martes, 30 de diciembre de 2008

HACER UNA PAUSA

JAVIER CORRAL

Las postrimerías de 2008 nos conducen a pensar en un balance necesario de nuestras vidas y a reflexionar sobre nuestra vida en comunidad. Del ejercicio personal habría que recordar a George Steiner cuando afirma que “el pensamiento es inmediato sólo para sí mismo”, y ahí cada quien tendrá los resultados de sus acciones y omisiones en la medida que tenga el valor de descender a las carencias y a las insuficiencias personales, a quien realmente le interese reconocer su obra personal en la vida. Pero de ese ejercicio singular puede sobrevenir una reflexión colectiva, capaz de cambiar al mundo en sus malas maneras.
El hombre de nuestro tiempo debiera detenerse con más frecuencia para pensar en la forma que está resolviendo su vida y, con su actuar, la de los demás. Si estamos o no haciendo las cosas bien, con relación a la mismísima sustentabilidad del planeta que habitamos.
De estos seres humanos, pienso, los que se dedican preferentemente a la política debieran tener como otro de los imperativos estratégicos hacer un receso para generar un momento retrospectivo. Pero entre ellos no es un proceso frecuente, porque pensar retrospectivamente conduce a hacer una pausa, detener por un momento los elementos que constituyen la base de control y autoridad a nuestro alcance, de poder y significación. Y pausar tiene la aberrante connotación en la disputa por el poder, de generar un vacío. Luego aplican como dogma, la máxima de que en política no hay vacíos, porque alguien los llena. Y en ese torbellino que es el quehacer público, gana la acción apresurada sobre la meditación, y no se pueden parar un momento.
El hombre diario, el hombre en general, no se detiene. Lo que es peor, vivimos el frenesí de la velocidad en todo, y así como en el mundo de la tecnología de la comunicación cada día tenemos más información pero sabemos menos, la aceleración no nos está funcionando para llegar puntuales a nuestros destinos, sino que tiene accidentado al planeta; la mayoría de la humanidad está herida por el hambre, la ignorancia, la insalubridad y la guerra. Mil 400 millones de personas viven en extrema pobreza.
Sólo en este año se nos juntaron cuatro crisis mundiales —la ambiental, la alimentaria, la energética y la financiera— y a nuestro país lo sacuden la inseguridad y la violencia criminal del narcotráfico. He pensado en esto los últimos días de 2008, movido por una singular convocatoria que me dejó girando: me invitó el cineasta Alfonso Cuarón a la casa de mi querida y admirada Denise Dresser para hablarnos a un grupo multidisciplinario de la importancia de pausar. Cuarón tiene clarísimo el potencial que significa esa acción en la transformación de la faz de la Tierra, exactamente como tiene el conocimiento para hacernos del cine un instrumento de elevación humana. Esperemos que pronto se concrete el proyecto que sólo él puede anunciar.
Lo importante es dar cabida a la pausa como espacio para la reflexión en el destino de nuestra vida y de nuestro prójimo. Hacerlo de manera tranquila o al menos apaciguados. Como lo recomienda la Desiderata poética: “Camina plácido entre el ruido y la prisa, y piensa en la paz que se puede encontrar en el silencio”. Es menester formularnos muchas preguntas, cada quien de su entorno y en sus responsabilidades. ¿Cómo estamos haciendo las cosas como personas, como ciudadanos? ¿Hacia dónde se conduce el concepto de familia? ¿Todavía hay patria? ¿De qué manera se comportan los gobernantes? ¿A qué intereses sirve el gobierno? ¿Hacia dónde camina la política de los partidos? ¿Cuál es la misión de las iglesias? ¿Qué tanto están educando los maestros? ¿Cómo realizan los médicos su vocación frente a los enfermos? ¿Qué relación tienen los comunicadores con sus auditorios?
Si, de acuerdo con Oscar Wilde, el vicio supremo de la conducta humana es la superficialidad, no habría peor rostro de ella que la mera contemplación del tiempo que transcurre, sobre todo del tiempo perdido, sin un balance real. Y en México hemos perdido enormes oportunidades este año frente a lo que podríamos ser como nación.
Auscultemos, pues, un poco ese transcurrir anual que se acaba; y reflexionemos también, como escribió el enorme Sándor Márai en La hermana, la novela que le siguió a El último encuentro, “sobre la curiosa indiferencia con que el destino regula nuestras vidas”.

lunes, 29 de diciembre de 2008

RECHAZO AL MOTE DE "CHILANGO"

CARLOS ARELLANO GARCÍA

Es acertado llamar al vocablo "chilango" como mote. En efecto, esta palabra tiene como sinónimos: sobrenombre, apodo, alias, y no es lo mismo llamar a una persona con su nombre auténtico que aplicarle un apodo y menos cuando ese alias resulta ofensivo, injurioso, denostante, peyorativo, agresivo, despectivo, despreciativo, insultante, infamante, denigrante, ultrajante, hiriente, nefasto, deshonroso, ignominioso, degradante, indecoroso, inmoral y, por si fuera poco, discriminatorio, y la discriminación es una distinción para vejar.La palabra "chilango" no es una denominación auténtica que pueda endilgarse a las personas oriundas del Distrito Federal, pues recibe, de lleno, todas las características afectativas que engloba un malhadado apodo que, en justicia, debe desaparecer, lo más pronto posible.De manera lamentablemente errónea, el Diccionario de la Real Academia Española, en su edición vigésima primera, correspondiente al año de 1992, incorporó la palabra "chilango" para establecer que dicho término es un adjetivo, que se usa más como sustantivo, propio de México, y que significa: "Natural de la Ciudad de México o del Distrito Federal". Esto no está apegado a la realidad. No es, de manera alguna, un gentilicio aplicable a las personas que el destino los ha ubicado como nacidos en el Distrito Federal. "Chilango" es una palabra cuya evolución hemos enunciado en un artículo de fondo anterior y que, de manera malsana, se ha convertido en un sobrenombre, nada edificante que vulnera la dignidad y los derechos de los mexicanos cuyo nacimiento ha ocurrido en la capital de la República. Que no se diga que no existen palabras para designar a las personas físicas cuyo nacimiento ocurrió en el Distrito Federal. Tradicional y acertadamente a los habitantes del Distrito Federal, capital de la República, se les ha designado como "capitalinos", lo que es correcto pues nacieron o han radicado ahí, y no es atendible el criterio de que también hay capitalinos en los estados de la República porque, aunque esas entidades federativas tengan una capital, nunca se les ha designado como capitalinos. Es jurídicamente fundado llamarles capitalinos, dado que el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como partes integrantes de la Federación a los estados de la República que designa por sus respetivos nombres. A continuación, en el artículo 44 se establece que: "La Ciudad de México es el Distrito Federal, sede de los Poderes de la Unión y Capital de los Estados Unidos Mexicanos...". De esa manera, los nacidos y los habitantes de la capital de la República tienen como gentilicio el de: "capitalinos". Si se quiere cambiar el gentilicio, también se les podría llamar: "distritofederalenses" para aludir al Distrito Federal, en lugar de la capital de la República, o quizá, hasta se les podría designar coloquialmente como "defeños", con una base convencional consistente en las siglas: "DF" pero, sin la sólida base que corresponde a capitalinos. Por tanto, no es necesario inventar un apodo de consecuencias tan negativas y tan lacerantes para los habitantes y nacidos en el Distrito Federal, capital de la República. No hay la más mínima necesidad de inventar un gentilicio y menos aún, utilizar el término "chilangos" para agredir, dañar y ofender a los capitalinos.Las cosas malas son para los que se dejan y los capitalinos deben rechazar enérgicamente que se les diga "chilangos".

CARPETAZO CON MOÑO NAVIDEÑO

JOHN M. ACKERMAN

Los organismos electorales del país terminan el año igual de deslegitimados, débiles y parciales que como lo iniciaron. A comienzos de 2008 anhelábamos construir una nueva institucionalidad democrática a partir de la histórica reforma electoral y la renovación del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE). Sin embargo, a unas cuantas semanas del inicio de las precampañas de 2009, ahora tenemos ante nosotros un IFE y un Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) doblegados a los partidos políticos y los poderes fácticos.
Durante todo el año que hoy ve su ocaso, los consejeros y magistrados electorales fueron preparando el terreno para que la señora impunidad camine con paso firme.
Sus resoluciones respecto a los 281 mil espots huérfanos, los anuncios del Consejo Coordinador Empresarial y las elecciones internas del Partido de la Revolución Democrática, así como la impericia en la investigación del financiamiento de las campañas de 2006, constituyen una inconfundible muestra de que los actores políticos no serán sancionados por violar la ley durante 2009.
Las más recientes resoluciones que ambas instituciones han generado no hacen más que ratificar su alta tolerancia a la ilegalidad.
El pasado 22 de diciembre, el IFE se deshizo de golpe de 374 quejas en una sola sesión. Desesperados por irse ya de vacaciones, los consejeros dedicaron un promedio de 1.6 minutos por asunto para “analizar” cada querella y no emitieron una sola sanción. Así, de nueva cuenta exculparon a Vicente Fox por su intervención en las elecciones de 2006 y desecharon casi todas las quejas interpuestas contra servidores públicos por personalizar la propaganda institucional en violación al artículo 134 constitucional. El carpetazo fue un gran regalo de navidad con todo y moño para la clase política de parte de la autoridad electoral.
En la misma sesión, los consejeros electorales no se atrevieron a aprobar los necesarios cambios al reglamento de fiscalización que hubieran facilitado el blindaje contra el narcotráfico. También se quedaron en el tintero los nuevos reglamentos para prevenir la utilización de recursos públicos en las campañas, así como para regular el contenido de los mensajes de los candidatos.
Todas estas imperdonables omisiones se justificaron bajo el argumento de que no alcanzaba el tiempo para su análisis. Pero habría que recordarles a nuestros funcionarios electorales que la ley señala sin titubeos que durante el proceso electoral, iniciado desde octubre pasado, absolutamente todos los días y horas son hábiles. Los consejeros, por lo tanto, no tendrían por qué descuidar sus obligaciones constitucionales con tal de irse unos días a la playa.
Por su parte, los magistrados del TEPJF en lugar de irse de vacaciones se quedaron en el Distrito Federal para inaugurar el puente a la impunidad que cuidadosamente han venido construyendo a lo largo del año. Para ponerse a tono con las ofertas de temporada, el pasado 26 de diciembre los magistrados nos ofrecieron su propio “dos por uno” al validar las elecciones municipales de Acapulco, y simultáneamente, perdonarle a Tv Azteca la multa de 5.2 millones de pesos a que se había hecho acreedora por haberse negado a transmitir los mensajes de los partidos políticos.
En el caso de Acapulco, tal como ocurrió con la calificación de la elección presidencial de 2006 y con la resolución de las elecciones internas del PRD, los magistrados mostraron su pasividad al negarse a investigar a fondo y ponderar los alegatos de la parte acusadora. Así, de nuevo negaron la “determinancia” de las irregularidades sin ir más allá de los documentos que se encontraban “en el expediente”. La nueva “causal abstracta de validez”, que ya hemos analizado en estas páginas (La Jornada, 17 de noviembre), va tomando forma.
En el caso de Tv Azteca, a los magistrados simplemente les inundó el espíritu navideño al obsequiar a Ricardo Salinas un jugoso presente de fin de año. “Todos estamos de acuerdo que es una sanción excesiva, toda vez que se va al máximo, siendo que se incumple con esta obligación en una primera ocasión”, explicó la presidenta del TEPJF, María del Carmen Alanís.
Pero la generosidad confunde a la magistrada, ya que la violación de la televisora fue sistemática y recurrente, no simplemente “una primera ocasión”. Durante los dos meses de incumplimiento, la televisora se negó en por lo menos tres ocasiones a recibir los anuncios. Asimismo, la sanción del IFE no “se va al máximo”, ya que una multa es apenas una de las primeras herramientas al alcance de la autoridad electoral. En caso de reincidencia, el IFE podría ordenar la suspensión del tiempo comercializable e incluso pedir a las autoridades correspondientes la cancelación de la concesión de un medio de comunicación. Una multa es simplemente una de las primeras medidas que la autoridad electoral tiene a su alcance.
Parece que cómo tantas otras veces en la historia de México, el pueblo mexicano de nueva cuenta tendrá que ser el encargado de encontrar una salida a la crisis política, económica y social que caracterizará el próximo año, pues las autoridades electorales y los dirigentes políticos brillan por su ausencia, como esferitas de navidad.

