RAÚL CARRANCÁ Y RIVASLa marcha de hoy que saldrá de la Ciudad de Cuernavaca hacia el zócalo de la Ciudad de México, convocada por Javier Sicilia con el objeto de promover un pacto nacional contra la violencia, reúne a destacados activistas, líderes sociales, partidos políticos y empresarios; siendo lo deseable que no se politice con la intervención de grupos y personas ajenos a la idea rectora de Sicilia que es, en resumen, el cambio de estrategia del gobierno en su inútil, absurda y anticonstitucional guerra para enfrentar a la delincuencia organizada y al narcotráfico. Ojalá la marcha sea una expresión auténtica del enorme descontento de la sociedad civil y pensante de México, que al margen de la muy respetable convocatoria no necesita de estímulos ni de impulsos que alienten el coraje e impotencia que siente. Su irritación es explicable y justificable, lo mismo que su ira, nuestra ira, ante el horror de más de cuarenta mil muertos caídos en una guerra estúpida, necia, falta de inteligencia. Lo que pasa es que la marcha simboliza o debe simbolizar algo fundamental que es la voluntad, la firme decisión, de contribuir al señalamiento de esa necedad que se ha vuelto terquedad en el discurso reiterativo de que en la especie no se dará marcha atrás, a pesar de las contradictorias declaraciones oficiales de que se admitirán las críticas y sugerencias. Por eso cada quien, cada uno de nosotros, desde su espacio social y laboral debe hacer el señalamiento que a su juicio proceda. En tal virtud y en mi concepto el flanco claramente débil de la estrategia es su inconstitucionalidad, que ha derivado en la creación de leyes que nada resuelven y en cambio soliviantan tanto a la población civil como a la propia delincuencia por la reiterada violación de derechos humanos y garantías individuales, lo cual propician sus fórmulas equivocadas. Es el caso de la reforma constitucional de 2008 en materia de justicia penal y seguridad pública.
Ahora bien, en medio de una serie abrumadora de severos señalamientos a la equivocada estrategia del gobierno, y habida cuenta de que en un Estado de Derecho se previene o combate el delito con la ley en la mano, es inconcebible que la ley, que es el instrumento de la función coercitiva del Estado, favorezca una y mil arbitrariedades que atentan descaradamente contra la dignidad de los gobernados, delincuentes o no (al presunto delincuente o delincuente se lo debe perseguir, juzgar y castigar de acuerdo con el Derecho y con la buena ley). Por ello a la bandera o banderas que se enarbolarán en la marcha de hoy añado la de la defensa del Derecho, es decir, la que se opone a la torpe política del gobierno de fabricar leyes y más leyes, incluso alterando la Constitución, creyendo que con esa catarata legislativa se impedirá el avance de la delincuencia organizada. ¡Olvidan que lo imperativo es evitar el crimen antes de juzgarlo y castigarlo! Sépase a sí mismo, lo que no todos saben o entienden, que el eje en que se apoya aquella estrategia es la reforma constitucional de 2008 que le permite al gobierno explicar "su guerra" y hasta querer justificarla. La verdad es que al comienzo del actual sexenio se articuló una política de seguridad pública para aplicarla a la delincuencia organizada y al narcotráfico, dándole prioridad a la "razón política" sobre la "razón jurídica". Esto fue el resultado de dos cosas: primera, la ignorancia del Derecho y de su importancia de parte de algunos funcionarios de muy alto nivel y, segunda, la "complicidad", digamos, de también funcionarios de igual nivel pero que son abogados y que se prestaron -aún se prestan- a propiciar y adoptar medidas provenientes de tradiciones jurídicas ajenas a la nuestra, con otra composición e ideología. Lo cual hicieron, a mi juicio, por el prurito de distinguirse como "innovadores". Al final de cuentas "vanitas iuris" y "vanitas vanitatem". Agrego que aquella ideología que el gobierno ha convertido en política de seguridad pública tiene la característica del pragmatismo legislativo y legal propio, en un elevado índice, del sistema norteamericano. O sea, se trata de obtener resultados al margen o aparte de los medios preferentemente jurídicos y por supuesto constitucionales (no hay que olvidar que para darle cabida a ese pragmatismo se alteró y se altera en muchas ocasiones la norma constitucional). En dicho contexto, pues, ha operado y sigue operando la llamada estrategia del gobierno. En conclusión, la marcha que hoy se llevará a cabo será una masiva protesta por la presencia en el país de una política violenta en la lucha contra la delincuencia organizada y el narcotráfico. En realidad es una guerra en la que se utiliza la violencia en ambos lados. Estrategia equivocada que lo es por su evidente falta de solidez jurídica. Lo cierto es que donde impera el Derecho, por más duro que éste parezca, hay siempre espacio para la Justicia, que nunca es violencia. Y también es lo cierto que su ausencia y tergiversación generando malas leyes y fracturando el texto constitucional crea una atmósfera de inseguridad y obviamente de agresividad. La protesta de hoy no debe centrarse en un solo punto. Lo que pasa en México presenta varios ángulos aunque se originan en un centro común. Yo sostengo que el fracaso de la guerra "oficial", con más de cuarenta mil muertos, es en gran parte el fruto -podrido- de una fallida estrategia jurídica, de una política de seguridad -¿o inseguridad?- frustrada por su carencia de legalidad y constitucionalidad, no importa que se alegue que hay leyes y cambios constitucionales. ¿Qué leyes? ¿Qué cambios? El pueblo no sabe en rigor de leyes ni de Derecho, pero su sentido de percepción es asombroso; es decir, capta las irregularidades, las anomalías, los descalabros de las malas leyes. Registra en su conciencia, y pruebas hay de sobra, las constantes violaciones a los derechos humanos y a las garantías individuales. ¿La causa se halla acaso en la perversidad humana de las autoridades y de los miembros de las fuerzas armadas? Salvo excepciones el origen está en que la Constitución -maltratada y deformada- lo permite y en que en semejantes condiciones lo permiten algunas leyes secundarias.
