MIGUEL ÁNGEL GRANDOS CHAPAEl doctor en historia y licenciado en derecho Jorge Adame Goddard soñó que no había senadores (ni diputados), y en la vida real, sin embargo, será recibido por integrantes del Senado de la República en el proceso de elección de dos ministros de la Corte. El autor de ese sueño, en donde la función técnico, jurídico y política de las Cámaras la consuma una sola, de representantes, donde los legisladores se limitan a decir sí o no a proyectos elaborados por expertos, es uno de los tres candidatos a reemplazar al ministro Genaro David Góngora Pimentel que la próxima semana concluye el periodo para el que fue designado. Completan la terna el doctor Eduardo Ferrer McGregor (que no es el juez del sesenta y ocho sino su homónimo) y el doctor Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
En este mismo proceso será designado también quien reemplace al ministro Mariano Azuela Güitrón, cuyo nombramiento igualmente vence el 30 de este mes, pero que se apresuró a retirarse unas semanas antes, dejando vacante ya su sitial. La terna de donde el Senado escogerá está formada por miembros de la carrera judicial, encabezados por el ex consejero de la Judicatura Luis María Aguilar Morales, y de la que forman parte la magistrado María Luisa Martínez y el magistrado Jorge Mario Pardo Rebolledo.
Como se ha comprobado en otras designaciones que implican la participación de los poderes Ejecutivo y Legislativo, específicamente el Senado, al margen de la formalidad legal está funcionando un mecanismo de pactos en que distintos protagonistas acuerdan, a puerta cerrada y anticipadamente, el desenlace de los procesos correspondientes. Así ocurrió con la designación de dos comisionadas en el Instituto Federal de Acceso a la Información, IFAI, y con la de presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
En el nombramiento de los dos ministros de la Corte es claro un acuerdo previo para que uno de los ministros haya sido funcionario judicial de carrera y el otro provenga de la academia o del foro. En rigor estricto, si se quiere mantener la proporción de ministros con una y otra procedencias, los dos que ahora ingresarán al máximo tribunal deberían haber desarrollado la carrera judicial, porque a ella pertenecieron los ministros que se van. Pero hay una terna digamos judicial, probablemente elaborada en consulta con la presidencia de la Corte o directamente propuesta por ella, y otra que correspondió confeccionar a la consejería jurídica de Los Pinos, en la que figuran dos investigadores de la UNAM y un activo postulante en materia constitucional.
Es probable que también se haya pactado ya quiénes serán elegidos por el Senado, independientemente de sus comparecencias, como ha ocurrido en casos anteriores. Se supone, conforme a esa conjetura, que los nombrados serán el magistrado Aguilar Morales y el abogado Zaldívar Lelo de Larrea. Pero el pronóstico podría no ser exacto si se convino también en mantener la presencia de un ministro conservador, para que no se eche de menos el parecer legal del ministro Azuela. Si los factores que deciden, los poderes fácticos que obran en este caso, han buscado garantizar a la Iglesia Católica un juez confiable, entonces la designación habrá recaído ya en el doctor Adame Goddard, el mismo que al despertar de su sueño se encontrará con que los senadores todavía están allí.
El doctor Adame Goddard se graduó en la Escuela Libre de Derecho y alcanzó el doctorado en historia en El Colegio de México. Ha publicado libros que revelan esa doble formación. Es autor de obras tan distantes como El pensamiento político y social de los católicos mexicanos (1867-1914) y Contratos internacionales en América del Norte. Es investigador nacional, es decir miembro del SNI, nivel tres. Realiza su tarea en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y enseña en la Universidad Panamericana. En la revista Istmo, que como esta última universidad forma parte del sistema educativo y cultural del Opus Dei, publicó en 2003 un artículo a propósito de la Constitución de la Unión Europea pero aplicable a México. Su título es una pregunta: "¿Es deseable un Estado laico en un pueblo religioso?" y la respuesta es un no, es decir, sustenta una idea contraria al laicismo formalmente vigente en México, aunque lo matiza diciendo: "no es deseable un Estado, llámese laico o neutral, que aunque no obstaculice la vida religiosa del pueblo se desentienda de ella, como si pudiera decidir que el bien religioso, que el pueblo vive y quiere, es irrelevante".
Si Adame Goddard hubiera sido ya ministro en agosto de 2008, cuando la mayoría de la Corte declaró que la despenalización del aborto practicado en las primeras 12 semanas del embarazo es conforme a la Constitución, hubiera votado con la minoría. Se ha manifestado militantemente contrario a esa reforma al código penal capitalino, lo que se revela en el título de una de sus contribuciones al respecto: "Análisis de la sentencia que declara constitucional la ley del Distrito Federal que permite a la madre dar muerte al concebido menor de doce semanas". Obviamente las cursivas las pongo yo, para denotar la intención que considera como asesinato la interrupción del embarazo dentro de aquel término.
El futuro ministro -que lo será si está pactado el ingreso de un ultraconservador- sostiene que "la Constitución mexicana protege el derecho a la vida, incluso el de los concebidos y no nacidos" y por lo tanto también el de igualdad.
Cajón de Sastre
Por caminos sesgados, a través de la Suprema Corte de Justicia, el senador Manlio Fabio Beltrones ganó ayer un episodio en su batalla contra el presidente Felipe Calderón por ver quién aparece ante los concesionarios de radio y televisión como su mayor benefactor. Cuando en enero pasado el Ejecutivo expidió el reglamento interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que autorizaba al titular de esa dependencia -Luis Téllez todavía- a expedir títulos de concesión, Beltrones impugnó el reglamento. Pensó que lo hiciera el Senado pero a la postre la Cámara de Diputados inició una controversia constitucional que ayer la Corte resolvió a favor del legislador sonorense (que por supuesto no es parte de la contienda jurídica) y de la Cofetel, oficina con mayor poder en este punto que el secretario del que depende.