ZAPATAZOS 2008

DENISE DRESSER

Cómo se antoja. Aventar un zapato, lanzar una recriminación, emular al periodista iraquí que confrontó a George W. Bush, y hacer lo mismo con una larga lista de políticos mexicanos. Ante los abusos presenciados y las faltas cometidas no faltan las ganas de convocar a un acto condenable pero también catártico; un acto ofensivo pero también revelador. No falta el deseo de reproducir un gesto que encapsula la impotencia frente a lo desatado por los errores de un solo hombre. En Iraq la ausencia de gobierno; en México su mal desempeño. En Iraq la violencia; en México su escalamiento. En Iraq el Estado fallido; en México el Estado patrimonialista. En Iraq los cadáveres apilados; en México los ciudadanos atropellados. A través de un gesto simbólico, al-Zeidi intentó penetrar el sello hermético que protege a los poderosos y les permite evitar la rendición de cuentas. De forma modesta y menos espectacular, esta columna busca mimetizar su intención y mandar el mensaje de que los malos gobernantes deben ser sacados de su zona personal de confort. Podrán esquivar el zapato, pero no la vergüenza.
Sin duda lanzar zapatos no es la mejor manera de ganar un argumento, y no sugiero que los lectores empiecen a aventar los suyos. Como escribe Kahlil Gibran, “la razón y no el impulso debe ser nuestro guía”. Como sugiere Montaigne, “aquel que intenta imponerse a través de la bravuconería revela las flaquezas de su argumento”. Pensador tras pensador, siglo tras siglo, proponen la razón como principio del comportamiento individual y la acción colectiva. Los hombres que son gobernados por la razón desean para sí mismos aquello que buscan para el resto de la humanidad, y en consecuencia, suelen ser justos y honorables. Saben que las peores causas son aquellas enraizadas en la pasión; saben que las palabras más certeras apuntalan los argumentos más fuertes; saben que la mejor manera de convencer es presentando opiniones de forma lógica, contenida, racional. “El que se enoja pierde”, dice el famoso dicho mexicano.
Pero hay circunstancias donde lo que está en juego tiene que ver con el honor, con la dignidad humana. Donde no importa el riesgo; hay que resistir. Donde ningún ciudadano debe capitular ante ejemplos reiterados de corrupción o venalidad o complicidad o estupidez o rapacidad. Esos momentos cuando se vuelve necesario citar a Sly, el personaje shakespeariano en La fierecilla domada, quien vocifera: “no me moveré una pulgada”. Esos momentos cuando darle demasiado peso a la razón lleva a tolerar el mundo como es, en lugar de actuar para transformarlo. Y ante ejemplos de lo peor que aqueja a México, se vuelve imperativo perder la calma de manera intencional. Se vuelve indispensable lanzar un zapatazo mental. Un zapatazo simbólico. Un zapatazo metafórico. Un gesto con el cual demostrar que no nos han convertido en ellos; en personajes que provocan un rechazo visceral por como se han comportado durante el último año. Un gesto con el cual demostrar un derecho que muchos mexicanos ni siquiera saben que tienen: el derecho democrático a resistir la autoridad mal usada, el poder mal administrado, el gobierno que condena a tantos a la impotencia. Y de allí, los zapatazos merecidos del 2008:
1. Para Víctor Gerardo Garay Cadena, de la Policía Federal Preventiva, por formar parte de las bandas de delincuentes que decía perseguir. Y por dirigir un operativo policiaco en el cual “alineó a 30 mujeres y seleccionó a cuatro. Ordenó prender la caldera del jacuzzi, pidió cocaína para las muchachas y cerró la puerta de la sala”.
2. Para Humberto Moreira, por promover la pena de muerte en Coahuila con las siguientes palabras: “la discusión es cómo los vamos a matar; si los vamos a fusilar, los vamos a degollar o los vamos a ahorcar, o algo light que puede ser la inyección letal”. Y por argumentar que la venganza por parte del Estado es una política pública legítima.
3. Para Elba Esther Gordillo por el regalo -posteriormente disfrazado de “rifa”- de 59 Hummers para los dirigentes sindicales cuyo apoyo y anuencia necesita seguir comprando. Y por justificar irrisoriamente el hecho de que fueran blindadas.
4. Para Emilio González Márquez por la forma deleznable en la cual habló frente a la ciudadanía de Jalisco, revelando así su profundo desprecio hacia las personas que lo eligieron. Por canalizar de forma ilegal 90 millones del presupuesto estatal al Santuario de los Mártires. Y por financiar con recursos públicos la telenovela Las tontas no van al cielo.
5. Para Alberto Begné por avalar a golpeadores de gorras blancas que propinaron puñetazos en la asamblea del Partido Socialdemócrata, con el objetivo de expulsar a Patricia Mercado del partido que ayudó a fundar. Y por convertir a la esperanza de más de un millón de mexicanos en otro mini-partido dispuesto a venderse al mejor postor.
6. Para Manlio Fabio Beltrones por la forma en la cual ha intentado resucitar la “Ley Televisa” a pedazos, mediante iniciativas legislativas que buscan otorgarle privilegios a los concesionarios con los cuales el PRI quiere congraciarse. Y por contravenir los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia estableció cuando declaró inconstitucional esa ley que ahora Beltrones rehabilita.
7. Para Joel Ortega porque bajo su mando la policía capitalina se acostumbró a actuar sin límites, como lo evidenció el caso del News Divine. Porque bajo su supervisión, la policía, en vez de servir y proteger, en esa ocasión se dedicó a reprimir y a patear.
8. Para Enrique Peña Nieto y Marcelo Ebrard por violar una reforma electoral que buscaba limitar la transferencia masiva de recursos públicos a las televisoras, y así contener su capacidad de chantaje político. Por gastar millones de pesos para ser entrevistados, hornear galletas, sentarse junto a las estrellas y promover sus carreras políticas a cargo del erario.
9. Para José Luis Soberanes por dirigir una de las oficinas de derechos humanos más grandes y más caras del mundo que no cumple cabalmente con su misión. Porque en lugar de promover reformas para prevenir abusos futuros, se abstiene de hacerlo; en vez de oponerse a prácticas y leyes abusivas y contrarias a estándares internacionales, guarda silencio ante ellas; en lugar de construir una relación constructiva con otras organizaciones abocadas a la protección de los derechos humanos, intenta desacreditarlas.
10. Para el 33 por ciento de los ciudadanos que en una encuesta reciente contestan que la razón principal por la cual aprueban a Felipe Calderón es tan sólo porque “le echa ganas”. Zapatazo entonces por conformarse con tan poco y por no aspirar a más.

sábado, 27 de diciembre de 2008

PENDIENTES ELECTORALES

LORENZO CÓRDOVA VIANELLO

El año que termina fue de una intensa actividad legislativa en materia electoral. Como consecuencia de la reforma constitucional de noviembre de 2007, seis ordenamientos legales fueron modificados en este año: el Cofipe, en enero; la Ley Orgánica del Congreso, en abril; y la Ley de Instituciones de Crédito, el Código Fiscal de la Federación, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en junio.
Se trató de cambios que permitieron dar operatividad a muchas de las nuevas reglas establecidas en la Constitución. Sin embargo, como ya hemos señalado en este espacio, se trató de una reforma legislativa a medias. Son muchas y delicadas las modificaciones legales que se quedaron en el tintero, lo que ha provocado que las autoridades electorales tengan que enfrentar el proceso comicial de 2009 con herramientas jurídicas, en ocasiones, insuficientes.
La última prueba de ello la acabamos de ver en la sesión del Consejo General del IFE del pasado lunes, cuando se declararon infundadas o se sobreseyeron la mayoría de las 171 denuncias que durante este año han sido presentadas por presuntas violaciones a la nueva prohibición constitucional (artículo 134) para que funcionarios públicos personalicen la propaganda gubernamental.
No pretendo ahora entrar al mérito de las razones específicas por las que el IFE tomó esa decisión, tampoco discutir la cuestionable —por decir lo menos— decisión de haber pretendido reglamentar directamente el texto constitucional supliendo así la tarea del legislador; sino meramente señalar que estamos ante uno de los casos en los que el IFE tiene que trabajar con herramientas legales insuficientes por las omisiones del Congreso.
Vale la pena recordar los grandes pendientes legislativos en esta materia:
1. Modificar las leyes de responsabilidades de los servidores públicos para hacer plenamente vigentes las prohibiciones —y las sanciones— que en materia de propaganda gubernamental establece la Constitución.
2. Adecuar la Ley de Radio y Televisión para que las obligaciones, prohibiciones y sanciones que la legislación electoral establece para los concesionarios y permisionarios se vean reflejadas también en la ley específica que los regula.
3. Crear la Ley del Derecho de Réplica para que esa garantía consagrada en el artículo sexto de la Constitución tenga plena vigencia y aplicación y deje de ser, como hasta ahora, letra muerta.
4. Adecuar las normas penales para dotar de plena autonomía a la Fepade y para introducir un catálogo de nuevos tipos penales en materia electoral que refleje el nuevo tipo de conductas delictivas que imponen los tiempos que corren (la última modificación al Código Penal en esta materia data de 1996), sobre todo en materia de financiamiento a los partidos políticos y de medios de comunicación.
Me hago cargo de que se trata de reformas complejas y que implican, en muchos casos, confrontar el poder siempre presente y amenazante de los intereses mediáticos. Eso complica las cosas, pero resulta indispensable terminar el trabajo iniciado con la reforma constitucional.
Creo que jurídicamente el Congreso aún podría hacerse cargo de esos pendientes antes de la elección con el argumento de que no se trata de modificaciones fundamentales a leyes electorales (prohibidas durante los procesos comiciales por el artículo 105 constitucional), sino a leyes no electorales, dotando así, sobre la marcha, a las autoridades en esta materia de instrumentos normativos acabados para cumplir a cabalidad sus atribuciones. Pero tal vez eso no pase de ser un mero deseo navideño e implique pedirle peras al olmo… ya veremos.

