lunes, 30 de noviembre de 2009

PRIISTAS QUE NO AMABAN A LAS MUJERES

CIRO MURAYAMA RENDÓN

Con el respaldo de los legisladores locales de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI), 17 entidades federativas de México han modificado sus constituciones para definir que la vida del ser humano comienza desde la concepción. Con tales cambios se cancela o cuando menos se limita de forma severa la posibilidad de que las leyes locales de salud permitan la interrupción del embarazo y, en el extremo, siguiendo la nueva letra de las constituciones locales, que dicha interrupción pueda considerarse un asesinato, con las sanciones penales que ello implica, contra las mujeres que se tomen esa decisión extrema y el personal médico que las asista. La regresión es tan grave que Naciones Unidas ha alertado sobre el tema. Coincidiendo, esta semana, con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH) calificó a las reformas aludidas como actos de “violencia estructural contra los derechos de las mujeres” (El Universal, 25-11-09).Dichas reformas constitucionales, literalmente reaccionarias en tanto reaccionan a la legalización de la interrupción del embarazo durante las primeras 12 semanas de gestación que se aprobó en el Distrito Federal y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional, coinciden plenamente con la visión que sobre el mundo, la salud y los derechos de la mujer tiene la Iglesia católica, la cual impulsa en América Latina a agrupaciones que se dicen defender “los derechos del no nacido” y que en otras latitudes, como en España, están en plena cruzada frente a una reglamentación más precisa y segura en materia de interrupción del embarazo. La no distinción entre temas de moral privada y problemas de salud pública, a la que se suma la pretensión de que el Estado se convierta en brazo ejecutor de lo que desde la perspectiva religiosa son conductas incorrectas, que caracterizan a la Iglesia, también definen la postura del gobernante Partido Acción Nacional en México y explican porqué el PAN sigue siendo incapaz de tener un compromiso explícito e inquebrantable con el Estado laico en pleno siglo XXI. Muestra de ello fue que, con base en sus creencias personales y no en las responsabilidades públicas que le confiere su investidura, el presidente Calderón, a través del Procurador General de la República, promovió ante la Suprema Corte una acción de inconstitucionalidad contra la decisión de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de despenalizar la interrupción del embarazo en la capital del país.Pero en la ola de contrarreformas que se vienen sucediendo estos meses y semanas no puede deja de sorprender el apoyo del PRI, partido que gobernó México durante siete décadas y que, con todo, supo mantener definiciones legales y políticas públicas independientes y hasta contrarias al dictado de la influyente Iglesia católica. Baste recordar, por ejemplo, la importante política de planificación familiar en la década de los años setenta del siglo pasado.Ahora el PRI, sin embargo, vota con el PAN o bien promueve por cuenta propia, en los congresos donde es mayoría, la penalización de la interrupción del embarazo. Eso, a pesar que el artículo 10 de la declaración de principios del PRI, aprobada apenas el año pasado establece: “Nos pronunciamos por un Estado laico para el siglo XXI, que sostenga la imparcialidad de las instituciones y garantice la salvaguarda del ámbito particular de los individuos frente a cualquier intromisión de corporación, credo o dogma y reconozca a plenitud el ejercicio de su libre albedrío”. ¿Y no es un acto de parcialidad institucional, así como una intromisión desde un credo religioso y un dogma sobre el libre albedrío de las mujeres referente a su maternidad el penalizar la interrupción del embarazo?El artículo 25 de la misma declaración de principios del PRI dice: “Nos pronunciamos por una sociedad en donde la equidad de género sea una realidad que contribuya al establecimiento de una cultura de respeto e inclusión entre los hombres y las mujeres”. Pues hay que decir a los priistas que de acuerdo con lo que establece la ONU, las reformas que ellos —y ellas impulsan— en los congresos locales vulneran la equidad de género y producen violencia contra las mujeres.Este veloz corrimiento del PRI a la derecha y en esta materia ocurre cuando ese instituto político es presidido por Beatriz Paredes, quien declara que el tema de la interrupción del embarazo “divide a la sociedad y polariza el ambiente” por lo que ella se mantiene al margen (La Jornada, 26-11-09). La dirigente del PRI insiste en que en este tema cada legislador de su partido actúa en función de su conciencia personal, pero es evidente que el “no tener postura” mientras avanza, con los votos de su partido, una legislación similar a la que impulsaron en Nicargua, Daniel Ortega y el cardenal Miguel Obando como condición para el respaldo de la Iglesia al regreso de Ortega al poder, es una clara toma de postura política. Y es factible preguntarse si no tiene la misma motivación que en el caso del malogrado país centroamericano.Parafraseando a Stieg Larsson —o más bien a la traducción al español de su primera novela—, los priistas son unos más de los que no amaban a las mujeres. Quizá sea momento de acudir ante la Internacional Socialista a solicitar la exclusión del PRI por su apoyo a medidas que atentan contra los derechos de la mujer, de la misma manera en que el Grupo de los Verdes del Parlamento Europeo expulsó al PVEM cuando éste respaldó introducir la pena de muerte en nuestra legislación.

LOS NUEVOS MINISTROS

JOHN MILL ACKERMAN ROSE

Llama la atención la opacidad y el desinterés que han acompañado el proceso de selección de los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La Presidencia de la República no ha justificado de manera pormenorizada su elección de Luis Aguilar, Mario Pardo, María Luisa Martínez, Arturo Zaldívar, Eduardo Ferrer y Jorge Adame para las ternas ni ha difundido públicamente sus currículos completos. Por su parte, el Senado de la República ha declinado su obligación de auspiciar un proceso de auscultación riguroso, y no ha invitado a la sociedad a opinar respecto de la idoneidad de los candidatos. Finalmente, los medios de comunicación, grupos de vigilancia ciudadana y analistas políticos tampoco le han prestado mayor atención a este importante proceso.
A diferencia del vigoroso debate público y legislativo que rodeó los nombramientos de los nuevos titulares de la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, todo parece indicar que mañana los dos nuevos ministros entrarán a la Corte de manera sigilosa, sin haber levantado mayor discusión o interés público.
No faltará quienes digan que la relativa tranquilidad del proceso es en sí misma una buena señal, que demuestra el buen tino de Felipe Calderón en la selección de los candidatos y la madurez de la clase política y de la sociedad en su conjunto a la hora de procesar los nombramientos. Pero, independientemente de las evidentes credenciales y capacidades profesionales que tienen todos los candidatos, los ciudadanos nos merecemos procesos más rigurosos y abiertos a través de los cuales podamos conocer las trayectorias, opiniones y planes de trabajo de los aspirantes. Ello también dotaría de mucha mayor legitimidad a los candidatos finalmente seleccionados.
En Estados Unidos, por ejemplo, las comparecencias de los aspirantes a la Suprema Corte son actos sumamente dinámicos en que los candidatos son duramente cuestionados por todo lo que han declarado, escrito o decidido a lo largo de sus trayectorias públicas. El actual presidente de la Corte, John Roberts, fue severamente cuestionado durante su comparecencia por su pertenencia a una red secreta de juristas conservadores. La nueva ministra Sonia Sotomayor tuvo que comparecer durante cuatro días ante el Senado y los legisladores debatieron por más de 20 horas antes de avalar su nombramiento.
En otras palabras, mientras en otros lugares la designación de un nuevo ministro es un momento histórico de grandes proporciones que merece ser debatido a fondo, en México seguimos pensando que las pasarelas simuladas son la mejor forma de dignificar nuestras instituciones estatales.
¿Por qué Calderón se negó a incluir a Jorge Fernández Souza, apoyado por cientos de intelectuales y organizaciones de la sociedad civil, en una de las ternas que envió al Senado? ¿Cuáles son los criterios que utilizarán los senadores para seleccionar a los nuevos ministros? ¿Cuáles han sido las sentencias más relevantes que han dictado los tres candidatos que vienen del Poder Judicial? ¿Qué tipo de filosofía interpretativa emana de su actividad jurisdiccional? ¿Cuáles han sido los casos más importantes que ha litigado Arturo Zaldívar como abogado postulate? ¿Cuáles son las tesis académicas centrales que sostienen Jorge Adame y Eduardo Ferrer en su obra escrita?
La sociedad merece respuestas a cada una de estas preguntas. A los mismos candidatos también les convendría transparentar esta información, ya que se blindarían ante posibles descalificaciones futuras. El hecho de que ni siquiera contemos con elementos básicos para contestar al menos un par de las preguntas arriba señaladas habla del pobre estado que guarda la transparencia en materia judicial en el país.
El perfil de Arturo Zaldívar en particular demanda una seria discusión sobre el tema de los conflictos de interés en la impartición de justicia. De ser nombrado por el Senado, Zaldívar se convertiría en el primer ministro en la época reciente de la Corte cuya profesión principal es la de abogado postulante. Así como la llegada de José Ramón Cossío desde la academia implicó una modificación importante en la integración del pleno, Zaldívar también contribuiría a la pluralidad de la Corte.
Sin embargo, habría que evitar a toda costa que los vínculos de Zaldívar con el sector privado, como defensor de algunas de las empresas más poderosas del país, pudieran afectar su de-sempeño como juez constitucional. Su eventual nombramiento abriría la coyuntura para avanzar de manera definitiva en el fortalecimiento tanto del código de ética para los ministros como de los mecanismos institucionales de control y de transparencia de los conflictos de interés.
Un buen paso, por ejemplo, sería que todos los ministros hicieran públicas sus declaraciones patrimoniales, mandaran a un fideicomiso ciego todas sus inversiones económicas y realizaran una declaración pública de intereses y amistades personales, familiares y de negocios. Solamente de esta manera evitaríamos la captura de nuestros valiosos organismos públicos por los poderosos intereses privados que buscan avasallar los poderes constituidos por todas las vías posibles.