¡Marchemos en busca de la recuperación jurídica de México! ¡Luchemos contra la violencia pero no con la violencia constitucionalizada y legalizada! ¡Hagamos un pacto nacional basado en un auténtico Estado de Derecho!
Ahora bien, en medio de una serie abrumadora de severos señalamientos a la equivocada estrategia del gobierno, y habida cuenta de que en un Estado de Derecho se previene o combate el delito con la ley en la mano, es inconcebible que la ley, que es el instrumento de la función coercitiva del Estado, favorezca una y mil arbitrariedades que atentan descaradamente contra la dignidad de los gobernados, delincuentes o no (al presunto delincuente o delincuente se lo debe perseguir, juzgar y castigar de acuerdo con el Derecho y con la buena ley). Por ello a la bandera o banderas que se enarbolarán en la marcha de hoy añado la de la defensa del Derecho, es decir, la que se opone a la torpe política del gobierno de fabricar leyes y más leyes, incluso alterando la Constitución, creyendo que con esa catarata legislativa se impedirá el avance de la delincuencia organizada. ¡Olvidan que lo imperativo es evitar el crimen antes de juzgarlo y castigarlo! Sépase a sí mismo, lo que no todos saben o entienden, que el eje en que se apoya aquella estrategia es la reforma constitucional de 2008 que le permite al gobierno explicar "su guerra" y hasta querer justificarla. La verdad es que al comienzo del actual sexenio se articuló una política de seguridad pública para aplicarla a la delincuencia organizada y al narcotráfico, dándole prioridad a la "razón política" sobre la "razón jurídica". Esto fue el resultado de dos cosas: primera, la ignorancia del Derecho y de su importancia de parte de algunos funcionarios de muy alto nivel y, segunda, la "complicidad", digamos, de también funcionarios de igual nivel pero que son abogados y que se prestaron -aún se prestan- a propiciar y adoptar medidas provenientes de tradiciones jurídicas ajenas a la nuestra, con otra composición e ideología. Lo cual hicieron, a mi juicio, por el prurito de distinguirse como "innovadores". Al final de cuentas "vanitas iuris" y "vanitas vanitatem". Agrego que aquella ideología que el gobierno ha convertido en política de seguridad pública tiene la característica del pragmatismo legislativo y legal propio, en un elevado índice, del sistema norteamericano. O sea, se trata de obtener resultados al margen o aparte de los medios preferentemente jurídicos y por supuesto constitucionales (no hay que olvidar que para darle cabida a ese pragmatismo se alteró y se altera en muchas ocasiones la norma constitucional). En dicho contexto, pues, ha operado y sigue operando la llamada estrategia del gobierno. En conclusión, la marcha que hoy se llevará a cabo será una masiva protesta por la presencia en el país de una política violenta en la lucha contra la delincuencia organizada y el narcotráfico. En realidad es una guerra en la que se utiliza la violencia en ambos lados. Estrategia equivocada que lo es por su evidente falta de solidez jurídica. Lo cierto es que donde impera el Derecho, por más duro que éste parezca, hay siempre espacio para la Justicia, que nunca es violencia. Y también es lo cierto que su ausencia y tergiversación generando malas leyes y fracturando el texto constitucional crea una atmósfera de inseguridad y obviamente de agresividad. La protesta de hoy no debe centrarse en un solo punto. Lo que pasa en México presenta varios ángulos aunque se originan en un centro común. Yo sostengo que el fracaso de la guerra "oficial", con más de cuarenta mil muertos, es en gran parte el fruto -podrido- de una fallida estrategia jurídica, de una política de seguridad -¿o inseguridad?- frustrada por su carencia de legalidad y constitucionalidad, no importa que se alegue que hay leyes y cambios constitucionales. ¿Qué leyes? ¿Qué cambios? El pueblo no sabe en rigor de leyes ni de Derecho, pero su sentido de percepción es asombroso; es decir, capta las irregularidades, las anomalías, los descalabros de las malas leyes. Registra en su conciencia, y pruebas hay de sobra, las constantes violaciones a los derechos humanos y a las garantías individuales. ¿La causa se halla acaso en la perversidad humana de las autoridades y de los miembros de las fuerzas armadas? Salvo excepciones el origen está en que la Constitución -maltratada y deformada- lo permite y en que en semejantes condiciones lo permiten algunas leyes secundarias.
¡Marchemos en busca de la recuperación jurídica de México! ¡Luchemos contra la violencia pero no con la violencia constitucionalizada y legalizada! ¡Hagamos un pacto nacional basado en un auténtico Estado de Derecho!
No hay comentarios:
Publicar un comentario