martes, 31 de mayo de 2011

DELITOS ELECTORALES

JORGE ALCOCER VILLANUEVA


Desde que el año pasado arribó al cargo, el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) dependiente de la PGR, José Luis Vargas, ha expresado en diversos foros y ante los medios de comunicación del riesgo de que el dinero del narcotráfico se infiltre en las campañas electorales, tanto a nivel local como federal. Proveniente de un alto cargo en el Cisen, cabe suponer que las expresiones del citado funcionario tienen fundamento en hechos y pruebas, o al menos en indicios suficientes, no en meras especulaciones. De ser así, es urgente que tales evidencias se hagan del conocimiento de los dirigentes de todos los partidos políticos a fin de concertar acciones inmediatas que permitan atender el riesgo.
Hace unos días, el titular de la Fepade y su jefa directa, la procuradora Marisela Morales, sostuvieron una reunión privada con senadores de diversos partidos, a los que reiteraron tal preocupación, que concretan en cinco tipos de amenaza de los criminales, incluyendo que miembros de la delincuencia organizada sean postulados como precandidatos o candidatos. En dicha reunión los funcionarios urgieron a los senadores a discutir y aprobar las iniciativas de cambios al Código Penal Federal y a otras leyes conexas, en materia de delitos electorales. (Reforma, 20/05/11, p. 12).
Que esa reforma es necesaria nadie lo pone en duda; mientras que la Constitución y el Cofipe han tenido, de 1996 a la fecha, varios e importantes cambios, los delitos electorales tipificados en el Código Penal Federal siguen siendo, en lo fundamental, los que se establecieron en 1990, con reformas en 1994 -cuando fue creada la Fepade- y 1996. Es evidente que la situación de la seguridad pública es hoy muy diferente -para mal- a la que imperaba en los años noventa. Sin embargo, al analizar las iniciativas presentadas en el Congreso y las propuestas de la Fepade observo una orientación que me parece no sólo indebida, sino que puede convertirse en un factor más de conflicto en los procesos electorales.
Pretende la Fepade multiplicar por casi cuatro veces la tipificación de conductas delictivas que afectan, de manera directa o colateral, la materia electoral, de forma tal que muchas de las violaciones al Cofipe, o a los códigos electorales locales, que hoy en día son castigadas por la autoridad electoral con multas u otras sanciones administrativas, pasarían a ser tipificadas como delitos que se castigan con cárcel. De la judicialización podríamos transitar a la criminalización de los procesos electorales.
Las propuestas de la Fepade se concentran en el cambio a las leyes, creyendo que así se podrán enfrentar los reales o supuestos riesgos que han explicado a los legisladores, pero no se presenta un diagnóstico integral del problema, empezando por la propia Fepade, cuyos resultados han sido francamente pobres a lo largo de su existencia. Admito que la inoperancia de esa institución obedece, entre otros factores, a que partidos y candidatos recurren en las campañas o fuera de ellas, a la presentación de denuncias penales contra sus adversarios sin otro fin que obtener los reflectores de los medios de comunicación; no buscan hacer justicia, sino hacer propaganda.
Durante las discusiones de la reforma electoral de 2007, PRD y PRI propusieron otorgar autonomía a la Fepade, terminando con su dependencia orgánica de la PGR, así como una forma diferente para designar a su titular, que incluyese la ratificación del nombramiento por el Congreso de la Unión. El gobierno y el PAN no admitieron esas propuestas y el tema salió de la agenda.
Así como la autonomía plena del IFE fue la condición para avanzar en el desarrollo de las instituciones electorales, la de la Fepade permitiría ganar para esa institución el respeto de los partidos y la confianza de la sociedad, de los que hasta hoy ha carecido. No se trata de partidizar a la Fepade, ni mucho menos que los partidos sean los que decidan lo que debe o no hacer, sino de admitir que en su actual situación orgánica, esa Fiscalía y su titular carecen de las normas y estructura para garantizar que en su desempeño no habrá injerencia del gobierno en turno.
Seguir por la ruta de cambiar las leyes sin reformar las instituciones, es un camino sesgado, incompleto, que a la postre sólo producirá más problemas.

UNA NUEVA Y NECESARIA LEY DE AMPARO

JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ

Hace unas semanas concluyó el proceso de reformas a la Constitución en materia de juicio de amparo. Es inminente la publicación de los artículos reformados. A partir de ahí habrán de acelerarse los trabajos de aprobación de las reformas legales. Al concluir éstas, concluirá también un proceso iniciado hace ya varios años, en el que han participado diversas personas e instituciones académicas y profesionales y distintos órganos legislativos. Recordemos de dónde vienen estas reformas. En 1999, la Suprema Corte convocó a un grupo de trabajo para redactar un anteproyecto de reformas a la Ley de Amparo. Después de dos años, el resultado fue discutido en un encuentro nacional en Mérida, corregido y sometido a la aprobación de la propia Corte. Nadie presentó en ese momento el nuevo anteproyecto a la consideración de los legisladores federales. Varios años después, algunos senadores lo sometieron a la aprobación de su Cámara, mientras que otros iniciaron consultas que dieron lugar a un producto que, francamente, desvirtuaba la propuesta original. El amparo seguía siendo lo que fue durante tantos años. Afortunadamente, nada surgió de estas consultas. Aun cuando la iniciativa quedó sin aprobarse, no fue desvirtuada. Desde hace tres años, los trabajos para la promulgación de una nueva Ley de Amparo se retomaron por el impulso de diversos legisladores federales y de la Suprema Corte. Se discutieron borradores a partir del anteproyecto aprobado en 1999 y se concluyó una propuesta de ley que, por paradójico que parezca, le dio sentido a la reforma constitucional recién aprobada. No se trata de afirmar que la Constitución se supedita normativamente a la ley. Se trata de reconocer que al ser la Ley de Amparo el continente de un proceso complejo y técnico, la modificación de ese juicio tiene que pasar primeramente por una nueva conceptualización de esa ley y, a partir de ahí, llevar a cabo la consiguiente modificación constitucional. La forma en que se ha pensado y construido la propuesta de un nuevo juicio de amparo determina la manera como debe procederse legislativamente. Para darle sentido no basta modificar la ley vigente. Es necesario emitir un nuevo ordenamiento. No sólo lo es para superar en el plano simbólico las ataduras decimonónicas que determinaron sus orígenes y funciones. Adicionalmente, se trata de encontrar una nueva forma de expresión normativa para un proceso que, me parece, está en vías de transformarse radicalmente, tal vez como nunca antes. De la protección a los derechos fundamentales establecidos en la Constitución pasaremos a la protección de los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano es parte; más autoridades podrán ser demandadas en el juicio y, simultáneamente, podrán serlo por un mayor número de actos; las barreras de entrada al juicio se disminuirán e individuos y colectivos participarán más ampliamente; los procesos se compactarán para hacerse más eficientes y los efectos de las sentencias serán de diversos modos generales. Si los cambios son de tal relevancia, ¿por qué hay oposiciones a una nueva Ley de Amparo? ¿Por qué se piensa que con ajustar la ley vigente puede darse cabida a los cambios que se proponen? Porque existen dos maneras de entender al amparo. Para unos, se trata de un proceso determinado de tal manera por sus orígenes que constriñen toda posibilidad de cambio. Si el amparo nació para proteger garantías constitucionales de corte individual, sólo podía promoverse por quien resultó afectado por una autoridad pública en un derecho claramente reconocido y sus efectos protectores se limitaban a quien hubiere ganado el juicio, así debía quedarse. Todo cambio ha de darse por la evolución de sus premisas. Modificar el amparo de otra manera significaría desnaturalizarlo. El amparo puede ser ajustado, no cambiado. En este sentido, como la ley actual cumple con ese objetivo, no debe ser sustituida por otra. La posición contraria parte de un entendimiento diverso: el amparo es un proceso, una manera de lograr la protección de los derechos fundamentales. En tanto instrumento, debe ser transformado en la medida en que ello sea necesario para cumplir su función. Tan fue amparo lo creado y regulado en los siglos XIX y XX, como lo será el que funcione en el XXI. Si para darle cabida a los cambios que garanticen su funcionamiento se requiere una ley nueva, que haya ley nueva. Cada generación tiene la posibilidad de pensar y desarrollar las instituciones como crea que mejor sirvan para resolver los problemas que su tiempo les presenta. Tener una ley que le dé sentido integral y renovado al proceso de protección de los derechos humanos para los tiempos que vivimos es la base de un ineludible compromiso.

lunes, 30 de mayo de 2011

ECONOMÍA POLÍTICA DE LA CREDENCIAL PARA VOTAR

RICARDO BECERRA LAGUNA



Ayer mismo, Gabriel Zaid puso buenos argumentos a la cuestión del proyecto gubernamental para desarrollar la cédula de identidad ciudadana, documento obligatorio y base de datos censal para la seguridad de los mexicanos (Reforma, 29 mayo 2011). Sus objeciones son razonables y atendibles. Critica la implementación en alguno de sus aspectos más elementales (que arrancó con los niños, como si sus caritas no cambiaran en el fututo inmediato). También la objeta por razones democráticas (“el tufo totalitario”, esa voluntad de control estatal sobre la población, por lo que ha sido barrida en países como Inglaterra); y sobre todo -advierte Zaid- del razonamiento anti-económico de la medida: para controlar una porción de los mexicanos (los delincuentes, el uno por ciento) se apela y molesta al conjunto de la sociedad. La edificación de una nueva lista nacional que se suma a otros instrumentos de registro de muy diferente utilidad y suerte (CURP, RENAUT y el IFE). Así, Zaid aporta argumentos que estaban haciendo falta para discutir sin prisas y con la profundidad que requiere, un proyecto de esa magnitud y de esas consecuencias. No obstante, creo que debemos subrayar otro aspecto crucial que, de todos modos, hace indispensable un registro y una identificación universal de los ciudadanos en México: la pura y dura economía. Recurro a un documento que no pierde actualidad y que fue presentado originalmente por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el año 2006 en Washington: “Oportunidades de la Mayoría”. Luego de analizar varios casos, en doce países que incluye a México, se concluye que: “La falta de documentación básica de identificación, impide que millones de personas en Latinoamérica puedan dedicarse a actividades económicas, acceder a servicios básicos o incluso ejercer sus derechos de ciudadanía” Dicho de otro modo: sin un documento de identidad adecuado y muy especialmente, sin una dirección de residencia, no se pude obtener un empleo en el sector formal; acceder a crédito en alguna institución financiera; abrir cuentas bancarias; cobrar una remesa o una transferencia o un subsidio; es imposible recibir una herencia; no se pueden solventar trámites y, en suma, es imposible insertarse a los mercados modernos, ya no digamos los globales. La falta de documentación, dice el BID, no sólo es un problema desde el punto de vista de los derechos humanos sino del desarrollo mismo, porque contribuye al mantenimiento de los “activos ocultos en la región” (informalidad, empresas, inmuebles y terrenos que no pueden estar legalmente registrados). Aunque el documento es más bien escueto en el caso mexicano, el BID reconoce que en los primeros años noventa, el papel de la credencial para votar, fue mucho más que electoral, y que los servicios que este documento de identificación brindó a los más pobres, fue fundamental para su acceso a los mercados (por entonces en plena expansión, luego del frenesí liberalizador de aquellos años). Y lo que es más: gracias a un efecto no previsto, de un solo golpe (entre 1990 y 1994), la credencial amplió las posibilidades de entrada a los mercados formales para unos 20 millones de pobres, lo que a su vez –calculan- empujó al PIB en 1.2 por ciento en esos cuatro años inaugurales. La exclusión social comienza con la invisibilidad de los más pobres. De entrada, la falta de un acta de nacimiento registrada, era un problema pavoroso, pues el 15% de los niños mexicanos entonces no la tenían, si bien nuestro problema era menor que el de Bolivia (23%) o de la República Dominicana (26%). Como quiera que sea, la credencial para votar –casi sin quererlo- vino a llenar un enorme vacío legal, social y económico. Como en sus cimientos la credencial para votar era expedida “de buena fe”, el ciudadano no requería de ningún documento previo, bastaba su palabra y la palabra de dos de sus vecinos. El IFE realizó entonces el más grande de todos sus proyectos logísticos desarrollados hasta hoy, y colocó módulos de entrega en miles de puntos en territorio nacional. De esa forma, en solo cuatro años, fueron entregadas unas 47.4 millones de credenciales, y de ellas, casi diez millones se otorgaron gratuitamente a quienes antes no poseían ningún instrumento de identidad. Sin planearlo y sin deberlo, el IFE realizó así, una obra estricta de equidad social. Han ocurrido muchas cosas en estos 15 años (7 elecciones federales, centenas de elecciones locales y ninguna ha sido impugnada por el padrón electoral). Ahora el padrón se compone de 82.3 millones de mexicanos y de ellos, 76.1 millones tienen su credencial vigente. Pero el papel de la credencial para votar sigue siendo importante, además, por esa función asumida en el camino. Así las cosas, no encuentro ninguna buena razón para que el país no mantenga esta inmensa base de datos ni la parafernalia asociada para su vigilancia, actualización y modernización. Zaid lo recuerda: otros intentos de registro han fracasado o han mostrado su sincera inutilidad, ese no es el caso del padrón electoral. Por eso, me parece, toda iniciativa vieja o nueva de registro de los mexicanos debería respetar y apoyarse sobre la experiencia y el edificio hecho por el padrón electoral, incluyendo la cédula de identidad. Pueden pensarse alternativas: por ejemplo que el IFE sea la autoridad que emita la cédula de identidad con convenios amplios con otras autoridades; que los proyectos y los recursos implicados no se yuxtapongan ni se contradigan para evitar la redundancia y el despilfarro. Pero lo que es seguro, es que México no puede darse el lujo de ignorar o erosionar su padrón electoral, clave para su política democrática y para la bienvenida al mercado de los más pobres. No se debe, creo, ni siquiera en nombre de la seguridad interior.




