiales o físicas como condición o recompensa por la realización de los deberes oficiales.
Comprende la entrega y percepción de fondos para influir en las decisiones y procedimientos oficiales, por ejemplo:
a) Conflictos de intereses en los que altos funcionarios del Estado utilizan su cargo para la obtención de un beneficio;
b) Extorsión de dinero por funcionarios de hacienda y de aduana para reducir los derechos que deben pagarse, y por la policía para encubrir delitos, soborno de auditores, y de jueces para conseguir sentencias favorables, etc.
En nuestro país el disfrute de todo tipo de derechos, ya sean económicos, sociales y culturales o civiles y políticos, está gravemente restringido por el fenómeno de la corrupción; el mal gobierno genera corrupción y pobreza, la práctica de desviación de miles de millones de pesos socavan el concepto de buen gobierno y el estado de derecho.
En la esfera económica conduce a la asignación ineficaz de recursos, aumenta el costo de la inversión, merma la confianza de los inversores, promueve la desigualdad y la ineficiencia en el sector privado, al tiempo que reduce la calidad de los proyectos y servicios del sector público; a lo que se suma la circunstancia de que la inversión extranjera directa depende de la existencia de condiciones estables y del buen gobierno, el capital de origen ilícito puede cerrar las puertas a dicha inversión y al crecimiento a largo plazo, teniendo invariablemente consecuencias negativas sobre el disfrute de los derechos humanos de los ciudadanos.
Existe en nuestro país una alta propensión de los empresarios a corromper a los funcionarios encargados de la toma de decisiones de las diversas administraciones públicas: Resulta necesario superar la perversa convicción, que prevalece aún en muchas empresas, según la cual “no se pueden hacer negocios en este país si no se corrompe”.
Las empresas serias, las que apuntan a la calidad y competitividad de su producto, no tienen ciertamente necesidad de corromper para vencer las licitaciones públicas; sin embargo, éstas tienen la necesidad de ser defendidas cuando se verifiquen, en varias fases de la competencia, distorsiones causadas por prácticas ilícitas de competidores corruptos.
Por lo anterior, si bien es cierto que la lucha contra los corruptos debe ser conducida principalmente por el Estado, también lo es que la lucha contra los corruptos debe ser conducida en gran medida por la sociedad, en el marco de una asociación eficaz y transparente, a través de un control muy profesional de la administración de los proyectos anticorrupción.
No es suficiente abstenerse, en silencio, de las prácticas de corrupción: es preciso hacer una bandera del principio de la ética social y reconocer que la adquisición de un servicio público o evitar una sanción de la cual se es culpable, sea a través de prácticas de corrupción no es una victoria, al contrario, constituye una derrota. Y es una derrota grave porque también es la demostración de incapacidad. Persistir en la utilización de prácticas de corrupción significa para la sociedad salir completamente de la lógica de la convivencia y entrar en la lógica de la ilegalidad. La consecuencia de esta estrategia, a mediano plazo, no puede ser otra que su quiebra.
La utilización de prácticas de corrupción debe llevar a una movilización por parte de la sociedad que no hace de ella una práctica diaria, que en el mediano plazo deberá ser ganada por estas últimas. Al respecto, es de gran importancia la actividad de la denuncia de la corrupción, que en los países más avanzados es muy apreciada y protegida por las leyes.