MIGUEL CARBONELLA los políticos mexicanos les encanta organizar aparatosos eventos en los que se abrazan y se toman la foto. Cualquier pretexto es bueno para hacer grandes declaraciones y salir en la tele. Luego pretenden olvidarse de lo que prometen en sus discursos y proclamas. El deber de los medios de comunicación y de los intelectuales es recordar sus compromisos y exigir que los cumplan.
Así lo establece expresamente el texto del “Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad” que firmaron muchos y muy importantes funcionarios públicos el pasado 21 de agosto en Palacio Nacional. Se trataba de la respuesta de los poderes públicos a la sensación de ahogo que tenía la sociedad como resultado, entre otros, del cobarde secuestro y asesinato de Fernando Martí.
El acuerdo se integra por más de 70 compromisos y tareas a cargo de los poderes federales, estatales, municipales y del Distrito Federal. Cada uno de ellos se acompaña con la precisión del tiempo necesario para realizarlos. Los de más corto periodo de realización vencieron el 21 de noviembre, exactamente al cumplirse los tres meses de la firma del acuerdo.
A pesar de los anuncios oficiales, lo cierto es que difícilmente pueden considerarse cumplidos al cien por ciento. El acuerdo establecía que durante sus tres primeros meses de vigencia se debía contar, por ejemplo, con un sistema fortalecido de denuncias para que la sociedad civil pudiera señalar a los funcionarios públicos corruptos que se desempeñan en las agencias federales de seguridad y procuración de justicia, creando mecanismos de supervisión ciudadana para tal efecto. También se señalaba la obligación de revisar las licencias colectivas de portación de armas, a fin de que las fuerzas del orden pudieran estar en condiciones materiales de repeler las agresiones de la criminalidad organizada. Otro tema del acuerdo que vencía el pasado 21 de noviembre fue el de organizar campañas de difusión de la cultura de la legalidad en las que se incentivaran la prevención del delito y la denuncia ciudadana. El acuerdo se refiere a la creación de un observatorio ciudadano que vigile su seguimiento, así como el establecimiento de indicadores de evaluación, los cuales deberán ser creados en todas y cada una de las entidades federativas para medir el desempeño de las instituciones policiacas y de procuración de justicia.
Estos son algunos de los compromisos asumidos públicamente en el mes de agosto pasado. Hemos escuchado docenas de discursos sobre ellos, pero lo cierto es que se ha avanzado muy poco. Dentro de unas semanas seguirán feneciendo los plazos para los demás retos contemplados en el acuerdo. Cuestiones tan básicas como la creación de un modelo nacional de control de confianza y de evaluación para policías, la conformación de unidades especializadas para combatir el secuestro, la cobertura única a nivel nacional del número de emergencia 066 y del número para denuncias anónimas 089, tendrán que ser afinadas por las autoridades competentes y la opinión pública tendrá que exigir cuentas sobre su funcionamiento.
Los legisladores también tienen que hacer su parte, emitiendo la legislación secundaria que se necesita para que siga su camino la gran reforma penal que se le hizo a nuestra Constitución apenas en el mes de junio pasado. Para tal efecto será necesario adecuar el código federal de procedimientos penales, la ley orgánica de la PGR, el código penal federal, la legislación que regula a los cuerpos policiacos federales, la ley de amparo, etcétera. Y algo muy parecido deberá hacerse en cada una de las 32 entidades federativas. Además, el acuerdo prevé la existencia de una Ley General del Delito de Secuestro y una Ley de Ejecución de Sanciones Penales que tendrán que ser discutidas y aprobadas por el Congreso de la Unión.
Quizá haya sido el Poder Judicial Federal el que más en serio se ha tomado los compromisos del acuerdo. Sus autoridades han venido realizando reuniones periódicas con representantes de la sociedad civil y les han informado de manera muy puntual sobre lo que a ellas les corresponde. Ya están trabajando los jueces de control, ya se centralizaron los procesos por delincuencia organizada en las entidades federativas que cuentan con penales de alta seguridad para evitar el peligroso traslado de reos, ya se ha modernizado el proceso de recolección de testimonios y confesiones (a través de la videoconferencia), se está trabajando en una mayor transparencia de los tribunales colegiados y así sucesivamente.
No pueden los jueces federales cantar victoria, pero están poniendo el ejemplo a los demás poderes y merecen el reconocimiento debido. Les falta mejorar la capacitación de jueces penales y contar con estadísticas más acuciosas y útiles para medir su desempeño (no las puramente formales con que se cuenta en la actualidad), entre otras cuestiones.