LA LEGALIDAD EN TIEMPOS DE CALDERÓN

JOHN ACKERMAN ROSE


El gabinete de Felipe Calderón nunca ha destacado por su profesionalismo, visión política o respeto a la legalidad, pero en la última semana hemos sido testigos de un par de burdas violaciones a la Constitución que generan profunda preocupación por lo que podría ocurrir durante este último tramo del sexenio. En el ocaso de su mandato y frente a las ínfimas posibilidades de victoria en 2012 para un candidato oficial, o incluso para un candidato ciudadano avalado por el partido en el poder, el Presidente se encuentra cada día más desesperado y apuesta a enrarecer el ambiente político. No fue casualidad que Genaro García Luna haya decidido saltar al Congreso de la Unión y violar olímpicamente la Carta Magna para recibir una medalla al mérito de manos del presidente colombiano, Juan Manuel Santos. Tampoco es gratuito que Ernesto Cordero haya decidido montar con recursos públicos un escenario para aceptar el apoyo de los 134 militantes calderonistas a su candidatura presidencial. Ambos actos fueron fríamente calculados como pruebas de soberbia e impunidad en preparación para el próximo año electoral. Si ambos ilícitos quedan sin castigo, o por lo menos sin una respuesta enérgica de la sociedad, quedará pavimentado el camino para el total abuso del Poder del Ejecutivo. El artículo 37 de la Constitución no deja lugar a dudas al señalar que la ciudadanía mexicana se pierde... por aceptar o usar condecoraciones extranjeras sin permiso del Congreso federal o de su Comisión Permanente. El texto no indica de manera potestativa que recibir una medalla de un gobierno extranjero podría ser causal del retiro de la ciudadanía, sino que es categórico al afirmar que esta sanción es consecuencia casi automática de tal acción. Esta disposición legal tiene razón de ser, sobre todo cuando se trata de un alto funcionario público, ya que el Congreso debe velar que un reconocimiento de este tipo no implique alguna sumisión a un gobierno extranjero. Se antoja difícil que se puedan reunir suficientes votos en el Congreso para iniciar un procedimiento de juicio político en contra del secretario de Seguridad Pública por ésta u otras violaciones a la ley. Asimismo, sería francamente imposible imaginar al Poder Ejecutivo tomando medidas encaminadas a sancionar a uno de los más poderosos integrantes del gabinete. Sin embargo, el Instituto Federal Electoral (IFE), como garante de los derechos y las obligaciones ciudadanas, debe actuar inmediatamente en defensa del marco normativo. Debería iniciar de oficio un procedimiento para dar de baja al secretario del padrón electoral e incluso reconocer formalmente la pérdida de ciudadanía de García Luna, con base en el texto constitucional y ante la inacción de la Secretaría de Gobernación en la materia. Al perder su ciudadanía, que no implicaría perder su nacionalidad mexicana, pues ésta nunca se pierde, García Luna inmediatamente quedaría inhabilitado para ejercer el cargo de secretario de Seguridad Pública. El artículo 91 de la Constitución dice explícitamente que para ser secretario de despacho se requiere ser ciudadano mexicano y estar en ejercicio de sus derechos, requisitos que ya no cumpliría el galardonado. Aquí también surge la duda con respecto al premio Mujeres de Coraje recientemente recibido por Marisela Morales, actual procuradura general de la República, de parte del gobierno estadunidense de manos de Hillary Clinton. El requisito de un aval del Congreso es aplicable a cualquier ciudadano mexicano. ¿Morales habrá recibido autorización antes de aquella ceremonia en Washington? La semana pasada Cordero también incurrió en una evidente violación a la Constitución. En un comunicado oficial de la Secretaría de Hacienda abordó asuntos estrictamente político-electorales que no tienen nada que ver con sus funciones legales: El día de hoy [sic] he sabido de una carta que circula en México firmada por distinguidos panistas... Es un gran honor ser considerado como un posible abanderado de mi partido... Aspiraciones sí tengo... Estas declaraciones no fueron hechas espontáneamente en respuesta a alguna pregunta de los medios de comunicación, sino que fueron incluidas dentro de una comunicación formal emitida por el Poder Ejecutivo federal. Se encuentran entonces en flagrante violación del artículo 134 constitucional, que obliga a todos los servidores públicos a aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos y prohíbe la utilización de recursos públicos para la promoción personalizada de cualquier servidor público. De nuevo, le tocaría al IFE actuar de manera inmediata en este caso. Así como los consejeros han amonestado públicamente tanto a Enrique Peña Nieto como al Partido del Trabajo por promoverse de manera anticipada y al mismo Calderón por su intervención indebida en las elecciones locales de 2010, la autoridad también tendría que hacer algún señalamiento a Ernesto Cordero. Hacerse de la vista gorda ante una violación tan evidente sería una invitación a una creciente intervención del Poder Ejecutivo en el proceso electoral federal. Las metáforas de jinetes y caballos utilizadas por Vicente Fox durante 2006 podrían quedar como simples cursilerías ante el masivo operativo estatal que se prepara desde ya en Los Pinos para imponer al candidato oficial. La sociedad y las instituciones no pueden permitirse el lujo que quedarse en las gradas como meros espectadores.

WIKILEAKS Y PEÑA NIETO

ARNALDO CÓRDOVA


Todos sabíamos de los enjuagues de Enrique Peña Nieto en su afán de alcanzar la Presidencia de la República en el 2012. En primer lugar, de su terror a una posible alianza entre el PAN y el PRD que hoy está muerta. Luego, de su campaña mediática con Televisa que se financiaba con millonadas que iban del erario del Edomex directo a las arcas de la televisora. También de su persistente labor de convencimiento en las filas priístas, en lo que ha derrochado, asimismo, montañas de dinero, en especial con los sindicatos y agrupaciones de masas. De igual manera, de su manejo ilegal de las partidas para los ayuntamientos y el ahorcamiento sistemático de los mismos. Y sin olvidar el encubrimiento criminal de auténticos delincuentes políticos, en particular, de su tío Arturo Montiel. Pues todo eso lo vienen a mostrar documentos de la embajada de Estados Unidos en México filtrados por Wikileaks a La Jornada y muy bien reseñados por Blanche Petrich en la edición del 23 de mayo. En uno de esos documentos se puede leer: Hecho en el molde del anquilosado PRI mexiquense, Peña Nieto no es reconocido precisamente por su transparencia cuando se trata de amigos y aliados. Allí mismo se dice lo que todo mundo sabe: que es ahijado del ex presidente Carlos Salinas y que parece cortado con la misma tijera de la vieja guardia priísta. Todo eso ya lo sabíamos y lo decíamos; pero ahora sabemos que era también la opinión de los analistas de la embajada gringa. Del derroche de dinero público, el mismo documento hace notar que el PRI en la entidad tiene fama de aprovechar las fisuras existentes en materia de transparencia para hacerse de fondos de campaña. En vista de la gran cantidad de dinero que fluye por la entidad y dada la posición que tiene Peña Nieto como puntero de la carrera presidencial, no parece improbable que su administración esté sacando ventaja de esta situación. Es un modo de decir que el gobernador mexiquense está canalizando todo el dinero que llega, en cantidades colosales, al Edomex para promover su imagen y su carrera presidencial. Los empleados de la embajada que dicen esas cosas no fueron a aquel estado a fisgonear, cosa que, por lo demás, hacen continuamente en todo el territorio mexicano, sino que fueron invitados ex professo por la poderosa oficina de relaciones internacionales del gobierno mexiquense y les abrieron todas las puertas para su información. Sólo que los gringos supieron siempre que eran unas cuantas y que se les daba aquella información a cuentagotas. Por eso siempre desconfiaron de lo que se les decía. Hasta supieron qué era lo que se les quería ocultar. En sus entrevistas con los funcionarios mexiquenses, lo recuerdan a cada momento, éstos siempre trastabillaban y se confundían. Lo primero que los de la embajada reprochan a sus anfitriones es el hecho de que en el Edomex no se cumple con los controles de confianza de mandos y operativos de las instituciones policiales y de procuración de justicia. Sólo un dos por ciento de los oficiales se ha sometido al examen, dice el despacho. Fue sólo un ejemplo. También pudieron constatar que sus interlocutores no les pudieron explicar con precisión en qué gastaban las enormes cantidades de dinero que llegaban al estado y que eran las mayores en toda la República por ser el estado más poblado. De ello no pudieron obtener ni un solo dato. La excursión de los personeros de la embajada por el Edomex ocurrió poco después de las elecciones intermedias de 2009, cuando Peña Nieto se alzó con la victoria en 97 de 125 municipios mexiquenses, con 40 de 45 diputados locales y 38 de 40 diputados federales. El documento parece cantar victoria: “… pasó la prueba del ácido, pudo demostrar que es capaz de obtener resultados electorales favorables para su partido y que es algo más que una cara bonita”. La popularidad de Peña Nieto, que era en esos días de 70 por ciento de los encuestados, según el propio documento, fue la causa principal de ese éxito. Pero también reconoce que ello se debió a la debilidad de sus enemigos, sobre todo a las pugnas internas del PRD y el pago que el PAN tenía que hacer por la crisis económica. No se habla del derroche de dinero que se hizo desde el gobierno mexiquense para obtener esos logros. Pero se pregunta: “…aquí la cuestión es ver hasta qué punto esta popularidad es resultado del carisma personal del gobernador y del cuidado que pone en labrar su imagen o qué tanto tiene que ver con un trabajo serio para mejorar las condiciones de su estado y llevar a cabo reformas necesarias”. La cuestión es falsa en sí misma. Debieron haberse preguntado, más bien, de qué medios se valió Peña Nieto para obtener esos resultados. Habrían podido ver que de lo que se trató fue, de nueva cuenta, de un derroche fenomenal de dinero, cosa que, desde luego, todos pudimos ver. Ese abuso de los recursos públicos es reconocido por la embajada en otro documento, esta vez del 26 de enero de 2009, redactado por la entonces encargada de negocios Leslie Basset. Se dice: Quizá como nunca lo había hecho en procesos electorales previos, el mandatario estatal está concentrado y ha lanzado proyectos de trabajo en zonas que le pueden aportar votos; analistas y líderes de su propio partido han expresado ante consejeros políticos de la embajada sus sospechas de que está pagando dinero a los medios bajo la mesa para favorecer una cobertura favorable, y también que financia a empresas encuestadoras para que presenten resultados alterando las tendencias a su favor. Ese documento es anterior a las elecciones de ese año. Si eso hizo con las encuestas, habrá que imaginarse lo que hizo con las elecciones y los votantes. Los cuestionamientos de los enviados de la embajada, de una pálida y candorosa objetividad, empero, hicieron señalamientos que son una novedad para el público mexicano. En el tema de seguridad contra la criminalidad, por ejemplo, pusieron en aprietos al grupo de investigación llamado C-4 del gobierno mexiquense, encargado de recopilar y procesar investigación sobre la potencialidad del crimen en la entidad; no sólo les hicieron preguntas que no pudieron responder, sino que hicieron la observación crucial de que ese grupo no tenía relación con la procuraduría estatal, lo que resulta incomprensible. En el primer cable que reseña Blanche Petrich se hace notar que las dudas y cuestiones que se les plantearon a los funcionarios mexiquenses no siempre pudieron ser respondidas. Se dice, para el caso: “Presionamos para que nos explicaran en qué radica la popularidad de Peña Nieto. Los funcionarios respondieron explicando los ‘600 compromisos’ o promesas de campaña” que el gobernador firmó ante notarios. Y se concluye: A nuestros asesores políticos esto les olió más a populismo que a logros duraderos para mejorar las condiciones del Estado. En el fondo, todo ello ya lo sabíamos, pero es bueno que a eso se agregue el testimonio de la embajada de Estados Unidos. Peña Nieto es un farsante y, lejos de ser la cara moderna del PRI, chorrea por todos los poros la misma vieja basura y porquería del antiguo partidazo que ya se sueña, a pesar de los reiterados golpes que ha recibido, de nuevo dueño del poder. Peña Nieto es tan sólo eso.

