JOHN M. ACKERMANLos organismos electorales del país terminan el año igual de deslegitimados, débiles y parciales que como lo iniciaron. A comienzos de 2008 anhelábamos construir una nueva institucionalidad democrática a partir de la histórica reforma electoral y la renovación del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE). Sin embargo, a unas cuantas semanas del inicio de las precampañas de 2009, ahora tenemos ante nosotros un IFE y un Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) doblegados a los partidos políticos y los poderes fácticos.
Durante todo el año que hoy ve su ocaso, los consejeros y magistrados electorales fueron preparando el terreno para que la señora impunidad camine con paso firme.
Sus resoluciones respecto a los 281 mil espots huérfanos, los anuncios del Consejo Coordinador Empresarial y las elecciones internas del Partido de la Revolución Democrática, así como la impericia en la investigación del financiamiento de las campañas de 2006, constituyen una inconfundible muestra de que los actores políticos no serán sancionados por violar la ley durante 2009.
Las más recientes resoluciones que ambas instituciones han generado no hacen más que ratificar su alta tolerancia a la ilegalidad.
El pasado 22 de diciembre, el IFE se deshizo de golpe de 374 quejas en una sola sesión. Desesperados por irse ya de vacaciones, los consejeros dedicaron un promedio de 1.6 minutos por asunto para “analizar” cada querella y no emitieron una sola sanción. Así, de nueva cuenta exculparon a Vicente Fox por su intervención en las elecciones de 2006 y desecharon casi todas las quejas interpuestas contra servidores públicos por personalizar la propaganda institucional en violación al artículo 134 constitucional. El carpetazo fue un gran regalo de navidad con todo y moño para la clase política de parte de la autoridad electoral.
En la misma sesión, los consejeros electorales no se atrevieron a aprobar los necesarios cambios al reglamento de fiscalización que hubieran facilitado el blindaje contra el narcotráfico. También se quedaron en el tintero los nuevos reglamentos para prevenir la utilización de recursos públicos en las campañas, así como para regular el contenido de los mensajes de los candidatos.
Todas estas imperdonables omisiones se justificaron bajo el argumento de que no alcanzaba el tiempo para su análisis. Pero habría que recordarles a nuestros funcionarios electorales que la ley señala sin titubeos que durante el proceso electoral, iniciado desde octubre pasado, absolutamente todos los días y horas son hábiles. Los consejeros, por lo tanto, no tendrían por qué descuidar sus obligaciones constitucionales con tal de irse unos días a la playa.
Por su parte, los magistrados del TEPJF en lugar de irse de vacaciones se quedaron en el Distrito Federal para inaugurar el puente a la impunidad que cuidadosamente han venido construyendo a lo largo del año. Para ponerse a tono con las ofertas de temporada, el pasado 26 de diciembre los magistrados nos ofrecieron su propio “dos por uno” al validar las elecciones municipales de Acapulco, y simultáneamente, perdonarle a Tv Azteca la multa de 5.2 millones de pesos a que se había hecho acreedora por haberse negado a transmitir los mensajes de los partidos políticos.
En el caso de Acapulco, tal como ocurrió con la calificación de la elección presidencial de 2006 y con la resolución de las elecciones internas del PRD, los magistrados mostraron su pasividad al negarse a investigar a fondo y ponderar los alegatos de la parte acusadora. Así, de nuevo negaron la “determinancia” de las irregularidades sin ir más allá de los documentos que se encontraban “en el expediente”. La nueva “causal abstracta de validez”, que ya hemos analizado en estas páginas (La Jornada, 17 de noviembre), va tomando forma.
En el caso de Tv Azteca, a los magistrados simplemente les inundó el espíritu navideño al obsequiar a Ricardo Salinas un jugoso presente de fin de año. “Todos estamos de acuerdo que es una sanción excesiva, toda vez que se va al máximo, siendo que se incumple con esta obligación en una primera ocasión”, explicó la presidenta del TEPJF, María del Carmen Alanís.
Pero la generosidad confunde a la magistrada, ya que la violación de la televisora fue sistemática y recurrente, no simplemente “una primera ocasión”. Durante los dos meses de incumplimiento, la televisora se negó en por lo menos tres ocasiones a recibir los anuncios. Asimismo, la sanción del IFE no “se va al máximo”, ya que una multa es apenas una de las primeras herramientas al alcance de la autoridad electoral. En caso de reincidencia, el IFE podría ordenar la suspensión del tiempo comercializable e incluso pedir a las autoridades correspondientes la cancelación de la concesión de un medio de comunicación. Una multa es simplemente una de las primeras medidas que la autoridad electoral tiene a su alcance.
