PEDRO SALAZAR UGARTELa abolición de la pena de muerte ha sido un símbolo civilizatorio, una prueba de modernidad ilustrada. Lo que reposa detrás de esa decisión es la convicción profunda de que la dignidad humana —de todas las personas, incluso de los delincuentes más despiadados— está por encima de las pulsiones primitivas que nos inclinan a la violencia y a la venganza. No es baladí que la enorme mayoría de las democracias constitucionales contemporáneas hayan caminado en esa dirección.
La Unión Europea es el modelo emblemático: el Coliseo romano, arena que fue testigo de ejecuciones y masacres, por decisión de los estados europeos, en nuestros días, se viste de colores las noches en las que, en algún lugar del planeta, se decide suspender la ejecución de un condenado. En el extremo opuesto está el salvaje primitivismo que, inspirado en la Ley del Talión, conduce a ciertos países, sobre todo de tradición islámica, a lapidar personas, ahorcar adolescentes, cercenar cuerpos. ¿Hacia dónde queremos mirar los mexicanos?
La demagogia casi siempre es peligrosa: inflama los ánimos, confunde a las personas, engaña simulando. Pero lo es aún más cuando explota el miedo de una sociedad azotada por una ola de criminalidad sin precedentes. La campaña del —así llamado— Partido Verde Ecologista ya era preocupante: una organización política que explota el desconcierto mediante una falacia infame: “Porque defendemos la vida, proponemos la muerte”. Pero lo del gobierno de Coahuila y el priísmo —por el momento— local debe despertar nuestra indignación y, sobre todo, movilizar nuestras conciencias.
Lo que ha hecho el gobernador Humberto Moreira, con el obsequio de los legisladores de su partido, es irresponsable y peligroso: aprovechar el temor ciudadano, apelando a los instintos y no a la razón de las personas, para posicionarse políticamente con una propuesta que, para colmo, es jurídicamente inviable. No encuentro otra manera más cobarde para esquivar la responsabilidad incumplida de brindar seguridad a sus gobernados.
La propuesta de Moreira es inviable porque, venturosamente, en el sistema internacional de los derechos humanos tienen vigencia dos principios fundamentales: el de progresividad y el de no regresividad.
En su conjunto estos principios estipulan un mandato claro y contundente: en el ámbito de los derechos fundamentales —¿alguien duda que la vida humana sea uno de ellos?—, los estados tienen la obligación de adoptar medidas legislativas que tengan como única finalidad ampliar las garantías de los mismos. So pena de abandonar el grupo de los países democráticos, entonces, está proscrito aprobar reformas constitucionales o legales regresivas, reaccionarias. Cuando el Estado mexicano, en 2005, con el respaldo de todos los partidos políticos (¡412 votos a favor y ninguno en contra en la Cámara de Diputados!), decidió reformar los artículos 14 y 22 de la Constitución para expulsar de esa norma —y, con ello, de todo el ordenamiento jurídico mexicano, ya que cualquier reforma legal en sentido contrario sería inconstitucional— la posibilidad de aplicar la pena de muerte en el país dio, por decirlo de alguna manera, un paso progresista sin retorno. Materializó, para decirlo con Bobbio, el “giro copernicano” que separa a la modernidad de los derechos del mundo premoderno.
La objeción a la pena de muerte no es una posición de humanistas ingenuos. Es una postura congruente con el paradigma del constitucionalismo democrático que, de paso, tiene un sustento práctico: todas las estadísticas serias indican que la medida no sirve para disminuir los índices delictivos. Y, según entiendo, eso es lo que todos queremos: ¿o alguien promueve la venganza como fin último? Quizá no faltará el personaje que prefiera sumar muertes a los muertos y tampoco el irresponsable que esté dispuesto a atizar la exacerbación social a cambio de votos.
Lo que sí les garantizo es que ni uno ni el otro buscan consolidar una sociedad democrática en la que la seguridad —física, económica, ecológica— de todos y de todas sea la prioridad.
La Unión Europea es el modelo emblemático: el Coliseo romano, arena que fue testigo de ejecuciones y masacres, por decisión de los estados europeos, en nuestros días, se viste de colores las noches en las que, en algún lugar del planeta, se decide suspender la ejecución de un condenado. En el extremo opuesto está el salvaje primitivismo que, inspirado en la Ley del Talión, conduce a ciertos países, sobre todo de tradición islámica, a lapidar personas, ahorcar adolescentes, cercenar cuerpos. ¿Hacia dónde queremos mirar los mexicanos?
La demagogia casi siempre es peligrosa: inflama los ánimos, confunde a las personas, engaña simulando. Pero lo es aún más cuando explota el miedo de una sociedad azotada por una ola de criminalidad sin precedentes. La campaña del —así llamado— Partido Verde Ecologista ya era preocupante: una organización política que explota el desconcierto mediante una falacia infame: “Porque defendemos la vida, proponemos la muerte”. Pero lo del gobierno de Coahuila y el priísmo —por el momento— local debe despertar nuestra indignación y, sobre todo, movilizar nuestras conciencias.
Lo que ha hecho el gobernador Humberto Moreira, con el obsequio de los legisladores de su partido, es irresponsable y peligroso: aprovechar el temor ciudadano, apelando a los instintos y no a la razón de las personas, para posicionarse políticamente con una propuesta que, para colmo, es jurídicamente inviable. No encuentro otra manera más cobarde para esquivar la responsabilidad incumplida de brindar seguridad a sus gobernados.
La propuesta de Moreira es inviable porque, venturosamente, en el sistema internacional de los derechos humanos tienen vigencia dos principios fundamentales: el de progresividad y el de no regresividad.
En su conjunto estos principios estipulan un mandato claro y contundente: en el ámbito de los derechos fundamentales —¿alguien duda que la vida humana sea uno de ellos?—, los estados tienen la obligación de adoptar medidas legislativas que tengan como única finalidad ampliar las garantías de los mismos. So pena de abandonar el grupo de los países democráticos, entonces, está proscrito aprobar reformas constitucionales o legales regresivas, reaccionarias. Cuando el Estado mexicano, en 2005, con el respaldo de todos los partidos políticos (¡412 votos a favor y ninguno en contra en la Cámara de Diputados!), decidió reformar los artículos 14 y 22 de la Constitución para expulsar de esa norma —y, con ello, de todo el ordenamiento jurídico mexicano, ya que cualquier reforma legal en sentido contrario sería inconstitucional— la posibilidad de aplicar la pena de muerte en el país dio, por decirlo de alguna manera, un paso progresista sin retorno. Materializó, para decirlo con Bobbio, el “giro copernicano” que separa a la modernidad de los derechos del mundo premoderno.
La objeción a la pena de muerte no es una posición de humanistas ingenuos. Es una postura congruente con el paradigma del constitucionalismo democrático que, de paso, tiene un sustento práctico: todas las estadísticas serias indican que la medida no sirve para disminuir los índices delictivos. Y, según entiendo, eso es lo que todos queremos: ¿o alguien promueve la venganza como fin último? Quizá no faltará el personaje que prefiera sumar muertes a los muertos y tampoco el irresponsable que esté dispuesto a atizar la exacerbación social a cambio de votos.
Lo que sí les garantizo es que ni uno ni el otro buscan consolidar una sociedad democrática en la que la seguridad —física, económica, ecológica— de todos y de todas sea la prioridad.
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