LA POLÍTICA EN ESPAÑA

NÉSTOR DE BUEN


El evidente triunfo del Partido Popular en las recientes elecciones en España, por supuesto que no me gustó nada. La inclinación hacia la derecha ha sido notable y al mismo tiempo el fracaso del Partido Socialista Obrero Español, mejor conocido como el PSOE. El problema está en encontrar las causas. Y curiosamente llego a la conclusión de que la crisis económica, que no está provocada por los trabajadores sino por el sector empresarial, los electores la han atribuido al gobierno de Rodríguez Zapatero, quien seguramente no ha actuado de la mejor manera en el campo económico, pero difícilmente se le puede atribuir la culpa de este regreso de una derecha personificada por ese personaje tan nefasto como Rajoy, digno sucesor de Aznar y tan desagradable como él. Lo que llama la atención es que el PSOE se ha enfrentado con los sindicatos democráticos, especialmente con la Unión General de Trabajadores, de línea socialista, y Comisiones Obreras, más inclinada al comunismo. Y todo esto sucede cuando uno de los temas de actualidad en España es el futuro del Valle de los Caídos, donde se encuentran los restos de Franco, pero también de miles de republicanos fusilados por el franquismo. Desde aquí no se acaban de entender las cosas, aunque sí algunas. El proceso contra el juez Baltasar Garzón motivado por su decisión de rescatar los restos de los republicanos que murieron durante la Guerra Civil, ha puesto de manifiesto que la justicia española también se inclina a la derecha, lo que es verdaderamente lamentable. Se habla de los movimientos de los jóvenes españoles, que han llenado la Puerta del Sol en Madrid y, supongo, también la Plaza de Cataluña, en Barcelona, pero de las noticias no se infiere fácilmente en contra de quién son esos movimientos que tienen un aire económico, integrados los grupos por jóvenes que carecen de empleo, que es uno de los problemas más serios que enfrenta España donde se duda que los universitarios tengan la certeza de su oportuna ubicación en un puesto de trabajo. Da la impresión de que la Unión Europea no está alcanzando los fines para los que fue fundada. Hace unos días leía un trabajo de un autor mexicano que compara nuestro famoso TLC con aquella Unión y del que tampoco se puede decir que ha servido para resolver nuestros problemas económicos. Entre nuestros problemas más graves, narcotráfico aparte, se encuentra la paralización de Mexicana de Aviación, que ahora está poniendo de manifiesto su pérfida intención de utilizar los fondos de un fideicomiso creado para garantizar las pensiones de los jubilados, destinando los fondos que guarda una institución de crédito hacia la capitalización de la empresa, tal como al parecer lo exigen los posibles compradores. Sin la menor duda, las autoridades. No somos ajenos a las manifestaciones de inconformidad con el actuar del gobierno que ha encabezado en México Javier Sicilia. La marcha desde Cuernavaca, uno de los centros en los que la delincuencia se mueve con más facilidades, pone de manifiesto inconformidades sociales que nos deberían alertar. A mí lo que me sorprende es que en la frontera con Estados Unidos, por parte de ellos hay un riguroso control aduanero, en tanto que de allá para acá los automóviles pasan sin revisión alguna. Ya se pueden imaginar las armas que pueden trasladar sin que nuestros gentiles aduaneros se tomen la menor molestia para evitarlo. Acabo de estar en Tijuana y he comprobado por mí mismo esa conducta. En España aún deben celebrarse elecciones que, si saben hacerlo, podrán romper con esa mayoría derechista. Entre nosotros se harán también elecciones pero las alternativas no dejan espacio para el optimismo.

PALABRAS FUERTES

ROLANDO CORDERA CAMPOS


Las intemperancias y veleidades del presidente Calderón y su partido, junto con el inaudito comportamiento del PRI y del PRD en el caso de Michoacán, llevan a preguntarse si no equivocamos la ruta del cambio político o, si se quiere, a la proverbial pregunta de Vargas Llosa sobre el momento en que nos jodimos. Como quiera vérsele, el hecho es que estamos metidos en una encrucijada del diablo, de la cual no nos va a salvar el más de lo mismo que ofrecen los priístas encarrerados de Peña Nieto. Prestarse a fintas vulgares sobre un estado de sitio no confesado pero nada ficticio, como el que al parecer busca el presidente Calderón en Michoacán, tal vez para luego ensayarlo para todo el país en 2012, dice poco y mal de los partidos políticos nacionales y obliga a recordarles que, de acuerdo con la Constitución, son entidades de interés público y que, de acuerdo con el modo de su financiamiento, son también formaciones que se deben a la ciudadanía como servidores, como mandatarios y no como mandantes. De todo esto se han olvidado los políticos profesionales que encabezan a los partidos, pero su olvido no los disculpa, como tampoco excusa al IFE y al tribunal en su desmedida obsecuencia ante los poderes de hecho y su militante descuido de su función primordial y vital de ser órganos productores de la confianza ciudadana en los procesos de lucha, cambio y transmisión del poder constituido. Hoy, han pasado por encima de esta convención fundacional del pacto político fundamental del nuevo sistema y puesto en peligro la reproducción de la democracia y el pluralismo inaugurados hace 10 años, y echados a perder con curiosa alegría por sus principales usufructuarios: Vicente Fox y su partido de ocasión. Quizás fue ahí donde empezó esta nueva tragedia mexicana. Cuando Fox quiso resolver por la vía rápida la sucesión presidencial, mandando al ostracismo a Andrés Manuel López Obrador, con sentencia penal de por medio, se desató una fiebre presidencialista dentro de la nueva coalición gobernante que, sin más, contagió al PAN y desnaturalizó sus principios y tradiciones, hasta despojarlo de sus contenidos más íntimos. Luego vino el haiga sido como haiga sido, la negativa de Calderón a hacer un recuento total de los votos, apoyada por la más inesperada cohorte de opiniones, y el arranque de un gobierno de hecho que buscó en los peores hechos, los de la violencia, los factores determinantes de una legitimidad cuestionada de origen. Ahora todo se desvanece y confunde, sin poder ocultar el veredicto brutal: el Estado nacional se ve sitiado por una violencia ilegítima frente a la cual no hay legitimidad que pueda oponerse. Los exegetas pueden bramar con furia, pero el hecho total es la anomia que corroe las relaciones fundamentales que dan sentido al Estado nacional, a la producción y la distribución mala o buena de sus frutos. Si Michoacán tanto asusta a los poderes mal constituidos del Estado nacional, lo menos que puede esperarse de ellos es franqueza y mínimo valor: que decreten el estado de excepción en el estado y nos preparen para lo que puede venir el año entrante. Que los partidos de la oposición legal se presten a este juego no puede sino alarmarnos y llevarnos a reclamar una explicación detallada de sus actos, conjeturas, reflexiones. De otra forma estamos en la puerta de una traición política que, sin más trámite, puede devenir una traición a la patria. Palabras fuertes, que ojalá y pronto pudiera probarse que son innecesarias. A esta hora me parecen obligadas.