MALAS NOTICIAS

MIGUEL CARBONELL

Hace algunos años Giovanni Sartori publicó un libro en el que recogía sus artículos periodísticos. Le puso por título Mala tempora, queriendo señalar el tiempo aciago que venía viviendo Italia desde el inicio de los años 90 del siglo pasado. El país atravesaba una temporada en el infierno, como resultado de la aparición del partido-empresa de Silvio Berlusconi y de la consiguiente demolición del orden republicano que se instauró luego de la caída del fascismo. Muy poco parece haber mejorado desde entonces.
Sartori se quejaba de que Italia no tenía “anticuerpos” para defenderse de los ataques a su democracia. Cuando el país tiene que enfrentar un reto mayúsculo y los actores aparecen desarmados, se apoyan solamente en sus propios enclaves ideológicos. La ciudadanía desarrolla un sentido de servilismo, de genuflexión, decía.
¿Qué decir, entonces, de lo que pasó en México durante este 2008 que termina? El año estuvo plagado de malas noticias. La seguridad pública siguió proporcionando primeras planas. Asistimos impávidos y furiosos a secuestros y asesinatos, decapitaciones, ejecuciones, ajustes de cuentas, motines, asaltos, extorsiones, tráfico de migrantes, armas y droga.
Al deterioro de la seguridad se sumó el declive de la economía, contagiada por la crisis de Estados Unidos. Incrementó la precariedad laboral, se vino abajo la esperanza de crecimiento, aumentaron los despidos y algunas empresas emblemáticas estuvieron a punto de quebrar. Grandes consorcios empresariales vieron disminuir considerablemente su valor bursátil, como una señal de lo duros que vendrán los siguientes meses. La Bolsa mexicana cayó, perdiendo casi 40% de su valor. Cientos de miles de inversionistas vieron cómo se evaporaba su dinero.
El ciudadano, inerme, siente que está perdiendo todas las batallas. El Estado desfallece frente al crimen, la policía mira hacia otro lado, la crisis aprieta, el peso se devalúa, la clase política sigue con sus proyectos chiquitos y con sus dimes y diretes.
Los ofendidos por el delito salen a los medios para gritarles a los políticos que si no pueden con el paquete, renuncien. Nadie les toma la palabra. Docenas de altos funcionarios siguen sentados en sus cómodos despachos, mientras en las calles se decapita gente todos los días. Otras víctimas demuestran la falta de diligencia en las investigaciones y les dicen a las autoridades que no tienen madre. Los aludidos prefieren hacerse los sordos.
Quizá la mejor noticia del año fue la celebración del homenaje nacional a Carlos Fuentes. Un homenaje merecido al mayor talento vivo de nuestras letras. Una prueba de que a la degradación política, económica y policiaca no las acompaña la degradación cultural.
¿Qué nos espera para 2009? Lo más probable es que las condiciones de inseguridad todavía sean adversas. El gobierno de Calderón necesita dar resultados espectaculares si no quiere salir apabullado en la elección de 2009. El pulso de la economía puede recuperarse si se inician las obras públicas de infraestructura que ya han sido anunciadas y si los funcionarios se ponen a trabajar desde los primeros días del año. Es previsible que el Presidente siga moviendo piezas en el gabinete y que asuma un papel más audaz para favorecer a su partido (dentro de la ley) en los comicios de julio.
La ciudadanía tiene, sin embargo, que poner su parte. Le corresponde mantener la exigencia a las autoridades. Habría que hacer una campaña nacional a favor de la denuncia ciudadana de todo tipo de ilícitos, pues las infracciones menores son las que muchas veces suponen un caldo de cultivo para las atrocidades que hemos observado. También será necesario mantener la mirada crítica sobre los partidos políticos y sus promesas de campaña.
Como quiera que sea, ojalá que 2009 nos traiga a todos mejores noticias que 2008.

UNA REFORMA ANTICONSTITUCIONAL A LA COSTITUCIÓN II

RAÚL CARRANCA Y RIVAS

Después de analizada en artículo precedente la grave contradicción de conservar en la reforma del caso la presunción de inocencia junto al arraigo y a la prisión preventiva, paso al siguiente punto. El párrafo segundo del artículo 16 constitucional reformado decía que para librarse una orden de aprehensión por la autoridad judicial era necesario que: "existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado". Hoy con la reforma y en substitución de esto se lee que: "obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho (uno que la ley señale como delito) y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión". Son redacciones distintas en la forma y en el fondo la anterior y la posterior a la susodicha reforma, siendo que la anterior era impecable en el sentido jurídico y la posterior dudosa e imperfecta; lo que sin duda redunda en una procuración de justicia sin el suficiente sostén técnico jurídico. En efecto, si el lector pone atención entenderá que las palabras "cuerpo del delito" (antes de la reforma) son diferentes de la palabra "hecho" (luego de la reforma). Sépase que el llamado cuerpo del delito, de larga tradición en la dogmática jurídica, no es un mero hecho sino el conjunto de los elementos materiales de la infracción penal conforme a una reconocida definición. Sin entrar en mayores profundidades, que no es éste el sitio, tales elementos materiales, que no inmateriales o subjetivos, son por ejemplo la compra de la pistola y de las balas, la estadía en un lugar determinado para cometer el delito, la preparación del arma con el objeto de disparar y el disparo en sí. El hecho en cambio es otra cosa que puede ser material o inmaterial, objetiva o subjetiva. ¿Se ve la diferencia? Añado que lo inmaterial o subjetivo pertenece al espacio de la culpabilidad que el juez calificará a su debido tiempo. El cuerpo del delito, por lo tanto, es imprescindible para definir y precisar el grado de participación material del delincuente. Sostengo y afirmo que se lo ha quitado de la Constitución arbitraria e injustificadamente, violándola en su normatividad substancial con grave perjuicio para la procuración de justicia.El concepto de la probable responsabilidad del indiciado es cuestión muy delicada. Las palabras son fundamentales en el Derecho y en la ley, puesto que reflejan ideas. Compare el lector las siguientes dos ideas: hacer probable la responsabilidad del indiciado en la comisión de un delito, o que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Analícelas con cuidado porque de ello puede depender nada menos que su libertad. A mi juicio una cosa es la probable responsabilidad y otra distinta la probabilidad de ella. ¿Qué es "probable"? Verosímil, que se funda en razón prudente, que se puede probar, que hay buenas razones para creer que se verificará o sucederá. ¿Qué es probabilidad? Fundada "apariencia" de verdad (cualidad de verosímil), que puede suceder. Y una cosa es poder probar algo con base en buenas razones y otra la fundada "apariencia" de que ese algo es o ha sido. Resumiendo: no son lo mismo la apariencia de un hecho que poder probar un hecho. Poderlo probar lleva consigo la posibilidad de hacerlo. La apariencia, en cambio, es cosa que parece y no es. En fin, las palabras tienen innumerables matices, filtros que conducen ideas. Para procurar o hacer justicia es absolutamente necesario que entre la idea y la palabra haya un vínculo estrecho, estrechísimo. La palabra es como una burbuja que al menor soplo del aliento deja escapar la idea. ¿Por qué no se conservó en la Constitución la fórmula de la probable responsabilidad del indiciado? Tal vez por el prurito de imprimir una etiqueta propia, nueva, en el texto constitucional. Yo a esto lo llamo manosear la Constitución, violando principios esenciales que pertenecen a su espíritu. Es manosearla para manipularla al antojo propio.Y mientras los reformadores se han entretenido o se entretienen con ese juego de pirotecnia legal la delincuencia abate en Guerrero, una vez más de cientos de veces, a siete militares en servicio emergente de policía por decisión del Presidente de la República. El contraste es terrible. De un lado una reforma constitucional carente de sentido jurídico, con evidentes errores, y del otro una criminalidad creciente y a todas luces incontrolable. Aparte de que con abundancia de leyes no se eliminan, ¡jamás!, las causas determinantes del crimen.

martes, 23 de diciembre de 2008

CAMINO DE REGRESO

ERNESTO VILLANUEVA

Una de las grandes conquistas de la sociedad mexicana ha sido convertir el derecho de acceso a la información en una regla y la clasificación de informaciones como reservada o confidencial en una excepción. Así lo dispone la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental aprobada en el 2002. Lo mismo, en mayor o menor medida, sucede con las leyes locales aprobadas en estos años. Más aún, la adición de un segundo párrafo al artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha sentado el piso mínimo de garantías de este derecho. Estas garantías aseguran, entre otros rubros, el principio de máxima publicidad como mecanismo para que en casos de dudas prime inequívocamente la apertura sobre el secreto. De la misma forma establece que la información clasificada como reservada jamás será secreta para siempre, sino sólo de manera temporal y cuando medie un interés público.En otras ocasiones se ha podido observar cómo se ha intentado acotar el derecho a saber de los mexicanos mediante reformas legales en distintas leyes. Cabe recordar, por ejemplo, el frustrado intento por introducir en la Ley orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa un salvoconducto legal para eliminar el principio de definitividad de las resoluciones del IFAI para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Por fortuna, ese intento quedó sólo en eso.Hoy en el marco de la reforma legal en materia de seguridad se ha deslizado un inoportuno y desafortunado artículo 16 en el Código Federal de Procedimientos Penales cuyas consecuencias ha advertido el propio IFAI. En este caso, nadie podría regatearle la razón a este Instituto. En efecto, el mencionado artículo 16 es la vía más clara para traducir en norma legal las resistencias de la Procuraduría General de la República para informar sobre una de sus principales atribuciones: las averiguaciones previas. Peor todavía la PGR de manera lisa y llana viola la ley al negarse a cumplir las resoluciones del IFAI e intentar juicios de amparo, a pesar del principio de definitividad de las resoluciones de este órgano garante que reiteradamente ha confirmado la justicia federal. ¿Quién en su sano juicio podría argüir interés público en la opacidad de la PGR a rendir cuentas sobre su actuación?El criterio sostenido por el IFAI y distintos órganos garantes de los Estados ha sido aceptar la clasificación de las averiguaciones previas mientras están en proceso, pero no, por supuesto, cuando han concluido. Hoy el artículo 16 de referencia cierra para siempre el derecho a saber el contenido de la averiguación previa y los servidores públicos responsables de su elaboración. Con ello, también se ve lastimado el principio de la rendición de cuentas y se abre de par en par las puertas para la corrupción que, como se sabe, crece y se reproduce en el secreto.Gracias a la Ley Federal de Transparencia y a la acción del IFAI pude obtener la averiguación previa elaborada con motivo del genocidio del 68 hace unos años. Ello ahora -si esa normativa se perfecciona con la promulgación presidencial- sería imposible. Muchas de las acciones que hace el Ministerio Público permanecerían en secreto, con lo que los márgenes de escrutinio de la sociedad sobre el ejercicio del poder público en materia de procuración de justicia serían inversamente proporcionales a las posibilidades de acción del crimen organizado para entrar en colusión con las autoridades, al amparo de que nadie podría legalmente saber quién y por qué actuó o dejó de actuar en las diligencias ministeriales.Paradójicamente lo que se hace para combatir de mejor manera el crimen organizado abre esa puerta de contención de la vigilancia externa sobre el servicio público. Es de esperar que ese camino de regreso no pase para bien de todos y del derecho a saber que la sociedad ha ganado.