EL SENADO Y EL OPUS EN LA SELECCIÓN DE MINISTROS

ALEJANDRO MADRAZO LAJOUS

Por un error (no imputable a quien esto escribe), el día de ayer se publicó en este espacio una versión no actualizada del artículo “La selección de los ministros”. Aprovecho la oportunidad que me brinda el periódico para enmendar ese error y abordar dos puntos que quedaron excluidos de la versión publicada ayer y que es importante abordar de cara al inminente nombramiento de dos ministros a la Suprema Corte esta semana.
Primero, es importante poner sobre la mesa que la semana pasada el Senado dejó en claro que no pretende abandonar la superficialidad que caracteriza al proceso de selección de los nuevos ministros; más bien —valga la contradicción— el Senado ha decidido ahondar en la superficial de su proceder. Si en ocasiones anteriores las comparecencias de los candidatos duraban 40 minutos, el jueves pasado las comisiones encargadas de dictaminar las candidaturas otorgaron tan sólo 15 minutos a cada candidato.
En una mañana, desfilaron seis candidatos. El trámite —pues no se le puede llamar de otra forma— se repetirá ante el pleno este martes. Cualquier despacho de abogados medianamente serio dedica más tiempo y energía a entrevistar a sus potenciales pasantes de lo que el Senado dedica a escrutar a los posibles ministros.
Segundo: si la terna de la que surgirá el sustituto del ministro Azuela es una evidente cuota que el presidente Calderón otorga al Poder Judicial, la terna para sustituir al ministro Góngora es prácticamente una cuota para el Opus Dei. De no ser por la inclusión de Arturo Zaldívar en esa terna, todos sus integrantes serían miembros del Opus. Una fuente bien informada que prefiero dejar en el anonimato me platicaba que tanto Eduardo Ferrer MacGregor como Jorge Adame Goddard militan en el Opus Dei.
El que el presidente Calderón haya conformado las ternas con al menos una tercera parte de militantes del Opus Dei no es un dato menor. Resulta especialmente importante en nuestro contexto particular: desde hace tiempo hemos sido testigos (pasivos) de un abierto asalto al principio constitucional de laicidad del Estado por parte de la Iglesia católica y sus aliados. Las llamadas reformas antiaborto a 17 constituciones estatales han logrado elevar un mandato del entonces cardenal Joseph Ratzinger (hoy Benedicto XVI) a rango constitucional. El mandato, articulado en la Instrucción Donum Vitae a finales de los años 80, consiste en equiparar al óvulo fecundado con las personas, otorgándole pleno goce de derechos fundamentales.
Pues bien, el asalto al Estado laico está sujeto precisamente al juicio de la Suprema Corte: tres controversias constitucionales y una acción de inconstitucionalidad, de las que, hasta hoy, se han interpuesto ante la Suprema Corte impugnando las reformas, explícitamente cuestionan la constitucionalidad de las mismas precisamente por constituir una violación al principio de laicidad del Estado. Los ministros que sean nombrados deberán resolver esos casos más pronto que tarde.
En toda justicia hay que señalar que, a pesar de coincidir en su filiación al Opus Dei, los dos candidatos miembros son muy distintos. Adame Goddard es un conocido integrista, a pesar de que durante su comparecencia en comisiones haya anunciado que sería un ministro sin ideologías (dime de qué presumes y te diré de qué careces). En el caso de Ferrer MacGregor no tengo conocimiento de que haya emitido una opinión jurídica que se funde o refleje una posición de la Iglesia.
El mandato principal que asumen los miembros del Opus Dei es el “cumplir con amor de Dios el trabajo, las obligaciones de cada día…”. Valdría la pena saber si los candidatos pertenecientes al Opus Dei preferirán cumplir con el mandato de José María Escrivá o con los mandatos constitucionales sobre laicidad del Estado y derechos reproductivos de las mujeres. En todo caso, el Senado debería abordar —con tiempo y seriedad— este aspecto del perfil de los aspirantes a la Corte (y muchos otros también).

LA SELECCIÓN DE LOS MINISTROS

ALEJANDRO MADRAZO LAJOUS

En una coyuntura política cada vez más polarizada, el papel que juega la Suprema Corte de Justicia de la Nación es especialmente delicado e importante, para bien o para mal. Por ello, el relevo de un ministro de la Suprema Corte debería ser uno de los eventos más públicos y discutidos. Es preocupante y sintomático que el proceso de selección de los nuevos ministros sea tan oscuro y pobre como lo es hoy en día. De entrada, no existe en el seno del Senado una Comisión de Nombramientos especializada en analizar a detalle y profundidad todas las propuestas que llegan a esa cámara. En consecuencia, los nombramientos son decididos con escasa información, de manera apresurada y sin escrutinio público.
Lo que destaca del proceso es su superficialidad. En el pasado, ha habido, sin duda, buenas selecciones por parte del Senado. El caso de Fernando Franco es un ejemplo de cómo alguien que no era el favorito presidencial, pero con mucho el mejor candidato, fue identificado y seleccionado por el Senado. Pero eso sucedió a pesar del procedimiento, no gracias a él. Mientras que en otros países un nombramiento similar es motivo de debate nacional, que dura semanas o meses, y que consiste en múltiples comparecencias y un análisis minucioso y público del perfil de los candidatos, en nuestro país el Senado despacha en una sola mañana a todos los integrantes de las ternas, tomándose de 30 minutos a una hora en entrevistarlos. Por si fuera poco, la propia legislación otorga al Senado sólo 30 días para decidir, a partir de la recepción de la terna. Nada sucedería si se queda una silla vacante unas semanas más, incluso unos meses más (la Corte ha funcionado, y bien, con un pleno incompleto). Mientras el Senado no cuente con el tiempo y el personal especializado para un procedimiento serio, lo que veremos los ciudadanos será protocolo, no auscultación.
Esta superficialidad es más grave cuando los candidatos reciben, por oficio, poca atención pública antes de ser candidatos. Es el caso de la terna, hoy sometida a consideración del Senado, formada sólo por miembros de la Judicatura.
Poco se puede decir sobre sus integrantes: precisamente para eso serviría un procedimiento público, serio y minucioso en el Senado. A falta de información, los integrantes de la terna resultan fungibles para la ciudadanía. Los miembros del Poder Judicial suelen ser jueces de legalidad, no de constitucionalidad; su trayectoria tiende a hacerlos formalistas, empobreciendo su capacidad de participar en un debate sustantivo. Si se trataba de llevar la crema y nata de nuestro gremio judicial a la Corte, debió haberse incluido en la terna a algún magistrado destacado por una trayectoria en la que trascienda al formalismo y aporte soluciones sustantivas a los problemas que resuelve; magistrados del calibre de Jean Claude Tron Petit o Alberto Pérez Dayán, por ejemplo.
Situación muy distinta la de la segunda terna. Por su oficio, son personas con un perfil público. Allí tenemos que dos son candidaturas sólidas y una cuota ideológica.
Ferrer MacGregor es un académico serio, inteligente y respetado. Ha destacado como estudioso y promotor de los juicios o acciones colectivas, que tanta falta hacen al país. Su flanco débil es que no cuenta con la experiencia práctica que sí tiene uno de sus compañeros de terna, Arturo Zaldívar. Zaldívar se ha destacado, más que como académico, como uno de los mejores y más reconocidos litigantes del país. Tiene amplia experiencia práctica en casos constitucionales de alto perfil y es respetado como un abogado que reúne destreza técnica y criterio jurídico. Su flanco débil, como el de cualquier litigante exitoso, es tener una clientela amplia y poderosa. El obstáculo es superable: basta con que se ventilen públicamente sus vínculos durante el proceso de designación para que sepamos en qué casos tendría que excusarse de resultar ministro.
La cuota de la derecha religiosa e integrista es Jorge Adame Goddard. Es un buen historiador del derecho, sin destacar como doctrinario ni como técnico jurídico. Tiene escasa (o nula) experiencia práctica. Su principal atributo es que consistentemente defiende a piedra y lodo la posición de la Iglesia católica en temas polémicos como las sociedades de convivencia y la interrupción legal del embarazo. Invariablemente sustenta sus argumentos en prejuicios rígidos sobre la “correcta” forma de entender la naturaleza humana, de transparente inspiración confesional (a veces salpicando su discurso de jerga cientificista, pero sin dejar de ser transparente). Para muestra ofrezco un botón: en un artículo en que descalifica a las sociedades de convivencia sostiene que “la entrega corporal sólo es lícita (…) cuando es entre varón y mujer (…) por toda la vida; la ley no hace lícito lo que es ilícito, sólo lo hace legal”.
Es grave que quien pretende ser garante constitucional estime que sólo su manera de hacer las cosas —el coito dentro del matrimonio y orientado a la procreación— es lícita. Pero es aún más grave que lo legal y lo lícito no coincidan en su forma de entender el derecho. Un (pre)juicio tan excluyente y un desprecio tan abierto a la autoridad del legislador son características que deberían descalificar de inmediato a un candidato a juez constitucional, pues su principal función es velar por las libertades y derechos consagrados por el legislador (sea constitucional u ordinario). Me pregunto: ¿cuál, según él, es la fuente de licitud de un acto, si no la propia ley?