MÉXICO NECESITA EJERCER LA FUERZA MORAL DE SU MEMORIA HISTÓRICA

HERMILIO LÓPEZ BASSOLS


Así inició Humberto Hernández Haddad su intervención en el homenaje a don Venustiano Carranza y a los "Embajadores del Constitucionalismo" que se celebró en el Museo Casa Venustiano Carranza. El exdiputado y senador de la República se refirió a la llamada "Doctrina Carranza", enunciada por el propio "Varón de Cuatro Ciénegas" en su mensaje al Congreso del 1° de septiembre de 1918 y que a la letra dice: "Las ideas directrices de la política internacional son pocas, claras y sencillas. Se reducen a proclamar que todos los países son iguales; que deben respetar mutua y escrupulosamente sus instituciones, sus leyes y su soberanía; que ningún país debe intervenir en ninguna forma y por ningún motivo en los asuntos interiores del otro... Que ningún individuo debe pretender una situación mejor que la de sus conciudadanos de país a donde va a establecerse, ni hacer de su calidad de extranjero un título de protección o de privilegio... nacionales y extranjeros deben ser iguales frente a la soberanía del país en que se encuentran... De este conjunto de principios resulta modificado profundamente el concepto actual de la diplomacia".
Hernández Haddad recordó que José María Maytorena, gobernador de Sonora, comisionó a Isidro Fabela para recibir a Carranza en Hermosillo y que en ese acto el mexiquense le dijo "no vine a servir al Estado... sino a la Revolución. Fabela se encargó de las actividades diplomáticas del constitucionalismo, como oficial mayor de la Secretaría de Relaciones Exteriores, encargado del despacho.
En la brillante pieza oratoria se analizaron los dos puntos principales de la doctrina, el desconocimiento oficial de la Doctrina Monroe y el postulado relativo a la igualdad entre mexicanos y extranjeros. Carranza y sus diplomáticos como Cándido Aguilar, Luis Cabrera, Aguirre Berlanga e Isidro Fabela, tuvieron que enfrentarse a un complicado entorno internacional como era la ocupación militar estadunidense de Tampico y Veracruz, la protección de los yacimientos petroleros en el Golfo, el reconocimiento del Gobierno de Wilson, el caso Benton. Profundo análisis histórico realizó el destacado internacionalista, cuya última parte conviene reproducir para que encuentre eco en la juventud de hoy:
"Pero lo que más honraría a Venustiano Carranza en estos difíciles momentos de intranquilidad nacional es renovar el compromiso de todos los mexicanos con la legalidad y la justicia. La Doctrina Carranza sirve en pleno siglo XXI para recordarnos que no somos una nación de bandidos. Somos un país que ha sabido salir victorioso de pruebas más difíciles que las que ahora enfrentamos, con la escalada de criminalidad y violencia que ha construido con las trampas de la geopolítica del comercio internacional de las drogas, el tráfico de armas, así como la acechanza subrepticia para tomar el control de los yacimientos petroleros, la petroquímica, la minería, los ferrocarriles, los puertos y el sistema bancario nacional.
En esta dura prueba que hoy vivimos, debe surgir un México más justo y más unido, al amparo de la Constitución y con el escudo del Derecho Internacional. La seguridad internacional colectiva no puede fundarse en un presunto acceso a la justicia ejecutando asesinatos extrajudiciales, que derogan la existencia del Derecho Penal Internacional, ignoran el andamiaje jurídico del sistema multilateral de las relaciones internacionales instaurado para preservar la seguridad mundial, ya que al aplicar sanciones sin sujeción al debido proceso legal, anula las funciones judiciales y la razón misma de existir, esencialmente civilizatoria, de los tribunales internacionales".
Concluyó el distinguido político tabasqueño, "hoy, la volatilidad internacional y los riesgos de conflictos regionales, no deben intimidarnos. México decidirá ante cada reto con apego a la voluntad nacional y a sus valores históricos.

OTRO JULIO TRICOLOR

JESÚS CANTÚ


Todo indica que el próximo 3 de julio el Partido Revolucionario Institucional se quedará con las tres gubernaturas en disputa (Coahuila, Estado de México y Nayarit), y el PAN y el PRD competirán por el segundo lugar en las preferencias electorales. El nuevo repunte del tricolor en las intenciones de voto tiene que ver con el rompimiento de las alianzas entre el PAN y el PRD, que de haberse concretado hubiesen tenido muy altas probabilidades de ganar Nayarit y, eventualmente, el Estado de México. Después del éxito electoral de las alianzas en julio del 2010 todo hacía suponer que serían un hecho también en Coahuila y Nayarit, pues en dichas entidades las diferencias en las preferencias electorales entre el PAN y el PRD eran muy claras, por lo cual era fácil ponerse de acuerdo en que el abanderado en Coahuila sería un panista, y en Nayarit, un perredista. Las dificultades se centraban en el Estado de México, donde además de que las diferencias no eran muy claras entre ambos partidos, tampoco había un candidato que tuviera un reconocimiento incuestionable de la opinión pública; además, la situación se complicaba por la trascendencia de la elección en la política nacional. Las alianzas prácticamente se habían concretado en las dos primeras entidades, pero disputas de última hora las derrumbaron. En el caso de Coahuila, el PRD exigía que su exlíder estatal Gustavo de la Rosa encabezara la lista de candidatos a diputados plurinominales; como el PAN no accedió a dicha solicitud, la alianza se rompió. Sin embargo, allí la ruptura no tiene ningún impacto real sobre las preferencias electorales, pues el PRD y la izquierda en general captan muy pocos votos. De acuerdo con una encuesta de Consulta Mitofsky, levantada entre el 6 y el 8 de mayo pasados, el candidato del PRD, Genaro Fuantos Sánchez, obtendría 1.7% de los votos; y el de la alianza PT-Convergencia, Jesús González Schmal, 0.8%; en contrapartida, el candidato de la alianza PRI-PVEM-Panal, además de dos partidos locales (Socialdemócrata y Primero Coahuila), Rubén Moreira, el 64.3%, y el del PAN, junto con la Unidad Democrática de Coahuila, Guillermo Anaya, el 15.1%. Así que en este caso no parece que dicha ruptura tenga alguna consecuencia sobre el resultado electoral. Nayarit es un caso totalmente distinto, ya que la alianza se derrumbó porque el PRD se empecinó en que el abanderado de la misma fuera su exlíder nacional Guadalupe Acosta Naranjo, aunque en las encuestas se encontraba ligeramente debajo de Martha Elena García. De acuerdo con tres encuestas internas que habían realizado el PRD y el PAN y que divulgó en abril el periódico El Universal, la legisladora y esposa del exgobernador Antonio Echeverría superaba en dos de ellas a Acosta Naranjo, en una con 18 puntos porcentuales, y en otra con 2; y en la confrontación contra Roberto Sandoval, García obtenía 4 puntos más. Según la encuesta levantada por Investigaciones Sociales Avanzadas, las preferencias electorales serían de 40% para la Alianza “Nayarit Paz y Trabajo”, conformada por el PRD y el PAN, y de otro tanto para la coalición que sí conformaron el PRI, el PVEM y el Panal. En este caso, el PAN se apoyaba en dichas encuestas para preferir la postulación de García, que fue candidata del PRD hace seis años, en tanto que el PRD insistía en Acosta Naranjo. Finalmente esto provocó la ruptura: el PAN postuló a García, y el PRD a Acosta Naranjo, pero cada quien por su cuenta. Esto modificó totalmente el panorama a pesar de las disputas internas tricolores, y, según una encuesta aplicada entre el 6 y el 8 de mayo por El Universal, el candidato tricolor cuenta con 49% de las preferencias electorales, contra 33% de la abanderada blanquiazul y 17% del perredista. Así, las diferencias sobre cuál candidato perredista postular (García o Acosta) rompieron la alianza y prácticamente acabaron con las posibilidades de arrebatarle la gubernatura al PRI. Las diferencias dentro del PRI provocaron que los senadores Gerardo Montenegro y Raúl Mejía, quienes habían solicitado licencia para participar en las contiendas internas por las candidaturas del tricolor, abandonaran sus aspiraciones y regresaran al Senado culpando al mandatario estatal, Ney González, de no respetar acuerdos previos y de imponer a su gente. Incluso estas disputas ocasionaron el cambio en la dirigencia estatal del tricolor, donde entró al relevo el diputado federal Manuel Cota Jiménez. En Nayarit, el PAN y el PRD parecen haber perdido una buena oportunidad de propinarle otro descalabro al tricolor. Y de mantenerse las encuestas, el PRD podría desplomarse al tercer lugar; lo mismo que le pasó en Baja California Sur, y también por los conflictos internos. En el Estado de México, la historia es muy distinta y mucho más conocida: allí fueron las diferencias entre las tribus nacionales del PRD las que impidieron la alianza con el PAN para tratar de arrebatarle una gubernatura clave al PRI. Aunque en esa entidad las probabilidades de triunfo de una alianza PAN-PRD no eran tan claras, una encuesta realizada por el Gabinete de Comunicación Estratégica para el periódico Milenio (28 de marzo) señalaba que si el voto era por partidos o coaliciones: la alianza PRI-PVEM-Panal se llevaba el 36.3%, la alianza PAN-PRD el 34.1%, y PT-Convergencia el 3.8; al colocar candidatos y dejar una confrontación entre PRI-PVEM-Panal, con Eruviel Ávila, y PAN-PRD, con Alejandro Encinas, las preferencias eran 44.9 y 37.8%, respectivamente. Conforme a los resultados de esta encuesta, la alianza entre el PAN y el PRD, con Alejandro Encinas como abanderado, era una opción que sí tenía probabilidades reales de triunfo, ya que aunque siempre aparecía abajo en las preferencias electorales, la diferencia era remontable. Esto se modifica ahora diametralmente, pues de acuerdo con el tracking poll de la misma empresa y el mismo medio de comunicación, según el levantamiento del jueves 19 de mayo, el candidato de la alianza encabezada por el PRI tiene 47.1% de las preferencias electorales; Encinas, por la alianza de las izquierdas, 20.7%, y Bravo Mena, por el PAN, 18.1%. Esto puede modificarse, pero se ve muy remoto que cualquiera de los dos últimos candidatos remonten una diferencia de alrededor de 30 puntos porcentuales. Seguramente el candidato que logre posicionarse en el segundo lugar, que hasta hoy parece ser Encinas, logrará potenciar su crecimiento por el efecto del voto útil, pero no tanto como para representar un peligro para el tricolor, Eruviel Ávila. Todo indica que el tricolor se queda con las tres gubernaturas; el PAN será segunda fuerza, muy lejana en ambos casos, en Coahuila y Nayarit; y el PAN y el PRD se disputarán la segunda posición en el Estado de México, que eventualmente decidirá cuál de ellos obtiene mayor cantidad de votos absolutos en las tres elecciones. En buena medida este resultado electoral muestra que el PRI aprendió que las alianzas sí reditúan electoralmente, y por ello, además de fortalecer su alianza con el Verde, ahora suma en las tres entidades al Panal, con lo que eso significa de apoyo de los maestros. En cambio en el PAN y el PRD, particularmente en este último, las fuerzas antialianzas ganaron posiciones sin importar los resultados electorales inmediatos; en el mediano plazo, sin embargo, el PRD (en su alianza con el PT y Convergencia) puede cosechar un buen producto si logra ubicarse claramente como segunda opción en el Estado de México, pero hasta hoy las encuestas no lo muestran así. Aunque es claro que esa fue la apuesta de Andrés Manuel López Obrador. De manera que el resultado de las elecciones de julio próximo, si se ensancha la brecha en el Estado de México, sí puede empezar a definir más claramente cuál será la fuerza que le disputará el triunfo al PRI en la elección presidencial un año después.