INFORME EN ENTREDICHO

JAVIER CORRAL

A Carmen Aristegui, por su mérito ciudadano
Desde que se solicitó la actuación de la PGR para conocer e investigar el artero doble asesinato de Felícitas Martínez y Teresa Bautista de la radio comunitaria La Voz Que Rompe El Silencio, ubicada en San Juan Copala, Oaxaca, aquel 7 de abril de 2008, las autoridades responsables presentaron una inusual resistencia a la atracción del caso para la atención de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos contra Periodistas.
Objetaron de entrada la calidad de comunicadoras de las víctimas, basada su oposición en el torpe argumento de que se trataba de simples conductoras que sólo pasaban anuncios y enviaban saludos, además de negarle a la radio comunitaria el reconocimiento de un auténtico medio de comunicación.
No fue sino hasta el 15 de mayo, cuando se entregaron los premios nacionales de Periodismo, y sólo unos minutos antes de que en dicha ceremonia se premiara post mortem a las dos comunicadoras indígenas, cuando la PGR anunció hacerse cargo del caso. Sin duda, la presión que le significó que las dos jovencitas, de 21 y 23 años de edad, recibieran el reconocimiento del gremio periodístico como colegas que cumplían una inmensa labor de orientación social hizo rectificar la insensata postura. Sin embargo, de entonces a la fecha, la visión no ha cambiado mucho y ahora se informa que el asesinato “no tuvo que ver con el ejercicio de comunicación que desempeñaban en la emisora”.
Tal afirmación está contenida en el informe que el pasado 9 de diciembre ofreció el titular de la fiscalía especial, doctor Alberto Orellana Wiarco. Dijo: “Con base en lo que reflejan las investigaciones públicas hasta el momento, de los asuntos registrados en 2008, nueve homicidios hasta el momento no acreditan elementos de relación con el ejercicio periodístico, sino con otras circunstancias”; y citó entre ellos, los de Felícitas Martínez y Teresa Bautista. Agregó que “fueron víctimas circunstanciales de una agresión que iba dirigida al conductor del vehículo donde ellas viajaban y su asesinato “no tuvo que ver con el ejercicio de comunicación que desempeñaban en La Voz Que Rompe El Silencio”.
Este informe suscitó la inmediata reacción de la Red de Radios Indígenas Comunitarias del Sureste Mexicano, que como coadyuvantes del caso rechazaron la conclusión del fiscal, pues ni en las indagatorias realizadas por la Procuraduría de Oaxaca ni en el expediente de la PGR se desprende alguna línea de investigación o declaración de testigos o de sobrevivientes que descarte una posible agresión por la labor que desempeñaban las jóvenes triquis.
David Peña Rodríguez, abogado de la red que agrupa a 14 estaciones de radio comunitarias, señala: “Es imposible determinar en este momento de la investigación las motivaciones de los agresores para atacar el vehículo donde viajaban Tere y Feli, ni siquiera para afirmar que la agresión iba dirigida al conductor del auto y no hacia las comunicadoras, en virtud de que no hay ningún elemento sólido ni pericial ni testimonial en el expediente que permita desprender tal suposición”; existen, por el contrario, “elementos políticos y sociales en la región triqui que permiten suponer una agresión hacia las compañeras por el ejercicio de comunicación e investigación que realizaban en la estación comunitaria”.
Según el comunicado que circula por internet firmado por la red, “el fiscal busca deslindar su responsabilidad en este caso y trasladar el asunto al fuero común, a la Procuraduría de Oaxaca, pero antes necesita demostrar con hechos y con investigaciones sólidas que se trató de una ‘confusión’ y no de un artero crimen. Con este tipo de declaraciones sólo se violenta el espíritu de la investigación que aún desarrolla la PGR en la delegación de Oaxaca y se marca una línea contraria a los hechos con constan en el expediente y que tienen que ser debidamente analizados por el MP encargado del asunto, contradiciendo incluso las propias diligencias realizadas por el personal de la PGR en Oaxaca”.
Más allá de las posiciones que se presenten en el terreno de las declaraciones públicas, este caso necesita una demostración técnica y pericial de cómo se llegó a esa conclusión. En caso contrario, es urgente una rectificación, para que las investigaciones prosigan con el mínimo de confianza que requiere un asunto al que inexplicablemente se le trató de eludir desde el inicio.

OFRENDA PARA LOS DIOSES

DENISE DRESSER

"Este texto está publicado en el número 1677 de la revista Proceso, que ya está en circulación". No cabe duda que Manlio Fabio Beltrones sabe cómo revivir las tradiciones premodernas del país que quiere controlar. Allí está el pipiltin del Senado mexicano, vestido de taparrabos tricolor, portando un penacho de plumas -verdes, blancas, rojas- sobre la cabeza y un cinturón confeccionado con la piel de guerreros políticos que ha matado para llegar a donde está hoy. Paso a paso sube la pirámide con una ofrenda en la mano. Toca la trompeta de concha para anunciar aquello que entrega a los dioses para apaciguar su ira y asegurar su aprobación. Desempolva viejos rituales para que las deidades lo miren con beneplácito cuando comience la próxima batalla electoral. Carga un regalo para los concesionarios con la esperanza de que premien al PRI por regresarles el poder que habían perdido. Con tal de aplacar al Chac de la radio y al Tláloc de la televisión, Beltrones impulsa un regreso a la barbarie.Así como los aztecas ofrecían guerreros capturados a Huitzilopochtli, el senador priista ofrece una iniciativa legislativa a los concesionarios para modificar el artículo 16 de la Ley de Radio y Televisión. Así como las tribus precolombinas temían el poder sobrenatural del más allá, los priistas en campaña temen el poder destructor de la pantalla. Beltrones sabe que después de la aprobación de la reforma electoral que canceló negocios multimillonarios de propaganda a través de los partidos, los dioses del espectro radioeléctrico quedaron furiosos. Quedaron molestos. Quedaron resentidos. Tenían sed de venganza y desataron su ira contra Santiago Creel, uno de los principales artífices de la reforma. Al borrarlo sin que recibiera una sanción mayor por ello, demostraron que no habían perdido la capacidad para mutilar a cualquier mortal. La eliminación mediática entraña la muerte política.Y aunque Beltrones en algún momento apoyó aquella reforma cuyo objetivo era distanciarse de los dioses, ahora busca acercarse a ellos. Ahora intenta llegar a acuerdos particulares, a negociaciones tribales, a una situación donde las deidades lo ayuden a conquistar ciudades enemigas y a establecer la hegemonía del PRI allí. Como guerrero profesional que es, Beltrones sabe que en la temporada electoral que se avecina llegó la hora de hacer sacrificios, aunque entierren el pacto establecido -a través de la reforma electoral- entre las fuerzas políticas del país. Llegó el momento de hacer las paces con los más fuertes, para que ayuden a los candidatos del PRI a posicionarse mediante las pantallas y, de ese modo, ganar curules y gubernaturas. Así como Agamenón pensó en sacrificar a su hija Ifigenia para ganar la guerra de Troya, Beltrones piensa en sacrificar los avances que -en el tema de los medios- la Suprema Corte logró al tumbar la "Ley Televisa". Por ello propone una iniciativa de ley para ofrecer una "prórroga" de las concesiones existentes por 20 años. Propone eliminar el prerrequisito de la licitación y suplantarlo con una supuesta "contraprestación". Propone revivir pedazos de una ley fallida que el tribunal supremo declaró inconstitucional. Ya lo hace porque puede. Lo hace porque Felipe Calderón no fue capaz de aprovechar la extraordinaria oportunidad que el veredicto de la Corte -a favor de la competencia y en contra de los monopolios- le proveyó hace más de un año. Ese era el momento para elaborar una nueva ley de medios y forjar el consenso para su aprobación. Esa era la coyuntura para establecer los lineamientos de una legislación que limitara el poder de dioses sanguinarios. Pero al presidente le faltó audacia y le sobró cautela. Pensó que era más importante promover una reforma energética que una reforma mediática, y por ello prefirió someterse otra vez a los designios de los dioses, en lugar de contener su poder. Y con ello contribuyó a crear un vacío que ahora Beltrones -y lo peor del PRI que resucita con él- logra llenar. Debido a la falta de visión de Felipe Calderón, sus enemigos son actualmente capaces de recrear las condiciones que él mismo padeció como candidato presidencial. Los dioses exigen sangre, y todos los que quieren ganar su elección están dispuestos a verterla. Con leyes a modo, con sacrificios humanos, con posturas que ofrecen "certidumbre jurídica" a los concesionarios pero ponen en peligro el interés público que la Corte intentó defender y que ahora Beltrones ignora.El vacío y la indefinición que el Poder Ejecutivo generó promueven la postración de la clase política entera. Como la reforma electoral no fue acompañada por una reforma mediática indispensable, el contexto se ha vuelto regresivo. Los dioses sobrevivieron al golpe, acallaron la insubordinación, sofocaron la rebelión partidista en su contra y se erigen con más poder que nunca. Desde la pantalla o desde la estación de radio lanzan mensajes fulminantes a cualquiera que ose cuestionarlos. Y en plena lucha electoral nadie quiere hacerlo. Al contrario: todos pelean para aparecer, para ser entrevistados, para ser promovidos. Felipe Calderón convocando a la búsqueda del tesoro perdido y a la batalla contra el crimen organizado. Marcelo Ebrard horneando galletas e inaugurando pistas de hielo con las cámaras y los micrófonos detrás. Enrique Peña Nieto paseando con "La Gaviota" y usando a la televisión para darle alas a su ambición presidencial. Todos ellos violando la letra y el espíritu de una reforma electoral que buscaba emancipar a los políticos pero que se quedó trunca y que por ello no lo logra.Como Manlio Fabio Beltrones comenzó con la política de ofrendas, otros políticos no han tenido más remedio que seguir su ejemplo. Todos saben que, desde la era precolombina, los sacrificios humanos tenían la intención de ganar el favor de los dioses en el campo de batalla. Todos piensan que si se arrodillan a tiempo podrán -mediante la asistencia mediática- convertirse en guerreros nobles del Calmécac, con la capacidad de subyugar a sus adversarios y esclavizarlos. Todos suponen que al ofrecer iniciativas a la medida de los intereses divinos, las deidades intervendrán de su lado en la elección intermedia del 2009. Pero olvidan que durante los momentos más álgidos de las masacres en Tenochtitlán en 1487, la sociedad azteca descendió al fondo de sí misma. Según el autor del libro Aztec Warfare, entre 20 mil y 40 mil personas murieron durante las ceremonias encaminadas a pacificar a los dioses. Las ofrendas rituales desataron un frenesí de sangre que hirió profundamente a la sociedad. Por eso hoy, cuando Manlio Fabio Beltrones insiste en comportarse como Caballero Águila, sus compañeros de tribu deberían abocarse a desplumarlo.