LARGOS TRES AÑOS

MIGUEL ÁNGEL GRANDOS CHAPA

El martes primero de diciembre llega el presidente Calderón a la mitad de su sexenio. Le quedan, nos quedan por delante tres años. "Tres largos años", anunció él mismo el miércoles pasado, en un nuevo relanzamiento de su gobierno, semejante al que intentó el 2 de septiembre, si bien con mayor aparato difusor, con menos posibilidades de realización. Calderón se refirió pesaroso al trienio que viene, como niño que acepta resignado volver a la escuela cada mañana después de exclamar: ¡Cómo?, ¿otra vez! Proclamó su estado de ánimo en una lucidora ceremonia organizada por el secretario de Desarrollo Social, Ernesto Cordero (que se corrigió a sí mismo por su desplante frente al Premio Nobel Joseph Stiglitz), estrella de un espectáculo multimedia, con protagonistas en vivo (gente pobre de a de veras), destinado al combate a la pobreza.La pobreza. Esa lacerante condición humana, que abarca en alguna de sus modalidades a más de la mitad de la población mexicana, evoca dos de las mayores derrotas de Calderón en su primer trienio, en esos años también largos que han transcurrido desde que, luego de entrar por la puerta de atrás, pudo rendir protesta como presidente de la República, un cargo cuya legitimidad le es negada aún ahora por millones de personas que –a la cabeza Andrés Manuel López Obrador– no dejan de considerarlo espurio.Aunque es posible registrar claros avances en varios aspectos parciales de la política social, el saldo neto, reconocido oficialmente y aun en boca de Calderón, es que ha crecido el número de pobres precisamente en los años de su administración. Aunque el gasto social se ha incrementado considerablemente, no mejora la suerte de una ancha capa de sus destinatarios. Hay más pobres y quizá vivan en mayor desprotección que antaño. Prevalecía la indigencia rural; en el campo se concentraba la mayor parte de los menesterosos, los que enfrentan problemas para lograr la subsistencia diaria. Pero ahora una amplia porción de ellos se ha trasladado a las ciudades, donde carecen del auxilio mínimo, de la solidaridad que las redes familiares ofrecen a quienes son pobres entre los pobres. Consciente de esa realidad, Calderón buscó un remedio fiscal contundente, en una iniciativa que además fuera aprovechable con fines propagandísticos. Presentó al Congreso un proyecto para crear un nuevo gravamen, que nadie pudiera resistir. Se le llamó "contribución al combate a la pobreza". Consistía en cobrar 2% al consumo general, incluidas las mercancías que tienen alguna excepción en el impuesto al valor agregado. Por ello se le consideró un IVA disfrazado, que gravaba medicamentos y comida, cuyo costo está hoy aliviado por pagar tasa cero de aquel impuesto al consumo.Alrededor de esa iniciativa se desplegó una intensa campaña mediática, que hizo crecer la dimensión del impuesto a una suerte de panacea. Todos los problemas, no únicamente los de la población paupérrima, iban a ser resueltos con esa contribución. La mala conciencia de los sectores medios, aun los empobrecidos en las décadas, años y meses recientes, fue atacada directamente: ¿Quién osaría rechazar un gravamen de monto módico, que además sería etiquetado para que inequívocamente llegara a los programas de desarrollo social orientados a atenuar los rudos efectos de la miseria?La iniciativa estaba afectada por defectos e insuficiencias que la propaganda ocultó o procuró enfrentar con sofismas. Puesto que se aplicaría a todo consumo, los pobres pagarían también, con lo cual se empobrecerían todavía más. Había una respuesta para eso: se ha calculado que los destinatarios de la contribución reciban prestaciones sociales en mucho mayor monto de lo que deban pagar con la nueva contribución. Y el impedimento legal de destinar específicamente a una partida –el combate a la pobreza– recursos fiscales que deben formar una masa, aplicable a fines específicos sólo al formularse el presupuesto de egresos, se dijo que iba a ser enfrentado en el proyecto del gasto social, donde programas como Oportunidades tendrían un financiamiento crecido de manera considerable.El PRI, sin cuya colaboración el gobierno se paraliza, rechazó la contribución al combate a la pobreza. Nadie, ni el presidente mismo, su autor e impulsor, derramó una sola lágrima por la frustración de tan esplendente proyecto. En vez del nuevo gravamen se aumentó un punto a la tasa del impuesto sobre la renta. Y aunque la alternativa provino de la Secretaría de Hacienda, es decir del Ejecutivo, la victoria política fue atribuida al PRI, que obtuvo en efecto triunfos sustanciosos al establecer ingresos en cuyo manejo tengan ventaja los gobernadores, y al destinar los egresos a partidas que igualmente rindan provecho político. Como hizo al final del trámite legislativo de sus iniciativas de reforma energética, Calderón aparentó no ser el perdedor del lance y felicitó a los autores de su derrota, no con espíritu deportivo, sino ocultando la naturaleza real del desenlace. Pero esta vez lo hizo con menor convicción, metido ya en la insólita sucesión de gestos antagónicos y amistosos a sus aliados naturales, los grandes empresarios que fueron bien aceitadas piezas de la maquinaria que llevó a Calderón adonde está.Voluble con los dueños del capital, a los que un día muestra el ceño adusto y otro día saluda con sonrisas, Calderón llega a la mitad de su sexenio en una acusada soledad, no remediada siquiera por su propio partido, en cuyo seno se gestan o se muestran disensiones que debilitan a un presidente en posición precaria. En las calles, en el llano, se extiende la desesperanza, el desencanto, reflejado en las páginas de la prensa usualmente dispuesta a aplaudir al gobierno en general y a Calderón en particular, y a denostar a sus detractores. Armando Fuentes Aguirre, Catón, probablemente el periodista más leído en el país, o al menos quien publica sus textos en un mayor número de diarios, adivinó hace poco el malestar presidencial. Diagnosticó que Calderón parecía contar los días que le faltan para concluir su sexenio. Ahora sabemos, por boca del interesado, que así es. Le quedan por delante, nos quedan, tres largos años.O menos si se condensa el desánimo que crece en casi todos los círculos sociales, casi todas las capas de la población. El presupuesto de egresos está montado sobre una base ilusoria, ya que los ingresos calculados para encarar el gasto descansan en factores fuera del control del Estado. Diputados y senadores incrementaron el déficit, levemente, pero desde ahora mismo aparecen señales que acaso obliguen a aumentarlo en mayor medida. Es que se cubrirá con deuda pública la diferencia entre los ingresos reales y el gasto. Y la calidad del endeudamiento, su costo, depende del mercado financiero, está sujeto a la calificación que se otorgue al papel mexicano en las bolsas internacionales. Y ya una calificadora, que no obstante el desprestigio en que incurrió como partícipe en la gestación de la crisis financiera mundial sigue lanzando admoniciones, ha puesto la alerta sobre la deuda mexicana. En el extremo caótico, pudiera llegar un momento en que nadie nos preste dinero, en que no haya quien compre papeles de la deuda mexicana. Una suerte análoga, por impredecible, puede afectar al mercado petrolero y echar abajo el cálculo de los ingresos del crudo en que se basa nuestro equilibrio presupuestal.Si esas apocalípticas circunstancias, más el agravamiento de las crisis acumuladas y no resueltas y su consecuencia en la gobernabilidad del país, si todo ello se sumara y generara un efecto disruptor, podría deteriorarse la estabilidad del gobierno al punto de que el rumor sordo que ahora se escucha termine en estentóreo clamor para exigir, al modo argentino, que se vayan todos. Si es así, nadie, ni Calderón ni los gobernados, tendríamos que esperar tres largos años.

PUBLICIDAD GUBERNAMENTAL

JAIME CÁRDENAS GRACIA

Uno de los pendientes legislativos del Congreso de Unión es el de la publicidad gubernamental. A finales de 2007 se reformó la Constitución para incluir como parte de la reforma electoral nuevos párrafos al artículo 134 de la Carta Magna cuyos propósitos son: 1) que los servidores públicos de todos los poderes públicos y niveles de gobierno apliquen con imparcialidad los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos; 2) que la propaganda de los poderes públicos y niveles de gobierno tenga carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social; y, 3) que en ningún caso la propaganda incluya nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.
Los anteriores principios constitucionales fueron recogidos parcialmente en la reforma al COFIPE de 2008. Señaló que fue parcialmente, porque sólo se regularon restricciones a la propaganda del Estado en las campañas electorales pero no fuera de las etapas electorales y, es ahí donde existen los mayores problemas. Éstos tienen relación, no sólo con el gran dispendio de recursos que el gobierno federal, de algunos estados y municipios, destinan para la compra de tiempos en radio, televisión y medios impresos; sino también y principalmente, con la manera en que se difunde o manifiesta la publicidad y propaganda del Estado.
Todos somos testigos de la permanente manipulación que los distintos gobiernos de nuestro país realizan con la publicidad y propaganda gubernamental. Ahora, lo vemos y escuchamos con la propaganda en torno a la extinción de Luz y Fuerza del Centro. El gobierno federal, sin proporcionar información objetiva a los ciudadanos, descalifica la existencia de la empresa y también a su sindicato. Por eso, es apremiante una ley reglamentaria del artículo 134 de la Constitución que determine los contenidos de la publicidad del Estado. A mi juicio, éstas serían algunas de las restricciones a los contenidos de la propaganda gubernamental: Prohibir la que se orienta a promover los logros de las autoridades e instituciones; impedir la destinada a cuestionar o criticar a cualquier sector de la sociedad mexicana en el ámbito político, social, económico o cultural; no permitir la tendente a criticar o cuestionar a cualquier persona; cancelar la que busca influir en las preferencias electorales y políticas de los ciudadanos para apoyar directa o indirectamente a algún precandidato, candidato o partido; rechazar la que incluya nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público; y, excluir la que haga proselitismo directo o indirecto a favor o en contra de algún partido político o de los servidores públicos.

ANTONIO VILLARAIGOSA, ALCALDE DE LOS ÁNGELES

CARLOS FUENTES

El 2 de agosto de 1769, una expedición española se encontró con una aldea de uto-nahuas y entre ambos fundaron la que sería la Puebla de la Reyna de Los Ángeles de la Porciúncula.
Hoy, Los Ángeles se ha convertido en la segunda ciudad de la Unión Americana, detrás de Nueva York y superando a Chicago.
Pero Los Ángeles no es sólo una ciudad norteamericana: es una ciudad México- norteamericana, es una ciudad afro-norteamericana y es una ciudad asiático- norteamericana, con una vasta población de Laos, Vietnam y Cambodia, así como una pequeña Tokio.
Los Ángeles es una ciudad del Océano Pacífico, la capital oriental -valga la palabra- del Mar de Balboa.
Oriente del Pacífico pero occidente de Norteamérica, Los Ángeles es también una ciudad polaca, rusa, iraní y alemana -pues en Los Ángeles encontraron techo, durante la Segunda Guerra Mundial, Thomas Mann y Berthold Blecht, Franz Werfel y Arnold Schoenberg, amén de Marlene Dietrich. Sólo en el condado de Beverly Hills, se hablan más de doscientas lenguas. Y Los Ángeles, después de la ciudad de México, es la mayor urbe hispanoparlante de las Américas.
Digo esto para entender que el alcalde de la gran ciudad de Los Ángeles es no sólo un hombre de orgullosa ascendencia mexicana -Antonio Villaraigosa- sino el primer funcionario de una metrópoli cosmopolita, acaso la primera capital mundial del siglo XXI.
Agricultura. Industria. Medios. Hollywood. Pero también terremotos, fuegos y buenos y malos aires.
Y sobre todo, educación. La Universidad de California en Los Ángeles (UCLA). La Universidad de California del Sur (USC). Occidental Collage. El Instituto de Tecnología de California.
Y algo más: la educación como base del desarrollo.
El alcalde Antonio Villaraigosa ha llevado a cabo un esfuerzo verdaderamente extraordinario para convertir a la educación en el centro de su política de gobierno. El derecho a la educación, ha dicho Nadine Gordimer, anterior sustentante de la cátedra Julio Cortázar, el derecho a la educación es comparable al derecho de respirar.
Antonio Villaraigosa sabe que la razón primera de la pobreza y la desigualdad es la ausencia de educación. Antonio Villaraigosa sabe que la educación es el camino más seguro hacia el progreso. Antonio Villaraigosa sabe que la educación es la base del saber, el saber la base de la información y la información la base del desarrollo. Y también gracias a la educación, podemos distinguir, en los ámbitos público y privado, el oro de la verdad del cobre de la mentira.
No se puede engañar a una persona educada. Y por ello la educación se identifica con la libertad, la democracia y el progreso, y también con la capacidad crítica de reconocer los valores -los nuestros y los de los demás- que nunca serán los de menos.
Asocio cuanto he dicho a la presencia del trabajador mexicano en Los Ángeles y a los derechos y obligaciones que le asisten.
El trabajador mexicano en California no roba: contribuye. Es necesario: la economía no funcionaría sin él. Debemos encontrar maneras pacíficas y seguras de ingreso del trabajador al mercado laboral, reconociendo derechos y obligaciones. La migración es una realidad. Merece una legalidad que nos sea útil a todos. Todos debemos contribuir a la legalidad de la realidad.
Que nos incumbe también a nosotros, los mexicanos. A nosotros, en México, nos corresponde dar empleo a nuestros compatriotas. Nosotros, en México, necesitamos a nuestros trabajadores para crear infraestructura, comunicaciones, salud, educación, agricultura, industria, hogares, escuelas, hospitales, ciudades renovadas. Tenemos a los trabajadores. Lo que necesitamos es una nueva política, un Nuevo Trato para construir a México de abajo hacia arriba, refundando la república.
No quiero separar, al recibir al alcalde Antonio Villaraigosa, en nombre propio y de Gabriel García Márquez en la Cátedra Julio Cortázar de la Universidad de Guadalajara, nuestras obligaciones y derechos de los mismos que el alcalde asume, con tanto brío, en Los Ángeles.

