JORGE ALCOCER VILLANUEVADesde que el año pasado arribó al cargo, el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) dependiente de la PGR, José Luis Vargas, ha expresado en diversos foros y ante los medios de comunicación del riesgo de que el dinero del narcotráfico se infiltre en las campañas electorales, tanto a nivel local como federal. Proveniente de un alto cargo en el Cisen, cabe suponer que las expresiones del citado funcionario tienen fundamento en hechos y pruebas, o al menos en indicios suficientes, no en meras especulaciones. De ser así, es urgente que tales evidencias se hagan del conocimiento de los dirigentes de todos los partidos políticos a fin de concertar acciones inmediatas que permitan atender el riesgo.
Hace unos días, el titular de la Fepade y su jefa directa, la procuradora Marisela Morales, sostuvieron una reunión privada con senadores de diversos partidos, a los que reiteraron tal preocupación, que concretan en cinco tipos de amenaza de los criminales, incluyendo que miembros de la delincuencia organizada sean postulados como precandidatos o candidatos. En dicha reunión los funcionarios urgieron a los senadores a discutir y aprobar las iniciativas de cambios al Código Penal Federal y a otras leyes conexas, en materia de delitos electorales. (Reforma, 20/05/11, p. 12).
Que esa reforma es necesaria nadie lo pone en duda; mientras que la Constitución y el Cofipe han tenido, de 1996 a la fecha, varios e importantes cambios, los delitos electorales tipificados en el Código Penal Federal siguen siendo, en lo fundamental, los que se establecieron en 1990, con reformas en 1994 -cuando fue creada la Fepade- y 1996. Es evidente que la situación de la seguridad pública es hoy muy diferente -para mal- a la que imperaba en los años noventa. Sin embargo, al analizar las iniciativas presentadas en el Congreso y las propuestas de la Fepade observo una orientación que me parece no sólo indebida, sino que puede convertirse en un factor más de conflicto en los procesos electorales.
Pretende la Fepade multiplicar por casi cuatro veces la tipificación de conductas delictivas que afectan, de manera directa o colateral, la materia electoral, de forma tal que muchas de las violaciones al Cofipe, o a los códigos electorales locales, que hoy en día son castigadas por la autoridad electoral con multas u otras sanciones administrativas, pasarían a ser tipificadas como delitos que se castigan con cárcel. De la judicialización podríamos transitar a la criminalización de los procesos electorales.
Las propuestas de la Fepade se concentran en el cambio a las leyes, creyendo que así se podrán enfrentar los reales o supuestos riesgos que han explicado a los legisladores, pero no se presenta un diagnóstico integral del problema, empezando por la propia Fepade, cuyos resultados han sido francamente pobres a lo largo de su existencia. Admito que la inoperancia de esa institución obedece, entre otros factores, a que partidos y candidatos recurren en las campañas o fuera de ellas, a la presentación de denuncias penales contra sus adversarios sin otro fin que obtener los reflectores de los medios de comunicación; no buscan hacer justicia, sino hacer propaganda.
Durante las discusiones de la reforma electoral de 2007, PRD y PRI propusieron otorgar autonomía a la Fepade, terminando con su dependencia orgánica de la PGR, así como una forma diferente para designar a su titular, que incluyese la ratificación del nombramiento por el Congreso de la Unión. El gobierno y el PAN no admitieron esas propuestas y el tema salió de la agenda.
Así como la autonomía plena del IFE fue la condición para avanzar en el desarrollo de las instituciones electorales, la de la Fepade permitiría ganar para esa institución el respeto de los partidos y la confianza de la sociedad, de los que hasta hoy ha carecido. No se trata de partidizar a la Fepade, ni mucho menos que los partidos sean los que decidan lo que debe o no hacer, sino de admitir que en su actual situación orgánica, esa Fiscalía y su titular carecen de las normas y estructura para garantizar que en su desempeño no habrá injerencia del gobierno en turno.
Seguir por la ruta de cambiar las leyes sin reformar las instituciones, es un camino sesgado, incompleto, que a la postre sólo producirá más problemas.
Hace unos días, el titular de la Fepade y su jefa directa, la procuradora Marisela Morales, sostuvieron una reunión privada con senadores de diversos partidos, a los que reiteraron tal preocupación, que concretan en cinco tipos de amenaza de los criminales, incluyendo que miembros de la delincuencia organizada sean postulados como precandidatos o candidatos. En dicha reunión los funcionarios urgieron a los senadores a discutir y aprobar las iniciativas de cambios al Código Penal Federal y a otras leyes conexas, en materia de delitos electorales. (Reforma, 20/05/11, p. 12).
Que esa reforma es necesaria nadie lo pone en duda; mientras que la Constitución y el Cofipe han tenido, de 1996 a la fecha, varios e importantes cambios, los delitos electorales tipificados en el Código Penal Federal siguen siendo, en lo fundamental, los que se establecieron en 1990, con reformas en 1994 -cuando fue creada la Fepade- y 1996. Es evidente que la situación de la seguridad pública es hoy muy diferente -para mal- a la que imperaba en los años noventa. Sin embargo, al analizar las iniciativas presentadas en el Congreso y las propuestas de la Fepade observo una orientación que me parece no sólo indebida, sino que puede convertirse en un factor más de conflicto en los procesos electorales.
Pretende la Fepade multiplicar por casi cuatro veces la tipificación de conductas delictivas que afectan, de manera directa o colateral, la materia electoral, de forma tal que muchas de las violaciones al Cofipe, o a los códigos electorales locales, que hoy en día son castigadas por la autoridad electoral con multas u otras sanciones administrativas, pasarían a ser tipificadas como delitos que se castigan con cárcel. De la judicialización podríamos transitar a la criminalización de los procesos electorales.
Las propuestas de la Fepade se concentran en el cambio a las leyes, creyendo que así se podrán enfrentar los reales o supuestos riesgos que han explicado a los legisladores, pero no se presenta un diagnóstico integral del problema, empezando por la propia Fepade, cuyos resultados han sido francamente pobres a lo largo de su existencia. Admito que la inoperancia de esa institución obedece, entre otros factores, a que partidos y candidatos recurren en las campañas o fuera de ellas, a la presentación de denuncias penales contra sus adversarios sin otro fin que obtener los reflectores de los medios de comunicación; no buscan hacer justicia, sino hacer propaganda.
Durante las discusiones de la reforma electoral de 2007, PRD y PRI propusieron otorgar autonomía a la Fepade, terminando con su dependencia orgánica de la PGR, así como una forma diferente para designar a su titular, que incluyese la ratificación del nombramiento por el Congreso de la Unión. El gobierno y el PAN no admitieron esas propuestas y el tema salió de la agenda.
Así como la autonomía plena del IFE fue la condición para avanzar en el desarrollo de las instituciones electorales, la de la Fepade permitiría ganar para esa institución el respeto de los partidos y la confianza de la sociedad, de los que hasta hoy ha carecido. No se trata de partidizar a la Fepade, ni mucho menos que los partidos sean los que decidan lo que debe o no hacer, sino de admitir que en su actual situación orgánica, esa Fiscalía y su titular carecen de las normas y estructura para garantizar que en su desempeño no habrá injerencia del gobierno en turno.
Seguir por la ruta de cambiar las leyes sin reformar las instituciones, es un camino sesgado, incompleto, que a la postre sólo producirá más problemas.
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