DOS JUECES, DOS JUDICATURAS

MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA

Dos jueces en entredicho, uno federal y otro del fuero común del DF, fueron tratados de maneras muy diferentes por los respectivos consejos de la judicatura, los órganos a los que concierne la vigilancia del desempeño de los juzgadores. Mientras el juez federal Álvaro Tovilla fue suspendido mientras se precisa el presunto enriquecimiento ilícito de su secretario, el afamado juez Héctor Palomares, que figura en el documental Presunto culpable, fue ratificado por el Consejo de la Judicatura del DF. El presidente de ese cuerpo, que lo es también del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, afirmó su propósito de que los juzgadores capitalinos sepan que "no están solos".

Discutible de suyo, la determinación del consejo local fue acompañada de una mentira, rápidamente encarada por una de las principales organizaciones de postulantes en nuestro país, la Barra Mexicana, colegio de abogados. Entre los argumentos para confirmar a Palomares Medina se citó el parecer de esa asociación, como si avalara lo hecho por los superiores del juzgador que había llegado al término de su nombramiento, y quedaba en situación de ser ratificado o separado de su cargo.

La Barra desmintió "categóricamente que haya avalado a través de su representante en la Comisión de Ética del Consejo de la Judicatura del DF la ratificación de dicho juzgador". Más todavía la Barra se manifestó contraria a la confirmación, a través del licenciado Felipe Ibáñez. La decisión del órgano judicial se adoptó "a pesar de diversos señalamientos negativos sobre (su) comportamiento ético". A decir del colegio de abogados, "el juzgador sí incurrió en fallas de ética, razón por la cual es falso que la Barra haya avalado su ratificación". Para afirmar su dicho, ese colegio profesional informa que cuenta con "documentos que demuestran sus oportunos señalamientos sobre este juez".

Por su parte el presidente del Tribunal capitalino, Edgar Elías Azar, defendió el nuevo nombramiento de Palomares pretendiendo restar valor a la cinta de Layda Negrete y Roberto Hernández, como si sólo en función del caso narrado allí debiera tomarse la decisión sobre el futuro del juzgador. Desestimó el valor del documental y hasta señaló la obviedad de que fue "editado", siendo que la elaboración de una película pasa necesariamente por ese momento, pues del total filmado tienen que escogerse escenas que condensen el relato. A eso Azar llamó "manipulación". Y desdeñosamente dijo que "una cosa es el documental y otra el expediente".

En ese expediente, y no sólo en Presunto culpable -que exhibe al juez por haber sentenciado sin pruebas a un presunto homicida que no estaba en el lugar del asesinato según diversos testimonios, y a partir de un solo testigo que a la postre se desdijo-, se basa el cuestionamiento al juez ratificado. La hoja de servicios de Palomares enseña datos contradictorios. Por un lado, es manifiesta su voluntad de prepararse asistiendo a cursos para mejorar su desempeño, y por otro ha habido denuncias, a su paso por diversos juzgados, que ha tenido que encarar a través del juicio de amparo, del que no siempre salió airoso.

Palomares fue titular de los juzgados penales números 37, 31 y 32, entre 1994 y 1999, lo que indica que no hizo huesos viejos en ninguno de ellos. En 2000 salió de la administración de justicia capitalina para aceptar cargos de mediana importancia en la Procuraduría General de la República. En 2003 se reintegró a la judicatura capitalina en la posición titular del juzgado 26, en la que ahora ha sido ratificado. Sería absurdo pretender que a la luz de su actuación sólo en el caso de José Antonio Zúñiga, presunto culpable de un crimen que no cometió -y más aún con base únicamente en la actitud indolente que fue captada por las cámaras-, se determinara su permanencia o su despido. Pero tampoco puede ignorarse el peso que como pieza de comprobación de su conducta tiene la cinta mencionada. Hacerlo, como lo hace el presidente Elías Azar, es cerrarse a la crítica y buscar una zona reservada para la actuación de los jueces, hagan lo que hagan.

Por su parte, el Consejo de la Judicatura Federal ha tomado una decisión que, aunque los casos no sean semejantes y por lo tanto comparables, contrasta con la del respectivo órgano capitalino. Ordenó suspender durante tiempo indefinido al juez noveno de distrito en materia administrativa del DF, Álvaro Tovilla. Sin prejuzgar sobre su responsabilidad, se le ha retirado del servicio activo mientras dure en su juzgado la investigación sobre la conducta de su secretario Esiquio Martínez Hernández.

Éste se halla sujeto a proceso acusado de enriquecimiento ilícito. Es que, con un sueldo mensual promedio de 45 mil pesos a lo largo de siete años de servicio en ese juzgado (lo que suma cinco millones y medio) ha hecho depósitos y retiros de su cuenta bancaria por un total de 432 millones de pesos. Sus insólitos movimientos bancarios fueron detectados en oficinas dedicadas a indagar el uso de dinero de procedencia ilícita y el Consejo de la Judicatura Federal lo denunció al Ministerio Público federal, que ha conseguido su procesamiento. En la averiguación previa se identificaron depósitos de gran cuantía a favor de Martínez Hernández. El abogado Santiago Francisco Rosano Torres hizo en un solo día abonos por más de 300 mil pesos. Forma parte del despacho de Mario Becerra Pocoroba, ex rector de la Escuela Libre de Derecho, y diputado federal panista, presidente de la Comisión de Hacienda de su Cámara.