lunes, 1 de diciembre de 2008

REORIENTAR LA ESTRATEGIA

RAÚL CARRANCÁ Y RIVAS

Son varias las voces que han manifestado un urgente cambio de estrategia en la política del gobierno en su lucha contra la delincuencia organizada y el narcotráfico. Se trata de los más destacados líderes de los sectores empresarial, educativo y religioso del estado de Chihuahua, incluido el gobernador; del secretario de la mesa directiva de la Cámara de Diputados al Congreso de la Unión; y del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Senadores, que cuestiona directamente la reforma (constitucional) en materia de seguridad y justicia porque considera que es "errónea la decisión del Gobierno federal de no entender que la propuesta presidencial no suma el consenso de las fuerzas políticas". Ni tampoco de las jurídicas del país, si es que se puede hablar de esa clase de fuerzas, en las que están presentes el foro, la academia y muy destacados representantes de los poderes judiciales federal y locales. Lo que pasa es que es muy entendible y explicable la preocupación de los senadores de que no se afecten las garantías individuales de los habitantes y estantes en la República. Yo comparto plenamente con ellos el señalamiento de que "los proyectos legislativos del gobierno contienen carencias y omisiones técnicas francamente muy serias", lo cual he venido diciendo de manera reiterada en diferentes foros principalmente académicos. En efecto, es una estrategia equivocada la del gobierno. Lo que en México se constata hasta la fecha, y faltan tres días para que se cumpla el plazo de los cien en que se rendirán cuentas, son matanzas cotidianas, filtraciones del crimen en las altas esferas del poder político y administrativo, desgaste del ejército en una función que en rigor no le corresponde, relativo éxito en los juicios orales como por ejemplo en Morelos, críticas negativas y severas del Presidente de la República al Poder Judicial, al que no obstante el gobierno entrega el instrumento de una reforma constitucional sobre seguridad y justicia plagada de graves errores y pocos aciertos. Y es que no es exacto lo que un vocero conspicuo del gobierno ha declarado, a saber, que es necesario un nuevo marco jurídico para las nuevas necesidades del país, por lo que es indispensable implementar las recientes reformas constitucionales en materia de seguridad y justicia (en realidad reformas en materia penal). Yo sostengo que el problema no es de leyes, ni de acrecentamiento cuantitativo de penas, ni mucho menos de adoptar la pena de muerte o la prisión perpetua. No hay nuevas necesidades en el sentido en que se las quiere ver. Son las de siempre aunque con distintas modalidades de la delincuencia, y es un gravísimo error modificar o alterar la Constitución ante cada sorpresiva e inesperada modalidad. Nuestras fórmulas generales de Derecho positivo, con la Constitución al frente, son para combatir el delito en sus varios aspectos y características singulares. En tal virtud el marco legal que tenemos, el sistema jurídico, siguen sirviendo, lo que no significa que no se deban hacer algunas modificaciones pero nunca de fondo con que se viole el contenido substancial de la Carta Magna.Retomo de nueva cuenta la idea de que la propuesta presidencial de la especie no suma el consenso de las fuerzas políticas ni tampoco el de las fuerzas jurídicas de México. En consecuencia hay que reorientar la estrategia, no precipitarse y convocar con la mayor seriedad a esas fuerzas al margen de cenáculos, ostentaciones alharaquientas y corpúsculos de faccioso o supuesto poder. Lo mejor que puede hacer un estadista o quien se dice tal es reconocer sus equivocaciones, salvo que se suponga que se es dueño absoluto de la verdad. Si ha sido mal aconsejado, si se ha confundido, o si ignora como simple humano que es la verdadera dimensión de un asunto o de un problema (¿quién lo sabe todo?), rectificar tiene entonces incluso el toque de lo grandioso (grandiosidad que asusta a los débiles). Es lo menos que un gobernante le debe a su pueblo

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