NO, NO ES 'NORMAL'

DENISE DRESSER


Según el PRI, la entrega de autos y puestos públicos a promotores del voto es "normal". "Es legítimo". "Es legal". Sin la menor vergüenza, Eruviel Ávila incluso reconoce que él mismo es producto de esa práctica tradicional de su partido: "Si otras opciones políticas no lo hacen aquí, nosotros sí lo hacemos. De hecho yo soy producto de que en su momento fui apoyado, fui estimulado". Estimulado por regalos, favores, prebendas y puestos públicos como los que ahora ofrece. Estimulado por lo que el PRI considera legal y aceptable, pero no lo es ni debería serlo. Lo que él y sus subalternos defienden con tanto entusiasmo se llama clientelismo. Se llama patrimonialismo. Se llama patronazgo. Se llama corrupción.
Se nutre de una red compleja de lazos personales entre "patrones" y sus "clientes". Entre Arturo Montiel y quienes lo llevaron a la gubernatura. Entre Enrique Peña Nieto y las mujeres a las cuales les regala despensas. Entre Eruviel Ávila y los promotores del voto a los cuales les ofrece participar en las planillas de los municipios y en el gobierno del estado. Lazos fundados sobre las ventajas materiales mutuas: el patrón provee recursos -dinero y empleos- a los cómplices que dependen de él. Y ellos, a cambio, le dan apoyo, cooperación, asistencia a mítines y votos. El patrón posee un poder desproporcionado y una amplia latitud sobre la forma en la cual distribuye los recursos bajo su control. Y los pobres y los marginalizados y los manipulados aceptan esta relación transaccional porque resuelve los problemas inmediatos de su vida económicamente precaria. El voto a cambio del saco de cemento. El voto a cambio de la oferta de trabajo. El voto a cambio del premio prometido.
Eso que al PRI le parece tan "normal" es absolutamente antitético a las reglas, a las instituciones, a los procedimientos de la democracia. El clientelismo no está construido sobre la "transparencia" -de la que se jacta Eruviel Ávila- sino sobre fuentes veladas de poder e influencia. Sobre la lealtad comprada. Sobre formas de comportamiento que inhiben la participación popular autónoma, subvierten la legalidad, fomentan la corrupción y distorsionan la entrega de servicios públicos. Sobre dinero en efectivo, cachuchas, camisetas, lápices, desayunos, lavadoras, machetes, fertilizantes, pollos, vacas y borregos. Y como el clientelismo corre en contra de los incentivos para el buen gobierno, el Estado de México no puede presumir que lo tiene. Allí está, entre los primeros lugares de feminicidios y entre los últimos en transparencia.
Aún así, no deja de sorprender el desparpajo priista. La ausencia de recato. El cinismo explícito. La defensa de prácticas criticables que presenta como apropiadas. La frescura con la cual Eruviel Ávila responde cuando se le pregunta cuál es la base jurídica sobre la que va a regalar puestos: "los estatutos y normatividades del partido". O las declaraciones de Luis Videgaray: "Nos parece absolutamente legítimo y normal ofrecer premios a quienes logren las mejores metas de promoción del voto". El PRI no entiende o no le importa que el clientelismo se encuentre en el polo opuesto del espectro democrático. Que es antitético a procedimientos legales e institucionales. Que la toma de decisiones en una democracia se centra en la producción y transferencia abierta de bienes públicos. Que el poder político lo ocupan quienes rinden cuentas y no quienes regalan autos. El clientelismo no se basa en la transparencia sino en la opacidad; no funciona con reglas legales sino a base de decisiones discrecionales; no se aplica de manera neutral y equitativa sino de forma parcial y preferencial; no recompensa la honestidad o la competencia sino la disciplina y el sometimiento.
Y es por ello que el Estado de México cuenta con un gobernante popular pero con un mal gobierno. Con un superávit de segundos pisos pero un déficit de democracia. Con políticos que dan regalos pero no rinden cuentas. Con funcionarios que se aprovechan de sus puestos para promover intereses particulares. Una entidad repleta de abusos como sobornos y extorsión y nepotismo y favoritismo y criminalidad a la alza. Realidades que el PRI tolera. Realidades que el PRI acepta. Realidades que el PRI justifica. Realidades que el PRI fomenta al prometer 3 autos y 27 cargos públicos, estatales y municipales, repartidos entre 6 mil 634 presidentes de comités seccionales y 4 mil comisionados de ruta. Basándose en argumentos como el de Eruviel Ávila que constituyen una racionalización del crimen y la explotación. Fomentando el "dilema del prisionero" entre votantes que preferirían una alternativa distinta al clientelismo pero votan por el PRI ante el temor de ser excluidos de sus beneficios. La "normalidad" priiJustificar a ambos ladossta que es la anormalidad condenable en países verdaderamente democráticos o países que aspiran a serlo. La normalidad de "una comunidad de pillos que se decían personas comunes y corrientes", en palabras de Kafka. O sea, la normalidad kafkiana en la que prometer puestos a cambio de votos es conocido como un "estímulo".

jueves, 26 de mayo de 2011

IRRESPONSABLES

PEDRO SALAZAR UGARTE

Karl Theodor zu Guttemberg, ex ministro de Defensa alemán, renunció a su cargo porque se supo que plagió parte de su tesis de doctorado. Todo comenzó cuando el periódico Süddeutsche Zeitung lo acusó de plagiar parte de su investigación en Derecho. En un país en el que los dichos pesan y las cosas pasan, cuando se presentaron las pruebas, el joven ministro, promesa política de la administración en turno, simplemente cayó. Son muchas las lecciones que pueden extraerse de este escándalo pero, por el momento, me interesan sólo dos: las acusaciones severas deben ser probadas y, de serlo, deben tener consecuencias. Lo contrario frivoliza la política y desfonda la ética pública. Quiero pensar —y supongo por lo que dicta la experiencia— que si el Süddeutsche Zeitung hubiera lanzado sus demoledores señalamientos sin sustento y voluntad para sostenerlos habría sido repudiado por la opinión pública y sancionado por el derecho. En las democracias lo que se dice se prueba y lo que se hace se paga. El caso de zu Guttemberg me vino a la mente a propósito de un asunto local, lamentable y reciente. La conexión quizá no es inmediata pero creo que es profunda. Varios columnistas ya han dado cuenta de los despropósitos políticos y jurídicos que han circundado a la sentencia por la que una mayoría de magistrados del Tribunal Electoral exoneró a Peña Nieto en el caso de los spots de su V informe de gobierno. Comparto muchas de esas críticas y advierto que el quid jurídico del asunto no se centró en la presunta compra de propaganda televisiva sino en una cuestión más fina que pasó desapercibida a la mayoría de los analistas: la determinación de la responsabilidad de los actores involucrados. Los jueces evadieron los aspectos estrictamente electorales para explorar el aceitoso terreno de la imputación de culpabilidades. Y una mayoría encabezada por la presidente del Tribunal determinó que el protagonista de los spots y jefe del gobierno mexiquense, posible candidato del PRI a la Presidencia de la República, principal beneficiario de la difusión nacional de los promocionales, no era responsable. Con ello, por ahora, tenemos una confirmación de lo que muchos tememos —ese Tribunal opera como un órgano político en el que primero se decide y después se argumenta— pero ningún enlace con el caso del ministro alemán. La vinculación entre los dos asuntos proviene de la reacción del PAN ante la sentencia comentada. El partido en el gobierno —mediante un comunicado oficial— lanzó contra los magistrados acusaciones gravísimas: “…los mexicanos no merecen tener esa clase de funcionarios públicos que aprovechan su tarea jurisdiccional para tejer redes de poder y corrupción”. Podemos coincidir a priori con la dirigencia panista en que la decisión del TEPJF pende de supuestos “aberrantes” —si por ello entendemos técnicamente deficientes o, incluso, desviados— pero, para seguirla en las acusaciones de corrupción, necesitamos pruebas. De las graves declaraciones del panismo lo menos que podía esperarse era una solicitud de juicio político —sustentada en los elementos probatorios correspondientes— en contra de la señora y señores magistrados para operar su destitución inmediata. Los dichos de la dirigencia panista denuncian una situación intolerable: ¿podemos dejar la elección de 2012 en manos de jueces electorales corruptos? O si, por el contrario, los dichos panistas carecen de sustento y quedarán sin consecuencias, entonces, son éstos los que no pueden tolerarse. Lo que los mexicanos no merecemos —señor Madero— son esa clase de frivolidades. Los asuntos públicos deben pensarse sin ingenuidad pero deberían ejercerse sin frivolidad y sin cinismo. La desfachatez de Peña Nieto, la impudicia de los magistrados y la ligereza de los panistas amalgaman una muestra de desvergüenza que no puede soportarse. Algo hicimos mal con nuestra transición: engendró muchas criaturas rapaces y una ciudadanía indolente. Así, de consolidación, ni hablamos.

EL PRESENTE

JOSÉ WOLDENBERG


Inicio con una frase excesiva: no somos capaces, como sociedad y como sociedad política, de actuar para remodelar nuestro presente, porque estamos cruzados por dos aspiraciones impertinentes: el ansia de reconstruir un pasado que se esfumó, o la apuesta por un porvenir sin las ataduras del pasado. Ambos proyectos, si es que así se les puede llamar, obstruyen, con su bruma, lo que hoy es posible y deseable.
El rasgo más característico del México de hoy -en términos políticos- es que ninguna fuerza puede hacer y deshacer por sí sola. Una pluralidad equilibrada habita los órganos de representación y es la característica más relevante del largo, venturoso y anticlimático proceso democratizador. Esa realidad es del tamaño de una catedral, pero se nubla en aras de fantasías inasibles.
No es difícil detectar en los humores públicos una cierta añoranza por el pasado, que como todos los ensueños tiende a pintar con tonalidades dulces lo que acontecía hace algunas décadas. Existe un resorte nostálgico casi inercial en no pocas franjas de la población. "Todo tiempo pasado fue mejor" expresa no sólo en nuestro país el desencanto con el presente imperfecto (que nunca dejará de serlo). Y siempre se podrán encontrar ejemplos para ilustrar esa melancolía: ante la ola criminal, el orden y la tranquilidad; de cara al crecimiento de la informalidad, el incremento sostenido del trabajo asalariado; frente al empantanamiento de diferentes iniciativas en el Legislativo, la rapidez de su procesamiento mecánico. No se trata de mentiras sino de medias verdades aderezadas por la nostalgia. Si añoramos el pasado, entonces el futuro debe parecerse a los tiempos idos.
Quienes en materia política creen que el pasado es recuperable, que es un modelo para el futuro, que vale la pena repetir sus partituras, evocan el orden (vertical), la Presidencia poderosa (omnipotente), las mayorías legislativas preconstruidas (y alineadas), y ven en el presente caos, debilidad, empantanamiento, morosidad. Proponen entonces la reintroducción de cláusulas de gobernabilidad en el Congreso (o alguna fórmula similar), para que si ningún partido obtiene la mayoría de todas maneras la ley se la otorgue a uno. Se trata de que quien gane no tenga onerosos contrapesos, pueda gobernar sin obstáculos, cuente con los atributos para reconstruir la política de ayer en las condiciones del presente. No pueden pensar el futuro sino como una vuelta al pasado.
Para quienes creen que el futuro puede ser producto de un quiebre radical, de una hora cero de la historia, que reclama una refundación de la República (o algo por el estilo), que sueñan que pueden desprenderse del pasado como si de un fardo se tratara, la salida no se encuentra en dar una vuelta en "u", sino en un salto mágico, sin día ni ruta, a una realidad venturosa despojada de las taras del presente. La propuesta es un inédito marco sin las contrahechuras de nuestra historia ni los déficits del presente. Una fuga hacia adelante, incapaz de hacerse cargo de la novedad del pluralismo equilibrado, y por ello mismo imposibilitada para asimilar las auténticas limitaciones que impone el presente.
Leo en uno de los prólogos que Octavio Paz escribió para la recopilación de su obra: "el futuro no existe. Más exactamente es una invención del presente. La misión de los hombres, a un tiempo condena y salvación, consiste en inventarlo cada día. Algunas generaciones no se atrevieron y repitieron mecánicamente los gestos del pasado, hasta petrificarse; otras, más cercanas, poseídas por los demonios del cambio y del odio a su pasado, convirtieron el futuro en un ídolo monstruoso... Pero la invención del futuro no implica la destrucción del pasado. Ahora sabemos que nunca muere del todo y que es vengativo: a veces resucita en forma de pasiones espantables y obsesiones inicuas" (Por las sendas de la memoria, FCE, México, 2011, p. 28).
Paz reflexionaba "sobre el fin de la tradición de la ruptura y de los mitos gemelos que la alimentaron: el futuro y la revolución", pero me recuerda las tensiones que generan dos grandes constelaciones sociales y políticas que incapaces de hacerse cargo del presente se anclan, una, en el pasado y, la otra, en una nebulosa apuesta hacia el futuro.
En efecto, el futuro sólo puede construirse desde el presente, dice también Perogrullo. Un presente marcado por una pluralidad política equilibrada, con pulsiones y programas no sólo distintos sino enfrentados, por lo cual se requieren operaciones de acercamiento, inclusivas, capaces de construir mayoría (no de decretarla), aptas para hacer política en medio de un escenario donde conviven y se reproducen voces, intereses, propuestas, sensibilidades diversas. Ni exorcistas ni magos reclama el presente, sino coaliciones estables, permanentes, que sólo pueden ser fruto de la negociación y el acuerdo. Porque no será conjurando a la pluralidad o imaginando un futuro político con una sociedad idílica como lograremos aquí y ahora atender nuestros rezagos.

