NESTOR DE BUENEl juicio de amparo constituye el remedio frente a los actos arbitrarios de la autoridad, no importa su jerarquía. Es una de las instituciones más espectaculares de nuestra Constitución y de su Ley de Amparo, reglamentaria. Pone en manos del Poder Judicial la solución de las resoluciones arbitrarias de las autoridades.
Tiene, como es natural, varias etapas. En la primera, si se trata de violaciones de procedimiento: por ejemplo, en un juicio o en un acto administrativo, del juicio de amparo debe conocer un juez de distrito, en lo que se denomina amparo indirecto. Si se trata de una resolución de fondo, la competencia le corresponde a un tribunal colegiado de circuito que suele estar especializado en una determinada materia: civil, administrativo, penal o laboral o, eventualmente, conocer de todo tipo de asuntos, dada la extensión de su territorio.
En contra del famoso decreto del 11 de octubre por virtud del cual el Presidente de la República ordenó, sin razón alguna y violando normas constitucionales y reglamentarias, la liquidación de Luz y Fuerza del Centro, el Sindicato Mexicano de Electricistas, por conducto del despacho de Raúl Carrancá con sus excelentes colaboradores y del bufete De Buen (de manera notable, Carlos E. de Buen), promovió un amparo que en vía indirecta fue remitido al juzgado primero de distrito en materia laboral del centro auxiliar de la primera región, con sede en el Distrito Federal, a cargo de la juez Guillermina Coutiño Mata.
De inmediato la juez ordenó la suspensión provisional del decreto, lo que impidió a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje dar por terminados los contratos de trabajo hasta en tanto no se resuelva el fondo del juicio de amparo. Y el 6 de noviembre, después de una jornada agotadora que culminó alrededor de las 10 de la noche, una vez recibidas las pruebas y alegatos que formularon las partes, otorgó la suspensión definitiva, lo que evita que la JFCA pueda resolver el juicio especial promovido por la empresa liquidadora de LFC, hasta en tanto no se dicte sentencia definitiva en el juicio de amparo, lo que ocurrirá a mediados de este mes.
El trabajo del juzgado fue agotador. Se integraron expedientes de miles de hojas. Las partes tuvimos que regresar por la tarde con el compromiso de firmar las actas y con la promesa de que la resolución definitiva nos la darían a conocer el lunes muy temprano. Sin embargo la juez hizo un enorme esfuerzo y no se limitó a redactar toda la parte inicial de la audiencia sino que asumió la responsabilidad de resolver sobre la suspensión provisional que finalmente concedió. Ya se pueden ustedes imaginar la tensión de los solicitantes del amparo, que no teníamos idea del resultado, que nos fue dado a conocer en el último momento. Carlos de Buen tuvo oportunidad de contestar llamadas de La Jornada, cuya información habrán ustedes leído en el número de ayer.
Casi al final de la jornada, ésta sí con minúsculas aunque también merecería mayúsculas, supimos de una conferencia de prensa del secretario del Trabajo, Javier Lozano, en que reconociendo el resultado desfavorable para él y el resto del gobierno de esta suspensión definitiva, se atrevió a afirmar que de todas maneras LFC seguirá en liquidación, por lo que las cosas no se pueden cambiar. Evidentemente que el señor secretario ignora lo que es el juicio de amparo, y si éste se resuelve en forma favorable para el SME y sus trabajadores, quedarán sin efecto todas las maniobras indecentes que se han hecho, inclusive la restitución de los supuestamente separados con finiquitos cuya validez queda en tela de juicio.
Fue sensacional la presencia de los trabajadores, miles de ellos, que nos acompañaron en toda la diligencia matutina y algunos por la tarde y noche. Y por supuesto de su secretario general Martín Esparza y miembros del comité ejecutivo. Las porras aturdieron a litigantes, empleados y jueces, pero sirvieron de enorme aliento para nosotros, el equipo jurídico.
Un hecho lamentable es que se ha contratado por empresas privadas trabajadores inmigrados de Centroamérica y que dos de ellos han fallecido en accidentes de trabajo por culpa de su falta de experiencia. Nunca van a sustituir la experiencia y la calidad de los trabajadores de LFC, y ese desperdicio de material humano experto, que todos vamos a resentir, es uno de los pecados intolerables que comete el Estado.