En este mismo proceso será designado también quien reemplace al ministro Mariano Azuela Güitrón, cuyo nombramiento igualmente vence el 30 de este mes, pero que se apresuró a retirarse unas semanas antes, dejando vacante ya su sitial. La terna de donde el Senado escogerá está formada por miembros de la carrera judicial, encabezados por el ex consejero de la Judicatura Luis María Aguilar Morales, y de la que forman parte la magistrado María Luisa Martínez y el magistrado Jorge Mario Pardo Rebolledo.
Como se ha comprobado en otras designaciones que implican la participación de los poderes Ejecutivo y Legislativo, específicamente el Senado, al margen de la formalidad legal está funcionando un mecanismo de pactos en que distintos protagonistas acuerdan, a puerta cerrada y anticipadamente, el desenlace de los procesos correspondientes. Así ocurrió con la designación de dos comisionadas en el Instituto Federal de Acceso a la Información, IFAI, y con la de presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
En el nombramiento de los dos ministros de la Corte es claro un acuerdo previo para que uno de los ministros haya sido funcionario judicial de carrera y el otro provenga de la academia o del foro. En rigor estricto, si se quiere mantener la proporción de ministros con una y otra procedencias, los dos que ahora ingresarán al máximo tribunal deberían haber desarrollado la carrera judicial, porque a ella pertenecieron los ministros que se van. Pero hay una terna digamos judicial, probablemente elaborada en consulta con la presidencia de la Corte o directamente propuesta por ella, y otra que correspondió confeccionar a la consejería jurídica de Los Pinos, en la que figuran dos investigadores de la UNAM y un activo postulante en materia constitucional.
Es probable que también se haya pactado ya quiénes serán elegidos por el Senado, independientemente de sus comparecencias, como ha ocurrido en casos anteriores. Se supone, conforme a esa conjetura, que los nombrados serán el magistrado Aguilar Morales y el abogado Zaldívar Lelo de Larrea. Pero el pronóstico podría no ser exacto si se convino también en mantener la presencia de un ministro conservador, para que no se eche de menos el parecer legal del ministro Azuela. Si los factores que deciden, los poderes fácticos que obran en este caso, han buscado garantizar a la Iglesia Católica un juez confiable, entonces la designación habrá recaído ya en el doctor Adame Goddard, el mismo que al despertar de su sueño se encontrará con que los senadores todavía están allí.
El doctor Adame Goddard se graduó en la Escuela Libre de Derecho y alcanzó el doctorado en historia en El Colegio de México. Ha publicado libros que revelan esa doble formación. Es autor de obras tan distantes como El pensamiento político y social de los católicos mexicanos (1867-1914) y Contratos internacionales en América del Norte. Es investigador nacional, es decir miembro del SNI, nivel tres. Realiza su tarea en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y enseña en la Universidad Panamericana. En la revista Istmo, que como esta última universidad forma parte del sistema educativo y cultural del Opus Dei, publicó en 2003 un artículo a propósito de la Constitución de la Unión Europea pero aplicable a México. Su título es una pregunta: "¿Es deseable un Estado laico en un pueblo religioso?" y la respuesta es un no, es decir, sustenta una idea contraria al laicismo formalmente vigente en México, aunque lo matiza diciendo: "no es deseable un Estado, llámese laico o neutral, que aunque no obstaculice la vida religiosa del pueblo se desentienda de ella, como si pudiera decidir que el bien religioso, que el pueblo vive y quiere, es irrelevante".
Si Adame Goddard hubiera sido ya ministro en agosto de 2008, cuando la mayoría de la Corte declaró que la despenalización del aborto practicado en las primeras 12 semanas del embarazo es conforme a la Constitución, hubiera votado con la minoría. Se ha manifestado militantemente contrario a esa reforma al código penal capitalino, lo que se revela en el título de una de sus contribuciones al respecto: "Análisis de la sentencia que declara constitucional la ley del Distrito Federal que permite a la madre dar muerte al concebido menor de doce semanas". Obviamente las cursivas las pongo yo, para denotar la intención que considera como asesinato la interrupción del embarazo dentro de aquel término.
El futuro ministro -que lo será si está pactado el ingreso de un ultraconservador- sostiene que "la Constitución mexicana protege el derecho a la vida, incluso el de los concebidos y no nacidos" y por lo tanto también el de igualdad.
Cajón de Sastre
Por caminos sesgados, a través de la Suprema Corte de Justicia, el senador Manlio Fabio Beltrones ganó ayer un episodio en su batalla contra el presidente Felipe Calderón por ver quién aparece ante los concesionarios de radio y televisión como su mayor benefactor. Cuando en enero pasado el Ejecutivo expidió el reglamento interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que autorizaba al titular de esa dependencia -Luis Téllez todavía- a expedir títulos de concesión, Beltrones impugnó el reglamento. Pensó que lo hiciera el Senado pero a la postre la Cámara de Diputados inició una controversia constitucional que ayer la Corte resolvió a favor del legislador sonorense (que por supuesto no es parte de la contienda jurídica) y de la Cofetel, oficina con mayor poder en este punto que el secretario del que depende.
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