¿EL FIN DE LA IMPUNIDAD?

RAÚL CARRANCÁ Y RIVAS



Poco antes de llegar a Ciudad Juárez el Presidente Calderón dijo en Las Vegas, Nevada, que los "springbreaquers" que visitaron México solo recibieron "shots" de tequila, soslayando la muerte de más de cuarenta mil personas en lo que va de la guerra contra la delincuencia (con un diez por ciento de víctimas inocentes en esa cifra). Y ya en Ciudad Juárez respaldó la existencia de la prisión vitalicia en ese Estado, exhortando al Congreso de la Unión a aprobar la iniciativa de ley que envió en 2007 en la cual propuso a nivel federal tal castigo para los secuestradores que mutilen o asesinen a sus víctimas. ¡Muy bien, señor Presidente, para usted el Estado debe combatir la violencia con más violencia! Nada más que igualmente envíe otra iniciativa al Congreso proponiendo a su vez la eliminación del artículo 18 de la Constitución que, no se le olvide, bien que mal consagra el principio de la readaptación o rehabilitación social, hoy absurdamente llamada "reinserción"; principio acorde, por cierto, con avanzadas teorías en Derecho Penal. ¡Derrúyalo, señor Presidente, es una tontería que heredamos del positivismo penal de Ferri! Y a propósito de Ciudad Juárez allí le pidió usted a la clase política, a los partidos, a los congresos, a los académicos, en suma a la sociedad civil, que respalde su "estrategia de seguridad", en rigor su guerra, sin regateos ni recriminaciones. Pidió una de dos, o quedarse en el encono o "actuar como la generación que inició el fin de la impunidad" y afirmó, lo que es sorprendente, que "de perseverar en la actual estrategia contra la delincuencia habrá victoria y paz". ¡Increíble! ¿Lo cree de verdad? Y esto lo sostuvo nada menos que al conmemorar el centenario de la firma de los Tratados de Ciudad Juárez, principio de la fase inicial de la Revolución Mexicana. Lo recalco pues para que México sea un país de leyes (ideal, entre otros, de Madero), según lo deseó públicamente, hay que partir del presupuesto de que se trate de leyes buenas, y usted olvida que su instrumento jurídico y constitucional, su "estrategia" para enfrentar a la delinuencia, es la reforma precisamente constitucional de 2008 en materia de justicia penal y seguridad pública, la que defiende a capa y espada; reforma llena de errores garrafales, de inconsistencias, de contradicciones y de violaciones al espíritu de la Carta Magna.
El hecho relevante es que el Presidente Calderón habló en Ciudad Juárez del fin de la impunidad, según y conforme lo entiende él. Yo pienso que su concepción del asunto, junto con su estrategia, es en realidad el comienzo de la impunidad de Estado en materia de combate al crimen. Es la tesis del Derecho Penal del Enemigo, de la que ya he escrito. Es el desconocimiento a rajatabla de las garantías individuales y de los derechos humanos. Por eso yo creo que en la conciencia de millones de mexicanos es la hora, nuestra hora, de la reflexión, del análisis concienzudo, sobre todo para que en las elecciones presidenciales de 2012 votemos por una rectificación de esa pésima estrategia. La voz de la sociedad civil ya se hizo escuchar y sus demandas son muy claras. ¡Qué importa que algunos porcentajes en los índices de criminalidad o muertes suban o bajen! La marea de violencia es enorme, gigantesca, y ahoga las cifras que no siempre son confiables. No hay duda, estamos atrapados en la red de la persistente insistencia del Presidente a favor de su estrategia. No niego que crea ciegamente en ella, ése es su sentimiento y su convicción; pero no los del pueblo. Tampoco importa que las encuestas registren inciertos porcentajes que apoyan la estrategia fallida. Sabemos de memoria que hay encuestas sobre encuestas y que la última, la verdadera, es en las urnas electorales. Mientras tanto el clamor popular crece junto con la inconformidad y la gran duda es si el pueblo no estallará. Ojalá que no porque ello impediría o adulteraría la presencia democrática de dicho pueblo en 2012, que es la esperanza de millones de mexicanos.

RIESGO DE OTRO PRESIDENTE "ESPURIO"

JOHN MILL ACKERMAN ROSE


Ya es un secreto a voces que la mejor forma de ganar una elección en México no es a través del cabal cumplimiento del espíritu y la letra de las disposiciones legales, sino con trampas, engaños y triquiñuelas. La reciente inacción del IFE en el caso de las groseras violaciones a la norma por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en las campañas federales de 2009 proporciona una clara lección de que romper la ley no cuesta nada. Asimismo, la vergonzosa decisión del TEPJF de exculpar a Enrique Peña Nieto de cualquier responsabilidad en la ilegal difusión nacional de su quinto informe de gobierno demuestra que los dados también están cargados en el seno de la máxima instancia de justicia electoral del país. Al parecer, el PRI ha decidido apostarle a un perverso juego de debilitar las instituciones electorales a como dé lugar. Con sus decisiones y posicionamientos, los consejeros electorales Marco Antonio Baños y Francisco Guerrero ratifican cada día su lealtad al PRI. La magistrada presidenta del TEPJF, María del Carmen Alanís, también parece haber abandonado el partido de su amiga Margarita Zavala para engrosar las filas del viejo partido de Estado. Todo parece indicar que Alanís alberga la esperanza de que el arribo de Peña Nieto a Los Pinos le aseguraría su ansiado lugar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La falta de acuerdo con respecto a los tres nuevos consejeros del IFE se debe precisamente a que el PRI prefiere un IFE debilitado y rebasado a uno que tenga posibilidad de acciones autónomas. El cálculo es sencillo. Hoy, el PRI solamente necesita convencer a un solo consejero más de que vote junto con Baños y Guerrero para frenar cualquier decisión adversa, tal y como ocurrió en el caso del PVEM. Si el PRI coloca a dos de los tres nuevos consejeros mantendría su posición de fuerza en el Consejo General ya que quedaría a un voto de la mayoría. Sin embargo, si coloca solamente a un consejero su fuerza retrocedería de manera significativa ya que únicamente contaría con tres de los nueve integrantes de la herradura de Viaducto Tlalpan. El PRI entonces ha aplicado una estrategia de “todo o nada” con el fin de no ver reducida su influencia en el seno de la autoridad electoral. También supone que al final de cuentas le conviene la sobrecarga de trabajo que hoy afecta gravemente el funcionamiento del IFE. Consejeros cansados y confundidos son actores más dóciles y fácilmente manipulables por las alianzas perversas entre Peña Nieto, las televisoras y otros “factores reales” de poder. Pero el PRI está jugando con fuego. Por ejemplo, si el proceso electoral federal iniciara en la primera semana de octubre de 2011 sin todos los integrantes del Consejo General, nos encontraríamos en un estado de flagrante ilegalidad. Si las ausencias continúan durante un tiempo más, estaremos frente a una situación ideal para la posible nulidad de la elección de 2012. Si el TEPJF decide avalar la elección aún bajo estas circunstancias, podríamos encontrarnos una vez más con un presidente marcado durante todo su sexenio con el mote de “espurio”. Estas circunstancias nos hacen ver que “el fantasma de 2006” de ninguna manera “está erradicado”, como ha afirmado el consejero presidente Leonardo Valdés. La abierta partidización de las autoridades electorales, su falta de acción enérgica para imponer el estado de derecho y las enormes sobrecargas de trabajo se articulan de forma peligrosa para generar un potencial conflicto enorme en 2012. El Congreso de la Unión todavía tiene una última oportunidad para desarticular esta explosiva situación antes de que sea demasiado tarde. Urge que la Cámara de Diputados nombre lo más pronto posible a los consejeros faltantes. Asimismo, aún más importante que aprobar la cuestionable “reforma política” sería actuar para llenar las lagunas y corregir los problemas ya identificados con la histórica reforma electoral de 2007-2008. Un excelente punto de partida para una reforma correctiva sería el dictamen de reforma al Cofipe que se aprobó el pasado 29 de abril en el Senado de la República. Incluye sanciones explícitas para la “adquisición, a título gratuito u oneroso”, más allá de la “compra”, de tiempo en radio y televisión con el propósito de difundir propaganda electoral. Así, sería más difícil para las autoridades evitar sancionar a los responsables en casos de evidentes fraudes a la ley, como la famosa entrevista a Demetrio Sodi en medio de un partido de futbol durante 2009. Otra innovación estratégica de la reforma es que dota al IFE de facultades de sanción directa para los funcionarios públicos cuando éstos intervengan ilegalmente en los procesos electorales en violación al artículo 134 constitucional. La actual falta de poder sancionador en la materia ha sido uno de los principales obstáculos que ha enfrentado el IFE para asegurar la equidad de los procesos electorales. Sobre estos temas se recomienda consultar un nuevo libro, coordinado por un servidor, que aborda de manera exhaustiva todos los temas pendientes: Elecciones 2012: en busca de equidad y legalidad (IIJ-UNAM/Senado, 2011). Allí se puede leer sobre los retos que existen en una diversidad de asuntos, desde la regulación de los medios de comunicación hasta las reformas necesarias al Código Penal y el fomento de la transparencia interna de los partidos políticos. Si los diputados, consejeros electorales y magistrados del TEPJF no modifican su comportamiento pronto, 2012 fácilmente podría llegar a ser un proceso electoral aún más conflictivo que el de 2006. Queda una última oportunidad para enderezar el camino antes de que sea demasiado tarde.