viernes, 19 de diciembre de 2008

NO ADMITAMOS LAS PRUEBAS ILÍCITAS

MIGUEL CARBONELL

La fracción IX del apartado A del artículo 20 incorpora a nivel constitucional, a partir de la reforma publicada el 18 de junio de 2008, un principio que ya figuraba en varios códigos de procedimientos penales y que es muy conocido en el derecho comparado. Nos referimos al principio de exclusión de las pruebas obtenidas ilícitamente. En el caso específico de la fracción mencionada se establece que dicha ilicitud acontece cuando la prueba se obtiene violando derechos fundamentales y además se señala que la consecuencia será la nulidad de la misma, es decir su inexistencia para cualquier efecto jurídico dentro del proceso penal respectivo o en cualquier otro que se inicie con posterioridad.
La justificación de la norma contenida en la citada fracción IX se encuentra en el hecho de que las autoridades no deben violar derechos fundamentales en el curso de una investigación y, si lo hacen, dicha violación debe ser “neutralizada” dentro del proceso, con independencia de la responsabilidad concreta a la que pueden hacerse acreedores los agentes responsables de la misma. De otro modo los agentes de la autoridad contarían con buenos incentivos para investigar violando de derechos fundamentales. Y no solo eso, sino que además se estaría permitiendo una doble violación de derechos: una primera a través de la obtención de la prueba ilícita (por ejemplo a través de la entrada en un domicilio sin orden judicial o de la interceptación de comunicaciones privadas), una segunda a través del uso de ese material en un proceso, en perjuicio de la víctima de la primera violación. El principio que estamos analizando se proyecta solamente respecto de la segunda violación; la primera tendrá que ser reparada y sancionada por medio de los cauces procesales correspondientes.
El principio de nulidad de prueba se proyecta tanto a lo que los procesalistas llaman “actividad probatoria”, como a la prueba misma. La actividad probatoria comprende los actos procesales y extra-procesales por medio de los cuales se obtiene información que puede ser relevante dentro de un proceso, los actos de incorporación de tales elementos dentro del proceso (aportación de fuentes y proposición de medios de prueba), los actos procesales por los que se extrae y se pone ante el juzgador la información contenida en tales fuentes y el proceso de valoración de esa información por parte del juez [1].
El principio de nulidad de prueba ilícitamente obtenida se conoce también como exclusionary rule y ha sido notablemente desarrollada por la jurisprudencia norteamericana, que lo define como la regla “según la cual los materiales probatorios (evidence) obtenidos por las fuerzas del orden público mediante acciones de investigación criminal que vulneren los derechos procesales constitucionales reconocidos por las Enmiendas Cuarta, Quinta, Sexta o Decimocuarta de la Constitución Federal, no podrán aportarse ni ser valorados por el juzgador en la fase decisoria de los procesos penales federales o estatales, a efecto de la determinación o prueba (proof) de la culpabilidad o inocencia del acusado cuyos derechos fueron violados” [2].
El precedente fundamental en los Estados Unidos sobre el tema que nos ocupa es el caso Weeks versus United States de 1914, aunque la teoría de la nulidad de la prueba ilícita no se impone por completo sino hasta la década de los años 60. El señor Weeks había sido objeto de una violación constitucional toda vez que agentes federales y estatales habían interceptado sin orden judicial su correspondencia, en la que se transportaban billetes de lotería (lo cual estaba prohibido). La Corte, por votación unánime, estimó que se violó en su perjuicio la Cuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos y abrió una senda jurisprudencial que en las décadas posteriores tuvo un gran desarrollo. La Enmienda Cuarta tiene el siguiente texto: “ El derecho de los habitantes de que sus personas, domicilios, papeles y efectos se hallen a salvo de pesquisas y aprehensiones arbitrarias, será inviolable, y no se expedirán al efecto mandamientos que no se apoyen en un motivo verosímil, estén corroborados mediante juramento o protesta y describan con particularidad el lugar que deba ser registrado y las personas o cosas que han de ser detenidas o embargadas” [3] .
De la regla de exclusión de la prueba ilícitamente obtenida deriva la teoría del “fruto del árbol envenenado”, según la cual es nulo también todo lo que derive de una prueba obtenida ilícitamente, siempre que entre la violación inicial y las pruebas adicionales haya una conexión lógica.
El precedente relevante en la jurisprudencia norteamericana es Wong Sun versus United States, de 1963, en el que la Suprema Corte tuvo que decidir sobre un caso en el que la policía había entrado ilegalmente en un domicilio; del registro de la vivienda derivó no solamente la obtención de pruebas diversas y la detención de un sospechoso, sino también el levantamiento de declaraciones que permitieron abrir nuevas líneas de investigación. La Corte estimó que la nulidad afectaba no solamente a las pruebas obtenidas directamente, sino también a las evidencias que derivaran de las declaraciones obtenidas gracias a una violación de derechos fundamentales [4].
La cuestión importante para la comprensión de la doctrina de los frutos del árbol envenenado es determinar la conexión lógica entre una primera violación de derechos y lo que de ella puede derivar.
En la jurisprudencia norteamericana se han desarrollado ciertos estándares que permiten aceptar que, bajo ciertas circunstancias, no hay conexión lógica entre una primera violación de derechos y otros elementos de prueba que pretendan presentarse a juicio; entre dichos estándares se encuentran la teoría de la fuente independiente, el principio de conexión atenuada y la regla del descubrimiento inevitable.
De acuerdo con la teoría de la fuente independiente, serán aceptables en juicios las pruebas que derivan de una fuente que no haya sido “contaminada” por una actuación policiaca violatoria de derechos fundamentales. Un precedente importante en esta definición se encuentra en Silverthone Lumber Co. Versus United States, de 1920. En realidad no estamos frente a una teoría que limite el principio de exclusión de la prueba ilícitamente obtenida, sino frente a un ámbito exento del mismo, toda vez que la prueba en cuestión no está relacionada lógicamente (por derivar de una fuente independiente, “limpia”) con una cierta violación de derechos fundamentales.
Según la teoría de la conexión atenuada, se considera que no es aplicable la regla de exclusión cuando la distancia entre la prueba viciada y una segunda prueba no permita considerar que la primera afecta a la otra, de forma que la mancha original haya sido “borrada”. Así lo sostuvo la Suprema Corte estadounidense en Nardone versus United States, de 1939, y en el ya citado caso de Wong Sun versus United States.
Hay ciertos elementos que la teoría procesal penal norteamericana ha ido reconstruyendo para advertir cuando una “mancha” ha sido en efecto limpiada y no afecta a la admisión de pruebas dentro de un proceso. Entre tales factores se menciona [5]: a) el tiempo transcurrido entre la primera ilegalidad y la obtención de las pruebas derivadas (si el tiempo es mayor existen más probabilidades de que un tribunal admita la prueba derivada); b) los acontecimientos que intervienen entre la primera ilegalidad y la obtención de las pruebas derivadas (si la cadena lógica es muy extensa, es más probable que la prueba sea admitida; si tal cadena es corta, dada la inmediatez de la obtención de la prueba derivada, la inadmisión es más que probable); c) la gravedad de la violación originaria, dentro de la cual se aplica la máxima según la que si el árbol está más envenenado, será más difícil que sus frutos estén sanos; d) la naturaleza de la prueba derivada.
La teoría del descubrimiento inevitable permite admitir una prueba a juicio, aunque haya derivado de otra obtenida ilícitamente, siempre que el descubrimiento de la segunda se hubiera producido incluso sin la existencia de la primera, de forma inevitable. Esta teoría fue asumida por la Suprema Corte de los EUA en la sentencia Nix versus Williams, de 1984.
Las tres teorías que hemos brevemente apuntado suponen limitaciones a la doctrina de los frutos del árbol envenenado. Hay también que considerar que la regla de exclusión está limitada por la excepción de buena fe, la cual se configura cuando un agente de policía actúa de buena fe, pero viola un derecho fundamental. Esta excepción ha sido admitida por la Corte estadounidense en su sentencia United States versus Leon, de 1984. Se trata de una excepción que se aplica al caso de que un agente de la autoridad realice un registro o una detención sobre la base de una orden judicial que él pensaba que era válida, pero que luego se demuestra que carecía de los elementos legales que debía acompañarla.
Ahora bien, la propia jurisprudencia ha limitado a esta limitación (configurando una especie de “límites de los límites” o “límites de la excepción”). No podrá argumentarse que hubo buena fe por parte de los agentes de la autoridad cuando la autorización judicial derivó de una declaración jurada falsa del propio agente o de uno de sus superiores (Franks versus Delaware, de 1979), cuando el juez en cuestión acrece de neutralidad respecto al caso (United States versus Leon, ya mencionado), cuando faltan indicios suficientes en la declaración jurada (Illinois versus Gates, de 1983), cuando la orden es omisa por lo que hace a la particularidad de la delimitación del ámbito de la autorización a la policía, lo cual acontece cuando se da una orden genérica de cateo, sin señalar lo que se debe buscar o el lugar preciso en que se debe dar la búsqueda (Massachusetss versus Sheppard, de 1984), o bien, para terminar, cuando existen defectos en la ejecución de la orden judicial que autoriza un registro (de nuevo en United States versus Leon).
Como puede verse, de lo que llevamos dicho, el principio de nulidad establecido en la fracción IX del artículo 20, aunque breve en su enunciación constitucional, contiene una enorme complejidad y tendrá que ser puntualmente desarrollado por los jueces y tribunales que conocerán de causas penales. En todo caso, no sobra apuntar que dichos órganos judiciales deberán tomar en serio el citado principio, a fin de que nuestros procedimientos penales no abran la oportunidad a los agentes de la autoridad para violar derechos fundamentales, como ha sucedido de manera masiva durante décadas. Es momento, a partir de la reforma publicada el 18 de junio de 2008, de elevar el nivel de exigencia de las autoridades, las cuales pueden y deben actuar de forma respetuosa con los derechos, como sucede en la mayor parte de los países democráticos. La incorporación del principio de nulidad de la prueba ilícitamente obtenida a nivel constitucional es una oportunidad para policías, jueces y hasta para los académicos, que también tendrán que hacer su parte en la configuración de tal principio.