Finalmente, habrá que repetir con las porras su clásico “¡Viva el SME!”
Tiene, como es natural, varias etapas. En la primera, si se trata de violaciones de procedimiento: por ejemplo, en un juicio o en un acto administrativo, del juicio de amparo debe conocer un juez de distrito, en lo que se denomina amparo indirecto. Si se trata de una resolución de fondo, la competencia le corresponde a un tribunal colegiado de circuito que suele estar especializado en una determinada materia: civil, administrativo, penal o laboral o, eventualmente, conocer de todo tipo de asuntos, dada la extensión de su territorio.
En contra del famoso decreto del 11 de octubre por virtud del cual el Presidente de la República ordenó, sin razón alguna y violando normas constitucionales y reglamentarias, la liquidación de Luz y Fuerza del Centro, el Sindicato Mexicano de Electricistas, por conducto del despacho de Raúl Carrancá con sus excelentes colaboradores y del bufete De Buen (de manera notable, Carlos E. de Buen), promovió un amparo que en vía indirecta fue remitido al juzgado primero de distrito en materia laboral del centro auxiliar de la primera región, con sede en el Distrito Federal, a cargo de la juez Guillermina Coutiño Mata.
De inmediato la juez ordenó la suspensión provisional del decreto, lo que impidió a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje dar por terminados los contratos de trabajo hasta en tanto no se resuelva el fondo del juicio de amparo. Y el 6 de noviembre, después de una jornada agotadora que culminó alrededor de las 10 de la noche, una vez recibidas las pruebas y alegatos que formularon las partes, otorgó la suspensión definitiva, lo que evita que la JFCA pueda resolver el juicio especial promovido por la empresa liquidadora de LFC, hasta en tanto no se dicte sentencia definitiva en el juicio de amparo, lo que ocurrirá a mediados de este mes.
El trabajo del juzgado fue agotador. Se integraron expedientes de miles de hojas. Las partes tuvimos que regresar por la tarde con el compromiso de firmar las actas y con la promesa de que la resolución definitiva nos la darían a conocer el lunes muy temprano. Sin embargo la juez hizo un enorme esfuerzo y no se limitó a redactar toda la parte inicial de la audiencia sino que asumió la responsabilidad de resolver sobre la suspensión provisional que finalmente concedió. Ya se pueden ustedes imaginar la tensión de los solicitantes del amparo, que no teníamos idea del resultado, que nos fue dado a conocer en el último momento. Carlos de Buen tuvo oportunidad de contestar llamadas de La Jornada, cuya información habrán ustedes leído en el número de ayer.
Casi al final de la jornada, ésta sí con minúsculas aunque también merecería mayúsculas, supimos de una conferencia de prensa del secretario del Trabajo, Javier Lozano, en que reconociendo el resultado desfavorable para él y el resto del gobierno de esta suspensión definitiva, se atrevió a afirmar que de todas maneras LFC seguirá en liquidación, por lo que las cosas no se pueden cambiar. Evidentemente que el señor secretario ignora lo que es el juicio de amparo, y si éste se resuelve en forma favorable para el SME y sus trabajadores, quedarán sin efecto todas las maniobras indecentes que se han hecho, inclusive la restitución de los supuestamente separados con finiquitos cuya validez queda en tela de juicio.
Fue sensacional la presencia de los trabajadores, miles de ellos, que nos acompañaron en toda la diligencia matutina y algunos por la tarde y noche. Y por supuesto de su secretario general Martín Esparza y miembros del comité ejecutivo. Las porras aturdieron a litigantes, empleados y jueces, pero sirvieron de enorme aliento para nosotros, el equipo jurídico.
Un hecho lamentable es que se ha contratado por empresas privadas trabajadores inmigrados de Centroamérica y que dos de ellos han fallecido en accidentes de trabajo por culpa de su falta de experiencia. Nunca van a sustituir la experiencia y la calidad de los trabajadores de LFC, y ese desperdicio de material humano experto, que todos vamos a resentir, es uno de los pecados intolerables que comete el Estado.
Finalmente, habrá que repetir con las porras su clásico “¡Viva el SME!”
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