miércoles, 25 de mayo de 2011

PARTIDOS CEBADOS

JORGE ALCOCER VILLANUEVA


En México, como en otros países democráticos, los partidos políticos no pueden gastar en campañas electorales lo que les venga en gana. Deben respetar un "tope" que determina la ley y calcula la autoridad electoral. Por ejemplo, si la elección presidencial venidera tuviese lugar en este año, el gasto máximo, por partido-candidato, sería de 320 millones de pesos.
En la más reciente reforma electoral federal se decidió bajar el financiamiento público para campañas partidistas, en 70% en elecciones intermedias, y en el año de la elección presidencial a la mitad. El motivo de tan drástico ajuste fue que los partidos ya no pueden comprar tiempo en televisión y radio.
En los estados el ajuste al financiamiento público de partidos y campañas fue instrumentado con diferentes criterios. Hay casos extremos que impiden establecer un promedio. Uno de ellos es el Estado de México (Edomex).
Conforme al Código Electoral del Edomex el tope de gasto de campaña para gobernador -por candidato- es de casi 204 millones de pesos, suma que equivale al 63.7% de lo que cada candidato podría gastar si la elección presidencial fuese este año. En el padrón electoral de ese estado hay 10.6 millones de ciudadanos, que equivalen al 13% del total nacional. El gasto de campaña presidencial sería, por partido, de 3.89 pesos por elector, en 90 días. En el Edomex será de 19.28 pesos, en 45 días de campaña.
Mientras que, como apunté antes, el Congreso de la Unión redujo el financiamiento público para campañas federales a los partidos, en el Edomex se les otorga, para tal fin, el ¡180%! de su financiamiento ordinario anual; en este año los partidos recibirán en ese estado, sumados todos los conceptos de financiamiento público local, 698 millones de pesos. Por partido los datos son: al PAN, 156.7 millones; al PRI, 186.3; al PRD, 116.1; al PT, 53 millones; al Verde, 48.3; a Convergencia, 53, y al Panal, 84.6 millones de pesos.
La generosidad del erario mexiquense para con los partidos políticos incluye haberles otorgado, en conjunto, 21.6 millones de pesos para la "organización de sus procesos internos de selección de candidatos en 2011"; pero el gran pastel a repartir son los 240 millones para sus gastos ordinarios de 2011; más 432 millones para la campaña de gobernador, y de pilón, 4.8 millones para "actividades especificas".
Si en el Edomex se hubiese adoptado el modelo de la reforma federal de 2007, el tope de gasto de campaña para gobernador hubiese sido de 41 millones de pesos, no de 204 millones, y el financiamiento público para campaña a los partidos de 120 millones, no de 432. En 2005, cuando era legal que los partidos gastaran en televisión y radio, el tope de gasto de campaña para gobernador en el Edomex fue de 217 millones de pesos, para un periodo de más de seis meses. Ahora, la campaña para gobernador dura 45 días, y podrán gastar casi lo mismo. ¿En qué?
En el caso en que Eruviel, Encinas y Bravo Mena alcancen el tope de gasto autorizado, esa elección romperá récords, nacionales e internacionales. Significará un despilfarro, legalmente autorizado y además pagado con dinero de los ciudadanos, de 612 millones de pesos, que, groso modo, equivalen a 52 millones de dólares. Pregunto a los tres candidatos qué opinan y harán al respecto. Las coaliciones encabezadas por el PRI y el PRD disponen de más dinero público del que pueden gastar; más lo que obtengan de financiamiento privado. Al PAN le faltan 47 millones de pesos para gastar hasta el tope.
En el Edomex el gobierno estatal, a través del Instituto Electoral local, ceba con dinero legal a los partidos, a todos. Ninguno se queja; todos cobran, todos callan. El negocio es de las burocracias partidistas locales, con cargo a los contribuyentes. No es un asunto de fiscalización del gasto de los partidos o de los candidatos, que nadie hará, sino de tener y expresar vergüenza e indignación ante los excesos a los que han llegado los partidos, gobierno y Congreso locales, y también, por su silencio, los candidatos.
Soy partidario de que los partidos tengan como principal fuente de financiamiento el erario, más nunca imaginé que podría llegarse a los extremos de corrupción y despilfarro legalizados, como los que estamos viendo en el Estado de México.
Cabe preguntar si estamos ante el anuncio de lo que veremos en 2012.
ARNALDO CÓRDOVA

El acto de comienzo de campaña de Alejandro Encinas en Ecatepec fue extremadamente significativo y todos los medios lo han hecho notar, a veces a regañadientes. Por primera vez después de más de cinco años, los principales dirigentes del PRD, antes dispersos por opiniones divergentes que sostuvieron, ahora, finalmente, volvían a reunirse en un acto por demás significativo: la unción ciudadana de un candidato con el que todos ellos están y al que todos apoyan. Desde luego, eso habla bien del candidato. Por primera vez, el PRD ha sido capaz de elegir a uno que a todos convence. Pero habla muy bien, sobre todo, de los líderes que fueron capaces de volver a encontrarse en la unidad. Para mí, el mérito mayor fue, antes que nada, de Cuauhtémoc Cárdenas. No sé si por prejuicios o por malas vibras, a Cuauhtémoc se le consideraba refractario a la unidad, no obstante que siempre ha estado llamando a ella. Su distanciamiento de López Obrador, que para todos es inexplicable, era una evidencia del tamaño del mundo. Ciertamente, él no está de acuerdo con los pronunciamientos de López Obrador. Había ahí rencores que nadie comprendía, pero que se hacían presentes. Cuauhtémoc no estaba con López Obrador. Tampoco lo está ahora, por supuesto. Pero volvió a reunirse con él y hasta se les pudo ver conversando afablemente. El acto de Ecatepec tuvo una gran virtud: mostró a un PRD hecho trizas hasta entonces, ahora unificado y mostrando un solo destino. Encinas debe haber hablado con cada uno de los tres líderes y les habrá dicho, en tono muy fuerte, que si no iban a su arranque de campaña él se sentiría traicionado. También debe haberles dicho que de ellos y de su unidad en torno a él dependían sus posibilidades de triunfo en esta dificilísima justa electoral. Me imagino también que los convenció. No creo que haya tenido muchas dificultades en hacerlo con López Obrador y Ebrard. Con Cárdenas tuvo su reto mayor. Debió ser un paso muy difícil. Pero lo logró. Cárdenas aceptó asistir al evento. A Cárdenas se le debe dar un lugar especial en el PRD y en la izquierda. Lo más significativo del acto fue su presencia. Muchas heridas se vieron sanadas por ello solo. Los Chuchos ahora adquieren su exacta dimensión. Han dejado de tener el poder político que tuvieron indebidamente. Ahora sólo conservan el poder burocrático que se ve atado de pies y manos por los acuerdos políticos que los verdaderos líderes de la izquierda están logrando. Se debe a ellos, a estos líderes de la izquierda, que ésta corriente histórica ahora aparezca unificada y triunfante. Al día siguiente del acto en Ecatepec, Encinas saltó casi dos puntos en las encuestas amañadas que se hacen sobre las preferencias en el Edomex. La peor carta de presentación de la izquierda era su rijosidad inveterada y su estúpida incapacidad para hacer política. La gente repudia a los ineptos y, desde luego, a los divisionistas y facciosos. Los Chuchos son los grandes perdedores, pero también los grandes ganadores: ahora se ponen, después de muchos años de faccionalismo, al servicio de la izquierda unificada. No han opuesto ninguna resistencia, porque ninguna podían oponer, al proceso de unificación de la izquierda. Ahora hasta se les ve contentos, y tienen razón. Estuvieron a punto de ser sepultados junto con su poder burocrático inservible. El PRD está semidestruido por efecto de esa estúpida lucha de facciones y de tribus que lo han convertido en botín de mafias ineptas para hacer política. Ahora puede verse que su reunificación sólo podía ser posible por una unificación previa de sus liderazgos nacionales. Para un partido sin brújula y perdido en la infinidad de liderazgos parciales no hay posibilidades de una verdadera unificación. Sólo sus liderazgos nacionales unidos en una causa común pueden ser capaces de volverlo a reunir. No hay perredista hoy, no obstante las disidencias y las pugnas que se dieron en los meses pasados, que no crea que la unidad, por encima de las facciones, es posible cuando los líderes nacionales vuelven a encontrarse y actuar de consuno. Aparte de Encinas, el que debe estar más feliz por el evento es López Obrador. Él no tiene por qué convertirse en demiurgo o creador de ese acto de unidad. Pero debe saber que su lucha a favor de la unidad de la izquierda y en contra de las alianzas espurias con la derecha panista en el estado de México, al fin, dio resultados y convenció a todos. Las posibilidades de este logro son inmensas. El PAN no tiene futuro con su yunquista Bravo Mena. Éste no puede ser candidato de nadie. No tiene atractivo alguno para los ciudadanos comunes. Es un bravucón sin ideas ni convicciones. En su primer acto de campaña se le vio desangelado, abandonado por sus líderes. Va a ser una simple figura decorativa: la derecha que se está yendo, porque no tiene ya nada que hacer en este país. El mérito de Marcelo Ebrard fue también el de hacerse presente. La verdad sea dicha, pareció una figura de segunda frente a los dos grandes líderes del perredismo. A él lo caracteriza su colosal ambición de disputarle a López Obrador la candidatura de la izquierda a la Presidencia de la República. Pudo verse en el acto de Ecatepec su verdadera estatura. Cuando gobernaron Cárdenas y López Obrador en el DF y pudo verse que cada vez lo hacían mejor, la presencia del perredismo en la capital creció y se fortaleció. Con Ebrard tenemos un proceso inverso: entre más pasa el tiempo de su gobierno, más cunden los vicios y las corruptelas y mayores son las amenazas a la hegemonía del PRD en el DF. Todo ello la gente lo ve y se lo guarda. Ebrard ha estado haciendo las cosas muy mal en la capital y eso marca su destino y, lo que es peor, el de la izquierda aquí. En Ecatepec, a Cárdenas se le vio con verdadero afecto y devoto reconocimiento a su valentía tan sólo por su asistencia al acto. A López Obrador, como siempre, con verdadera adoración a su liderazgo carismático. A Ebrard como a un extraño que está errando al gobernar y está poniendo en peligro la hegemonía perredista en el DF. Nadie entiende cómo es que puede pretender competir con López Obrador por la candidatura a la Presidencia. Nadie entiende sus enjuagues con los Chuchos cuando éstos le tendieron el anzuelo de su candidatura en contra de la del tabasqueño. Nadie entiende qué es lo que pretende Ebrard ni cómo busca lograr sus objetivos. De cualquier forma, la experiencia de Ecatepec dejó una muy agradable sensación en todos, dentro y fuera del PRD. Siempre es agradable ver a una izquierda unificada, sobre todo en sus mandos nacionales, en sus dirigencias, que representan a todos. Una izquierda unificada en su cúpula es una izquierda que a todos les da confianza y entusiasmo. Se vuelve una izquierda confiable y, en realidad, capaz de gobernar. Es también una izquierda capaz de obtener triunfos a veces inesperados, como el de Cuauhtémoc en 1997. A todos les da valor. Dos días después de Ecatepec, Eruviel Ávila comenzó a bajar en las encuestas infladas que Peña Nieto ordenó para él. Llegará el momento en que la justa electoral nos presente a dos contendientes que son del mismo peso.