[1] Fidalgo Gallardo, Carlos, Las “pruebas ilegales”: de la exclusionary rule estadounidense al artículo 11.1 LOPJ, Madrid, CEPC, 2003, p. 12. Las Enmiendas V y VI señalan lo siguiente: Enmienda V: “Nadie estará obligado a responder de un delito castigado con la pena capital o con otra infamante si un gran jurado no lo denuncia o acusa, a excepción de los casos que se presenten en las fuerzas de mar o tierra o en la milicia nacional cuando se encuentre en servicio efectivo en tiempo de guerra o peligro público; tampoco se pondrá a persona alguna dos veces en peligro de perder la vida o algún miembro con motivo del mismo delito; ni se le compeliera a declarar contra sí misma en ningún juicio criminal; ni se le privará de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal; ni se ocupará la propiedad privada para uso público sin una justa indemnización”; Enmienda VI: “En toda causa criminal, el acusado gozará del derecho de ser juzgado rápidamente y en público por un jurado imparcial del distrito y Estado en que el delito se haya cometido, Distrito que deberá haber sido determinado previamente por la ley; así como de que se le haga saber la naturaleza y causa de la acusación, de que se le caree con los testigos que depongan en su contra, de que se obligue a comparecer a los testigos que le favorezcan y de contar con la ayuda de un abogado que lo defienda”.
[2] Fidalgo Gallardo, Las “pruebas ilegales”, cit., p. 49.
[3] Cabe hacer notar que esta Enmienda guarda cierto parecido con algunas disposiciones del artículo 16 de la Constitución mexicana.
[4] Fidalgo Gallardo, Las “pruebas ilegales”, cit., p. 436.
[5] Fidalgo Gallardo, Las “pruebas ilegales”, cit., pp. 441-442.

DEMASIADOS PENDIENTES

JOSÉ WOLDENBERG

México logró, contra muchos pronósticos, que la diversidad política coexistiera en las instituciones estatales. Después de largos años de monopartidismo fáctico y gracias a movilizaciones y conflictos recurrentes, se llevaron a cabo las reformas normativas e institucionales que permiten hoy la presencia del pluralismo político tanto en las esferas de gobierno como en los espacios legislativos. Se trató de un proceso tenso, complicado, pero venturoso porque sintonizó de mejor manera a los circuitos estatales con una sociedad abigarrada y diversa.Cualquiera que compare el mundo de la política de hoy y el de hace 20 años notará las diferencias. Asentamiento de la diversidad, mayores grados de libertad, contrapesos en las instituciones estatales, coexistencia de la pluralidad, Ejecutivo acotado, federalismo primitivo, mayor rendición de cuentas y súmele usted. No se necesita insistir demasiado porque se trata de realidades visibles y en acción.No obstante, ese proceso democratizador se encuentra erosionado, desgastado, porque en muchos otros terrenos de la vida social las realidades son más negras. El tránsito democratizador ha sido acompañado por un crecimiento deficiente de la economía, por una persistente desigualdad social y los fenómenos de exclusión aunados a ella, por el incremento notorio de la delincuencia, por la reproducción de mundos paralelos que escinden a los ciudadanos, por un frágil y contrahecho Estado de Derecho, por una vida pública estridente e inteligible, y en suma (como insiste la Cepal) por una escasa cohesión social.Nada de lo anterior es una novedad. Pero si deseamos que nuestra incipiente democracia no acabe por deteriorarse más, es necesario subrayar que sólo podrá reproducirse medianamente si le salimos al paso a esas realidades que la carcomen y le restan el aprecio de franjas importantes de ciudadanos.Organismos internacionales, gobiernos, partidos, académicos ponen el acento en la posibilidad de que lo que fue motivo de esperanza se convierta en fórmula de desencanto. Luego de trágicas dictaduras militares y de la persistencia de gobiernos autoritarios (como el nuestro), el horizonte democrático en América Latina pareció concitar las más amplias adhesiones. Izquierdas y derechas convergieron en esa apuesta y millones de ciudadanos se sumaron a esos esfuerzos. No obstante, concluido aquel primer ciclo, el entusiasmo por la democracia parece enfriarse.Cierto que no existe un modelo alternativo que cuente con suficiente apoyo social, pero el desencanto con la democracia (sería mejor decir con sus instrumentos: los partidos, los políticos, los parlamentos) aparece en todos los ámbitos: En las escuelas y los centros de trabajo, en los medios y en las mesas de los amigos, y por supuesto es recogido por las encuestas. Una y otra vez la gran ilusión aparece defraudada.Ello tiene que ver con la sobreventa de expectativas que se desataron durante los periodos transicionales, pero ése es un débil consuelo analítico. Lo cierto es que no sólo se ofertó que la democracia permite la convivencia de la diversidad política, que construye candados para acotar los poderes constitucionales y que potencia los márgenes de libertad, sino se le pensó como una terminal de ferrocarril en la que al arribar se encontraría una sociedad reconciliada consigo misma.El problema de fondo es que el desaliento no sólo es fruto de las perspectivas desbordadas sino de las realidades existentes. Es ésta la fuente fundamental de los abatidos humores públicos, del coraje contra la política, del desprecio masivo a todo aquello que huela a partidos y órganos de representación. No son buenas noticias por supuesto. Pero preocupan más por la inercia autorreferencial en la que se reproduce la política nacional. Como si de nuevo los puentes entre representados y representantes pudieran ser dinamitados sin consecuencias graves para unos y otros.El nuevo horizonte de la política no puede desentenderse de los fenómenos que carcomen la convivencia en común. Y por ello, frente a la crisis que ya es presente, la inercia no puede seguir gobernando.Un futuro inmediato de crecimiento cero supone más trabajo informal y menos oportunidades laborales en el universo de la formalidad, y en conjunto más pobreza en un mundo marcado por la ancestral desigualdad. Ese “rasgo estructural” de la sociedad mexicana es el que se tiene que empezar a remontar si es que aspiramos a vivir en un hábitat incluyente, equilibrado, justo.Es un tema de ayer (de siempre), pero que hoy, quizá por primera vez en nuestra historia, tiene que ser asumido en un contexto de coexistencia de la pluralidad en el entramado estatal. Porque el reto mayor de la naciente democracia mexicana es que tiene que reproducirse en un ambiente adverso, cargado de malos presagios y pésimos humores. Y para hacerla sustentable se requiere de un piso común, de un horizonte compartido, que no puede (debe) ser otro que el de la forja de una ciudadanía digna de tal nombre (capaz de apropiarse y ejercer sus derechos), para lo cual un piso básico de condiciones materiales de vida y de satisfactores culturales (uno de los más importantes la educación) parece imprescindible.Si la democratización del País fue posible -queriendo o a regañadientes- gracias a los esfuerzos conjuntos de gobiernos y oposiciones, y en los que coadyuvaron organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación, académicos e intelectuales, etcétera; hoy se requiere un esfuerzo similar para edificar una casa común que logre trascender el archipiélago de clases, grupos, tribus y pandillas en el que se está convirtiendo el País.

jueves, 18 de diciembre de 2008

UNA REFORMA ANTICONSTITUCIONAL A LA CONSTITUCIÓN I

RAÚL CARRANCA Y RIVAS

Ante todo una aclaración. Es muy fácil de entender que la Constitución tiene dos aspectos, uno de forma y otro de fondo, de esencia; lo que significa que se puede alterar o violar tanto el estilo constitucional como el espíritu constitucional, o sea, la norma constitucional. Igualmente es lógico que si el Presidente de la República critica con severidad a los jueces, en rigor al Poder Judicial, debe poner en sus manos, mediante las iniciativas correspondientes, leyes claras, coherentes, con buena técnica, y no lo contrario. Labor que ha de completar o enriquecer el Congreso de la Unión. En este sentido me parece válida la observación del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al pedir al Congreso crear leyes "necesarias" (quiero entender útiles y eficientes) para que se puedan aplicar las nuevas reformas constitucionales en materia penal, a fin de que este nuevo derecho pueda ser "explicado y aprendido, para poder ser exigido y aplicado", porque "una democracia constitucional debe aclarar su seguridad y tranquilidad respetando el marco de garantías y libertades, que son el fundamento y la razón del poder público". Palabras dichas por el más alto representante del Poder Judicial de la Federación. ¿Pero corresponden a la realidad? Categóricamente sostengo que no. Las nuevas reformas constitucionales en materia penal vulneran el contenido normativo, el espíritu, de la propia Constitución, expresado con claridad en términos generales en la versión original de la Carta Magna (no habiendo justificación histórica alguna, ni tampoco jurídica, para alterarlo o substituirlo); lo cual me propongo demostrar en éste y sucesivos artículos. Es decir, con tales reformas no se respeta "el marco de garantías y libertades", salvo excepciones que ya señalaré. Entre paréntesis, en ciertos espacios privilegiados del Derecho Constitucional se estudia la procedencia del juicio de amparo interpuesto contra esa clase de reformas notoriamente anticonstitucionales. Ahora bien, ese sistema judicial, siempre perfectible y nunca perfecto (no hay sistema judicial perfecto en ninguna nación del mundo) ha sido gravemente violado con aquellas reformas. Mi propósito, repito, es irlo demostrando poco a poco, pues considero un deber impostergable hacerlo en la medida de mi capacidad. Al efecto partiré de algunos componentes de la reforma que me parecen el basamento, el soporte, de todo el edificio reformador. Si la base está mal cimentada es lógico que el resto lo esté también, además de que en una Constitución ha de haber armonía y congruencia. Y si no la hubiere imperará entonces el desorden donde debe imperar el orden jurídico y legal. La nueva fracción I del Apartado B del artículo 20 constitucional dice a la letra que es un derecho de "toda persona imputada" "que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa". Principio éste consagrado en el artículo 9º de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que reza así: "Debiendo todo hombre presumirse inocente mientras no sea declarado culpable". Principio así mismo sagrado en el Derecho occidental a partir de 1789. Por otra parte es de sentido común y de lógica elemental que la declaración de culpabilidad se ha de llevar a cabo conforme lo determina la nueva fracción I del Apartado B del artículo 20, "mediante sentencia emitida por el juez de la causa"; aunque aquí no se trata evidentemente de sentencia intermedia sino definitiva, es decir, de cosa juzgada. Cuántos casos se conocen en que el declarado culpable en primera instancia es declarado inocente en segunda o al concluirse un juicio de amparo. En tal virtud es que el mandato del artículo 14 de la Constitución de que "nadie podrá ser privado de la libertad sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos", se debe interpretar y aplicar en razón del anterior argumento. La pregunta es por qué en el esquema de la excepcional importancia de la presunción de inocencia, se conservan el arraigo y la prisión preventiva en los artículos 16 (párrafo séptimo) y 18 (párrafo primero) de la Constitución. Sin duda ambos privan de la libertad antes de que se agote el juicio con una sentencia de culpabilidad. A mayor abundamiento en la absurda y anticonstitucional reforma no se llegó al fondo de una cuestión vital, a saber, que prisión preventiva y arraigo sólo se explican, que no justifican, a la luz opaca de un criterio práctico, pragmático, exclusivamente de eficacia y por supuesto en contra del artículo 14. De tal manera que es una contradicción jurídica y un contrasentido declarar la presunción de inocencia y conservar al mismo tiempo esas figuras legales a las que me refiero. En suma, aparte de que definitivamente con leyes no se abate la criminalidad terrible que asuela a México, es aún peor querer hacerlo con leyes malas. Por eso desde el seno de la academia denunciamos enérgicamente estas barbaridades.