Parece que cómo tantas otras veces en la historia de México, el pueblo mexicano de nueva cuenta tendrá que ser el encargado de encontrar una salida a la crisis política, económica y social que caracterizará el próximo año, pues las autoridades electorales y los dirigentes políticos brillan por su ausencia, como esferitas de navidad.
Durante todo el año que hoy ve su ocaso, los consejeros y magistrados electorales fueron preparando el terreno para que la señora impunidad camine con paso firme.
Sus resoluciones respecto a los 281 mil espots huérfanos, los anuncios del Consejo Coordinador Empresarial y las elecciones internas del Partido de la Revolución Democrática, así como la impericia en la investigación del financiamiento de las campañas de 2006, constituyen una inconfundible muestra de que los actores políticos no serán sancionados por violar la ley durante 2009.
Las más recientes resoluciones que ambas instituciones han generado no hacen más que ratificar su alta tolerancia a la ilegalidad.
El pasado 22 de diciembre, el IFE se deshizo de golpe de 374 quejas en una sola sesión. Desesperados por irse ya de vacaciones, los consejeros dedicaron un promedio de 1.6 minutos por asunto para “analizar” cada querella y no emitieron una sola sanción. Así, de nueva cuenta exculparon a Vicente Fox por su intervención en las elecciones de 2006 y desecharon casi todas las quejas interpuestas contra servidores públicos por personalizar la propaganda institucional en violación al artículo 134 constitucional. El carpetazo fue un gran regalo de navidad con todo y moño para la clase política de parte de la autoridad electoral.
En la misma sesión, los consejeros electorales no se atrevieron a aprobar los necesarios cambios al reglamento de fiscalización que hubieran facilitado el blindaje contra el narcotráfico. También se quedaron en el tintero los nuevos reglamentos para prevenir la utilización de recursos públicos en las campañas, así como para regular el contenido de los mensajes de los candidatos.
Todas estas imperdonables omisiones se justificaron bajo el argumento de que no alcanzaba el tiempo para su análisis. Pero habría que recordarles a nuestros funcionarios electorales que la ley señala sin titubeos que durante el proceso electoral, iniciado desde octubre pasado, absolutamente todos los días y horas son hábiles. Los consejeros, por lo tanto, no tendrían por qué descuidar sus obligaciones constitucionales con tal de irse unos días a la playa.
Por su parte, los magistrados del TEPJF en lugar de irse de vacaciones se quedaron en el Distrito Federal para inaugurar el puente a la impunidad que cuidadosamente han venido construyendo a lo largo del año. Para ponerse a tono con las ofertas de temporada, el pasado 26 de diciembre los magistrados nos ofrecieron su propio “dos por uno” al validar las elecciones municipales de Acapulco, y simultáneamente, perdonarle a Tv Azteca la multa de 5.2 millones de pesos a que se había hecho acreedora por haberse negado a transmitir los mensajes de los partidos políticos.
En el caso de Acapulco, tal como ocurrió con la calificación de la elección presidencial de 2006 y con la resolución de las elecciones internas del PRD, los magistrados mostraron su pasividad al negarse a investigar a fondo y ponderar los alegatos de la parte acusadora. Así, de nuevo negaron la “determinancia” de las irregularidades sin ir más allá de los documentos que se encontraban “en el expediente”. La nueva “causal abstracta de validez”, que ya hemos analizado en estas páginas (La Jornada, 17 de noviembre), va tomando forma.
En el caso de Tv Azteca, a los magistrados simplemente les inundó el espíritu navideño al obsequiar a Ricardo Salinas un jugoso presente de fin de año. “Todos estamos de acuerdo que es una sanción excesiva, toda vez que se va al máximo, siendo que se incumple con esta obligación en una primera ocasión”, explicó la presidenta del TEPJF, María del Carmen Alanís.
Pero la generosidad confunde a la magistrada, ya que la violación de la televisora fue sistemática y recurrente, no simplemente “una primera ocasión”. Durante los dos meses de incumplimiento, la televisora se negó en por lo menos tres ocasiones a recibir los anuncios. Asimismo, la sanción del IFE no “se va al máximo”, ya que una multa es apenas una de las primeras herramientas al alcance de la autoridad electoral. En caso de reincidencia, el IFE podría ordenar la suspensión del tiempo comercializable e incluso pedir a las autoridades correspondientes la cancelación de la concesión de un medio de comunicación. Una multa es simplemente una de las primeras medidas que la autoridad electoral tiene a su alcance.
Parece que cómo tantas otras veces en la historia de México, el pueblo mexicano de nueva cuenta tendrá que ser el encargado de encontrar una salida a la crisis política, económica y social que caracterizará el próximo año, pues las autoridades electorales y los dirigentes políticos brillan por su ausencia, como esferitas de navidad.
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