JORGE ALCOCER VILLANUEVAEl enorme esfuerzo de construcción de acuerdos que en el Senado tuvo lugar para hacer posible la aprobación del dictamen sobre la reforma política puede irse por la borda si en la Comisión Permanente, y fuera de ella, la eventual convocatoria a un periodo extraordinario de sesiones se convierte en excusa para una guerra propagandística que solamente busca obtener réditos electorales tan inmediatos como minúsculos.
Para evitar que la demagogia se imponga en este debate, lo primero es no meter todos los temas en un mismo saco, abultando sin seriedad la posible agenda de un extraordinario. Hay que distinguir aquellos asuntos realmente urgentes de otros que, siendo importantes, pueden esperar para que avance la construcción de acuerdos en San Lázaro. En pocas palabras, no hay que mezclar las duras con las maduras.
Si hay un asunto urgente, ése es la designación de los tres consejeros del IFE, en el que los coordinadores parlamentarios de la Cámara de Diputados tienen una responsabilidad directa e intransferible. El procedimiento para definir la lista de candidatos (17) quedó completado desde octubre del año pasado por unanimidad de votos en la Comisión de Gobernación. Lo que ha frenado el acuerdo para presentar al pleno la terna de candidatos son las equivocadas pretensiones de las partes. Es de dominio público que la bancada del PRI quiere arrogarse el derecho de proponer a dos integrantes de la terna, mientras que el PAN y el PRD plantean un candidato para cada quien. En los dos casos el resultado sería negativo para el IFE y para el desarrollo del proceso electoral federal en puerta.
Marcar de tan grosera forma a los que ocuparán un lugar, con voz y voto, en el Consejo General es dar al traste con la autonomía e independencia de la autoridad electoral, que está urgida de recuperar credibilidad y ganar confianza entre los ciudadanos. Lo que debe prevalecer es la ponderación de méritos y capacidades de cada uno de los 17 candidatos, no las filias y fobias de los partidos respecto de ellos. Seguir postergando esa designación puede llevar al IFE a una espiral de problemas internos y hasta parálisis, como ya se constató hace unos días cuando se produjo un inédito empate que impidió resolver sobre el monto de la multa que debe imponerse al PVEM por su reiterada conducta de hacer fraude a la ley en su propaganda en televisión y radio.
Otro tema urgente es la reforma a la Ley de Seguridad Nacional; hace más de un año que los diputados tienen en sus manos la minuta del Senado; existe un dictamen que pretende devolverla con modificaciones que han alarmado a especialistas en el tema y organismos defensores de los derechos humanos. En San Lázaro el PRI tiene, con el apoyo del PVEM, los votos para decidir, pero en lugar de hacerlo y defender su postura -la que sea- prefirió congelar la decisión.
Que el Congreso esté en receso no significa que quienes integran las comisiones dictaminadoras y la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados estén de vacaciones; pueden y deben sesionar de inmediato y tomar decisiones que hagan posible la convocatoria al extraordinario. En dado caso, se puede convocar solamente a los diputados para que discutan y voten la propuesta que los coordinadores presenten para designar a los consejeros del IFE. Y si no se alcanza el acuerdo que permita obtener la votación de dos terceras partes, que de inmediato -quienes tienen la responsabilidad- decidan un método alternativo y lo propongan al pleno.
En otros temas, como el laboral, fiscal y la reforma política, se requiere que las comisiones en San Lázaro inicien el estudio de las iniciativas y minuta respectivas, para que produzcan dictámenes que justifiquen la realización del periodo extraordinario; proponer que se convoque al mismo sin tener esos documentos debidamente aprobados es pura propaganda o demagogia. Como también lo es, por partida doble, decir que existe la mejor voluntad para avanzar en las reformas y paralizar el trabajo de las comisiones, no citando o no acudiendo a reuniones durante el receso.
Para pasar de las duras a las maduras, a los diputados no queda de otra que trabajar en la elaboración de dictámenes, en el sentido que la mayoría decida. Lo inaceptable es poner por delante las cuentas electorales de unos pocos en perjuicio de muchos.
Para evitar que la demagogia se imponga en este debate, lo primero es no meter todos los temas en un mismo saco, abultando sin seriedad la posible agenda de un extraordinario. Hay que distinguir aquellos asuntos realmente urgentes de otros que, siendo importantes, pueden esperar para que avance la construcción de acuerdos en San Lázaro. En pocas palabras, no hay que mezclar las duras con las maduras.
Si hay un asunto urgente, ése es la designación de los tres consejeros del IFE, en el que los coordinadores parlamentarios de la Cámara de Diputados tienen una responsabilidad directa e intransferible. El procedimiento para definir la lista de candidatos (17) quedó completado desde octubre del año pasado por unanimidad de votos en la Comisión de Gobernación. Lo que ha frenado el acuerdo para presentar al pleno la terna de candidatos son las equivocadas pretensiones de las partes. Es de dominio público que la bancada del PRI quiere arrogarse el derecho de proponer a dos integrantes de la terna, mientras que el PAN y el PRD plantean un candidato para cada quien. En los dos casos el resultado sería negativo para el IFE y para el desarrollo del proceso electoral federal en puerta.
Marcar de tan grosera forma a los que ocuparán un lugar, con voz y voto, en el Consejo General es dar al traste con la autonomía e independencia de la autoridad electoral, que está urgida de recuperar credibilidad y ganar confianza entre los ciudadanos. Lo que debe prevalecer es la ponderación de méritos y capacidades de cada uno de los 17 candidatos, no las filias y fobias de los partidos respecto de ellos. Seguir postergando esa designación puede llevar al IFE a una espiral de problemas internos y hasta parálisis, como ya se constató hace unos días cuando se produjo un inédito empate que impidió resolver sobre el monto de la multa que debe imponerse al PVEM por su reiterada conducta de hacer fraude a la ley en su propaganda en televisión y radio.
Otro tema urgente es la reforma a la Ley de Seguridad Nacional; hace más de un año que los diputados tienen en sus manos la minuta del Senado; existe un dictamen que pretende devolverla con modificaciones que han alarmado a especialistas en el tema y organismos defensores de los derechos humanos. En San Lázaro el PRI tiene, con el apoyo del PVEM, los votos para decidir, pero en lugar de hacerlo y defender su postura -la que sea- prefirió congelar la decisión.
Que el Congreso esté en receso no significa que quienes integran las comisiones dictaminadoras y la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados estén de vacaciones; pueden y deben sesionar de inmediato y tomar decisiones que hagan posible la convocatoria al extraordinario. En dado caso, se puede convocar solamente a los diputados para que discutan y voten la propuesta que los coordinadores presenten para designar a los consejeros del IFE. Y si no se alcanza el acuerdo que permita obtener la votación de dos terceras partes, que de inmediato -quienes tienen la responsabilidad- decidan un método alternativo y lo propongan al pleno.
En otros temas, como el laboral, fiscal y la reforma política, se requiere que las comisiones en San Lázaro inicien el estudio de las iniciativas y minuta respectivas, para que produzcan dictámenes que justifiquen la realización del periodo extraordinario; proponer que se convoque al mismo sin tener esos documentos debidamente aprobados es pura propaganda o demagogia. Como también lo es, por partida doble, decir que existe la mejor voluntad para avanzar en las reformas y paralizar el trabajo de las comisiones, no citando o no acudiendo a reuniones durante el receso.
Para pasar de las duras a las maduras, a los diputados no queda de otra que trabajar en la elaboración de dictámenes, en el sentido que la mayoría decida. Lo inaceptable es poner por delante las cuentas electorales de unos pocos en perjuicio de muchos.
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