martes, 16 de diciembre de 2008

REFORMAS POSTERGADAS

JAVIER CORRAL

No sólo la reforma bancaria destinada a abrir la competencia y beneficiar a usuarios de estos servicios fue frenada en la parte final del periodo de sesiones que acaba de concluir en el Congreso federal, sino otras importantes reformas legales que pretendían posibilitar el cumplimiento de la ley electoral en materia de radio y televisión por un lado, así como garantizar el derecho de réplica, por el otro. Fueron atoradas cuando prácticamente todo estaba listo para tener dictámenes que pasaran al pleno para su aprobación.
La información desplegada en varios medios apuntó a presiones ejercidas por Hacienda, bancos y organismos financieros en cuanto a la reforma de la Ley de Instituciones de Crédito y de Protección a los Usuarios de Servicios Financieros, y de las otras reformas se habló de insuficiente consenso, desacuerdos entre bancadas y entre cámaras. Pero quizá lo más importante es desvelar que en los tres casos la acción directa de personeros del duopolio televisivo produjo esos efectos, mediante el cabildeo disuasivo y a través de la pantalla con su manejo amenazador.
Como siempre que está en riesgo alguno de sus intereses comerciales —y en éste caso lo está su Banco Azteca de enfrentar una mayor competencia por virtud de la reforma al artículo 46 bis 1 de la citada ley—, el grupo Salinas echó mano de la televisión que el Estado le ha concesionado para lanzar una campaña de intimidación y persecución a los legisladores que se opusieron a sus pretensiones legislativas. Sí, convirtiendo su red nacional de televisión en una auténtica bayoneta con la que resguarda sus negocios frente al gobierno, y con la que apunta a cualquier competencia futura.
No es insólito que los concesionarios de las dos principales cadenas de televisión actúen de esa manera; en la escalada de su poder han cometido todo tipo de excesos sin conocer la acción del Estado, por eso han dictado acuerdos, circulares y lineamientos al Poder Ejecutivo e intentado imponer sus leyes y reformas en el Poder Legislativo. Detener las que no les gustan es su acción hasta ahora más efectiva. Lo asombroso es que cuenten con una mayoría de legisladores que permite tales abusos.
Por las presiones que el duopolio televisivo ha ejercido de distintas maneras entre senadores —a quienes conoce en sus ambiciones y a otros en sus miedos—, la reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión prácticamente quedó sepultada para esta legislatura; de hecho ya no les permitieron ni culminar con la reforma electoral que tanto publicitaron como parte del valor y dignidad políticas recobradas. Dos días antes de concluir el periodo de sesiones derribaron en el Senado el dictamen de reforma a la ley de radio y tv que buscaba complementar las nuevas disposiciones del Cofipe, en materia de propaganda política, a efecto de obligar con verdaderas sanciones y no con las ridículas multas de ahora, el cumplimiento que de la ley deben hacer los concesionarios.
Moviéndose en ambas cámaras del Congreso, el último día de sesiones, impidieron que pasara al pleno de la Cámara de Diputados —mediante las tradicionales maniobras de último momento del PRI— el dictamen que creaba una nueva ley: la del derecho de réplica. Sobre la que hay cuatro iniciativas, aun cuando el eje principal de la propuesta final es la que presentaron los diputados panistas Rocío Morgan Franco, José Antonio Díaz García y Dora Alicia Martínez Valero; entre otros méritos, por ser la mejor estructurada y la más expedita.
Insertado el año pasado dentro del artículo sexto de la Constitución General de la República, después de 40 años de que México suscribió la Convención Americana de Derechos Humanos que lo definió como consubstancial al ejercicio de la libertad de expresión, el derecho que tienen las personas para responder informaciones que les causen agravio parece que tendrá que esperar hasta el siguiente periodo, o quizá nueva legislatura, para verse reglamentado y por lo tanto se pueda ejercer plenamente. Durante todo el año, los representantes de las televisoras hicieron de su puño y letra varias modificaciones a ese anteproyecto, y aunque aparentemente ya les había dado el visto bueno a los legisladores para legislar, la TvAzteca no quedó convencida del todo con la redacción.
Culminó el periodo legislativo en el que aún se podían intentar reformas importantes y no quisieron hacerse, y es probable que éste sea su desenlace final como legislatura: la omisión como símbolo del intento que no fue. Porque en el balance sobresalen más los vetos de los grupos de interés a reformas necesarias.
La tarea legislativa —de haberse reposicionado en esta última década por la creciente influencia del Congreso dentro de un nuevo equilibrio de poder— está rápidamente cayendo en un desprestigio por la eficacia con la que favorece intereses particulares y la lentitud, o nulidad, con la que atiende el interés público.

lunes, 15 de diciembre de 2008

60 AÑOS DESPUÉS

MIGUEL CARBONELL

Se acaban de cumplir 60 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU. Se trata del instrumento simbólicamente más relevante de todo el planeta en materia de derechos humanos, dada su vocación universal y su carácter innovador en el momento en que fue redactado.
La celebración de este importante aniversario, sin embargo, está plagada de malas noticias, tanto para México como para otros países. Aunque se ha avanzando mucho en la protección de los derechos más básicos de las personas, no podemos ocultar la presencia de espesos nubarrones que impiden su realización completa y que amenazan con generar nuevos retrocesos.
Las condiciones más elementales que aseguran la existencia humana todavía no están aseguradas para un porcentaje importante de la población del mundo. En pleno siglo XXI hay más de 900 millones de personas en situación de subalimentación; cada año nacen 20 millones de niños con insuficiencia de peso; 200 millones de familias tienen que subsistir con ingresos de un dólar diario. Mil millones de personas no tienen acceso a agua potable. Con el 1% de lo que se ha dedicado al rescate financiero en Estados Unidos se podría erradicar el hambre en el mundo.
La discriminación es todavía hoy un fenómeno preocupante y muy extendido. En 70 países del mundo se persigue, incluso penalmente, la homosexualidad. En otras muchas naciones, como en México, simplemente se niega su reconocimiento jurídico, intentando borrar del mapa legislativo lo que muchos califican como una “aberración”. Las mujeres, los migrantes, las personas con discapacidad, los adultos mayores, las minorías religiosas, los indígenas, son todos ellos víctimas cotidianas del menosprecio y de la vulneración de sus derechos solamente por ser quienes son o por no responder a lo que las sociedades consideran “normal” respecto a la conducta de una persona.
Las detenciones arbitrarias y las ejecuciones extrajudiciales se practican en diversas naciones, incluyendo la nuestra. Solamente en la base de Guantánamo han sido encarceladas más de 800 personas, a las cuales no se les ha permitido en muchos casos ni siquiera contar con un abogado. Según informes de distintas ONG’s hay al menos 17 buques de la armada de los Estados Unidos que interrogan y torturan a detenidos en alta mar, lejos de cualquier posible control judicial.
En México las noticias dan cuenta diariamente de ejecuciones por doquier. Terminaremos el año, según la información que proporcionaba EL UNIVERSAL hace unos días, con más de 5000 ejecuciones, la mayoría de las cuales quedarán sin ser investigadas ni desde luego castigadas. La impunidad, que es una violación permanente de los derechos humanos de las víctimas del delito, sigue estando presente en el 98% de los casos.
Los migrantes siguen siendo los parias del siglo XXI. Una humanidad errante cuyos derechos son pisoteados en las puertas de entrada del mundo más desarrollado, pero también en los países periféricos como México, en donde se permiten atrocidades innombrables en contra de quienes ingresan por la frontera sur con el propósito de alcanzar el sueño norteamericano. En el mundo hay, al menos, 200 millones de personas que viven fuera de su país de origen. Hay 10 millones de personas que son apátridas, es decir, que no tienen ninguna nacionalidad. Y otros 10 millones que tienen la calidad de refugiados.
La libertad de expresión tampoco está viviendo su mejor momento. La posibilidad de expresar y comunicar libremente el pensamiento se encuentra apresada entre los grandes intereses de los grupos transnacionales de comunicación y las amenazas constantes de las mafias oficiales y no oficiales que se dedican al narcotráfico, al secuestro, al comercio de armas y a la trata de personas. Los espacios de comunicación se van volviendo cada vez más homogéneos y el pensamiento disidente encuentra menos espacios para hacerse escuchar. A quienes se atreven a informar sobre temas “delicados” se les amenaza o se les elimina físicamente. Los opinadores son silenciados lo mismo en Cuba que en Irak, en Arabia Saudita que en China.
El desempleo y la falta de oportunidades laborales se han disparado durante este año, debido a las condiciones económicas adversas y a la profunda crisis financiera que vivimos desde hace unos meses. El sub-empleo, la precariedad laboral, la discriminación en el trabajo, el acoso, la falta de condiciones salubres, los salarios miserables, son signos permanentes de nuestro tiempo y de nuestro horizonte. 12 millones de personas son esclavizadas laboralmente en el mundo, a veces bajo la tiranía de grupos guerrilleros y a veces a manos de las autoridades. Frente a tales violaciones son escasas las voces que se atreven a levantarse. Lo que está de moda son conceptos como la flexibilidad laboral, la productividad, la responsabilidad. De derechos de los trabajadores ya casi nadie habla.
Lo que podemos ver en el aniversario de la Declaración Universal es un mundo lleno de paradojas y de retos fabulosos. Un mundo que está asistiendo al asalto diario de los valores más elementos de la humanidad. Un mundo que se nos está yendo de las manos. La pregunta importante es cómo responder ante estas tragedias que suceden día tras día, enfrente de nuestras narices. Quizá el primer paso consista en la muy elemental tarea de recordar permanentemente el valor de los derechos humanos. Sin ellos la vida humana carecería de significado y sus más altos valores, como la igualdad, la libertad y la justicia, serían poco menos que promesas vanas e irrealizables. Sin una cultura de los derechos será imposible tomar medidas para comenzar a cambiar una realidad que nos ofende y nos lastima profundamente. Depende de cada uno de nosotros.

