lunes, 1 de diciembre de 2008

100 DÍAS

ERNESTO VILLANUEVA

Han pasado los 100 días, fecha fatal en la cual se habrían de ver resultados excepcionales en materia de seguridad pública. Las cosas en realidad, como todo mundo sabe, van de mal en peor y no se sabe a ciencia cierta qué puede pasar en este terreno. Veamos.Primero. El Acuerdo Nacional no es un punto de partida, sino simple y sencillamente un mecanismo adicional de coordinación entre Federación, Estados y Municipios. Todos los Gobiernos tienen la obligación primaria por mandato constitucional y legal de mantener el marco para la convivencia pacífica de las personas en sociedad. Es uno de los puntos básicos que explican la existencia del Estado. De nueva cuenta conviene recordar que los culpables del estado de cosas actual no son los cárteles de las drogas o las organizaciones criminales de cualquier tipo, sino única y exclusivamente el Gobierno que ha incumplido sus obligaciones a que la ley le obliga. Es obvio que los cárteles no tienen ningún deber de proteger el bienestar de los gobernados habida cuenta que sus actividades se realizan fuera de la ley. Segundo. Destacan en este escenario los reiterados "spots" de radio y televisión donde el Gobierno federal intenta mostrar a los gobernados que la lucha contra el crimen organizado está arrojando frutos positivos. La estrategia mercadotécnica hace agua porque no toma en cuenta un principio básico publicitario, de acuerdo al cual la realidad inmediata de las personas no puede ser transformada por mensajes contrarios a la percepción de hechos domésticos. Quizá si la campaña fuera de cómo se está ganando la batalla contra el Sida en Nigeria podría influir en la opinión pública mexicana, por lo alejado de ese país. Pero aquí no es el caso. Los ejemplos de delitos de alto impacto son cosa cotidiana. Por otra parte, se puede ver también lo acotado de la estrategia gubernamental en la medida en que ofrece mensajes de hechos concretos (la detención de narcotraficantes o el decomiso de un número determinado de armas) como si de una tendencia se tratara. Los mensajes publicitarios, en suma, carecen de la metodología mínima de comparabilidad para poder saber cuál es la situación razonablemente de la realidad en este campo. Por si lo anterior fuera poco, habría que recordar que los "spots" publicitarios son pagados con cargo al bolsillo de los ciudadanos, donde de manera paradójica los contribuyentes pagan más para saber menos.Tercero. Se sabe que para el presupuesto de egresos 2009 se ha destinado un aumento sustantivo a las tareas de seguridad pública. Este dato también es objeto de "spots" publicitarios del Gobierno federal. No se sabe qué es lo que se festeja. Quizá se requiera efectivamente de más recursos. El grave problema es que no hay datos que permitan pensar que con más dinero las cosas se van a hacer mejor de lo que ahora se lleva a cabo sin ningún resultado medible. Reconozco que en materia de transparencia y rendición de cuentas la seguridad pública requiere de mayores elementos de ponderación entre el acceso del público a la información y la necesaria secrecía que la eficacia de las labores policiales requiere. Pero no se trata de blanco o negro Las áreas de seguridad no deben ser ajenas al escrutinio público. Menos todavía se puede hacer un acto de fe en que ojalá con más recursos públicos las cosas mejoren. Un buen ejemplo de esa rendición de cuentas inicial es la actitud de la Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana que ha tomado en cuenta los denominados exámenes de confianza hechos a sus elementos y con base en ellos ha dado de baja a más de 170 elementos de 450 examinados, lo que en otra circunstancia hubiera resultado imposible por el cumplimiento de la vieja conseja que dice que "el único pecado que no se perdona es la falta de complicidad". De igual forma se ha reformado el sistema de reclutación de personal eliminando la academia de policía local para hacer una a nivel estatal con datos homologados a nivel nacional. Y otras cosas más susceptibles de ser comparadas. Se trata de un buen principio que permite gradualmente evaluar el trabajo policial y sus vinculaciones en mayor o menor medida con los delincuentes. Los inexistentes tejidos de credibilidad social en las áreas de seguridad difícilmente podrán ser reconstruidos si no se lleva a cabo un proceso transparente de las reglas del juego explicadas a la comunidad de manera racional.

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