EMILIO ÁLVAREZ ICAZA
El proceso de construcción de la civilidad democrática tuvo ayer un día histórico. Las decisiones tomadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) son el principio de un cambio jurídico y cultural de enorme trascendencia. Sin exagerar, lo que decidió la SCJN, a partir de la discusión de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) del caso Rosendo Radilla (desaparecido en Guerrero en 1974), es probablemente una de las decisiones más importantes en su historia, al menos en 70 años.
En acatamiento a la reciente reforma constitucional en materia de derechos humanos y a las obligaciones internacionales del Estado mexicano, la Corte tomó dos decisiones sin precedentes.
La primera, y por mucho la más importante, es que los jueces del país están obligados a comprobar que las leyes que apliquen en sus sentencias se ajusten a la Constitución Política y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Así, todos los jueces de México deben aplicar la protección internacional de los derechos humanos, incluso a pesar de las disposiciones que en contrario pueda haber en constituciones o leyes de los estados. De esta manera, los jueces se verán obligados a ejercer un control de convencionalidad contrario al que existía en el pasado. Como dijo el Ministro Arturo Zaldívar: “Con esto cambiará de fondo la forma como opera el derecho en México… fijando líneas claras y precisas que orienten las resoluciones de los demás tribunales del país”.
La segunda, es que los integrantes de las fuerzas armadas (ejército, fuerza aérea y marina), serán juzgados por tribunales civiles cuando se trate de posibles violaciones a los derechos humanos de civiles; de manera que los jueces del Estado mexicano deberán replicar, en casos futuros, el criterio de restricción del fuero militar en cumplimiento de la sentencia del caso Rosendo Radilla y en aplicación del artículo primero constitucional. En adelante, los militares acusados de delitos contra civiles no serán procesados por tribunales militares como hasta ahora generalmente sucedía. En este orden de ideas, el ministro presidente Juan Silva Meza señaló: “Bajo ninguna circunstancia puede operar el fuero militar en violaciones a los derechos humanos que afecten a civiles”.
Con lo decidido ayer, se contribuye también a combatir las desapariciones forzadas, lo que se hace extraordinariamente importante a la luz del pasado y de lo que alarmantemente sucede hoy en día. Estos logros, se deben sobre todo a las víctimas, que en 37 años no han dejado de luchar y buscar justicia. También hay que subrayar la participación de organismos de la sociedad civil que litigaron el caso Radilla, como la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
Toca reconocer a la SCJN. Por supuesto que vendrán momentos de descontrol para el sistema y los propios jueces. Habrá que generar las mejores condiciones institucionales para que esta nueva etapa empiece pronto y de la mejor manera. Lo que queda claro es que se modifica todo el sistema de justicia mexicano. Los derechos humanos se hacen justiciables.
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