ICESI VS. GOBERNADORES

ANA LAURA MAGALONI KERPEL

El jueves pasado, durante la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, varios gobernadores objetaron los resultados de la Encuesta de Victimización del ICESI de 2008. Sintéticamente dicha encuesta reporta que: 1) ha habido un ligero incremento de la actividad delictiva entre 2007 y 2008; 2) que la percepción de inseguridad en la población también se incrementó y 3) que los delitos no denunciados (cifra negra) sigue siendo alta (85%). Los argumentos de los gobernadores fueron en dos direcciones: 1) los datos son incorrectos y, 2) los datos no reflejan los esfuerzos realizados. Ambos tipos de cuestionamiento son preocupantes por distintas razones. Intentaré, por tanto, aclarar un par cuestiones que me parecen centrales en este debate.
Primero, es crucial, si queremos avanzar en materia de seguridad, que las políticas de control del crimen y las reformas institucionales se lleven acabo con diagnósticos empíricos lo más sólidos posibles. El ICESI, desde hace varios años, ha abierto brecha en este sentido. Dicho instituto ha levantado seis encuestas de victimización a nivel nacional. Es la primera vez, por tanto, que en México podemos contar con datos públicos que nos permita conocer las tendencias delictivas y la percepción de inseguridad en cada entidad federativa a lo largo del tiempo. Sería muy lamentable que se perdiera este esfuerzo. Si el siguiente año se levanta una nueva encuesta por una institución diferente, se perdería la serie de tiempo. Ello, significa, comenzar casi desde cero. Dejemos pues al ICESI continuar haciendo su trabajo y comencemos a discutir qué dicen y qué no dicen esos datos.
Ello me lleva a la segunda cuestión básica respecto al debate sobre inseguridad. Las tasas de victimización son muy sensibles a los cambios en la economía. Contracción económica y aumento en la incidencia delictiva van de la mano. Una estimación de cómo se correlacionan ambas variables en el DF, en un estudio que llevé a cabo hace algunos años, indica que cuando disminuye 1% el PIB, aumenta 0.9% la incidencia delictiva. Ello nos permite suponer que los datos del 2009 van a ser aún más incómodos que los del 2008. Así es, la incidencia delictiva va a la alza, sobre todo en el delito de robo. Y, lo más importante, esta tendencia no va a cambiar hasta que no crezca la economía por varios años consecutivos. Los datos del ICESI sólo anuncian este fenómeno.
Ello me lleva a la tercera cuestión. Hay que entender que el éxito o fracaso de las reformas para fortalecer las instituciones policiales y los sistemas de procuración e impartición de justicia en el país no se miden con la tasa de victimización. Que algunos gobernadores estimen que la encuesta del ICESI no refleja los resultados de sus esfuerzos sólo indica que ello no está claro. La incidencia delictiva se explica por un conjunto complejo de variables, la mayoría de ellas exógenas a las instituciones de seguridad pública Los estudios académicos en la materia destacan que factores tan distintos como tasas de desempleo, crecimiento poblacional, o inclusive, falta de alumbrado en las calles pueden explicar cambios en la incidencia delictiva. Medir el éxito de una reforma policial o de una transformación a la procuración de justicia con el comportamiento de los índices delictivos significa sabotear tales reformas.
Ello me lleva al último punto: cualquier reforma seria de nuestras instituciones de policía, procuración e impartición de justicia debe estar pensada y motivada en la necesidad reconstruir los cimientos que dan autoridad a un Estado democrático, los cuales sólo pueden provenir de la Constitución y de la ley. Un primer paso en esta dirección, por tanto, es romper de raíz las prácticas abusivas y autoritarias con las que funcionan hoy todas esas instituciones. Ello, y no los índices delictivos, sería un buen parámetro de medición para determinar el éxito o fracaso de tales reformas.

LA RECETA DEL FRACASO

FRANCISCO MARTÍN MORENO

Por supuesto que no, no me referiré aquí directa e indirectamente a alguna de las tesis de la izquierda mexicana más conocidas y no por ello menos alarmantes; no, desde luego que no... Intentaré, sí, esbozar la mayoría de ellas sin perder de vista la incapacidad manifiesta de los fanáticos para aprender de la experiencia presente y pasada.
¿Qué tal comenzar con unas preguntas, cuyas respuestas todos conocemos con tan sólo pensar en ciertos personajes o en recordar los impulsos, no así los razonamientos que mueven a ciertos sujetos, cuya actuación y móviles son realmente inconfundibles muy a pesar de que ya estamos en el siglo XXI..?
¿Quién sufre una terquedad absolutamente dogmática en contra de los principios capitalistas, sí, sí, capitalistas, aquellos que estimulan la generación de utilidades, aun cuando éstas constituyan el principio de un fisco fuerte y que un fisco fuerte represente uno de los fundamentos de la prosperidad de las naciones?
No a los principios capitalistas: no, no y no... aun cuando éstos sean imperativos para la creación de empleos, la generación de fuentes de riqueza y provocar el ahorro interno, indispensable para el financiamiento más sano del desarrollo.
¿Quién defiende a ultranza el surgimiento y mantenimiento de empresas paraestatales cuando de lejos sabe, o al menos debe saber, que el gobierno ha sido un pésimo administrador de la riqueza pública y que por ineficiencia o corrupción ha dilapidado o tolerado o consentido impunemente la desviación de los recursos públicos a fines ilícitos? ¿Quién insiste obsesivamente, como corresponde a un fundamentalista que se respete, en imponer corrientes económicas caducas y en evidente desuso, cuando de sobra sabe que su aplicación supone una agresión frontal a la democracia que nace? ¿Quién defiende a la democracia en discursos electorales y en la práctica manda al “diablo a las instituciones del país…”?
¿Quién puede ignorar a estas alturas que cuando el gobierno estatiza una empresa y crea un monopolio arruina a empresa y sociedad no sin antes crear un nuevo foco de corrupción?
¿Quién se niega a aprender de la experiencia y vende promesas populistas que más tarde se desmoronan como la Cortina de Hierro o como el Muro de Berlín?
¿Cómo olvidar que la elefantiasis estatal es el mejor medio para alentar la corrupción y la descomposición moral de la sociedad y, sin embargo, existen quienes, a pesar de no ignorar esta receta para alcanzar eficientemente el fracaso, todavía tratan de vendérsela a quienes agitan banderitas en los acarreos electorales?
¿Quién no sabe que las así llamadas “empresas estratégicas” defendidas en términos caninos por el gobierno hacen agua a babor, estribor, proa y popa y si no se hunden es porque se les mantiene a flote gracias al ahorro de los contribuyentes, al subsidio, a las prótesis económicas con o sin su voluntad política?
¿Quién vincula a las “empresas estratégicas” con el honor nacional y se niega a su privatización cueste lo que cueste aun cuando los escasos ahorros de los mexicanos tan necesarios para educar o curar se vayan por el alcantarillado?
¿Quién insiste en adoptar el papel de víctima en lugar de enmendar el error y aceptar su responsabilidad política?
¿Quién demuestra con cada decisión o cada palabra pronunciada en público su incapacidad para diferenciar entre lo cierto y lo falso, la realidad y la ficción y que cuando lo logra distinguir ya hizo girar para atrás las manecillas del reloj de la historia?
¿Quién sufre de una parálisis intelectual tan desarrollada que le impide ver, oír, recordar, aprender, y sueña, promete y asegura como si la realidad no existiera..?
La izquierda mexicana insiste en buscar las culpas en las fuerzas del mercado, en la libre competencia, en las transnacionales, en los términos de intercambio, en el capitalismo explotador de conciencias y de hombres, en la actuación de la Casa Blanca, en el Tratado de Libre Comercio.
¿Por qué la palabra ganancia está excluida del léxico perredista y quien la utiliza está condenado al fuego eterno?
¿Cómo con alguien que niega las ventajas de la globalización y la economía neoliberal con rostro humano?
¿Cómo facilitar el arribo a la presidencia a quienes levantan en público la mano a Castro o a Chávez y todavía creen en las ventajas de la dictadura del proletariado?
La mejor receta para el fracaso se encuentra en las tesis de la izquierda mexicana divorciadas de las de Lula, Bachelet o Felipe González…

CONTRAGOLPE

DENISE DRESSER GUERRA

En los últimos años las mujeres de este País han presenciado un poderoso contragolpe a sus derechos; han sido víctimas de un esfuerzo para retractar el manojo de victorias ganadas
Se ve, se siente, se percibe, se padece. La reacción. La resaca. El acoso a las mujeres de México, en ya 17 estados del País que han decidido, criminalizan el aborto. Y se dice que esta regresión es producto de una embestida contra el Estado laico, y del oportunismo político del PRI, y de los pactos de Beatriz Paredes con la jerarquía eclesiástica. Pero a pesar de que estas explicaciones tienen una parte de razón, obscurecen una verdad más profunda y más perversa. En los últimos años las mujeres de este País han presenciado un poderoso contragolpe a sus derechos; han sido víctimas de un esfuerzo para retractar el manojo de victorias ganadas y avances logrados. Obtienen el derecho a decidir sobre sus propios cuerpos en el Distrito Federal, y en otras latitudes se les castiga por ello. Al intento de independencia le sigue el macanazo; el empoderamiento va acompañado del encarcelamiento. El contragolpe no se da porque las mujeres hayan obtenido el pleno respeto a sus derechos, sino porque insisten en esa posibilidad. Y no proviene tan sólo de la colusión de los líderes políticos del PAN y del PRI con la jerarquía católica. Se ve reflejado en el silencio cómplice del Congreso, en el silencio ominoso de la mayor parte de los medios masivos de comunicación, en la posición paternalista de gobernadores que quieren confinar a las mujeres a hospitales psiquiátricos para protegerlas de sí mismas. Detrás de cada ley restrictiva, de cada condena impuesta, de cada derecho cercenado hay un un esfuerzo concertado para regresar a las mujeres a un lugar "aceptable", ya sea la cocina o la cama o el cabús o el asiento de atrás. Por eso se les discrimina, se les acuchilla, se les apedrea, se les apuñala, se les asfixia, se les estrangula. Por eso un número creciente de estados prohíbe el aborto aún en casos de incesto o violación o riesgos de salud para la madre. Porque las mujeres han empezado a ocupar espacios prohibidos, a reclamar derechos ignorados, a exigir la equidad, a salirse del rebaño. Y a los hombres no les gusta. A los patriarcas les molesta el cambio del balance en el poder de las relaciones hombre-mujer. El subtexto escondido del movimiento antiabortista es uno de miedo, de ansiedad. Los diputados y los sacerdotes y los esposos claman por los fetos "asesinados", pero su dolor verdadero proviene de otro lugar. De la dislocación social y económica que sufren cuando las mujeres comienzan a independizarse, a trabajar, a ganar control de sus espacios y de sus vidas. Del poder que desata en una mujer la posibilidad de terminar con un embarazo no deseado de manera legal y segura. De la revolución en el comportamiento femenino que trae consigo la despenalización. Frenar el aborto se vuelve una forma de frenar a las mujeres que aspiran a la equidad. Impedir el derecho a decidir se vuelve una manera de impedir el derecho a ser. Para poder trabajar, para poder educarse, para poder aspirar a más, una mujer necesita contar con la capacidad de determinar si y cuando quiere tener hijos. Quienes buscan arrebatarle esa capacidad quieren ponerla en su lugar. Un lugar de segunda categoría. Un lugar pasivo. Un lugar para callar, obedecer, sacrificar, servir la comida, esquivar el golpe. Un lugar tradicional para que legisladores y los jueces y los curas y los gobernadores y los machos y los mochos puedan dormir tranquilos. Las mujeres de 17 estados en una República que se dice laica, convertidas en úteros inanimados donde flota el feto al cual se le debe proteger más que a quien lo carga dentro. Las mujeres de 17 estados en un país que se dice democrático, obligadas a recurrir a agujas de tejer y clínicas clandestinas y condiciones insalubres, en busca de algo que el Estado no debería penalizar sino garantizar. El derecho a tomar decisiones propias sobre su cuerpo y sobre su sexualidad, sin la imposición de un esposo. Un padre. Un hermano. Un novio. Un sacerdote. Hombres tan asustados por el reconocimiento de ese derecho en el DF, que ahora buscan negarlo en cualquier otra parte. La única manera de combatir el contragolpe será a través de la organización. La única forma de resistirlo será mediante la movilización. No importa cuanto tiempo tome, ni cuantas batallas se pierdan en el camino, ésta se ganará. Marchando, confrontando, transformando los términos del debate público, marcando la agenda e influenciando su evolución. Las mujeres de México a veces parecen ignorar el peso de su presencia formidable o no saben cómo usarla. Pero pueden y deben actuar. Porque tienen derecho a derribar las paredes de su celda, a hacer historia. Porque la demografía y las condiciones del mercado laboral y el imperativo de construir un futuro mejor para sus hijas y los artículos 1 y 4 de la Constitución están de su lado. No importa cuantos pactos políticos suscriba Beatriz Paredes, o cuántas sanciones imponga la Iglesia católica, o cuántas reformas punitivas seas aprobadas por los congresos locales, nadie puede arrebatarle a las mujeres de México la justicia esencial de su causa. De nuestra causa.