viernes, 20 de mayo de 2011

LA RENUNCIA DEL PRESIDENTE

HERMILIO LÓPEZ BASSOLS


Porfirio Díaz, después de la medianoche del 25 de mayo de 1911, delirando por la fiebre, se levanta de la cama de su habitación donde se encontraba su esposa Carmen y sus hijos y entra a su estudio para redactar con mano temblorosa un documento que a la letra dice: "El pueblo mexicano, ese pueblo que tan generosamente me ha colmado de honores, que me proclamó su caudillo durante la guerra internacional, que me secundó patrióticamente en todas la obras emprendidas para robustecer la industria y el comercio de la república, rodearle de respeto internacional y darle puesto decoroso ante las naciones amigas; ese pueblo, se ha insurreccionado en bandas armadas milenarias, manifestando que mi presencia en el Supremo Poder Ejecutivo es la causa de la insurrección"...... "Respetando como siempre he respetado la voluntad del pueblo, y de conformidad con el artículo 82 de la Constitución Federal, vengo ante la Suprema Representación de la Nación a dimitir el cargo de Presidente Constitucional con que me honró el voto nacional". "Y lo hago con tanta y más razón, cuanto que para retener el cargo sería necesario seguir derramando sangre mejicana (sic) abatiendo el crédito de la nación, derrochando su riqueza, cegando sus fuentes y exponiendo su política a conflictos internacionales". "Espero, señores diputados, que calmadas las pasiones que acompañan a toda revolución, un estudio más concienzudo y comprobado, hará surgir en la conciencia nacional un juicio correcto, que me permita morir llevando en el fondo de mi alma una justa correspondencia de la estimación que toda mi vida he consagrado y consagraré a mis compatriotas".
Este texto, el dictador, lo envió a la Cámara de Diputados, la misma que tantas veces lo había elogiado hasta convertirse en "caballada", ahora, le daba la espalda a quien con arrogancia, sin admitir ningún argumento que justificara su fin político y con una sublime hipocresía se despedía de su pueblo y se marchaba a Europa, donde terminó su existencia en París en 1915.
Recordamos esta página de la historia acontecida hace exactamente un siglo porque la tenebrosa reacción que ocupa el poder, ha intentado tergiversar la historia mexicana, en sus capítulos fundamentales, engañando a la juventud con una nueva historia que tiene muchos tintes "vasconcelistas".
Autor tan respetable como Jesús Silva Herzog (Breve Historia de la Revolución Mexicana, FCE, 1960) -de lectura indispensable para todo mexicano- hace esta cita "El autócrata había engañado a los científicos, a Limantour, a sus amigos, a sus partidarios; había jugado con todo y con todos, y en la hora suprema del descenso, de la caída, no había quien se le quisiese acercar".
La renuncia, basada posiblemente en un texto que le ofreció León de la Barra, no estuvo a la altura de las circunstancias. Al General Díaz le faltó grandeza en el momento de la derrota. Mencionarse como el gran caudillo de la Guerra de Intervención es excluir a Juárez, Zaragoza, Santos Degollado y Escobedo.
El elogio a su obra administrativa evidencia altanería y presunto desconocimiento de las condiciones sociales del pueblo que le exigió la renuncia. La referencia a las "bandas milenarias" muestra la ceguera del dictador ante los levantamientos que en favor de la democracia, la restitución de tierras a los campesinos y la emancipación económica estaban por acontecer.
El dictador creía que las Fiestas del Centenario eran quizá por su cumpleaños y seguramente por el éxito del régimen. Pero esa pomposa celebración no era más que otra y la última insultante provocación del "Príncipe de la Paz" (de los sepulcros).
En el baile de gala, su mujer le dijo "qué populares somos" y en ocho meses salía al destierro para evitar su muerte. En esa última jornada, en la que se mide la grandeza de los hombres, Díaz mostró debilidad de espíritu, grandeza equivocada, falta de veracidad y arrogancia.
Cuatro días antes en Ciudad Juárez se había firmado el convenio de paz entre los científicos y los maderistas y entre las razones de Díaz para renunciar está: "evitar un incidente internacional con Estados Unidos" (pese a que él mostró una posición favorable hacia la Gran Bretaña) y no, las exigencias contenidas en el programa político de San Luis.

PODERES Y CIUDADANOS

CARMEN ARISTEGUI


Se gesta en el mundo, y con cierta velocidad, lo que algunos quieren ver ya como un nuevo tipo de poder ciudadano. Germina hoy en plazas, calles y manifestaciones que aparecen en cualquier parte del planeta. A diferencia de muchos movimientos, revueltas y revoluciones que se han dado en la historia de la humanidad, lo que hoy sucede se diferencia, de varias maneras, de otras transgresiones culturales, sociales y políticas como las vividas en 1968 o el fin de la Guerra Fría y la caída del Muro de Berlín. Internet y redes sociales por sí mismos son actores de gran relevancia. Con ideas básicas se logra congregar a millones que comparten este impulso vital para transformar el actual estado de cosas. Miles de jóvenes, y ahora también de mayores, se congregan en las calles de Grecia, Inglaterra, España o Portugal, en Europa; en Medio Oriente, en el norte de África y, a su manera, en México. Se protesta por el desempleo, la violencia, la impunidad, el bipartidismo, el sometimiento o los regímenes autoritarios. Los españoles, en estos momentos, por ejemplo, lanzan frases que cuestionan a su sistema a días de unas elecciones: "Le llaman democracia y no lo es", gritan a voz en cuello. Razones hay, y sobradas, para manifestarse en cualquier sitio. Los miles o millones en las calles, sus ejes de comportamiento y la fuerza de sus expresiones dan pauta a suponer que estamos ante el asomo de algún tipo de transformación que marcará los ejes civilizatorios. O no, porque nadie sabe, a ciencia cierta, el desenlace. Lo cierto es que los poderes hoy están confrontados seriamente. Los ciudadanos están enojados. Hasta la madre, diría el poeta Sicilia.
Las protestas se amplían en varias regiones del mundo y el fenómeno contestatario recarga en internet amplios afanes de contagio. Motivos para manifestarse sobran. Los miles que en estos momentos abarrotan la Puerta del Sol, en Madrid y otras ciudades de España, desafían con su presencia la prohibición ridícula ya de la Junta Electoral municipal, que exige que se retiren para no entorpecer las elecciones del domingo. Protestan, como otros, por un modelo que excluye, que concentra y que reduce las oportunidades. En la de España -como en las revueltas del mundo árabe y las otras europeas- protestan por el desempleo, los recortes sociales, contra los bancos y, en especial, contra políticos y clase gobernante en general. Este domingo 22 se espera, por ejemplo, un revés de antología para el PSOE, aunque en la plaza principal nadie festina al Partido Popular. En estas plazas, como en las árabes, están también ahí los jóvenes educados, comunicados y desempleados. La revuelta de "los licenciados", le llamaban los tunecinos. Cuestionan al sistema. Muestran las fórmulas de representación de la sociedad sumidas en una franca crisis. Critican los mecanismos de acceso y del uso del poder, los modelos económicos; la disfuncionalidad institucional. Quieren que se les escuche.
Lo de México tiene resortes similares pero palpita de otra manera. La marcha que encabezó Javier Sicilia el pasado 8 de mayo convocó a padres, madres y hermanos dolientes de la violencia nacional. Lo que camina ya como un movimiento arrastra los agravios y dolores que se han producido en esta espiral de violencia. Integrantes del Movimiento por la Paz y la Justicia han informado que a la caravana que tiene como destino Ciudad Juárez se le han sumado otras organizaciones sociales en México y también de Estados Unidos. Los convocantes han dado pasos para trascender las fronteras y eso es algo que no todos esperaban ver. A la movilización se le ha dotado de contenido, con los seis puntos redactados para impulsar un pacto nacional. Se ha dicho que "los de Juárez" no quisieron que allá fueran los representantes de los poderes -destinatarios y responsables de lo que se exige pueda ser realizado en los seis puntos-, por lo tanto, el 10 de junio, lo que se espera es una ampliación de la expresión ciudadana para elevar la exigencia a los poderes establecidos pero no el pacto con los poderes. Sin la exigencia de la renuncia de García Luna como condicionante para un diálogo con el Ejecutivo y la postergación de la exigencia a los poderes para comprometerse en tareas específicas, verificables y auditadas socialmente, el vigoroso movimiento desatado por el caso Sicilia entra, sin duda, en una recta de desafíos y definiciones.

jueves, 19 de mayo de 2011

OBAMA Y LOS MIGRANTES

JOSÉ WOLDENBERG KARAKOWSKY

No especulo sobre su desembocadura, tampoco me detengo en los detalles finos (que es donde suelen encontrarse los verdaderos perfiles de las propuestas) y no repetiré la obviedad de que tiene fines electorales (porque en política democrática casi todo lo tiene), sino en la forma ejemplar de plantear un problema y su eventual solución. Me refiero al discurso del presidente Obama sobre inmigración en El Paso, Texas, del 10 de mayo.
Llaman la atención la capacidad de recuperar y recrear una tradición, la disposición para hacerse cargo de las preocupaciones de los otros, la manera de hacer explícitos los beneficios de la propuesta y la vocación para trazar un nuevo horizonte. Y si a ello sumamos la fórmula de hilar eventos particulares con el cuadro general, la pieza resulta enfática y pedagógica.
En una época marcada por el chovinismo y las pulsiones nacionalistas más estrechas, Obama retomó una de las tradiciones más fructíferas de Estados Unidos: la de las puertas abiertas a migrantes de todos los rumbos. Empezó haciendo alusión a una ceremonia realizada en una institución de educación superior en Miami, cuyos egresados "tenían raíces en 181 países". Dijo: "durante la ceremonia desfilaron 181 banderas... Los egresados y familiares con raíces en esos países aplaudieron a cada una de ellas. Así, cuando pasó la bandera de Haití, todos los jóvenes haitianos aplaudieron, y cuando la bandera de Guatemala pasó, los jóvenes de Guatemala aplaudieron. Y cuando la bandera de Ucrania... Pero luego quedó a la vista la última bandera, la bandera estadounidense. Y la sala estalló en aplausos... Los padres, abuelos -o los mismos egresados- provenían de todos los rincones del mundo... Fue el recordatorio de una idea simple... E pluribus, unum. De muchos, uno. Nos definimos como una nación de inmigrantes... Este flujo de inmigrantes ha ayudado a hacer que este país sea más sólido y más próspero... Esa es la promesa de este país: que cualquiera pueda escribir un nuevo capítulo de nuestra historia. No importa de dónde vienes... Eso nos enriquece a todos".
Los inmigrantes entonces aparecen no como un riesgo para el país sino como un aporte, sus oleadas engrandecen a la nación de llegada. Se trata de darle un vuelco radical a la idea de una fortaleza que se defiende de los bárbaros. Obama intentó establecer un basamento para la discusión asentado en la tradición de su país: una sociedad capaz de recibir y ofrecer oportunidades a migrantes de todo el mundo bajo el principio de que la diversidad enriquece. Se trata de cerrarle el paso a la nefasta idea de los migrantes "inasimilables", extraños, peligrosos.
Pero no sólo estableció un marco diferente para el debate sino que se hizo cargo de las preocupaciones de sus adversarios, seguramente porque sus votos resultan necesarios para hacer avanzar la propuesta migratoria, pero también porque expresan inquietudes auténticas. La seguridad es el contraargumento más potente que se ha construido en oposición a una política migratoria abierta, permisiva. Y Obama recordó lo que en ese terreno ha realizado su administración: más agentes en la frontera, vallas, multiplicación de analistas de inteligencia, sobrevuelo de aeronaves no tripuladas, alianza con México en contra de las organizaciones criminales, cien por ciento de inspecciones a la carga ferroviaria. Desde México eso no suena alentador, pero quiero subrayar la vocación para asimilar las objeciones del contrario, como requisito para forjar un pacto inclusivo. El presidente Obama se permitió bromear con relación a las posiciones más extremas: "¿Tal vez dirán que necesitamos un foso circundante? ¿O caimanes? Nunca estarán satisfechos. Y lo comprendo. Así es la política".
Y dado que no hay política que logre adhesiones si no se enuncian sus beneficios, Obama habló de las frágiles condiciones de los migrantes, de tal suerte que su regularización beneficiaría también a la clase media. Dijo: "una manera de darle solidez a la clase media es reformar nuestro sistema de inmigración, de manera que deje de haber una enorme economía clandestina que explota una fuente barata de mano de obra y a la vez hace que los salarios de todos los demás bajen". Una vuelta de 180 grados al planteamiento de que la solución "a esa competencia desleal" es contener aún más a los migrantes.
Así, el nuevo horizonte sería integrar una gran coalición (incluyendo a un buen número de sus adversarios) para "otorgar a los agricultores una manera legal de contratar a los trabajadores... y una vía para que dichos trabajadores puedan obtener estatus legal... respetar a las familias que cumplan con las normas al reunificarlas más rápidamente en vez de dividirlas" y aprobar, ahora sí, la Ley Dream, que consiste en otorgar la nacionalidad a los hijos de migrantes indocumentados que se encuentran en la educación superior o en el Ejército.
Alguien dirá, y con razón, que se trata sólo de un discurso. Pero vale la pena recordar que lo primero y más importante que tiene un político es la palabra.