LA NUEVA MARCHA POR LA PAZ

RODRIGO MORALES MANZANARES

La más reciente Marcha por la Paz fue una manifestación del hartazgo y la desesperación que producen, en un sector creciente de la ciudadanía, los saldos de la guerra emprendida contra la delincuencia. Ciertamente no se trata de la primera vez que ocurre que un nutrido grupo de ciudadanos hace patente su inconformidad con el incremento de la inseguridad, pero acaso en esta ocasión haya algunas novedades que conviene destacar. En primer lugar el hartazgo parece genérico en contra de la clase política y su incapacidad para procesar transformaciones. En segundo lugar, y a pesar de la heterogeneidad ineludible de asistentes y convocantes, pareciera existir cierta pretensión de darle continuidad programática e incluso organizativa a lo ocurrido el domingo. La virtud que tal operación podría tener es constituir en efecto un espacio para la construcción de propuestas sistemáticas en materia del combate a la inseguridad; el defecto es que inevitablemente se politizará el asunto. Una tercera novedad de esta nueva marcha es el contexto en el que se da. Llega cuando en el gobierno federal parece haber cierto agotamiento por no poder ofrecer resultados, y cualquier señalamiento crítico merece sobrerreacciones. Cualquier planteamiento que pide revisar la estrategia hasta ahora seguida, es señalado como si de lo que se tratara fuera de capitular con la delincuencia organizada. Peor aún, pareciera que la única garantía de éxito en la guerra sería la continuidad del partido en el gobierno, pues cualquier otro escenario sería impensable y significaría el triunfo de los delincuentes. Parece complicado imaginar algún punto de encuentro, sobre todo si de ambos lados de la ecuación hay fanatismos: ni el presidente Calderón es el autor o único responsable del incremento de la violencia; así como tampoco creo que sea infalible. El punto es que la marcha coincide también con algún giro discursivo: donde antes se exaltaba la colaboración entre niveles de gobierno, hoy se denuncia precariedad institucional; donde antes había fuerzas federales en cooperación con fuerzas locales en virtuosa operación, hoy hay rezagos en la modernización y el compromiso de los diversos niveles de gobierno. Me parece que podemos estar inaugurando una ruta peligrosa. De entrada parece un diagnóstico institucional, por decir lo menos, tardío. Si hasta ahora fue develada la realidad policiaca en las entidades, por qué se declaró una guerra en la que aquéllas tendrían que jugar un papel un poco más que relevante. No puede ser que ahora cualquier acción de fuerza federal sea exitosa y cualquier operativo distinto tenga que ser visto bajo sospecha. En este mismo espacio hemos dicho que el subejercicio del gasto asociado a seguridad por parte de entidades y municipios es pernicioso; también, que el retraso en implementar controles de confianza, suministrar información oportuna, generar políticas de prevención de largo aliento, etcétera, es hacer mucho más complejo el combate contra la inseguridad. Y, sin embargo, no creo que todas las policías de todas las entidades sean ineficientes o estén penetradas por el narco. Bajo ese ropaje es probable que se dejen de reconocer los esfuerzos exitosos a nivel local y se subestimen las críticas a nivel federal. Alejarnos de fanatismos y versiones simplistas parece la receta para encarar el complejo problema de la violencia. Ojalá seamos capaces.