MARIANO AZUELA, GENARO GÓNGORA

MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA

Hoy dejan de ser ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en activo, Mariano Azuela Güitrón y Genaro David Góngora Pimentel. Los dos fueron presidentes de ese tribunal: el segundo lo fue de 1999 a 2003, y el primero ejerció ese cargo de 2003 a 2007. Haber sido elegidos por sus compañeros les dio ya la calificación positiva que su desempeño ha merecido. Cada uno a su modo, conforme a su estilo, cumplieron con gran escrúpulo sus funciones. Azuela anticipó su salida casi cuatro semanas, después de que su ponencia sobre la investigación constitucional relativa a violaciones graves a las garantías individuales en Oaxaca no fue aceptada por la mayoría de sus compañeros. La última vez que Góngora fue ponente, la semana pasada, dio la razón al Congreso en su controversia contra el Ejecutivo por el reglamento de la Secretaría de Comunicaciones y transportes y en esa dirección lo acompañaron hasta ocho de sus colegas. Ambos llegaron a la mayor posición en el Poder Judicial de la Federación luego de desarrollar una activa carrera en ese ramo. Puede por ello decirse, conforme al lugar común que se estila en estos casos, que entregaron su vida a la judicatura. Y así fue. Con su ausencia a partir de hoy, es menor el número de ministros procedentes de la carrera judicial. Y por primera vez quedan en minoría los ministros designados en enero de 1995. Permanecen allí Olga María Sánchez Cordero, José de Jesús Gudiño, Salvador Eugenio Aguirre Anguiano y Juan N. Silva Meza. Se retiraron, y después murieron, Vicente Aguinaco Alemán y Humberto Román Palacios. Y sobrevive retirado Juventino Castro y Castro, ahora Diputado federal. Los han reemplazado Margarita Luna Ramos, José Ramón Cossio, Fernando Franco y Sergio Valls. Cada uno de los hoy retirados incurrió en un desliz significativo, aunque no de similar importancia. Azuela asistió en abril de 2005 a la casa presidencial donde se abordó el desafuero de Andrés Manuel López Obrador. Aunque, como ha insistido en aclarar, no tomó decisiones que lo afrenten a él ni al poder que encabezaba entonces, lo cierto es que apareció unido a la conjura contra el Jefe de Gobierno del Distrito Federal y como subordinado al Ejecutivo, pues acudió en el mismo plan que Santiago Creel y Rafael Macedo de la Concha, dependientes de Vicente Fox. Góngora, por su parte, pareció desdeñar al poder judicial al pretender, el año pasado, presidir el Instituto Federal Electoral, un cargo decidido por la Cámara de Diputados, en cuya contienda sus méritos fueron minusvaluados por los intereses de los partidos, que no lo justipreciaron Azuela nació en el DF el 1 de abril de 1936. Se educó con los maristas, cuya universidad, o al menos su escuela de derecho podrá dirigir ahora que se retira, y en la UNAM. Hizo allí una brillante carrera que evitó que su ingreso y progreso en la Suprema Corte de Justicia pudiera considerarse como resultado de influyentismo, ya que su padre, Mariano Azuela Rivera, hijo a su vez del novelista afamado, era miembro de ese tribunal. Se probó después el valor propio de Azuela Güitrón cuando pasó al Tribunal Fiscal de la Federación, de que fue magistrado y presidente hasta su elevación al cargo de Ministro de la Corte, en 1983. Cuando en 1994 el Presidente Zedillo descabezó a ese tribunal para aplicar una reforma de fondo que implicó atentar contra otro poder, junto con Juan Díaz Romero, el Ministro Azuela fue honrado al ser una suerte de eslabón entre aquella época y la nueva. Ambos fueron elegidos miembros de la nueva Corte, cuyo número se redujo de 25 a 11 y cuyas potestades crecieron considerablemente. Además de reputado maestro y autor, editó un episodio de la vida familiar bajo el título Azuela vs. Azuela, referido a un diferendo crucial entre su abuelo y su padre. Éste, que luego de un periodo de disipación se adentró en la vida espiritual guiado por sacerdotes, pretendió inducir al autor de "Los de abajo" a que se preparara a bien morir confesándose en la hora extrema, algo que el primer Mariano Azuela repudió como contrario a su libertad personal. Haber dado a la publicidad esa circunstancia corroboró el respeto que por sí mismo tiene el ministro que hoy se retira formalmente, y su libertad para creer y juzgar sin comprometer esta función con sus convicciones. Góngora Pimentel nació en Chihuahua el 8 de septiembre de 1937. Se graduó de abogado y se doctoró en Derecho en la UNAM. Allí ha sido profesor muy distinguido en varias materias y a la docencia se dedicará por completo desde ahora. Ingresó al Poder Judicial como Secretario de Estudio y Cuenta en el pleno de la Corte que llegó a presidir, y a partir de 1972 fue juez de distrito y magistrado de circuito. Varios de sus juicios particulares y sus alegatos en el debate estuvieron impregnados de gran fuerza doctrinaria. Con sus compañeros Cossío, Gudiño y Silva Meza publicó "Las costumbres del poder", conjunto de votos de la minoría al cabo de la investigación constitucional sobre el caso de Lydia Cacho, en que la mayoría consideró que las violaciones a las garantías individuales no alcanzaron la categoría de graves. Con el título "¿De quién es la vida?", el Ministro Góngora publicó su voto sobre la constitucionalidad de la reforma penal capitalina. Concluyó que "de los principios constitucionales y de derechos humanos aceptados por el Estado mexicano" no se justifica penalizar "la interrupción legal del embarazo a petición de la mujer gestante antes de las 12 semanas".

EL DESPEGUE BRASILEÑO (I-II)

HERMILIO LÓPEZ-BASSOLS

La política exterior de México sigue, como bien dijera Gustavo Iruegas, "inmóvil y sin sustancia", quién en su última entrevista antes de su fallecimiento, premonitoriamente dijera: "La presunta cercanía e interés hacia América Latina por parte de México es solamente una imagen pues su ocupación principal es agradar a Washington e insistir en una integración a la que ya nos respondieron con el nuevo muro fronterizo". En efecto así sucede hoy. Mientras otros países del continente tienen nuevos e interesantes horizontes que, a diferencia de México, no serán de controversia social, agudización de la pobreza y deplorable manejo de los asuntos del Estado. Chile y Uruguay se aproximan a elecciones donde probablemente ganará la izquierda y un exTupamaro, respectivamente. Bolivia tiene sólo un candidato, Evo Morales que seguramente arrasará y, por tanto, proseguirá con un importante giro hacia la izquierda que para él significa la soberanía plena de sus inmensos recursos naturales. En Colombia, Uribe encontrará dificultades obvias para su reelección a pesar del enorme apoyo que recibe de EU, la empresa privada y la Iglesia, sin que se apunte ninguna posibilidad de negociación con las FARC y sí de debilidad con el acuerdo que cede bases aéreas al uso del imperio. En estas circunstancias Brasil emerge como la gran potencia regional conducido por la hábil mano de Luis Inácio "Lula" da Silva quien dejará el poder el año próximo pero seguramente en manos confiables para posiblemente retornar en el otro mandato.Así se va cumpliendo el vaticinio de Goldman Sachs de 2003 respecto a que el BRIC (Brasil, Rusia, India y China) serían piezas muy significativas hacia 2015 en el emergente mundo multipolar del siglo XXI. Hoy Brasil crece al ritmo del cinco por ciento anual -sólo le supera Bolivia- cuando ha descubierto importantes yacimientos petroleros en aguas profundas y penetra al inmenso interior de la Amazonia por tierras de cultivo, bosques y minerales. Se afirma que en cinco años Brasil superará al Reino Unido y a Francia como la quinta economía del mundo. Este no es un milagro sino el resultado de trabajo y esfuerzo de más de una década en que el Gobierno, empresas y trabajadores, han adoptado políticas económicas drásticas que en mucho le separan del neoliberalismo clásico imperante en el continente. Entre ellas la reducción del gasto gubernamental, la autonomía del Banco Central, la apertura al comercio internacional, tanto en la región como en África, Europa y Oriente. Además, adoptó políticas generosas en materia de inversión y varias de las industrias fundamentales del país fueron privatizadas. En esto hay que reconocer, el trabajo de Fernando H. Cardoso quien adoptó el real como moneda corriente, atajó la pirámide inflacionaria y adoptó como su sucesor a "Lula", una severa disciplina gubernamental (ausente en México), Asimismo, Brasil se sacudió en buena parte de su deuda exterior que estaba principalmente fincada en dólares, otro acierto de las administraciones brasileñas es el hecho de que la mayor parte de las reformas a la economía se impulsan y continúan en la siguiente administración independientemente de los partidos que apoyen al Presidente. Cuando se pensaba que la crisis global financiera iba a castigar el proyecto brasileño, "Lula" respondió que se habían tomado medidas que le permitieron salir poco dañado de la crisis, reduciendo las tasas de interés y manteniendo el valor de su moneda. Pero no hay que confundir la prosperidad brasileña proviene sólo de acciones del Estado y de la fortuna de yacimientos petroleros, hoy es el primer exportador de café, azúcar, pollos, res y jugo de naranja y también exporta vastas cantidades de soya y hierro, a la vez que sus bosques proveen importante cantidad de pulpa para papel en el mundo. Pronto podrá pensarse también en al exportación de etanol para automóviles.Así que cuando se agudice la insuficiencia en la producción de alimentos en el mundo, Brasil será un importante proveedor dado que ha impulsado el trabajo en el campo, los negocios familiares y también las inversiones extranjeras. Ahora el reto es preparar la infraestructura carretera para llevar sus productos a puertos hacia el mercado internacional.Examinaré en la próxima colaboración otros aspectos especialmente internacionales del boom brasileño, tales como su membresía en el Consejo de Seguridad, la construcción de UNASUR, sus alianzas estratégicas con diferentes países del mundo, su negociación del Tratado con la Unión Europea, etcétera.

