¿DEMOCRATIZACIÓN O DESMOCRATIZACIÓN?

GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL

Nuestro país actualmente vive uno de los episodios más desgarradores de su historia, graves violaciones a derechos civiles, políticos, económicos, sociales y ambientales. Las ejecuciones arbitrarias, la tortura, las desapariciones forzadas, las detenciones ilegales, allanamientos y los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad de México continúan siendo la norma. Este mecanismo de persistente impunidad y de trasgresiones constantes, selectivas y masivas coloca a nuestro país ante grandes retrocesos y amplios retos. El campo de batalla de los derechos humanos es amplio y complejo. Por un lado las leyes no son suficientes, ni eficaces, los tratados internacionales firmados por México en materia de derechos humanos vienen a ser solamente avances en el discurso político, porque a la hora de existir violaciones el Estado no responde, y prueba de ello es que seguimos en espera del cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en el Caso Radilla Pacheco, Campo Algodonero, el caso de los ambientalistas Cabrera García y Montiel Flores). Por otro lado, el sistema no jurisdiccional mexicano es el sistema más caro del mundo, anualmente se le destinan en promedio 160 millones de dólares y poco han respondido a la expectativa. Los resultados son escasos. La creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos tuvo la intención de contar con una institución que se encargara de defender a las personas de los abusos del poder, con un enfoque proteccionista hacia las víctimas, no hacia el poder mismo, pero desgraciadamente muchas de la veces esta institución ha velado más por intereses políticos que por los intereses de las personas que han sufrido violaciones a sus derechos. Es un hecho que se debe invertir en instituciones de derechos humanos, pero es necesario exigir cuentas. Estos organismos deben lograr los resultados para los cuales fueron creados, que verdaderamente sean defensores del pueblo y no gigantescas burocracias que están costando mucho al pueblo; hay una necesidad inmediata de transparencia que permee en todos los asuntos importantes del país, pero aun hay una gran resistencia en este tema. El discurso de los derechos humanos ha sido capturado por la clase política del país, dejando estos derechos carentes de toda protección. Pareciera ser que el discurso ideológico es la única forma con la que nuestro gobierno quiere proteger los derechos, se necesita más que eso porque los derechos pertenecen no solo al plano de la conciencia, sino también al plano de la cotidianeidad. La vigencia de los derechos humanos en una sociedad son indicadores de gobernabilidad democrática y ante tantas violaciones a estos derechos esta gobernabilidad se está extraviando y hoy ya podríamos hablar de un retroceso en la transición democrática. El reconocimiento de derechos es resultados de batallas culturales ganadas que costaron sangre, tiempo y mucho trabajo, pero actualmente en vez de seguir avanzando es esas conquistas, se está retrocediendo. Todo lo ganado se está perdiendo porque se cedió el libre paso a la impunidad, a la colusión del crimen con el gobierno, fuertemente se simpatizó con la corrupción. La situación actual del país demanda fuertes desafíos a los grandes temas pendientes de la agenda nacional, el Ejército es un tema pendiente en la agenda. Precisamente una relevancia de la sentencia de la Corte Interamericana en el Caso Radilla, es la condena al Estado Mexicano para regular la labor de las fuerzas armadas. En materia de seguridad ciudadana ha habido un grave retroceso; hay una urgencia por atender todo lo relacionado con la problemática del fenómeno migratorio, la serie de abusos, secuestros y crímenes requiere de la urgente intervención del Estado. La pobreza es una cuestión urgente, la gente está dejando de comer, la gente se está muriendo por no tener acceso a los alimentos, el padecer hambre es una violación de las más crueles y vergonzosas, que incluye dinámicas políticas y económicas que crean y sustentan el estado de pobreza y mendicidad en la que miles de personas están sumergidas en este país; la discriminación es otra emergencia que hay que atender, los mecanismos de desigualdad y de exclusión impiden el ejercicio real y efectivo de los derechos. Todas estas violaciones entre otras más, generan condiciones de no vivencia de los derechos humanos y son formas de leer la injusticia y el nivel de gobernabilidad. En este escenario de violaciones y ante la falta de cumplimiento y de compromiso del Estado para proteger los derechos en un ejercicio práctico, se ha gestado un proceso de concientización en la ciudadanía, la constante violación a los derechos ha provocado una revolución cultural traducida en una conciencia nacional de derechos humanos. Hoy hay un pueblo que está buscando justicia y respeto a su dignidad, hay un reclamo social por las condiciones que se viven en este país, los ciudadanos están reaccionando, están reclamando el ejercicio de sus derechos y de su libertad. La Marcha por la Paz con Justicia y Dignidad, que se inició el jueves cinco de mayo en Cuernavaca, convocada por el poeta Javier Sicilia, es un reclamo por el hastío y cansancio que vive la sociedad, una forma callada de gritar ¡basta! a la impunidad y un llamado que plantea una provocación para todo el país, sus ciudadanos, sus gobernantes. El Estado en su conjunto y sus instituciones tiene retos significativos en términos de la democracia, del Estado de Derecho y de la vigencia de los derechos, porque en la medida que se verifique el cumplimiento a los derechos humanos, es la medida de la construcción democrática en México. Tener una conciencia ciudadana en defensa de los derechos humanos es fundamental para empezar a transformar la realidad de México, es urgente y se está haciendo tarde, esta guerra mal trazada ya rebasó los 40 mil muertos, el tic tac de reloj no se detiene y el conteo sigue. Ojalá que nuestros representantes políticos dejen de estar tan preocupados en las elecciones del 2012 y den voz y respuestas a la ciudadanía.