JAVIER CORRAL JURADO
El Presidente de la República ha logrado un acuerdo con el presidente del PRI, Humberto Moreira, para un periodo extraordinario de sesiones a realizarse previsiblemente el 16 de agosto, en la que tanto reforma laboral como de Seguridad Nacional serían las materias a legislar. Moreira ha comprometido la voluntad del PRI, y el presidente Calderón parece hacerlo a nombre del PAN. Sobre ninguno de los temas existe en la Cámara de Diputados dictamen final alguno, por lo que se prevé una presión también extraordinaria sobre los legisladores para la confección de esos acuerdos, o se buscará imponer documentos no elaborados por ellos.
Un periodo extraordinario sólo puede ser convocado cuando existen dictámenes de comisión, porque se parte del supuesto que los legisladores especialistas (en las comisiones de la materia) han concluido la discusión y pueden ir a pleno a exponer razones a favor o en contra de un dictamen.
El PRI ejerció la semana pasada un mayoriteo en la Comisión de Gobernación para evitar una subcomisión redactora del predictamen en la que se pretendía una revisión más precisa y ordenada de esas reformas, para analizar lo presentado en las audiencias y el foro nacional, que se organizaron a manera de consulta pública directa para conocer la opinión de expertos, que resultó muy crítica.
Digo mayoriteo del PRI y no mayoría, porque se trató de un cambio de último minuto en la posición que habían convenido. Sinuosos, dobles en su manejo político —casi como característica intrínseca de su ser priísta—, hicieron requerimientos que retrasaron el trabajo. El día que fueron convocados para votar la subcomisión, la rechazaron, cínicamente en nombre de la prontitud que el pueblo de México exige. Buscan ir directamente al pleno de la Comisión para repetir el ejercicio de su mayoría y sacar el dictamen que han hecho propio.
Don Rubén Fernández, subsecretario de Enlace Legislativo de la Segob ha admitido la existencia de dos proyectos: “Uno del diputado Alfonso Navarrete Prida que tendría apoyo de San Lázaro pero no del Senado y el otro del diputado Javier Corral, que tiene el apoyo de los senadores, pero no entre los diputados”. El subsecretario dice que el gobierno federal se inclina por el del PRI.
Pero ni el primer proyecto es de Navarrete ni el segundo es mío; el primero fue elaborado por altos mandos del Estado Mayor del Ejército que pretenden sobrepasar los contenidos de la iniciativa que el Presidente de la República presentó, proyecto que el priísta ha hecho suyo; y yo he hecho mía la minuta del Senado que ha logrado un equilibrio entre seguridad nacional y derechos humanos. Un proyecto es de Sedena, el otro del Senado.
Y sí, son dos proyectos radicalmente diferentes, hay incluso dos lenguajes, uno castrense, el otro jurídico, dos técnicas legislativas, una engorrosa, por no decir tramposa, y la otra llana, clara en definiciones. El que ha hecho suyo don Alfonso Navarrete pretende trasladar, casi textual, definiciones del manual de operaciones del Ejército y entra en un terreno muy subjetivo al tratar de regular una especie de gradualismo que va de las contingencias a las amenazas a la seguridad interior.
Entre ambos proyectos se entraña una decisión de lo más delicada y trascendental para México: un cambio de régimen político, pues el proyecto de Sedena busca subordinar el orden civil al poder militar, mientras que el del Senado mantiene esta relación en los límites de la Constitución, que es reiterar la supremacía del poder político sobre las Fuerzas Armadas, sin dejar de darles un marco legal para su actuación contra el narcotráfico.
A la minuta del Senado le hicimos varios cambios que la colegislasdora ha aceptado, porque a los senadores que diseñaron el dictamen les parece “inadmisible” y hasta “abominable” el proyecto del PRI en San Lázaro y me transmiten que no estarían dispuestos a aprobar lo que ya resistieron con entereza durante un año en su propia discusión.
Entre los cambios formulados, el principal tiene que ver con precisar la jurisdicción militar cuando no tiene relación con la disciplina castrense. El proyecto incorpora que en delitos contra algún civil, los tribunales civiles deben ser los que resuelvan. La reciente resolución de la SCJN sobre esta materia confirmando el criterio, hizo ineludible el ajuste.
Sin renunciar a la convicción sobre la urgencia de esta reforma, planteo que entre el proyecto de la Sedena y el del Senado me inclino por el de la colegisladora, no sólo porque ya está agotada la primera parte del proceso, sino porque en el caso de optarse por el primero se dará pie a un largo litigio sobre su constitucionalidad, amen del riesgo en el que colocaría al sistema de los derechos humanos.
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