LEGISLANDO ELITISMO E IMPUNIDAD

JOHN M. ACKERMAN

La intensa actividad legislativa que marcó el cierre del periodo ordinario del Congreso de la Unión la semana pasada dejó varios pendientes que son sintomáticos de la falta de conducción política del país. Los legisladores se echaron para atrás en la regulación de los bancos, se negaron a adecuar la Ley Federal de Radio y Televisión a las nuevas disposiciones en materia electoral, se rehusaron a aprobar modificaciones que evitarían la utilización política del gasto social y pararon en seco el intento de introducir una versión light del plebiscito y el referendo.
Muchas veces las omisiones dicen más que las acciones, y estas ausencias desnudan la timidez de la coalición gobernante que no se ha atrevido a poner un alto a los poderes fácticos o abrirse a la ciudadanía. La verdadera salida de la triple crisis (política, económica y de seguridad) en que nos encontramos, no podrá venir de la firma de “pactos” y “acuerdos”, sino de una profunda renovación de la clase política, así como de las formas de ejercer el poder público. Lamentablemente, seguimos anclados en la lógica de los acuerdos cupulares, donde el quid pro quo (“el toma y daca”) es la prioridad, mientras los cambios que necesita el país duermen el sueño de los justos.
La reforma que hubiera controlado algunos abusos de los banqueros ni siquiera abordaba el asunto de las comisiones e intereses leoninos que estas instituciones financieras cobran a una ciudadanía cada vez más empobrecida. La nueva ley simplemente se limitaba a “transparentar” estos abusivos cobros, poner límites a las llamadas telefónicas de hostigamiento crediticio y dotar de algunas facultades adicionales de control al gobierno. Aun así, los legisladores no se atrevieron a molestar a los señores del dinero.
Llama la atención el cinismo de Luis Pazos, titular del órgano federal responsable de defender a los usuarios de los bancos, quien en días recientes ha declarado que la posibilidad de establecer topes a las comisiones y a los intereses: “no va a dar resultados, es una posición equivalente a la pena de muerte”. Con este tipo de imposturas, el gobierno federal lleva el fetichismo del capital a su máxima expresión al dotar a los bancos de vida propia.
El próximo paso, quizás, sea inscribir la protección de las instituciones financieras en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que cumplió 60 años precisamente el día de las declaraciones del funcionario.
El hecho de que la Ley Federal de Radio y Televisión todavía no refleja la reforma constitucional en materia electoral pone en riesgo la equidad de las próximas elecciones. Por ejemplo, esta norma aún no regula el nuevo régimen de transmisión de los anuncios de los partidos políticos ni desglosa las sanciones por incumplimiento. Con este boquete legal, los desacatos y los amparos de las televisoras estarán a la orden del día durante 2009, actitud que rápidamente podría provocar una crisis equivalente o peor a la de 2006.
Con respecto a la utilización de los programas sociales para fines políticos, tanto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo lo han señalado como un grave riesgo para la democracia en el país. En abril pasado, el senador Graco Ramírez presentó una iniciativa que hubiera implicado un paso definitivo en la materia al prohibir la designación de políticos como delegados de la Secretaría de Desarrollo Social en las entidades federativas, así como incluir explícitamente en la Ley Federal de Responsabilidades la prohibición a la compra y coacción del voto.
Ante la falta de una ley reglamentaria de las nuevas disposiciones del artículo 134 constitucional que prohíben la propaganda gubernamental personalizada, esta iniciativa por lo menos hubiera ayudado a limitar la intervención gubernamental en el proceso electoral de 2009. Sin embargo, los senadores simplemente se negaron a dictaminar una edulcorada versión de esta iniciativa de ley.
En materia de plebiscito y referendo llama la atención lo limitado del alcance del dictamen aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados el pasado 4 de diciembre. Totalmente fuera quedaron las figuras de iniciativa popular y revocación de mandato.
Asimismo, el nuevo texto del artículo 26 de la Carta Magna dejaría exclusivamente en manos del jefe del Ejecutivo federal la facultad de convocar a un plebiscito. Para ser efectivos, estos instrumentos de democracia directa deberían ser convocados y dirigidos por la misma ciudadanía. De lo contrario, corren el riesgo de convertirse en otra vía para la manipulación en lugar de alentar la participación ciudadana. Sin embargo, el PAN y el PRI ni siquiera estuvieron dispuestos a aprobar en el pleno esta versión sumamente light de la reforma.
En el complicado año de crisis económica y competencia electoral que se avecina, lo más probable es que todas estas iniciativas, así como la nueva Ley Federal de Transparencia, sigan brillando por su ausencia. Permaneceremos, como siempre, viviendo bajo el signo del elitismo y la impunidad.

LA METRALLETA

DENISE DRESSER

Oiga usted. Sí, usted, ciudadano y consumidor mexicano. Quizás no esté al tanto de lo que acaba de suceder en el Senado de la República, y que afecta de mala manera a millones de personas. Quizás sólo sepa que en los últimos días quedó congelada la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito cuyo objetivo -supuestamente- era “frenar los abusos” que cometen los bancos y fomentar la competencia en el sector financiero. Quizás piense que no se aprobó debido al berrinche de los diputados que se opusieron a la iniciativa enviada por los senadores. Pero hay una razón mucho más importante y mucho más perversa. La reforma no prosperó porque Ricardo Salinas Pliego y su cabildero en el Senado -el senador Jorge Mendoza- buscaron manipularla. La reforma fue pospuesta porque corría en contra de los intereses de Banco Azteca y, por ende, de TV Azteca. La reforma fracasó porque quien controla la pantalla de televisión puede controlar los vericuetos del proceso legislativo. Si antes de la reforma electoral las televisoras se habían vuelto una pistola en la sien de la clase política, ahora se han convertido en metralleta.
Sí, una metralleta que usan para acribillar a sus adversarios, intimidar a sus críticos, someter senadores, cancelar carreras políticas. El jueves pasado, en el noticiero Hechos de Javier Alatorre el nuevo blanco fue Jorge Estefan Chidiac, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Aquí le presento frases selectas de lo que se dijo: “Se cae la propuesta de reformas en defensa de los usuarios de servicios bancarios”. “Para los usuarios de la banca esta Navidad será muy amarga, tal vez la peor y es que cuando por fin los diputados y los senadores habían aprobado reformas que lo protegían a usted en contra de los abusos de algunos bancos, hoy todo, absolutamente todo se vino abajo”. “Y todo gracias a este legislador (…) del PRI (…) que impidió que sus compañeros de partido (…) cumplieran con el trámite y desahogaran el paquete de reformas”. “Jorge Estefan Chidiac lo condenó a usted, a su familia y a su bolsillo a seguir siendo víctima de los abusos de muchos bancos”.
La manipulación de TV Azteca no es novedosa, pero no por ello deja de ser espeluznante. Lincha a un legislador, y tergiversa la información para que usted crea que Chidiac frenó la iniciativa más fantástica sobre la faz del planeta. Pero la realidad es muy distinta: Chidiac y los diputados intervinieron cuando se dieron cuenta de lo que el Senado quería hacer; de lo que Salinas Pliego fue capaz de obtener; aquello que los senadores estaban a punto de sacrificar con tal de congraciarse con él. Porque entre muchas cosas buenas que usted -lector o lectora- debe aplaudir, la iniciativa ahora congelada contenía un elemento muy nocivo que lo afecta. El proyecto de ley que TV Azteca tanto aplaudía colocaba una serie de candados sobre los llamados “corresponsales bancarios” para limitar su expansión. La propuesta que TV Azteca tanto alababa hacía más difícil que empresas como Wal-Mart, Banca Coppel, Famsa y Compartamos pudieran ofrecer servicios bancarios en lugares donde los bancos establecidos no tienen sucursales. La reforma que TV Azteca tanto presumía frenaba la competencia para instituciones como Banco Azteca y otros bancos dominantes. De haberse aprobado, usted se hubiera visto obligado a conformarse con la estructura bancaria existente: oligopolizada, concentrada, abusiva precisamente porque le falta competencia.
Quizás usted se preguntará por qué no sólo los senadores sino también muchos comentaristas financieros han adoptado una posición similar a la de TV Azteca y Ricardo Salinas Pliego. Yo le pediría que hiciera un ejercicio muy revelador: que comparara las columnas escritas sobre este tema por los 10 columnistas financieros más influyentes del país durante los últimos días. Allí se encontrará usted con un fenómeno preocupante: párrafos enteros que se repiten, casi palabra por palabra. Párrafos idénticos donde se critica la propuesta de los “corresponsales bancarios”, donde se denuesta a Agustín Carstens, donde se cuestiona a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, donde se embiste a la Comisión Federal de Competencia, donde se dice que actúan para “promover a Wal-Mart”. Párrafos que revelan a columnistas copiando y diseminando los mismos argumentos que machaca TV Azteca, noche tras noche. Párrafos que ponen en tela de juicio la integridad editorial, la independencia periodística, el profesionalismo que usted tiene derecho a exigir.
Le pediría que recordara la forma en la cual fue aprobada la llamada “Ley Televisa”. El poder de chantaje que ese proceso evidenció. La capacidad de sometimiento legislativo a los intereses de las televisoras que ese episodio reveló. Pues usted está presenciando algo similar en la negociación de la ley que regula el comportamiento de los bancos. El mismo poder de veto, la misma capacidad de presión, la misma postura de los oligopolios que buscan preservar el modelo existente. El problema es que ese modelo -que TV Azteca defiende- no lo beneficia a usted. A usted le convendría un modelo de servicios financieros donde los bancos cobraran poco a muchos en vez de cobrar mucho a pocos, como ocurre hoy. A usted le ayudaría hacer depósitos y pagar servicios en “corresponsales bancarios”, en lugar de verse limitado a hacerlo en las sucursales de los grandes bancos, como ocurre hoy. A usted le favorecería tener muchas opciones, en vez de unas cuantas. Porque los mercados concentrados generan operadores abusivos, como usted bien lo sabe cada vez que paga una comisión relacionada con su cuenta.
La Cámara de Diputados entendió el veto que Ricardo Salinas Pliego intentaba imponer, y logró obstaculizarlo temporalmente. Pero la iniciativa será retomada en febrero y las presiones para doblegar a los diputados no se harán esperar. Peor aún: arranca la temporada electoral y de cara a la elección intermedia del 2009, muchos buscarán protegerse de la ráfagas de un arma letal. Mimetizarán a Manlio Fabio Beltrones que, en aras de quedar bien, promete prorrogar concesiones a perpetuidad. Imitarán a Enrique Peña Nieto que, en busca de la candidatura presidencial, paga sumas multimillonarias para aparecer en la pantalla. Emularán a Marcelo Ebrard que, para posicionarse electoralmente, hornea galletas y canaliza el 90 por ciento de los recursos de comunicación del gobierno del Distrito Federal a la televisión. Nadie quiere ser el siguiente Santiago Creel, el próximo Jorge Estefan Chidiac, el nuevo blanco de una metralleta que obliga a personas como usted a vivir en un país tan mal gobernado.