PROBLEMAS PRÁCTICOS Y SOLUCIONES EN DERECHO FAMILIAR

JULIÁN GUITRÓN FUENTEVILLA

* Generalidades Mañana usted y yo tenemos una cita en el Canal Judicial, de las 20:00 a las 21:00 horas, para hablar sobre la familia. Uno de los resultados de más penetración, en el Programa Derecho Familiar que se trasmite por el Canal Judicial, es que cada día más personas se acogen al sistema del correo electrónico para plantear sus problemas, y en ocasiones por esa vía se les da respuesta; en otras, la mayoría, es por medio de la televisión, como quien esto escribe se comunica, a veces de manera anónima y otras individualizando, a los interlocutores, de sus conflictos y, en un momento dado, de sus diversas alternativas de solución que se les puede brindar.* La verdad jurídica por encima de cualquier interésUno de los elementos más atractivos, para quien tiene dudas de la problemática por la que atraviesa en Derecho Familiar, es que en el programa, que tengo el honor de conducir, sólo nos mueve el propósito de ayudar y, sobre todo, de hacerle saber a quien requiere solución a sus cuestionamientos, lo que dice la ley, lo que ordena el Código Civil; en su caso, lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto, sobre todo para que quien sufre en carne propia la angustia y no sabe qué camino seguir, siempre encuentra una respuesta adecuada y, como decíamos, con el único propósito de ayudar, al decirles en qué supuesto jurídico se pueden ubicar y cuáles pudieran ser las diversas soluciones.* Investigación de la paternidad y la maternidadReiteradamente, las personas que ven el Programa Derecho Familiar, que se proyecta en el Canal 112 de Cablevisión, 633 de Sky y por Internet a nivel internacional: www.scjn.gob.mx los lunes de las 20:00 a las 21:00 horas y los jueves de las 9:30 a las 10:30 horas, nos preguntan si hay alguna certeza, sobre todo que en lo jurídico sea inapelable, por lo que se refiere a saber quién es el padre o la madre de un hijo, o que éste, en su caso, como lo ordena la Convención Internacional de los Derechos de la Niñez, intente la acción para conocer sus orígenes, sus padres y sobre todo, biológicamente, a quién corresponde la paternidad o maternidad. Al respecto, debemos subrayar que, ante cualquier duda o conflicto, el Código Civil para el Distrito Federal admite, en todos los casos, la prueba del ácido desoxirribonucleico, conocida por sus iniciales ADN, cuyos resultados son prácticamente infalibles; el margen de error es mínimo y lo más importante, obliga, incluso a quien en un momento dado no quisiera someterse a la prueba o se negare a proporcionar las muestras respectivas que podrían ser semen, sangre, saliva, cabello, biopsia y otras semejantes, porque ante esta negativa, la ley le imputa al sujeto correspondiente ser el presunto padre, madre o hijo en su caso, llegando al extremo la ley de que el Juez Familiar puede ordenar al Registro Civil que expida un acta de nacimiento, si ese fuera el caso, para el niño objeto del juicio, o sea un acta que acredite su estado civil de hijo, anotando en el documento respectivo, aun en contra de la voluntad de quien ha sido demandado, para que se inscriba como hijo suyo, y además, consignando en ese instrumento los nombres y apellidos de los padres, o sean los abuelos del hijo cuestionado. Obviamos los nombres de quienes nos consultaron; pero lo trascendente es que ustedes, distinguidos lectores, que nos honran leyendo estas líneas, sepan que los expertos, miembros del Colegio Nacional de Estudios Superiores en Derecho Familiar, A. C., fundado en el año de 1973 y que tengo el honor de presidir, sigue dando consultorías jurídicas gratuitas en su domicilio oficial, ubicado en Nicolás San Juan 308, 6° piso, despacho 11, en la colonia del Valle, CP. 03100, delegación Benito Juárez, con teléfono 56 39 22 35, donde usted puede, en el horario de las 10:00 a las 14:00 horas, pedir una cita, que a la brevedad se le otorgará, para que verdaderos expertos lo orienten jurídica y gratuitamente sobre su problema. Debemos hacer hincapié en que lo trascendente de nuestras respuestas consisten en que usted tenga el diagnóstico y verdad jurídica, sin más interés que el de servirle, de su problema de Derecho Familiar, sea cual fuere la gravedad de éste. * Paternidad y maternidadEn el pasado remoto, estos problemas se resolvían con los preceptos de la ley, que hoy resultan obsoletos, cuando la misma decía que el padre del hijo de la esposa era su marido, es decir, con quien había contraído nupcias, viviera o no con él, porque esa era la presunción que hoy se destruye con la prueba del ADN. Respecto a la maternidad, la norma era que la madre resultaba la que lo hubiere procreado; o sea, la que diere a luz, dejando fuera las hipótesis de suposición o suplantación de maternidad; que hoy, al remitirse a la prueba del ácido desoxirribonucleico, esos principios romanos dejaron de tener vigencia y aplicación, no sólo en México sino a nivel internacional. Recuerde usted, quien nos formuló esta pregunta, que solicitar esta orientación puede ser vital para la decisión que usted tome, independientemente del problema que plantee.* Alimentos en el divorcio sin causaHabiendo transcurrido más de un año de que la Asamblea Legislativa, IV Legislatura del Distrito Federal, aprobara establecer el divorcio, llamado por los medios exprés, incausado, al vapor, espurio, unilateral, que en realidad debería llamarse, atendiendo a su naturaleza jurídica, es decir, a lo que en Derecho es hoy en día este divorcio, divorcio por solicitud unilateral o bilateral; porque sea que lo pida uno o ambos, el resultado es el mismo, la familia no cuenta; los hijos tampoco y si se trata de dividir bienes, hay que irse a los incidentes jurídicos correspondientes de los que hablaremos más adelante. Solicitar el divorcio de manera unilateral o bilateral tiene el mismo resultado; el matrimonio se liquida en un plazo máximo de ocho y máximo treinta días, sin que se pueda detener la autonomía de la voluntad, la del divorciante o ambos en plural, que anteponiendo el interés superior de la familia y de los hijos, hoy encuentran una respuesta a su interés particular, gracias a la reforma de octubre del año 2008.*¿Qué pasa con los alimentos y con los hijos?La pregunta reiterada por ustedes tiene una respuesta sencilla. La solicitud de divorcio -fijarse bien que no es demanda; mucho menos reconvención o contrademanda o algo que se le parezca- se recibe por el Juez Familiar, fija una audiencia cercana, le notifica al otro que en ese Juzgado, su esposa ha dicho que se quiere divorciar. El señor, si ese fuere el caso, y se opusiera, por ejemplo, no tendría mayor trascendencia, porque su voluntad no cuenta; incluso no podría ni apelar, porque expresamente el Código Procesal Civil, en el artículo 685 Bis, lo prohíbe. El juez cita a una audiencia de conciliación, que tampoco cuenta, porque si quien solicitó el divorcio no va, el otro asiste y quiere expresar que no está de acuerdo, de nada sirve; si frente a la ausencia de ella, usted solicitara una vía de apremio para que la obliguen a ir o que le impongan una multa, tampoco existe; y vamos al extremo; ella solicita el divorcio, a usted se lo notifican; usted no va a la audiencia de conciliación; es más, no vuelve a aparecerse en el Juzgado y sorpréndase, el juez tiene obligación de decretar, porque no es sentencia, el divorcio y como usted lo está pensando, los alimentos; y si hubiera hijos mayores que los necesiten, pasan a último término, más bien no cuentan, porque como dice la absurda exposición de motivos de la reforma multicitada, sólo quien solicita el divorcio sabe si quiere o no seguir casada". ¿Qué tal? ¿Qué le parece? Espero que esta aberración jurídica no siga causando los graves daños que ha ocasionado ya a las familias del Distrito Federal, porque calcule usted, entre el mes de octubre del 2008 y el 31 de agosto del presente, se han divorciado por solicitud dieciocho mil ochocientas cincuenta y nueve parejas, en los 42 Juzgados Familiares, estadísticas oficiales de la oficina correspondiente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.* Sociedad de convivenciaReiteradamente, personas del mismo sexo o heterosexuales, que se han acogido a esta nueva figura de convivencia, producto de la autonomía de la voluntad de quienes la realizan, porque su naturaleza jurídica es un acto jurídico bilateral, formal, que debe satisfacer ciertos requisitos y que se inscribe en la oficina jurídica correspondiente a cada delegación, así como en el Registro Público de la Propiedad. A la fecha, aproximadamente 600 parejas homosexuales y 31 heterosexuales viven en esta clase de unión. La gran falla del legislador, también de la Asamblea citada, no podría haber sido de otro modo, es haber pretendido que los efectos jurídicos y las consecuencias legales de quienes se unen de esta manera, produzca los mismos efectos que el concubinato; ignorando o quizá haciéndolo de mala fe, el legislador, que el concubinato tiene como naturaleza jurídica ser un hecho jurídico, que produce consecuencias como obligar a los concubinos a proporcionarse alimentos, a establecer un parentesco por afinidad entre ella y la familia de él y a la inversa, así como heredar, en la sucesión legítima, cuando no hay testamento, con las mismas reglas que si estuvieran casados, es decir como si fueran cónyuges, lo trascendente, lo que para ustedes que nos hacen el favor de leer estas líneas nos preguntan, y que ven y escuchan el Canal Judicial con el Programa Derecho Familiar, es que el concubinato de homosexuales no existe en México, el concepto de esta unión es que se da, según el artículo 291 Bis del Código Civil del Distrito Federal, entre un hombre y una mujer -fijarse bien que no dice dos del mismo sexo- que hacen vida en común, que duran en esa unión dos años o más, o como ordena la norma, que en ese lapso tengan un hijo en común, lo que obviamente reduciría los dos años a nueve meses. Lo importante es que ustedes, convivientes de esta clase de sociedad, sepan que han sido engañados, que ningún juez le va a dar valor a las hipótesis de alimentos, sucesión legítima o indemnización en su caso, porque simple y llanamente el concubinato de personas del mismo sexo no existe. * ConclusiónRecuerde que en ocasiones me tardo un poco en darle respuesta a su problema, pero siempre los tengo presentes para por esta vía dialogar con quien hace posible el programa Derecho Familiar, o que usted que nos favorece viéndolo, lo difunda a otras personas, sepan que patrocinados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Canal Judicial es el único en México que desinteresadamente y con verdaderos expertos en Derecho Familiar, siempre está en la mejor disposición de decirle a usted, sea cual fuere, la dimensión de su problema. En el mismo sentido, este generoso espacio a favor del Derecho Familiar es avalado y proyectado por El Sol de México hace casi cinco lustros, lo que lo ha convertido en el único medio periodístico a nivel mundial que ha mostrado esta preocupación para ayudar a resolver problemas y conflictos que ocurren dentro de la célula social más importante de todos los tiempos, que es la familia. Gracias por escribirnos y sobre todo por vernos y escucharnos, porque recuerden que ustedes hacen realidad tanto esta columna cuanto el Programa de Derecho Familiar.

