IRRESPONSABLES

PEDRO SALAZAR UGARTE

Karl Theodor zu Guttemberg, ex ministro de Defensa alemán, renunció a su cargo porque se supo que plagió parte de su tesis de doctorado. Todo comenzó cuando el periódico Süddeutsche Zeitung lo acusó de plagiar parte de su investigación en Derecho. En un país en el que los dichos pesan y las cosas pasan, cuando se presentaron las pruebas, el joven ministro, promesa política de la administración en turno, simplemente cayó. Son muchas las lecciones que pueden extraerse de este escándalo pero, por el momento, me interesan sólo dos: las acusaciones severas deben ser probadas y, de serlo, deben tener consecuencias. Lo contrario frivoliza la política y desfonda la ética pública. Quiero pensar —y supongo por lo que dicta la experiencia— que si el Süddeutsche Zeitung hubiera lanzado sus demoledores señalamientos sin sustento y voluntad para sostenerlos habría sido repudiado por la opinión pública y sancionado por el derecho. En las democracias lo que se dice se prueba y lo que se hace se paga. El caso de zu Guttemberg me vino a la mente a propósito de un asunto local, lamentable y reciente. La conexión quizá no es inmediata pero creo que es profunda. Varios columnistas ya han dado cuenta de los despropósitos políticos y jurídicos que han circundado a la sentencia por la que una mayoría de magistrados del Tribunal Electoral exoneró a Peña Nieto en el caso de los spots de su V informe de gobierno. Comparto muchas de esas críticas y advierto que el quid jurídico del asunto no se centró en la presunta compra de propaganda televisiva sino en una cuestión más fina que pasó desapercibida a la mayoría de los analistas: la determinación de la responsabilidad de los actores involucrados. Los jueces evadieron los aspectos estrictamente electorales para explorar el aceitoso terreno de la imputación de culpabilidades. Y una mayoría encabezada por la presidente del Tribunal determinó que el protagonista de los spots y jefe del gobierno mexiquense, posible candidato del PRI a la Presidencia de la República, principal beneficiario de la difusión nacional de los promocionales, no era responsable. Con ello, por ahora, tenemos una confirmación de lo que muchos tememos —ese Tribunal opera como un órgano político en el que primero se decide y después se argumenta— pero ningún enlace con el caso del ministro alemán. La vinculación entre los dos asuntos proviene de la reacción del PAN ante la sentencia comentada. El partido en el gobierno —mediante un comunicado oficial— lanzó contra los magistrados acusaciones gravísimas: “…los mexicanos no merecen tener esa clase de funcionarios públicos que aprovechan su tarea jurisdiccional para tejer redes de poder y corrupción”. Podemos coincidir a priori con la dirigencia panista en que la decisión del TEPJF pende de supuestos “aberrantes” —si por ello entendemos técnicamente deficientes o, incluso, desviados— pero, para seguirla en las acusaciones de corrupción, necesitamos pruebas. De las graves declaraciones del panismo lo menos que podía esperarse era una solicitud de juicio político —sustentada en los elementos probatorios correspondientes— en contra de la señora y señores magistrados para operar su destitución inmediata. Los dichos de la dirigencia panista denuncian una situación intolerable: ¿podemos dejar la elección de 2012 en manos de jueces electorales corruptos? O si, por el contrario, los dichos panistas carecen de sustento y quedarán sin consecuencias, entonces, son éstos los que no pueden tolerarse. Lo que los mexicanos no merecemos —señor Madero— son esa clase de frivolidades. Los asuntos públicos deben pensarse sin ingenuidad pero deberían ejercerse sin frivolidad y sin cinismo. La desfachatez de Peña Nieto, la impudicia de los magistrados y la ligereza de los panistas amalgaman una muestra de desvergüenza que no puede soportarse. Algo hicimos mal con nuestra transición: engendró muchas criaturas rapaces y una ciudadanía indolente. Así, de consolidación, ni hablamos.