Tanto la reforma constitucional de junio, como el acuerdo nacional suponen un marco de exigencia suficientemente preciso para que podamos observar el desempeño de nuestras autoridades. Habrá que hacerlo y denunciar a las que no cumplan con su trabajo, exigiéndoles, como dijo Alejandro Martí, que si no pueden renuncien.
Así lo establece expresamente el texto del “Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad” que firmaron muchos y muy importantes funcionarios públicos el pasado 21 de agosto en Palacio Nacional. Se trataba de la respuesta de los poderes públicos a la sensación de ahogo que tenía la sociedad como resultado, entre otros, del cobarde secuestro y asesinato de Fernando Martí.
El acuerdo se integra por más de 70 compromisos y tareas a cargo de los poderes federales, estatales, municipales y del Distrito Federal. Cada uno de ellos se acompaña con la precisión del tiempo necesario para realizarlos. Los de más corto periodo de realización vencieron el 21 de noviembre, exactamente al cumplirse los tres meses de la firma del acuerdo.
A pesar de los anuncios oficiales, lo cierto es que difícilmente pueden considerarse cumplidos al cien por ciento. El acuerdo establecía que durante sus tres primeros meses de vigencia se debía contar, por ejemplo, con un sistema fortalecido de denuncias para que la sociedad civil pudiera señalar a los funcionarios públicos corruptos que se desempeñan en las agencias federales de seguridad y procuración de justicia, creando mecanismos de supervisión ciudadana para tal efecto. También se señalaba la obligación de revisar las licencias colectivas de portación de armas, a fin de que las fuerzas del orden pudieran estar en condiciones materiales de repeler las agresiones de la criminalidad organizada. Otro tema del acuerdo que vencía el pasado 21 de noviembre fue el de organizar campañas de difusión de la cultura de la legalidad en las que se incentivaran la prevención del delito y la denuncia ciudadana. El acuerdo se refiere a la creación de un observatorio ciudadano que vigile su seguimiento, así como el establecimiento de indicadores de evaluación, los cuales deberán ser creados en todas y cada una de las entidades federativas para medir el desempeño de las instituciones policiacas y de procuración de justicia.
Estos son algunos de los compromisos asumidos públicamente en el mes de agosto pasado. Hemos escuchado docenas de discursos sobre ellos, pero lo cierto es que se ha avanzado muy poco. Dentro de unas semanas seguirán feneciendo los plazos para los demás retos contemplados en el acuerdo. Cuestiones tan básicas como la creación de un modelo nacional de control de confianza y de evaluación para policías, la conformación de unidades especializadas para combatir el secuestro, la cobertura única a nivel nacional del número de emergencia 066 y del número para denuncias anónimas 089, tendrán que ser afinadas por las autoridades competentes y la opinión pública tendrá que exigir cuentas sobre su funcionamiento.
Los legisladores también tienen que hacer su parte, emitiendo la legislación secundaria que se necesita para que siga su camino la gran reforma penal que se le hizo a nuestra Constitución apenas en el mes de junio pasado. Para tal efecto será necesario adecuar el código federal de procedimientos penales, la ley orgánica de la PGR, el código penal federal, la legislación que regula a los cuerpos policiacos federales, la ley de amparo, etcétera. Y algo muy parecido deberá hacerse en cada una de las 32 entidades federativas. Además, el acuerdo prevé la existencia de una Ley General del Delito de Secuestro y una Ley de Ejecución de Sanciones Penales que tendrán que ser discutidas y aprobadas por el Congreso de la Unión.
Quizá haya sido el Poder Judicial Federal el que más en serio se ha tomado los compromisos del acuerdo. Sus autoridades han venido realizando reuniones periódicas con representantes de la sociedad civil y les han informado de manera muy puntual sobre lo que a ellas les corresponde. Ya están trabajando los jueces de control, ya se centralizaron los procesos por delincuencia organizada en las entidades federativas que cuentan con penales de alta seguridad para evitar el peligroso traslado de reos, ya se ha modernizado el proceso de recolección de testimonios y confesiones (a través de la videoconferencia), se está trabajando en una mayor transparencia de los tribunales colegiados y así sucesivamente.
No pueden los jueces federales cantar victoria, pero están poniendo el ejemplo a los demás poderes y merecen el reconocimiento debido. Les falta mejorar la capacitación de jueces penales y contar con estadísticas más acuciosas y útiles para medir su desempeño (no las puramente formales con que se cuenta en la actualidad), entre otras cuestiones.
Tanto la reforma constitucional de junio, como el acuerdo nacional suponen un marco de exigencia suficientemente preciso para que podamos observar el desempeño de nuestras autoridades. Habrá que hacerlo y denunciar a las que no cumplan con su trabajo, exigiéndoles, como dijo Alejandro Martí, que si no pueden renuncien.
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