EL MOVIMIENTO CÍVICO Y LA LUCHA ELECTORAL

ARNALDO CÓRDOVA

Hay algo característico de los cenáculos de la izquierda que consiste en contraponer por sistema, incluso cuando no viene al caso, la lucha social por las reivindicaciones de las clases populares y su bienestar con la lucha electoral. La expresión electorero es, en el pensamiento de quienes practican ese vicio, sencillamente repugnante. Suena a corrupto, a sucio, a transa, a mercadeo, a entreguismo. El principio rector de ese peculiar modo de pensar es siempre la desconfianza en la política y, sobre todo, en los partidos y su negocio, que son las elecciones.
Eso que Jean-Paul Sartre llamó el imaginario y que no es otra cosa que el horizonte en el cual pensamos y nos proponemos algo, para la izquierda está poblado de fantasmas y de dogmas que le impiden pensar y proponer, sobre todo, esto último. Por lo menos, nunca se dice claramente. Si a alguien se le aclara: tú lo que propones es la lucha armada, de inmediato hay una negativa llena de azoro y hasta de cierta vergüenza y sólo se responde que lo único que sería deseable es que se actuara con mayor fuerza, con mayor dureza. Qué podrá ser eso es algo que jamás se sabrá.
Cuando pensamos la cuestión en el movimiento lopezobradorista, si se plantea sin enmarcarla en la reflexión, tratando de ver ante todo de qué clase de movimiento se trata, la confusión hace de inmediato su reino y las ideas y los sentimientos se disparan en los sentidos más inimaginables. El movimiento cívico, ¿un movimiento electorero? Eso parece oler a cloaca o a algo peor. Pero sucede que este movimiento enseñó su entraña desde el momento mismo en que nació, con el desafuero. Era y siempre ha sido un movimiento político, que nació para contender por el poder. ¿Por qué contender por el poder? Porque es un movimiento que lucha por la nación mexicana y por su pueblo, por sus trabajadores, por un Estado que se apegue a la ley, un auténtico Estado de derecho, por el desarrollo de México como nación libre y soberana.
Ese era el programa que López Obrador como aspirante a la Presidencia de la República presentó ya desde aquellos tiempos a la ciudadanía. A ese movimiento, que involucró a los partidos de izquierda sin excepciones y a una gran parte de la sociedad, le negaron el triunfo en las elecciones de 2006 mediante el fraude y el poder del dinero. Ese movimiento siguió, porque no se resignó a la derrota, y no fue sólo cosa de su líder, sino de todos los millones de sus seguidores. Y ahí ha permanecido, resistiendo todos los embates del poder combinado de la derecha y de los dueños del dinero. Su enseña fue siempre la misma, defender al México del pueblo y luchar porque la ambición de los poderosos no acabara destruyéndolo.
Se hizo patente también que seguía porque se iba a volver a luchar por el poder. ¿Cómo se puede luchar por el poder? Sólo hay unas cuantas vías y yo diría que sólo dos: una, la lucha armada; otra, la vía institucional, vale decir, la lucha electoral. Nadie en el movimiento pensó jamás en la lucha armada, si bien siempre se ha discutido el alcance de las iniciativas pacíficas: pacíficas, ¿hasta dónde? A veces a algunos les parece que ocupar un lugar público e incluso una oficina pública deja de ser pacífico. Eso siempre se puede discutir; pero la lucha pacífica e institucional quiere decir, sin rodeos, que no se usará de la violencia. En eso el movimiento y su líder han sido extremadamente coherentes.
¿De qué serviría un movimiento cívico que no luchara por el poder sino sólo por algunas cuantas demandas que no tuvieran nada que ver con el ejercicio del poder? Yo pienso que ni siquiera sería un movimiento cívico. Un movimiento cívico es un movimiento de ciudadanos, vale decir, de aquellos miembros de la sociedad que están dotados, constitucional y legalmente, del poder de decidir cómo debe ser el Estado, cómo su orden jurídico y, también, de elegir a quienes deben gobernar a la sociedad desde los puesto públicos. Este movimiento cívico quiere gobernar a la sociedad a través del poder del Estado porque encarna los sentimientos de todos aquellos que piensan que el de ahora es un pésimo gobierno.
El pasado sábado 21, Andrés Manuel López Obrador declaró que está listo para ser nuevamente el candidato de este movimiento, pero que ello dependerá de si es el que esté mejor posicionado entre todos los prospectos que puedan aspirar a ello en el mismo movimiento. No es sólo una aspiración suya sino también de una inmensa mayoría de quienes militan en ese movimiento. ¿Movimiento electorero? Para nada. El emblema y nombre del mismo lo indican claramente: no se puede defender la economía popular, el petróleo ni la soberanía nacional fuera del poder. Para eso se necesita el poder. Que los líderes tengan sus ambiciones personales es harto natural. Sólo hay que saber de qué tipo de ambiciones se trata.
Muchos deben pensar que el camino, más bien, debería consistir en ocupar carreteras y oficinas públicas o paralizar ciudades o, también, proclamar huelgas generales que dejen sin movimiento a la economía, sosteniendo al mismo tiempo que luchar en las justas electorales es perder el tiempo porque nunca nos dejarán ganar. Hay un modo de garantizar que nunca nos dejen ganar y es no hacer nada en ese campo y dejar a los adversarios que hagan por su cuenta las elecciones. Los panistas y los priístas estarían felices de ello. Un antiguo adagio reza que las luchas finales, con todo y por todo, son siempre la aspiración de aquellos que están perdidos de antemano y no encuentran otro modo de olvidar que son débiles frente a sus enemigos.
La lucha de este movimiento, siempre se ha aclarado, es una larga marcha en la que hay que armarse de mucha paciencia, de un deseo permanente de luchar y de una gran fe en la victoria. Cuando uno escucha a algunos de sus participantes siente que esos elementos faltan y que el desaliento se apodera de ellos. Ya estamos hartos de concentraciones que no nos llevan a nada, he escuchado. Pero esas mismas concentraciones tienen algo que se está volviendo un símbolo: siempre llenan el Zócalo y sus calles aledañas y en ellas el entusiasmo del encuentro con los demás se vuelve cada vez más fuerte y, lo más importante, cada vez más consciente. Estamos aprendiendo a luchar pacíficamente y con poder de convicción; estamos aprendiendo a usar la legalidad; el líder recorre el país porque le gusta, por supuesto (y hasta desearía hacerlo a pie), pero también para hacer presente ese movimiento hasta en los lugares más recónditos de nuestra geografía. Sólo falta mantener la confianza en el movimiento mismo y en sus objetivos de lucha.

¿TRES Y VAN CERO?

ROLANDO CORDERA CAMPOS

Todo puede decirse de la gestión de Felipe Calderón al frente del gobierno, menos que al cumplir tres años pueda cantarse ¡sin novedad! Mucho ha intentado este gobierno y mucho ha fallado, y es aquí donde deben buscarse las fuentes del desorden político y mental imperante.
Al iniciar su gobierno, el Presidente encontró la seguridad pública en un estado lamentable: se reproducían sin cesar escenas de Ciudad Gótica y el Estado encaraba desafíos inéditos para asegurar el orden y controlar el territorio. Fue esto lo que aparentemente lo llevó a disponer la movilización de las fuerzas armadas e involucrarlas en el papel de policía. Y aquí empezó a arder Troya.
Sin menoscabo de la ejemplar disciplina castrense, que se abocó a cumplir órdenes sin reparo mientras arropaba la imagen presidencial en traje de faena, pronto emergieron dudas sobre la eficacia de la medida y su apego a la legalidad nacional. El arrebato presidencial y su declaración de guerra al crimen organizado no contemplaban salidas ni retiradas, sólo un ¡Gung Ho!, irreductible y frenético, que sin solución de continuidad incendiaba el ánimo comunitario, desataba cruentas batallas urbanas y rendía partes de guerra sin ton ni son, produciendo inquietud y zozobra donde predicaba recuperación de la paz y vigencia del derecho.
Ante las recomendaciones de que rebasara a López Obrador por la izquierda con una política social audaz, Calderón pareció optar por derrotarlo por la derecha, enseñando los dientes armados del poder sin considerar su progresivo desgaste, de su mandato y del Ejército Mexicano que obedece órdenes pero se debe a la Constitución y al pueblo. Al cumplir tres años, todo es mala nueva en este frente donde la impunidad de los malos se quiere combatir con ocurrencias de mal gusto, como sucedió hace poco con el alcalde de Garza García.
No recibió el gobierno una economía boyante, pero su crecimiento magro combinado con una estabilidad monetaria impuesta a rajatabla, daban sostén a las transferencias de ingreso a los más pobres y traían consigo reducciones en la pobreza monetaria. En 2008, sin embargo, su majestad el mercado mundial mandó a parar con alzas intempestivas en los precios de alimentos, materias primas y petróleo, y las cuotas de pobreza de ingreso registraron una reversión que sirve de antesala a los resultados de una crisis abrumadora que ha pegado en el centro de la cohesión social, al destruir empleos masivamente y redoblar un régimen de bajos salarios en toda la escala laboral.
Las alabanzas a Oportunidades ceden su lugar al reconocimiento de que sin crecimiento económico no hay transferencia fiscal que aguante. El presidente del empleo que heredara al del combate exitoso a la pobreza, se ve despojado de fichas y convoca a combatir la pobreza y a hacer de 2010 el año del cambio pacifico. Podría empezar ya, cambiando pacífica pero contundentemente una política económica que es inseparable del saldo de empobrecimiento que arroja una crisis cuya salida no está a la vuelta de la esquina.
Si las tristemente célebres calificadoras internacionales pueden servir para algo, debería ser para reconocer que es la falta de crecimiento y de decisión estatal para afrontarla lo que nos ha sacado del juego de la inversión global y afectado la cohesión social y política requeridas para hacer atractivo a México para el riesgo y la empresa productiva.
Sin una economía capaz de responder al reclamo demográfico y social, condensado en los jóvenes que no hacen nada, el Estado no tiene cuerdas para resortear y su caída del ring es festinada por agoreros y apostadores. Por su parte, los contribuyentes a la Gran Coalición de la normalidad del centro a la derecha hacen mutis, no sin antes lanzar advertencias retadoras y mantener su reclamo fiscal incólume.
Lo peor se asoma como amenaza, que algunos ven ya en curso, de que una vez más los profesionales del desencanto empresarial promuevan el voto con los pies, que ahora es a golpe de computadora, y el país se vea sometido a una desalmada andanada especulativa contra el peso y el precario orden financiero alcanzado a tan alto costo productivo y social.
Por último, pero no al último, el gobierno no resistió a su naturaleza y declaró la guerra al SME, so pretexto de combatir al corporativismo. Al agredirlo, con los más elementales recursos del pasado y sin tener a la legalidad claramente de su parte, el gobierno decide descansar en un coro mediático de falsa modernidad que arrambla no contra una dirigencia sindical rejega, sino contra los trabajadores y su sindicato, y pone en estado de alerta a las organizaciones que han aprendido a usar su independencia para sobrevivir y hacer avanzar las demandas elementales de sus bases.
Esta coalición anticorporativa imaginada no tiene consigo la elección racional de la que tanto presume, pero rehúsa encarar la carga de la prueba: para demostrar su congruencia liberal, llamémosla así, tendría que fijar posiciones claras ante lo peor del corporativo que no está en el SME, los sindicatos universitarios o telefonistas, sino incrustado en la educación, corroyéndola, y en la CFE o Petróleos Mexicanos, drenando sus recursos y bloqueando cualquier iniciativa de reforma de la empresa destinada a fortalecerla e integrarla y a recuperar el dominio eminente de la nación sobre sus recursos fundamentales.
La democracia es el credo de la falange generacional que creyó llegar a Los Pinos con Vicente Fox para afianzarse en el poder con Felipe Calderón para derrotar al populismo. Lo ocurrido dista mucho de concederles savia reformadora o verbo modernizador. Sólo disposición a la bravata y ni siquiera la hipótesis de la buena intención que suele otorgarse a la gente decente.
Calderón quiere hacer de 2010 el año de la inflexión y del cambio pacífico. ¿Por qué la espera? ¿O se trata de otra travesura del reloj legislativo?

ELOGIO DE LA POLÍTICA

PORFIRIO MUÑOZ LEDO

Es Mario Soares ejemplo de longevidad política, por la lozanía de su pensamiento y la templada bonhomía de su carácter. Es también la personalidad testimonial más lúcida del ocaso de las dictaduras y los imperios coloniales, el nacimiento de las transiciones y los estragos del neoliberalismo. Esto es: del mundo contemporáneo.
Acaba de enviarme un libro que dedica a los jóvenes: Elogio de la política. Contiene análisis justos sobre cuestiones cruciales de nuestra época y pretende demostrar que la política no es necesariamente esa “gran puerca”, de la que se habló en tiempos de la monarquía. Se trata en el fondo de una reflexión moral.
Considera que el descrédito de los políticos ha sido inherente al cambio democrático. En los regímenes autoritarios “hablar mal de la política equivalía a cuestionar los sistemas de gobierno”. Era “prohibido e ilegal” y los disidentes no eran sino “subversivos”, que debían ser “marginados, discriminados y perseguidos por antipatriotas”.
La crítica de la política es el aliento respiratorio de las democracias y exige un comportamiento particularmente estricto de quienes a ella se dedican. Es un termómetro de la congruencia, pero también de la apariencia. Demanda un alto componente ético, pero, como en la antigua Roma, los actores públicos no sólo deben ser honestos, sino también parecerlo.
La política combina “la ambición individual con el desinterés y la inserción en la realidad con la integridad del ideal”. Comporta innumerables riesgos personales y genera satisfacciones superiores. Es en ese sentido “una de las más nobles actividades del ser humano, si no la más noble”.
“La Política con P mayúscula está siempre relacionada con el Estado y, desde fines del siglo XVIII, con la Constitución y obviamente con la democracia”; un político que no rija su conducta por esos parámetros “difícilmente será un gran político y, desde luego, nunca será un demócrata”.
Anota que “las llamadas democracias liberales han sido corroídas por la crisis de valores: abandono de principios, exceso del marketing político, peso del dinero, negocios especulativos e invasión de los medios electrónicos”. La globalización las está convirtiendo en “oligarquías plutocráticas”.
Destaca la expansión del tráfico de influencias y lo atribuye a “la práctica norteamericana del cabildeo, que autoriza a los políticos y ex políticos para defender intereses de empresas, grupos o personas ajenos al interés público”. Así, la implantación de la “teología del mercado” llevó consigo la creciente corrupción de la política y la intención de “fragilizar al Estado”.
Los mismos mecanismos e intereses que contribuyeron a la prostitución de la política luego se cebaron en denunciarla. “La propaganda contra la política, achacándole todos los males, se ha intensificado en forma deliberada y sistemática a efecto de subordinarla al mercado”. Por esa vía, la “mano invisible nos condujo a la crisis global en que estamos inmersos”.
A ello se debe el clamor por la restauración del Estado y la primacía de la política. Tal empresa no será posible sin el “resurgimiento de los partidos, de los sindicatos y, sobre todo, de los políticos”. Ello exige a su vez el renacimiento del civismo, la información y el debate ideológico.
La sociedad ha de ser “implacable con el comportamiento de sus dirigentes” y “el poder que éstos ejercen ha de ser siempre transitorio”. Citando a Karl Popper, sostiene que la democracia no es sólo el sistema en que los ciudadanos eligen a sus gobernantes, sino en que pueden sustituirlos mediante comicios frecuentes y periódicos, juicios políticos y revocación de mandatos.
La falta de sanción al desempeño prevaricador o ineficiente conduce a la impunidad de los gobernantes y a la impotencia de los gobernados. Adelgaza a la ciudadanía, degrada la política y degenera el poder. Gracias a Mario por este recordatorio.

EL SECUESTRO DE LA ASF

JAIME CÁRDENAS GRACIA

Los distintos grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados, con énfasis diversos, han decidido en la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación no aceptar el principio jurídico previsto en el artículo 79 fracción IV párrafo tercero de la Constitución y sus consecuencias, que consisten en que una vez que concluye el mandato del titular de la ASF éste puede “ser nombrado nuevamente por una sola vez”. La comisión decidió que si el actual auditor desea ser nombrado nuevamente deberá someterse al mismo procedimiento al que se ajustarán los demás aspirantes al cargo, que está previsto en el artículo 80 de la Ley Federal de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
Al respecto, es importante señalar que el artículo 82 de dicha ley establece, al igual que el artículo 79 de la Constitución, que el auditor al concluir su mandato puede ser nombrado nuevamente por una sola vez, aunque ese precepto no indica un procedimiento específico para ello y, por lo mismo, no precisa de qué manera el principio jurídico que posibilita un nuevo nombramiento deba ejercerse. Pese a lo anterior, es obvio que la ley contempla dos supuestos para dos casos diversos: 1) cuando no existe un auditor que concluye funciones y, por lo mismo, el nombramiento debe hacerse abierto para todos los interesados según el artículo 80 de la Ley Federal de Fiscalización y Rendición de Cuentas; y 2) cuando hay un nuevo nombramiento por una sola vez, en caso de que exista un auditor que concluye su primer mandato, situación prevista en el artículo 82 de la ley mencionada.
Que existan estos dos supuestos se explica por la naturaleza jurídica de la ASF, que aunque de acuerdo al artículo 79 de la Constitución tiene autonomía técnica y de gestión, depende en gran medida de la Cámara de Diputados, entre otros, en los siguientes aspectos: 1) su presupuesto; 2) la Comisión de Vigilancia interviene en muchas de las funciones orgánicas y tareas de la auditoría; 3) la entidad de fiscalización es a su vez fiscalizada por una Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados; 4) la designación del auditor corresponde a la Cámara de Diputados; y 5) la Comisión de Vigilancia tiene facultades para solicitar la comparecencia de servidores públicos de la auditoría.
La influencia de la cámara vía las comisiones de Vigilancia y de Presupuesto y Cuenta Pública, así como del pleno, es determinante en el ejercicio de sus competencias. Por eso, tiene pleno sentido el supuesto de que la cámara, en caso de un nuevo nombramiento por una sola vez, intervenga para dictaminar, previo a cualquier procedimiento abierto y general, si el auditor que concluye sus funciones las ha realizado satisfactoriamente; de otra manera no se le exige a dicho funcionario ninguna rendición de cuentas final. Además, en una democracia y en un estado de derecho, lo que merece todo servidor público es esa evaluación final sobre el encargo desempeñado. Los que lo hayan hecho bien merecen ser ratificados.
La Comisión de Vigilancia nos privó de la evaluación final del desempeño del auditor que concluye su mandato y prefirió, sin fundamento, abrir una convocatoria pública para el cargo. La situación es delicada jurídica y políticamente, porque el pleno no conoce formalmente las razones de la comisión para no cumplir el principio previsto en la Constitución, y porque todo se debe, como suele ocurrir en México, a un arreglo entre las fuerzas políticas, principalmente las mayoritarias, para tener órganos de fiscalización a modo.
El PAN está molesto con el auditor porque sus informes han sido contundentes sobre la pésima manera en que las administraciones panistas han ejercido el gasto público, y porque el auditor ha hecho públicas irregularidades de los gobiernos de Fox y de Calderón. El PRI, que con el PVEM tiene mayoría absoluta, está encantado con la molestia del PAN, porque además de que un auditor independiente puede causar muchos problemas a una futura administración priísta, ven una oportunidad para impulsar a un candidato compatible con sus intereses. Los demás partidos, aunque vislumbran lo que está en juego, son incapaces y no advierten o cierran los ojos para no ver el arreglo cupular que se avecina entre panistas y priístas.
Lo lamentable de la historia radica en que uno a uno de nuestros órganos autónomos ha pasado a ser secuestrado por los poderes fácticos. En este caso, por las nomenclaturas de los partidos políticos mayoritarios, sin que para ello importe que estemos reprobados por Transparencia Internacional por la alta percepción que de la corrupción existe y tengamos una calificación de 3.3.

UNAM. FARO EN LA TORMENTA

MANUEL CAMACHO SOLÍS

En un momento en el que ha crecido el desencanto con las instituciones, la UNAM conserva su prestigio y resguarda valores que ayudarán a orientar el rumbo de la nación en medio de la tormenta.
Frente a la polarización social que crece por los efectos de la crisis, el crecimiento del desempleo y la pobreza, y por decisiones gubernamentales que, en vez de conciliar, confrontan, la UNAM es un espacio de pluralidad y un vehículo de capilaridad social. Ahí se siguen sentando jóvenes de todas las clases sociales. Quienes provienen de familias acomodadas se enriquecen con una sensibilidad social que los acerca a la realidad. Quienes vienen de familias excluidas, ahí encuentran una oportunidad y un reforzamiento de su seguridad que en otros espacios se les niegan.
Frente a la desnacionalización, la Universidad Nacional Autónoma de México es un centro donde se educa para amar al país, conocer su historia, valorar sus recursos naturales y tener conciencia de que el trabajo profesional puede y debe servir para mejorar a nuestra nación. El propio campus de Ciudad Universitaria es un oasis de conservación en nuestra capital.
Frente a los intentos reaccionarios y excluyentes, la UNAM defiende al Estado laico, la educación pública, la justicia y obsesivamente la libertad. La libertad de expresión y de conciencia, sin cortapisas. Ahí conviven todas las ideologías, las creencias religiosas. Ahí debaten entre ellas. Ahí ofrecen y promueven sus visiones del mundo. Ahí aprenden a ser tolerantes con quienes son diferentes.
Frente al estancamiento económico y el retroceso, la UNAM conserva el respeto por la ciencia y el desarrollo tecnológico. Ahí está la mayor planta de investigadores que, contra viento y marea, se sostienen y podrán relanzar el desarrollo.
La UNAM otorga el más alto valor a la cultura. Sus espacios escultóricos, conferencias, conciertos, museos, edificios catalogados, exposiciones o seminarios son orgullo de su comunidad y un bien público que comparte con la sociedad.
La UNAM ejerce un liderazgo en la educación pública, cuando defiende los presupuestos de otras universidades, tecnológicos e incluso instituciones federales vinculadas a la educación y la ciencia.
En la vida política, la UNAM ha sido un contrapeso contra los abusos de poder. La UNAM ha aprendido mucho de sus propios conflictos: ha cobrado conciencia de la fragilidad de la estabilidad y del enorme poder del diálogo. Entre sus rectores están líderes civiles que en momentos de gran tensión han sabido defender lo mejor que tiene México. Está la figura ejemplar de Javier Barros Sierra, quien al defender a la UNAM reivindicó las libertades de México. Están rectores admirados de derecha como Manuel Gómez Morín o de izquierda como Pablo González Casanova. En nuestro tiempo, su junta de gobierno ha mostrado capacidad y buen diseño institucional para tener un magnífico récord en la buena selección de sus rectores.
En la tormenta actual, la UNAM es un faro a dónde mirar. Ahí hay un liderazgo moral, una institución y un punto de encuentro.